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Tergiversa y falsea el presidente su actuar en el caso Ayotzinapa, responde el Centro Prodh

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), respondió mediante un comunicado al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre sus señalamientos a la organización en su actuar en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Aseguraron que en la conferencia de prensa matutina de este lunes se generó “desinformación y se tergiversó la realidad” sobre el papel del Centro, razón por la que presentaron diez aclaraciones al respecto.
En un primer punto, indicaron que respecto a la sentencia aludida por López Obrador en la que se liberó a presuntos responsables al demostrar tortura, señalaron que el Consejo de la Judicatura Federal “ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa dadas las irregularidades detectadas”.
Como segunda acotación indican que la investigación que derivó en la llamada Verdad Histórica, “no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército mexicano y la Policía Federal”, además de que no hay investigación en los actos de tortura.
“En estos juicios de amparo en revisión, los padres y las madres de familias de los normalistas desaparecidos no fueron parte procesal y sus representantes, incluyendo al Centro Prodh, no se apersonaron ni promovieron en el mismo. Los juicios fueron directamente iniciados por los acusados”, aclararon.
Como cuarto apéndice señalaron que en 2018, el Centro Prodh señaló que la sentencia confirmó que la verdad en el caso Ayotzinapa “no está dicha” y que se incurrieron en “múltiples irregularidades durante la investigación”.
“Académicos, organismos de derechos humanos y otros actores políticos, incluso personas que después se integraron al actual gobierno federal, saludaron la resolución dado que confirmaba que la versión oficial sobre el destino de los normalistas fue construida con prueba ilegal” señalan en el quinto numeral.
En el sexto punto indicaron que tras la resolución de las instancias correspondientes, pruebas reunidas por la Subprocuraduría Especiali-zada en Delincuencia Organizada (SEIDO), fueron invalidadas al estar relacionadas con “detenciones arbitrarias y actos de tortura”.
La séptima aclaración indica que el Centro ha buscado para que ninguna persona torturada sea juzgada en el país basándose en pruebas ilícitas, acorde a lo establecido en los derechos humanos.
“Ni el Centro Prodh, ni ninguna de las organizaciones que representan a los padres y a las madres, promovimos ninguna solicitud para que fueran dejados libres, ni representamos legalmente a los acusados, ni estuvimos detrás de la sentencia, como se ha dicho en las conferencias presidenciales. Sugerir que incurrimos en prevaricato o conflicto de interés es falso”, destacaron.
Sobre la participación de Mario Patrón en el Centro Prodh, la octava aclaración afirma que se caracterizó por trabajar con la “más absoluta honestidad” y que las decisiones del Centro no son unipersonales.
“Afirmar que el Centro Prodh y otras organizaciones no permiten que las víctimas en este caso, o en otros, hablen con otros actores políticos y/o con medios de comunicación no sólo es falso, sino que también supone negar la propia agencia de las víctimas sobre sus procesos y luchas. Los padres de Ayotzinapa deciden sus propias estrategias y caminos; las organizaciones solamente les aconsejamos y acompañamos”, indicaron en la novena aclaración.
Como último punto indicaron que el Centro se mantendrá con su labor de defensa de los derechos humanos y señalaron que el Ejército no ha entregado información relevante para el caso.

 

