La presidenta del Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana (IEPC), Fabiola Matildes Gama, informó que han recibido 15 solicitudes de seguridad, para candidaturas de diputaciones y ayuntamientos de diferentes partidos; sin embargo, por protocolo, no puede dar datos particulares.
En consulta telefónica, explicó que antes de que aprobaran el registro de candidaturas de ayuntamientos, tenían 11 solicitudes de medidas cautelares y el sábado llegaron cuatro más.
A petición de las partes, a través del organismo, las medidas se gestionan ante la Secretaría de Seguridad Pública.
Aunque el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona, dijo el viernes que 11 candidatos a presidencias municipales y un diputado local solicitaron, por precaución, medidas de seguridad, la funcionaria electoral se reservó la información detallada de las solicitudes que se tramitan desde el IEPC.
“Nuestro protocolo establece que seamos muy discretos con esta información. Es un compromiso de no decir quiénes son, precisamente por cuestiones de seguridad”, puntualizó.
Antes, dirigentes estatales de Morena y del PRI habían pedido al instituto electoral, reuniones para hablar de la seguridad de los aspirantes y mapas de riesgo.
Matildes Gama precisó que elaborar mapas de riesgo no es trabajo del IEPC, sino del gobierno estatal, que podría proporcionar la información al organismo, para que, a su vez, la entreguen a los partidos políticos.
Consideró que esa información ya la debe tener y manejar la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.
En cuanto a las medidas de seguridad del proceso electoral, informó que hoy se reunirán con autoridades de seguridad, con quienes han tenido reuniones más constantes.
Indicó que el organismo sólo ha estado en dos sesiones de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. “Independiente de la mesa, hemos tenido reuniones más constantes para la con SSP”.
Explicó que uno de los temas es el traslado de las boletas de voto anticipado, que recibirán la semana entrante. Luego revisarán lo relacionado con el traslado de las boletas electorales, en mayo, de Ciudad de México a Guerrero, con resguardo de militares, y en la entidad, con vigilancia de la SSP.
Precisó que las autoridades ya tienen el calendario de actividades, pero en las reuniones permanentes revisan los avances de la logística.
Asimismo, indicó que en unos ocho o 10 días comenzarán a trabajar en campo mil 300 capacitadores electorales del IEPC, quienes informarán sus rutas de trabajo al gobierno estatal, como medida preventiva.
De los trabajos de notificación que ya se realizan en el estado, aclaró que quienes están en el territorio son capacitadores del INE.
Se revisaron las candidaturas con los 15 partidos
De la sesión para aprobar los registros de candidaturas de ayuntamientos, de 15 partidos con registro estatal, que se prorrogó más de ocho horas, con recesos, explicó que la plenaria comenzó a las 10 de la noche, como se citó.
Sin embargo, se declaró un receso para mostrar punto por punto, proyecto por proyecto a los 15 partidos políticos, los proyectos de las candidaturas que se aprobaron. Estimó que con cada uno tardaron una hora o una hora y media.
En consecuencia, reanudaron la sesión a las 8 y tantos de la mañana del domingo, “porque se le fue explicando, a cada partido político, cómo venía su resolución”.
Sobre los retrasos en los inicios de campaña, a causa de que la sesión se alargó, consideró que los aspirantes deben esperar hasta que la autoridad electoral apruebe las candidaturas.
Indicó que la ley dice que las campañas comenzarán el 20 de abril, sin especificar hora, y la sesión terminó a las 8:45 de la mañana, que a partir de esa hora los partidos podían iniciar su acciones de proselitismo.
Regidores y funcionarios municipales solicitaron permiso para ausentarse de sus cargos mientras concluye el proceso de selección de los candidatos a un cargo de elección popular por parte del partido Morena.
Entre los regidores que solicitaron permiso están Jonathan Márquez, Laura Caballero Rodríguez, de quien se supo se registró como aspirante a la candidatura para la presidencia de Acapulco; también se sabe que el regidor Ilich Lozano busca alguna candidatura, pero no solicitó permiso.
De los funcionarios que solicitaron permiso para ausentarse de sus cargos se encuentra el secretario de Planeación y Desarrollo Económico, Erick Romero; la directora de Desarrollo Económico, Elizabeth Parra, y la directora de Panteones, Lourdes Cristina Jaimes, además del director de Maquinaria Pesada, Silvestre Gómez, quienes se registraron en busca de una candidatura de representación popular para este proceso electoral.
En tanto que Alejandro Sotelo Urióstegui renunció al cargo que ocupaba en la Dirección Operativa de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, y es que se registró como aspirante a la candidatura por la diputación número 4.
Son algunos de los que se supo que solicitaron permiso o se separaron en espera de que en su partido elijan quienes serán los que van a contender en el próximo proceso electoral.