Las críticas de AMLO, porque señalamos que encubre al Ejército, responde el Pro

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), respondió que los cuestionamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su participación en el caso Ayotzinapa son falsos, una reacción a que no ha callado sus señalamientos al Ejército y confirman que apoya la llamada “verdad histórica” que tanto critica.
Mediante un comunicado de prensa, el prestigioso colectivo resaltó que en su conferencia de prensa de este jueves, el presidente dedicó 20 minutos a hacer señalamientos con información falsa.
“Lamentamos las descalificaciones genéricas e injustas a nuestro trabajo de más de 35 años en la defensa de los derechos humanos en México. Sin duda obedecen a que no hemos callado nuestros señalamientos sobre la persistencia en el presente de la impunidad, la violencia y el encubrimiento al Ejército” en el caso Ayotzinapa, subrayó.
De igual forma agregó que “so-bre el caso Ayotzinapa, precisamos que lo dicho en la conferencia es falso. Nuestra labor, junto con otras organizaciones respetadas de la sociedad civil, ha sido defender los intereses y derechos de las familias, poniendo a las víctimas al centro”.
Destacó que esta postura de defensa “nos ha llevado a denunciar la existencia de la tortura en la investigación inicial que llevó a la Verdad Histórica, que paradójicamente, es la que hoy respalda el presidente de la República en sus dichos”.
Aclaró que no han puesto ningún recurso contra el nombramiento de Teresa Guadalupe Reyes como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, y que sí señalaron, y lo seguirán haciendo, que el procedimiento mediante el cual fue designada no fue el adecuado.
Reiteró que lamenta las “falsedades y descalificaciones” que son especialmente graves por venir directamente del presidente de la República, y subrayó que continuará su labor apartidista con el pleno respaldo de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús y se guía por los estándares internacionales de defensa de los derechos humanos.

Rechazan jesuitas señalamientos

La Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús expresó su rechazo a los comentarios del presidente contra el Centro Prodh.
En un comunicado, indicó que el Prodh es la voz autorizada de los jesuitas para hablar de los derechos humanos en el país y recordó que por 35 años “ha desempeñado su labor con un alto grado de profesionalismo, siempre del lado de las víctimas. Su esencia no ha cambiado”.
“Rechazamos enfáticamente las descalificaciones injustas hacia su valiosa labor”, subrayó y extendió su respaldo a Mario Patrón y a Santiago Aguirre, los últimos dos directores laicos del Centro.
Hizo un llamado a todas las autoridades del país a generar un clima propicio y de respeto hacia las personas defensoras de derechos humanos.
“La Compañía de Jesús apuesta al diálogo y no a la descalificación”, insistió. (Victor Osorio / Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

Ordenan a Morena reabrir queja por violencia política de género contra Sánchez Esquivel

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El pleno del Tribunal Electoral del Estado (TEE), revocó el acuerdo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena, que desechó la queja presentada por un grupo de 353 mujeres contra el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, a quien acusaron de violencia política en razón de género.
El órgano jurisdiccional consideró que la CNHJ debió juzgar con perspectiva de género, lo cual apunta “no es una opción”, sino “una cuestión de ética y de deber”, ya que se busca en el país la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres.
El grupo de mujeres presentó el 16 de diciembre contra Sánchez Esquivel una queja, acusándolo de violencia política contra la diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna.
Posteriormente el 25 de enero la CNHJ solicitó por escrito a las mujeres promoventes que presentaran “los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de las CC. Graciela Ortiz Flores y otras como militantes de Morena”. También “detallar minuciosamente los circunstanciales de modo, tiempo y lugar de los hechos sobre los referidos actos, relacionar las pruebas con los hechos narrados y expresar claramente sus pretensiones en el presente proceso”.
Sin embargo, lo aprobado ayer por los magistrados apunta que toda la información solicitada por la CNHJ estaba ya presente en el documento inicial de la demanda presentada por las 353 mujeres militantes de Morena.
Y finalmente dos meses después de haber presentado la queja, el 17 de febrero, la CNHJ emitió un acuerdo de desechamiento, “toda vez que el plazo de tres días hábiles otorgados a la actora para que subsanara las deficiencias y/u omisiones de su escrito inicial de queja ha fenecido y las mismas no fueron subsanadas ni cumplimentado lo solicitado mediante acuerdo de prevención emitido el 25 de enero de 2023”.
Y posteriormente, las quejosas denunciaron que no recibieron ningún requerimiento por parte de la CNHJ de Morena, por lo que impugnaron la decisión del órgano intrapartidario.
Ayer finalmente el pleno del TEE declaró fundados los agravios manifestados por las actoras, quienes plantearon que la CNHJ debió atender su queja con perspectiva de género, porque precisaron actos y hechos que constituyen violencia política en contra de las mujeres.
En ese sentido, el TEE consideró que “derivado de la naturaleza de estas conductas, la CNHJ de Morena debió valorar las pruebas indiciarias, puesto que juzgar con perspectiva de género no es una opción, tampoco es ponderable, sino que es una cuestión de ética y de deber”.
Por tanto, estiman que “no hay razón para que las y los impartidores de justicia electoral, como es el caso de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, no incluyan la perspectiva de género en sus sentencias o resoluciones, sobre todo en la búsqueda por la erradicación de este tipo de violencia tan lacerante en la sociedad mexicana”.
En el documento aprobado por los magistrados se plantea que la CNHJ “no hizo un estudio concreto de los agravios, sino que emitió un desechamiento sin fundamentación ni motivación, ya que lo solicitado en la prevención resulta ocioso y sin razón, ya que todo lo solicitado se encuentra su escrito inicial y amparado en el Estatuto de Morena, aunado a que, suponiendo sin conceder que no fueran claras las manifestaciones, dicha Comisión debió de tomar en cuenta el principio de suplencia de la queja pues debe prevalecer un equilibrio en el proceso, específicamente, cuando se trata de favorecer a determinados sectores de la sociedad históricamente invisibilizados y en situación de vulnerabilidad”.
Por lo que el TEE revocó el acuerdo de desechamiento del 17 de febrero, a la que se le ordenó “dé cabal cumplimiento” a los efectos precisados en la sentencia, que son referentes a juzgar con perspectiva de género.
En el segundo punto de la resolución se aprobó revocar el acuerdo de la CNHJ “en términos de lo expuesto en el considerando séptimo de la presente resolución”.
En dicho considerando se ordena que se admita la queja, y, en su momento “procesal oportuno resuelva la queja en comento, considerando la transcrito en su escrito de demanda y en apego a las leyes que más beneficien a las personas en estado de vulnerabilidad, tal es el caso de la diputada Yoloczin Domínguez Serna, que como ha quedado evidenciado, la Comisión actuó de manera arbitraria, al desechar el escrito de queja, desatendiendo su obligación moral y humanista de juzgar con perspectiva de género, puesto que, lo que se busca es la erradicación de una vida libre sin violencia para las mujeres”.

El proyecto fue presentado por la magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz y aprobado por unanimidad de votos. En éste se señala que Morena cometió violación al principio de tutela judicial efectiva, al no considerar que la queja está relacionada con actos que podrían constituir violencia política en razón de género, por lo que, estaba constreñido a actuar conforme a lo establecido en el Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar, Reparar el daño y erradicar los casos de violencia política contra las mujeres al interior del partido.
Por lo que, al no notificar personalmente en el domicilio procesal señalado por las actoras, les negó la oportunidad de desahogar el requerimiento o manifestar lo que estimara conducente, lo que trajo como consecuencia que se desechara su queja.

Debe el PAN pagar prerrogativas a Comité de Coyuca de Benítez

El pleno del TEE dio un plazo de diez días hábiles contados a partir de la notificación de la sentencia a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, para que emita una nueva resolución en el recurso de reclamación idel ciudadano Bruno Calixto Ríos, quien demandó la violación a sus derechos al no recibir las prerrogativas que le corresponden como presidente del Comité Directivo Municipal de ese partido en Coyuca de Benítez.
El proyecto presentado por la magistrada Evelyn Rodríguez Xinol y aprobado por el pleno declaró fundado el Juicio Electoral Ciudadano (JEC), interpuesto Ríos Díaz ante la omisión del Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN de resolver el recurso de reclamación número CJ/REC/035/2022, por la omisión del presidente y tesorero del Comité Directivo Estatal del PAN, de pagar en tiempo y forma las prerrogativas del financiamiento público.
El demandante señaló que con esa acción se afectan sus derechos “de militancia partidista en su vertiente del desempeño del cargo por el que fue electo” el TEE en su resolución apercibe a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional que, en caso de que incumplimiento a lo ordenado en la presente resolución, se le impondrá alguno de los medios de apremios previstos por el artículo 37 y 38 de la Ley de medios de impugnación.