Continúan las largas filas de afectados por el huracán Otis que buscan la ayuda de despensas. La imagen, en la plaza comercial Las Palmas, en la zona Diamante Foto: El Sur
Argenis Salmerón
Ayer hubo largas filas de personas afuera del Centro de Convenciones para solicitar el crédito a la palabra que otorga el gobierno federal para los pequeños y grandes negocios que resultaron afectados por el huracán Otis.
Más de 500 personas estuvieron formadas, a metros de la avenida Costera, en el fraccionamiento Costa Azul.
Los créditos a la palabra del gobierno federal son por 25 mil pesos para los pequeños negocios afectados por el huracán Otis.
La señora Georgina Ávila Valente dijo que desde la 7 de la mañana de ayer estaba formada para presentar los daños en su local de venta de ropa en el fraccionamiento Hornos Insurgentes.
“Toda ayuda es buena, yo no me censé porque me fui de Acapulco porque no había las condiciones después del huracán Otis”, manifestó.
Declaró que requiere reactivar su negocio porque aseguró que “depende mi familia, ya son tres meses y no hay ganancias y todos los ahorros ya se terminaron”.
Indicó que ojalá le otorguen el crédito a la palabra de 25 mil pesos, “si me lo dan me voy a surtir de productos y poco a poco a pagarlo”.
“La verdad el presidente se ha portado de buena manera con Acapulco, les dio a las viviendas afectadas y ahora a los pequeños empresarios”, celebró.
El señor Julian Salgado Álvarez, dueño de una refaccionaría, manifestó que llegó desde la 5 de la madrugada para formarse y ser atendido.
“La verdad me saquearon mi negocio en la avenida Universidad, no me quedó nada, pero quiero reactivar mi changarro”, sostuvo.
Pidió al gobierno federal agilizar el pago para poder “generar ganancias en los diferentes negocios, no lo queremos regalado, lo queremos pagar”.
“El huracán Otis devastó a Acapulco y será difícil levantarlo, pero con ganas y esfuerzo se puede ir para arriba”, acotó.
Agradeció al gobierno federal por la ayuda al municipio de Acapulco, “el que no quiera trabajar o levantar su negocio, es porque no quiere”.
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) de Morena, Jacinto González Varona, aseguró que la filtración de las solicitudes que hizo la Fiscalía General del Estado (FGE) al Congreso local, sobre las constancias y documentales que acrediten como servidores públicos a siete alcaldes y una diputada local, implicados en investigaciones sobre delitos graves, pusieron en riesgo el debido proceso y a los involucrados.
En consulta telefónica, el también diputado local opinó que los procedimientos penales deben “ir bien”, porque la dependencia no avisa de lo que hace hasta la ejecución de las acciones. Sin embargo, la filtración pudo poner en alerta a los actores, por la difusión de los nombres.
Consideró que debe haber una investigación interna, para determinar cómo trascendieron los datos y con qué fin.
“Para el esclarecimiento de hechos en la investigación”, la fiscalía solicitó copias certificadas de las constancias o documentales que acrediten que son servidores públicos los alcaldes de Acapetlahuaya, César Ortiz Torres; de Cutzamala, Mayté Torres Berrum; de Coyuca de
Catalán, Eusebio Echeverría Tabares; de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Tlapehuala, José Luis Antúnez Guicochea; de Ajuchitlán, Víctor Hugo Vega Hernández, y la diputada Elzy Camacho Pineda. En otro oficio, se piden los documentos que acrediten como servidores públicos a la alcaldesa y el síndico de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez y Andrei Marmolejo Valle, respectivamente.
González Varona señaló: “La Fiscalía está haciendo su trabajo, sólo que en el Congreso debieron cuidar mucho la secrecía de la información, pues se viola el debido proceso. La Mesa directiva, incluso, debe investigar quién filtró ese documento. No es ético, pone en riesgo los resultados y a los propios que están investigando”.
Consideró que las autoridades competentes tendrán que “buscar proteger todo el proceso, para que no se venga abajo, y el Congreso debería fincar responsabilidades a quien haya hecho la filtración”.
El PAN pide a la FGE que investigue sin simulación
Por separado, el presidente del CDE del PAN, Eloy Salmerón Díaz, exigió a la FGE que aplique la ley en los hechos investigados, que involucran a autoridades municipales.
Añadió que los gobiernos de Morena, desde la federación, se caracterizan por la simulación, pasando por alto incluso la Constitución.
Por ello, insistió en pedir a la FGE que esclarezca todos los actos que se presumen como delitos, que les den puntual seguimiento y se aclaren los hechos.
“Especialmente en la capital del estado, que hacen referencia a la alcaldesa y síndico, que no sea una simulación de este gobierno”, dijo y enfatizó sobre la mención a la autoridades en una cartulina dejada junto a siete cuerpos.