Llamado del CE de Morena, incongruente con el actuar de su dirigente: PRI y PRD

Daniel Velázquez

El presidente estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida, y el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), del PRI, Alejandro Bravo Abarca, manifestaron su disposición en atender el llamado del Consejo Estatal de Morena en respaldar a la gobernadora Evelyn Salgado.
Luego de una semana ríspida entre priistas, perredistas y morenistas por acusaciones de presuntos vínculos con el crimen organizado en la entidad, y que la vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Senado Kenia López anunciara que se analiza solicitar la desaparición de poderes en Guerrero porque la entidad está cooptada por el crimen organizado, y que el periódico Reforma publicó en primera plana Acusan protección de Salgado a crimen, el Consejo Estatal de Morena fijo una postura en que pidió mesura a los actores políticos.
El martes por la noche el Consejo Estatal de Morena difundió un posicionamiento en el que llamó a los partidos y actores políticos a “conducirse con respeto, prudencia y madurez”, y les convocó a apoyar los esfuerzos de la gobernadora para atender las deudas históricas que arrastra la entidad: “La 4T le apuesta a la unidad, la reconciliación y consolidación de un proyecto común a favor del pueblo de Guerrero”.
Consultados por separado los dirigentes del PRI y PRD coincidieron en que van a atender el llamado de los morenistas.
Catalán opinó que la postura del Consejo Estatal de Morena es una llamada de atención al propio dirigente de ese partido Jacinto González, pues las declaraciones que hizo “son incongruentes con lo que está planteando el Consejo”.
“La actitud y la desfachatez con la que generó estos señalamientos es algo contraproducente e incongruente con lo que hoy está planteando el Consejo”.
Agregó que como PRD han buscado vías de diálogo para que haya gobernabilidad en el estado y no sean los conflictos políticos los que atizan el fuego en la entidad, celebró las banderas de paz del consejo estatal morenista pero recordó que fue Morena la que hizo los “señalamientos sin sustento que ponen en riesgo la gobernabilidad y la pacificación en el estado y en la Tierra Caliente”.
El presidente del CDE del PRI sostuvo “mientras sea para el bien de Guerrero nosotros atenderemos cualquier llamado que se nos haga”, pero pidió que los convocantes también deben ser serios, responsables y respetuosos.
“Yo estoy totalmente de acuerdo en que gobernar Guerrero no es una responsabilidad nada mas de la gobernadora, sino que es una corresponsabilidad de todos los actores políticos y de todos los actores de la sociedad civil”.

Exhorta el Congreso a ocho ayuntamientos a actuar contra la violencia hacia las mujeres

 