Sobre las dos averiguaciones previas en curso contra autoridades municipales y una diputada, reconoció que la dependencia está apegada al procedimiento de desafuero, pero el camino más fácil para la alcaldesa de Chilpancingo es que pida licencia, para que no haya trabas en la investigación.
“Ella dice que lo ha planteado (separarse del cargo) ante la Fiscalía General de la República y la del estado. Si tiene la voluntad de ser sometida a la investigación, sin trabas en el procedimiento, que lo haga”, insistió.
Con duda, añadió que deben esperar los resultados de las investigaciones para determinar hasta donde está decidida a llegar la Fiscalía para averiguar el involucramiento de autoridades con grupos de la delincuencia.
“Exigimos que se investigue de manera puntual, que se esclarezcan los hechos. No pueden enviar ese mensaje, de que lo que acontece en Chilpancingo es la normalidad. En los cargos de elección, debe haber ciudadanía responsable, honesta, comprometida con la comunidad y una conducta transparente”.
Si son vistos con gente coludida con la delincuencia, no pueden darle cuentas a la sociedad, enfatizó.
Si hay delito pedirá licencia pero por ahora no, adelanta la alcaldesa de Chilpancingo
El Congreso no tiene jurisdicción en el caso y no están “legitimadas” las opiniones de quienes le piden que se separe del cargo, dice Norma Otilia Hernández. Asegura que mantiene coordinación con “la gobernadora y con el ingeniero”
Jacob Morales Antonio
La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, en la conferencia de prensa de ayer en el Palacio Municipal Foto: Jessica Torres Barrera
La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, afirmó que si se demuestra que cometió un delito al reunirse con el jefe criminal de Los Ardillos, Celso Ortega, sí pedirá licencia, pero por ahora no, pese a quienes se lo demandan, y que el Congreso no tiene jurisdicción en el asunto.
En la conferencia que ofrece cada lunes, la alcaldesa morenista afirmó que mantiene coordinación con “la gobernadora y el ingeniero”, en alusión a Evelyn Salgado Pineda y el senador Félix Salgado Macedonio, luego de la difusión de un fragmento del video del encuentro cuando parece reclamar que no la consideran en las reuniones de seguridad.
Respecto al llamado que hizo el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, de que tendría que pedir licencia, sumándose a las demandas de los dirigentes del PRD y PAN, e incluso el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, quien dijo que eso ayudaría al partido, señaló que esas opiniones no son legítimas.
“Creo que hablamos de un Estado democrático, donde la libertad de expresión está garantizada. Aquí yo no persigo a nadie por una situación o me molesta porque opinen. Lo único que puedo pensar es que estas opiniones no son legitimadas por la ley”, respondió.
Agregó que los puestos de elección popular son irrenunciables y que sólo la “autoridad competente” puede determinar esta eventualidad luego de sustanciar el debido proceso. Llamó a ser prudentes a “quienes de manera irresponsable se han pronunciado, han adelantado juicios, fomentan el escarnio, el linchamiento y ponen en riesgo no nada más la gobernabilidad, sino la seguridad de mi persona y mi familia, y eso sí es un delito”.
Recordó que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dijo que en los gobiernos pasados, al señalar alguien con algún nexo con el crimen, sólo se le retiraba del cargo pero no se le investigaba, como se hace ahora.
Y en alusión al oficio enviado al Congreso local por el titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Graves, la alcaldesa dijo que los diputados no tienen jurisdicción para juzgar estos temas, que hay órganos, instancias y procesos, y que va a esperar. Aseguró que si cometió un delito sí pedirá una licencia, “yo no tendré ninguna situación de oponerme, pero de entrada no voy a pedir licencia”.
Sobre la filtración de un extracto de la plática que tuvo con el líder criminal, insistió en que “es un video manipulado. Sin embargo lo hemos dicho, me he puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Yo estoy abierta a cualquier investigación”.
Hernández Martínez agregó que la investigación va a en dos vertientes, una por la cartulina dejada junto a los restos de siete personas dejados junto a la iglesia de San Mateo; y otra por el video que se difundió de la plática que tuvo con el líder de Los Ardillos y que serán las instancias que investigan las que informarán qué sucedió, no obstante se volvió a negar a hablar de qué platicó, dónde, cuándo y cómo se dio el encuentro que según diversas fuentes tuvo lugar en un restaurante ubicado en la carretera hacia Quechultenango.
“Me encantaría poderlo compartir, hoy que hice un análisis de esta situación, yo tengo muy clara la película, pero no puedo, la verdad, por el tema de que ya estamos en un proceso de investigación”, justificó.
Siguió: “Yo sé que saldrá la verdad, yo sí se los aseguro. No hay pacto, ustedes vean ahí la situación y cómo se tergiversa el video, y si sale uno y otro yo estoy clara y responsablemente lo que estoy comentando. No hay un pacto”.
La alcaldesa también enfatizó que la violencia desatada en Chilpancingo del sábado al martes de la semana pasada no está ligada al encuentro que tuvo con el líder criminal. “Una cosa es la cartulina, una cosa es el video y otra cosa son los hechos delictivos. Muchos se aprovecharon de esa situación para poder vincularlos”, aseguró en alusión al asesinato de cinco choferes y la quema de vehículos el sábado, y a la irrupción de más de 3 mil campesinos pobres y transportistas que enfrentaron a policías antimotines y agentes de la Guardia Nacional y que irrumpieron en Recinto del Ejecutivo y del Congreso del Estado el lunes.
Añadió que el momento fue aprovechado “para manchar mi imagen, lo digo y lo sostengo, no hay nada que ocultar. Si sale otro video no me ocupa, ni me preocupa, porque yo ya comenté cuál es la situación que guarda en este video”.
La edil agregó: “Seguimos con una misma coordinación con el gobierno estatal, con la gobernadora, con el ingeniero y con todos los órdenes de gobierno y poderes. Siempre con respeto a nuestras esferas y autonomía, lo que nos corresponde”.
Subrayó que no hay un alejamiento entre el gobierno estatal y ella, “no creo, hemos tenido incluso comunicación con sus funcionarios, seguimos en la misma línea de coordinación”.
Pone en riesgo a la investigación que se filtrara la solicitud de la FGE, dice Jacinto
Pide una pesquisa interna en el Congreso que determine cómo llegaron los oficios a los medios
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) de Morena, Jacinto González Varona, aseguró que la filtración de las solicitudes que hizo la Fiscalía General del Estado (FGE) al Congreso local, sobre las constancias y documentales que acrediten como servidores públicos a siete alcaldes y una diputada local, implicados en investigaciones sobre delitos graves, pusieron en riesgo el debido proceso y a los involucrados.
En consulta telefónica, el también diputado local opinó que los procedimientos penales deben “ir bien”, porque la dependencia no avisa de lo que hace hasta la ejecución de las acciones. Sin embargo, la filtración pudo poner en alerta a los actores, por la difusión de los nombres.
Consideró que debe haber una investigación interna, para determinar cómo trascendieron los datos y con qué fin.
“Para el esclarecimiento de hechos en la investigación”, la fiscalía solicitó copias certificadas de las constancias o documentales que acrediten que son servidores públicos los alcaldes de Acapetlahuaya, César Ortiz Torres; de Cutzamala, Mayté Torres Berrum; de Coyuca de
Catalán, Eusebio Echeverría Tabares; de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Tlapehuala, José Luis Antúnez Guicochea; de Ajuchitlán, Víctor Hugo Vega Hernández, y la diputada Elzy Camacho Pineda. En otro oficio, se piden los documentos que acrediten como servidores públicos a la alcaldesa y el síndico de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez y Andrei Marmolejo Valle, respectivamente.
González Varona señaló: “La Fiscalía está haciendo su trabajo, sólo que en el Congreso debieron cuidar mucho la secrecía de la información, pues se viola el debido proceso. La Mesa directiva, incluso, debe investigar quién filtró ese documento. No es ético, pone en riesgo los resultados y a los propios que están investigando”.
Consideró que las autoridades competentes tendrán que “buscar proteger todo el proceso, para que no se venga abajo, y el Congreso debería fincar responsabilidades a quien haya hecho la filtración”.
El PAN pide a la FGE que investigue sin simulación
Por separado, el presidente del CDE del PAN, Eloy Salmerón Díaz, exigió a la FGE que aplique la ley en los hechos investigados, que involucran a autoridades municipales.
Añadió que los gobiernos de Morena, desde la federación, se caracterizan por la simulación, pasando por alto incluso la Constitución.
Por ello, insistió en pedir a la FGE que esclarezca todos los actos que se presumen como delitos, que les den puntual seguimiento y se aclaren los hechos.
“Especialmente en la capital del estado, que hacen referencia a la alcaldesa y síndico, que no sea una simulación de este gobierno”, dijo y enfatizó sobre la mención a la autoridades en una cartulina dejada junto a siete cuerpos.
Sobre las dos averiguaciones previas en curso contra autoridades municipales y una diputada, reconoció que la dependencia está apegada al procedimiento de desafuero, pero el camino más fácil para la alcaldesa de Chilpancingo es que pida licencia, para que no haya trabas en la investigación.
“Ella dice que lo ha planteado (separarse del cargo) ante la Fiscalía General de la República y la del estado. Si tiene la voluntad de ser sometida a la investigación, sin trabas en el procedimiento, que lo haga”, insistió.