El pleno del Congreso local aprobó por unanimidad un exhorto a los ayuntamientos de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Coyuca de Catalán, Ometepec, Tlapa y Ayutla, para que realicen programas de sensibilización, capacitación y profesionalización dirigido a las autoridades encargadas de atender a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género.
El exhorto incluye también a la Secretaría de Salud (Ssa), a la que se pide aplicar las normas nacionales en la materia para la interrupción legal del embarazo en los casos que la ley lo permite, respetando siempre los derechos de quien requiera de una intervención de ese tipo.
Esos municipios son en los que organizaciones de mujeres agrupadas en la Alianza Feminista solicitaron al gobierno federal declarar la alerta por violencia de género, por concentrar el mayor número de mujeres asesinadas en todo el estado.
En tanto, el coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, presentó una propuesta de exhorto dirigido al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez, para que lo antes posible designe al fiscal especializado en materia de desaparición forzada y búsqueda de personas desaparecidas, pues a cinco meses de su creación esa área sigue acéfala.
Además, los diputados locales aprobaron el calendario para las comparecencias de los titulares de las 20 secretarías que integran el gabinete estatal y que se desarrollarán la próxima semana para informar en comisiones el estado de la administración pública.
Este martes en la sesión ordinaria del Congreso, el diputado Silvano Blanco de Aquino, a nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó una propuesta de exhorto a los ayuntamientos de los ocho municipios en los que la Alianza Feminista solicitó declarar la alerta por violencia de género.
En la exposición de motivos el legislador dio un resumen del proceso que inició esa agrupación ante la federación para solicitar la alerta, petición que derivó en 10 recomendaciones dirigidas al gobierno del estado a fin de erradicar ese problema.
Recordó que en una de las recomendaciones, el grupo de especialistas que realizó un diagnóstico en Guerrero respecto a los feminicidios planteó al gobierno estatal realizar programas de sensibilización, capacitación y profesionalización permanente para el personal operativo y directivo de las autoridades encargadas de atender a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género.
“La sensibilización, capacitación y profesionalización deberá estar diseñada con un componente de supervisión, evaluación y certificación permanentes que permitan medir su impacto”, expresó Silvano Blanco.
Por ello propuso exhortar a los ayuntamientos de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Coyuca de Catalán, Ometepec, Tlapa y Ayutla, a emprender esos programas y atender cada una de las 10 recomendaciones hechas por el grupo de especialistas.
La propuesta incluye también a la Ssa para que dé cumplimiento a las normas jurídicas nacionales por las que esa dependencia está obligada a prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en casos permitidos por la ley, como una violación sexual, priorizando la protección a los derechos de las víctimas y facilitar información respecto a los posibles riesgos y consecuencias de ese procedimiento.
Otra instancia que se incluyó en el exhorto es la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, para que de manera coordinada con la Ssa y la FGE orienten a las víctimas sobre los pasos a seguir para acceder a los servicios de atención, protección y defensa para quienes sufren de violencia familiar o sexual.
La propuesta fue aprobada por unanimidad de votos.

Piden titular para Fiscalía de Desaparición Forzada

Por separado, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, pidió exhortar al fiscal Xavier Olea a fin de que designe cuanto antes al titular de la Fiscal Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas.
En su exposición de motivos Mejía Berdeja mencionó que el tema de la desaparición forzada en Guerrero se ha convertido en una “tragedia involuntaria”, y aclaró que no sólo es el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues también hay organizaciones en Iguala, Chilapa y Acapulco que buscan a sus desaparecidos.
“La desaparición forzada es cometida por agentes del Estado o personeros de agentes del Estado y concreta una afrenta a la víctima, al entorno y a sus seres queridos, porque la falta de certeza sobre el paradero de la víctima se convierte en un dolor permanente e incurable”, expuso.
Recordó que para atender ese problema el Congreso local aprobó la creación de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Explicó que desde el 10 de junio fue publicado en el Periódico Oficial la reforma que ordena la creación de esa fiscalía, sin embargo a cinco meses sigue acéfala; además dijo que no habría que esperar la presencia de organismos internacionales como la ONU para atender ese problema.
Pidió también que se acelere el dictamen por el que se plantea modificar la ley orgánica de la FGE a fin de que esté acorde con la legislación federal.
“Queremos además que sea un área que tenga los recursos para que pueda hacer su trabajo, no sólo que se cubra el expediente y no desarrolle su labor”, expresó.
Su iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y posterior dictaminación.

Aprueban calendario de comparecencias

En la sesión de este martes el pleno aprobó también el calendario de las comparecencias de los 20 titulares de las secretarías que integran el gabinete estatal, para la glosa y el análisis del informe sobre el estado que guarda la administración pública de Guerrero.
Según el acuerdo aprobado, los secretarios de Gobierno, de Seguridad Pública, Protección Civil, del Trabajo, Desarrollo Económico y de Turismo comparecerán en dos bloques el próximo lunes.
El martes lo harán los secretarios de Agricultura, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, Educación y Cultura, también en dos bloques. El jueves comparecerán los titulares de Salud, Desarrollo Social, de la Mujer y de la Juventud. Finalmente, el viernes lo harán los secretarios del Migrante, Asuntos Indígenas, Finanzas, Contraloría y Planeación.