Con duda, añadió que deben esperar los resultados de las investigaciones para determinar hasta donde está decidida a llegar la Fiscalía para averiguar el involucramiento de autoridades con grupos de la delincuencia.
“Exigimos que se investigue de manera puntual, que se esclarezcan los hechos. No pueden enviar ese mensaje, de que lo que acontece en Chilpancingo es la normalidad. En los cargos de elección, debe haber ciudadanía responsable, honesta, comprometida con la comunidad y una conducta transparente”.
Si son vistos con gente coludida con la delincuencia, no pueden darle cuentas a la sociedad, enfatizó.
Se respondió ya a la FGE que no le toca al Congreso dar los informes que pide: Apreza
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El diputado del PRI, Héctor Apreza Patrón, informó que el Congreso del Estado ya respondió a la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la presidente de la Mesa Directiva, Yanelly Hernández Martínez, a las solicitudes de información sobre las actas de protesta o, en su caso, las constancias que acrediten como servidores públicos, por un lado, a la alcaldesa y el síndico de Chilpancingo, y por otro, a siete alcaldes y una diputada local.
La respuesta de la presidente de la mesa, como representante del poder Legislativo, fue que el Congreso local no es la instancia responsable de emitir copia certificada de estos documentos, como los requirió la dependencia estatal.
En consulta telefónica, indicó que el martes de la semana pasada supieron, en la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que un representante de la FGE, el fiscal especializado en la Investigación de Delitos Graves, Germán Reyes Reyes, solicitó el 7 de julio, a la representante legal del Congreso local, copias certificadas de las constancias de mayoría de la alcaldesa y síndico de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez y Andrei Marmolejo Valle.
Con otro oficio, de la misma fecha, pidió copias certificadas de las constancias de mayoría de los alcaldes de Acapetlahuaya, César Ortiz Torres; de Cutzamala, Mayté Torres Berrum; de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Alvarez; de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Tlapehuala, José Luis Antúnez Guicochea, y de Ajuchitlán, Víctor Hugo Vega Hernández, en la Tierra Caliente; así como de la diputada Elzy Camacho Pineda, electa por el del distrito 17, con cabecera en Coyuca de Catalán.
En esa reunión, indicó que la presidente de la mesa les informó que la respuesta que dio a la FGE fue que el Congreso no es la instancia responsable de emitir o salvaguardar las constancias de mayoría, ni las actas de toma protesta, que son un asunto de cada Ayuntamiento.
Es decir, la FGE solicitó información que el Congreso local no es responsable de emitir, que la instancia responsable es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), precisó.
Sobre las causas penales en que están implicadas autoridades municipales y una diputada local, respondió que es respetuoso de las atribuciones legales de la FGE, y no va a opinar ahora, porque no tiene información acerca del tipo de investigación que se realiza, más que el oficio que se conoció este lunes en los medios.
Consideró que le toca a la FGE explicar qué hay detrás de cada procedimiento. Al insistirle sobre algún trasfondo político, aclaró que no niega ni afirma nada, porque “nosotros estamos ante la nada jurídica. No sabemos más”.
El Congreso debe entregar información a la FGE
Consultado por separado, el coordinador de la bancada del PRD, Raymundo García Gutiérrez, coincidió en que la FGE está cumpliendo su papel al requerir información de autoridades que fueron electas, aunque la constancia de mayoría y de representación popular las emite el IEPC cuando concluye el proceso electoral, la cual es pública.
“Ya después de que emite la constancia de mayoría, es cuando el Congreso local aprueba permisos o licencias a las autoridades electas”, aclaró.
Sin embargo, recordó que ya después, el IEPC remite al Congreso del Estado la información sobre quiénes son las personas electas y que tienen su constancia de mayoría. “Hay un comunicado al respecto, y en ese sentido, tienen seguimiento los permisos que autoriza”.
Opinó que el Congreso local sí podría informar de estas documentales a la Fiscalía.
De las investigaciones que involucran a autoridades municipales del PRI, PRD y Morena, señaló que en Guerrero existe una situación crítica, que no es la primera vez que las investigaciones involucran a autoridades. “Ha sido una constante. Los ciudadanos ya no queremos que se repitan acciones, que finalmente representan un retroceso” y llamó a todas las autoridades a “establecer el orden”.
Integrantes de la CETEG, de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa durante la marcha en Chilpancingo para exigir la presentación con vida de los 43 jóvenes desaparecidos, a 45 meses de los ataques en Iguala Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Luego de 45 meses de los ataques a estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, maestros, normalistas, activistas y defensores de derechos humanos marcharon en la capital e hicieron un mitin en el antimonumento a los 43 jóvenes desaparecidos, para exigir su presentación con vida y el esclarecimiento de los hechos.
En las acciones participaron integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero y normalistas de Ayotzinapa, quienes se reunieron en la alameda Granados Maldonado, para marchar hasta el antimonumento a los 43, ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas.
“Porque el color de la sangre no se olvida, los masacrados serán vengados”, “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “Ayotzi vive, la lucha sigue” y “no somos todos, nos faltan 43”, fueron algunas de las consignas que los manifestantes corearon al unísono durante el recorrido. Al llegar al antimonumento, un agente de Gobernación que tomó fotos de la protesta fue ubicado por los inconformes, quienes exigieron a las autoridades que cese el hostigamiento en su contra.
El director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, expresó que durante 45 meses la lucha es por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los más de 36 mil desaparecidos en el país, que llevan más de 5 años sin volver a sus hogares, por ello “las luchas deben hermanarse” y lamentó que en la protesta hubo pocos participantes.
Señaló que la mayoría de las personas están concentradas en el proceso electoral y tienen la esperanza de que con un nuevo gobierno cambiará la situación en el país, pero “la lucha de las madres, padres y los hijos de los desaparecidos va más allá de las urnas electorales”. Dijo que cuando terminen las elecciones “volverán a la realidad, se darán cuenta de que las urnas no dan libertad ni igualdad social, nunca nos van a hacer iguales unos con unos”, la burguesía será la que mandará, mientras el pueblo no se decida a movilizarse.
Declaró que en la lucha “están los que realmente sienten el compromiso con las mamás, con los papás, con todos los que han sufrido los estragos de la delincuencia organizada, del narcotráfico, de la corrupción y la impunidad que han sembrado los gobernantes”.
Consideró que “es realmente indignante” que los procuradores y fiscales del país estén en contra del fallo del Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, que ordenó la reposición de la investigación y la creación de una Comisión para la Verdad y la Justicia, porque los detenidos fueron torturados para declarar “lo que al gobierno le convenía”. Aseguró que “con esto” se acaban los intentos del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de cerrar el caso.
El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, dijo que “la tarea fundamental es la unidad”, pues a pesar de la actual efervescencia política, “gane quien gane habrá necesidades, habrá pobrezas, habrá perseguidos, habrá encarcelamientos y habrá asesinatos”, por ello es necesario que todos los sectores actúen de manera conjunta.
Recordó que ya viene la conmemoración de las matanzas de El Charco y Aguas Blancas, y en ese sentido reconoció la labor del Centro Morelos y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; así como “los compañeros que a nivel internacional han evidenciado al Estado” pues la exigencia de la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa “es legítima”, pues el Ejército y el Estado están involucrados en los hechos.
Por su parte, un representante de la Normal Rural de Ayotzinapa expresó que “no es posible” que el sexenio de Peña Nieto esté por terminar, sin que haya resuelto el caso de la desaparición “de nuestros 43 hermanos”. Coincidió en que es necesaria la unidad de las organizaciones sociales y que es lamentable que la sociedad esté enfocada en el proceso electoral y se olvide de lo que está pasando en México, donde “ya sólo falta que nos privaticen el derecho a la vida”. Al concluir el mitin, los manifestantes entonaron el himno Venceremos.
El candidato al Senado de la coalición Todos por México (PRI-PVEM-Panal), Manuel Añorve Baños, aseguró que en Guerrero, en términos generales, hay las condiciones para tener una elección libre y democrática; añadió que son bienvenidas las peticiones que haga el Instituto Nacional Electoral (INE), como las medidas a tomar para el día de la jornada electoral.
A Añorve Baños se le preguntó sobre el crimen del comisario municipal de La Sabana, Luis Antonio Terrazas Valente, y respondió que es algo lamentable que le corresponde a la autoridad competente aclarar y detener a los responsables, “ojalá lo haga con prontitud”.
Añadió que es algo que lamentaba mucho, porque Terrazas Valente era su amigo y “lo que queremos es una respuesta por parte de la autoridad, pero también, claro que la democracia y la elección continúa, hay condiciones para que exista una elección en paz y tranquila”.
Este jueves, el presidente del Consejo Local del INE, Dagoberto Santos Trigo, dijo que plantearía a las autoridades que se intensifiquen los recorridos de vigilancia después de las 6 de la tarde, para no inhibir el voto con patrullajes anticipados. Al respecto, Añorve Baños manifestó que está convencido de todo lo que hagan las autoridades federales y estatales es para “abonar a lo que necesitamos el día de la elección, que sea la libertad del voto, la democracia que se manifieste en las urnas”.
Añadió que en lo particular está haciendo propuestas fuera de las reyertas, de los pleitos, “yo estoy convencido de que los pleitos no dejan nada bueno, la gente quiere propuestas y no pleitos entre los políticos, y lo que haga el INE y lo que pida, se debe seguir apoyando desde los gobiernos federal y estatal, bienvenido. Estoy convencido que en términos generales hay condiciones para tener unas elecciones libres y democráticas en Guerrero”.