Respalda Morena a comerciantes de Coyuca

En las intervenciones, la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez subió a la tribuna para fijar su postura respecto a la situación que enfrentan comerciantes del Mercado Central Morelos, en Coyuca de Benítez, a quienes el gobierno municipal intenta desalojar tirando sus locales.
“Lo más grave de la violación de derechos humanos ocurre a partir de que las autoridades que supuestamente emanan del pueblo, son las que llevan a cabo estas violaciones de manera flagrante, a la luz de todos y de manera impune”, expresó la diputada en referencia al presidente municipal de Coyuca, el priista Javier Escobar Parra.
Aseguró que la acción del gobierno municipal atiende a intereses particulares y criticó que se hiciera uso “excesivo de la fuerza pública” para desalojar a los comerciantes a través de la demolición de sus establecimientos.
“Los comerciantes del mercado Morelos son gente trabajadora y humilde, que tienen familia y que su único sustento es la venta de sus productos y mercancías, de eso dependen el sustento y la educación de sus hijos, es lo único que tienen para vivir y no merecen ser perseguidos y golpeados como lo ha hecho su presidente municipal”, criticó.
Recordó que en campaña, la diputada federal Beatriz Vélez Núñez se comprometió a representarlos, “¿qué hace ahora esta señora en la Cámara de Diputados por los comerciantes agraviados? No se va ni a parar a Coyuca, no le duele nada”.
Manifestó que el Congreso debe llamar a cuentas al alcalde de Coyuca de Benítez para que explique la situación del nuevo mercado municipal, al que se niegan a trasladarse los comerciantes afectados, y que justifique con documentos en qué se fundó para proceder en contra de los locatarios del Mercado Morelos.
Adelantó que en la próxima sesión presentará un punto de acuerdo para citar al alcalde ante el Congreso.
Al respecto también intervino el diputado Ricardo Mejía, quien informó que antes de la sesión se reunió con los comerciantes de Coyuca de Benítez, quienes le pidieron llevar el tema a la tribuna.
“Nosotros no queremos partidizar ni descalificar a la autoridad por su filiación política, lo que vemos es un problema social y económico, estos locatarios solicitan y están en su derecho de poderse dedicar al trabajo y hacer un oficio o comercio lícito para satisfacer sus necesidades, tienen décadas en estos locales y nos parece un despropósito que se les haya derrumbado”.
Dijo que la acción del gobierno municipal fue sin sustento jurídico y precedido por hechos extraños, como el incendio del mercado.
Por ello pidió al alcalde que agote la vía del diálogo con los comerciantes afectados y se respeten sus derechos humanos, pues consideró que no es un buen mensaje que ocurran hechos de ese tipo.
Mejía Berdeja comentó que solicitará a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, que preside la perredista Rosa Coral Mendoza Falcón, se reúna con ambas partes para encontrar una alternativa de solución.
El último en intervenir fue el priista César Landín Pineda, quien también reprobó las acciones del gobierno municipal en contra de los comerciantes, algunos con casi 40 años trabajando en el Mercado Morelos.
“Debemos estar en contra de situaciones de este tipo, pero a favor de la gobernabilidad. Nos integramos, conocemos el tema, conocemos a los comerciantes, entonces, repito, lamentable que estas situaciones sucedan, nos sumamos para buscar un camino que resuelva este problema y no se salga del camino”.
Al menos 15 comerciantes de Coyuca de Benítez estuvieron presentes en la sesión para escuchar las intervenciones de los diputados. Al salir de la sede del Legislativo, en el acceso principal colocaron unas lonas en las que expusieron su demanda sólo por breves minutos y después se retiraron.