Reiteró el llamado a los candidatos para no “crispar al electorado, a la sociedad, con discursos que ofendan, pues esto debe ser una gran guerra, una gran confrontación, pero de ideas y propuestas, no de calumnias”. Añadió que es lo que quiere la ciudadanía, “me queda claro y no me he enganchado en ningún pleito. Hay quienes me quieren enganchar, hay otros que andan tirando aceite por los rincones de Guerrero, pero yo estoy trabajando y convencido de que se debe construir con propuestas, hay que abonar a una elección democrática y en paz”.
Este domingo, el candidato se reunió con alrededor de 200 vecinos en el poblado El Quemado, a quienes les reiteró cada una de sus propuestas, como son los mil 200 pesos mensuales a jefas de familia; créditos a la palabra para las mujeres, con el uno por ciento, y el aumento al programa Prospera, así como el aumento al doble de la pensión a los adultos mayores, que va pasar de 580 a mil 160.
El comisario municipal, Pascuacio Rosales Morales, fue el encargado de darle la bienvenida a los candidatos Manuel Añorve Baños, a la aspirante a diputada local por el distrito 06, Vicky Trani, y diputada federal por el distrito 04, Pilar Vadillo, y dijo que el PRI está más vivo que nunca y estaban para apoyarlos.
A Añorve Baños la autoridad del poblado le manifestó su agradecimiento por haberle hecho la comisaria del lugar.
En su mensaje, el candidato Manuel Añorve Baños dijo que el 1 de julio el PRI ganará la elección, como lo hizo hoy la selección de México a Alemania en el Mundial de Rusia. Añadió que las propuestas de su partido han sido las mejores, porque están pensadas en las familias de Guerrero.
El candidato habló del juego de la selección de México contra Alemania y dijo a los presentes “para que vean que sí se pudo, que decían que íbamos a perder. Decían que nos iba golear Alemania, decían que era imposible ganarle al campeón del mundo, pues quiero decirles que se chingaron, ganó México y es para que vean cómo este equipo de fútbol ganó y cómo vamos a ganar el 1 de julio los priistas”.
Dijo que en las campañas de la coalición hay ánimo y organización, pero sobre todo mucha fuerza en los liderazgos que los representan, que por eso el PRI va ganar las elecciones, “así como ganó la selección nacional, así vamos a ganar nosotros”.
Reiteró que las propuestas que traen son viables, porque el PRI ya entendió que se tiene que hablar con la verdad y decir lo que se puede cumplir o no.
Añorve Baños añadió que van con todo, porque “para ganar elecciones se requiere construir la unidad y en el PRI no hubo desprendimiento, broncas internas, al contrario, se han sumados cientos de militantes del PRD y otras fuerzas políticas y organizaciones sociales que estuvieron con el PRD”.
En breves declaraciones a reporteros, Añorve Baños dijo que van ganando las elecciones “no lo digo como una pose política, el sentimiento, el ánimo, la organización es que tenemos una tendencia ganadora. Lo he sentido en Tlapa, en los tres días que estuve, en Tierra Caliente, en cada un de las regiones hay un extraordinario ánimo y no tengo duda de que ganaremos. No hay un exceso de confianza, hay seguridad en lo que estamos haciendo y vamos a refrendar ese triunfo el 1 de julio”.
Padres de familia y maestros de la primaria Ignacio Manuel Altamirano, ubicada en Tixtla, se reunieron con el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien se comprometió a entregar 10 millones de pesos para la reconstrucción de las instalaciones, cuyo deterioro por sus más de 70 años de antigüedad se agravó con los sismos de septiembre pasado.
La reunión se llevó a cabo en Casa Guerrero a las 2 de la tarde, también estuvieron el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega Otero; el director general del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), Jorge Alcocer Navarrete, y el presidente municipal de Tixtla, Hossein Nabor Guillén.
Un padre de familia informó que en la reunión, Astudillo Flores mostró disposición y amabilidad a la comisión que representó a la comunidad del turno matutino, que encabezó el bloqueo de nueve horas en los tres accesos a la cabecera municipal de Tixtla, frente al arco de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el internado de educación primaria 21, Adolfo Cienfuegos y Camus, y el nuevo libramiento el martes pasado, para exigir la pronta reconstrucción de las instalaciones.
Después de la protesta, los manifestantes lograron concretar la reunión con el gobernador.
Además de escuchar las inconformidades de los padres de familia y maestros de la primaria, debido a la lentitud de la obra y la falta de seriedad de funcionarios del gobierno estatal, antes de las protestas, Astudillo Flores se comprometió a otorgar los recursos necesarios para que la obra se termine con todas las condiciones que necesitan los trabajadores administrativos, docentes y alumnos.
En cuanto a la propuesta del IGIFE de que se solicitara al coordinador de Investigación y Estudios de Postgrado de facultad de Ingeniería, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Roberto Arroyo Matus, o al ingeniero originario de Tixtla, Sulpicio Sánchez Tizapa, que realizaran un estudio de las instalaciones con el fin de gestionar recursos, esta posibilidad se descartó y la obra se hará con base en el dictamen y proyecto del instituto.
Por último, Astudillo Flores se comprometió a que este jueves a las 9 de la mañana acudirá a la escuela, para dar el banderazo de inicio de la construcción con recursos del gobierno estatal. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).
Padres de familia de la primaria Ignacio Allende, del poblado San Isidro Gallinero, al poniente de Acapulco, protestaron en la Promotora Turística (Protur), donde está la oficina del gobernador Héctor Astudillo, para exigir dos maestros, uno de cuarto y otro primer grado; así como dos conserjes y la reparación de dos aulas que resultaron dañadas con el sismo del 19 de septiembre del año pasado.
Luego de la protesta, obtuvieron una cita con el asesor jurídico de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Abraham Godínez, en Chilpancingo, después de que una comisión se reunió con el asesor del gobernador Héctor Astudillo, César Flores Maldonado.
Unas 50 personas exigieron con pancartas a las autoridades educativas que se cubrieran a los docentes que faltan desde el inicio del ciclo escolar.
Señalaron que el director del plantel, Jorge Vega, cubre la ausencia de uno de los profesores, pero que ante el aumento de la matrícula, la escuela demanda más docentes.
“Somos padres de familia y exigimos solución”, “queremos maestros” y “solución”, eran mensajes en las pancartas que mostraban los padres de familia, quienes permanecieron afuera de las oficinas.
“Tenemos dos aulas muy deterioradas y no tenemos material para comenzarlas”, señalaron los padres de familia, quienes recriminaron que las autoridades tampoco han ido a verificar los daños.
De cómo hay limpieza en la escuela, que cuenta con siete salones y una matrícula que va de los 30 a los 35 alumnos en cada uno, explicaron que los padres entregan una cooperación de 5 pesos mensuales por alumno, para pagar a uno de los dos conserjes que hacen falta.
El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, dijo que pese a que hay cinco preparatorias periféricas o anexos, que tienen más de 300 estudiantes, ninguna será oficializada por la institución debido a la falta de presupuesto el próximo año.
Al termino del homenaje de inicio de mes, en la explanada de Rectoría, el rector dijo que los ajustes al presupuesto se darán a conocer una vez que la Comisión financiera los realice. Los presupuesto presentados a la federación y el estado en 2017 y 2018 fueron de poco más de 6 mil millones de pesos, pero el año pasado sólo se autorizaron 2 mil 443 millones 415 mil 700 pesos. Dijo que este nuevo proyecto incluye un apartado para reforzar la seguridad en las escuelas, pese a que no existe de manera oficial.
Saldaña Almazán dijo que la Auditoría Superior de la Federación ha notificado a la institución que no le corresponde pagar por la seguridad de los planteles, y que ese tema es competencia de las corporaciones de seguridad, pero indicó que por la situación de inseguridad que persiste en el estado, la UAG ha tenido que pagar 16 millones anuales para los guardias privados, instalar cámaras de seguridad y construir bardas en las escuelas.
En este mismo contexto presupuestal, el rector dijo que pese a que hay cinco planteles de educación media superior que están dependiendo de otras preparatorias, y que cumplen con la matrícula para independizarse, no será posible porque el presupuesto no alcanza, debido a que se tendrían que pagar más horas de clase.
Asimismo, informó que el jueves se reunirá con el fiscal del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, para ver los avances que hay en unos 18 casos de homicidios contra universitarios, que aún no se han esclarecido.
En declaraciones por separado, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG, Ofelio Martínez Llanes, dijo que solicitará que dentro del presupuesto del próximo año sea incluido el reconocimiento de 600 plazas que no tienen techo presupuestal, tanto en preparatorias, licenciaturas y posgrados, y que ha sido la demanda anual.
Indicó que por la falta de mayor presupuesto a la universidad se ha frenado la apertura de más grupos en algunas escuelas o la apretura de otras carreras, por la falta de contratación de maestros.
Durante el homenaje, el rector Javier Saldaña Almazán nuevamente llamó a los directores electos a ponerse de acuerdo con los grupos políticos que convergen en cada escuela, para designar los equipos en las direcciones y seguir trabajando, de lo contrario recordó que él y un grupo de consejeros tiene facultades para nombrar a los subdirectores.
