El diputado del PRI, Héctor Apreza Patrón, informó que el Congreso del Estado ya respondió a la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la presidente de la Mesa Directiva, Yanelly Hernández Martínez, a las solicitudes de información sobre las actas de protesta o, en su caso, las constancias que acrediten como servidores públicos, por un lado, a la alcaldesa y el síndico de Chilpancingo, y por otro, a siete alcaldes y una diputada local.
La respuesta de la presidente de la mesa, como representante del poder Legislativo, fue que el Congreso local no es la instancia responsable de emitir copia certificada de estos documentos, como los requirió la dependencia estatal.
En consulta telefónica, indicó que el martes de la semana pasada supieron, en la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que un representante de la FGE, el fiscal especializado en la Investigación de Delitos Graves, Germán Reyes Reyes, solicitó el 7 de julio, a la representante legal del Congreso local, copias certificadas de las constancias de mayoría de la alcaldesa y síndico de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez y Andrei Marmolejo Valle.
Con otro oficio, de la misma fecha, pidió copias certificadas de las constancias de mayoría de los alcaldes de Acapetlahuaya, César Ortiz Torres; de Cutzamala, Mayté Torres Berrum; de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Alvarez; de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Tlapehuala, José Luis Antúnez Guicochea, y de Ajuchitlán, Víctor Hugo Vega Hernández, en la Tierra Caliente; así como de la diputada Elzy Camacho Pineda, electa por el del distrito 17, con cabecera en Coyuca de Catalán.
En esa reunión, indicó que la presidente de la mesa les informó que la respuesta que dio a la FGE fue que el Congreso no es la instancia responsable de emitir o salvaguardar las constancias de mayoría, ni las actas de toma protesta, que son un asunto de cada Ayuntamiento.
Es decir, la FGE solicitó información que el Congreso local no es responsable de emitir, que la instancia responsable es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), precisó.
Sobre las causas penales en que están implicadas autoridades municipales y una diputada local, respondió que es respetuoso de las atribuciones legales de la FGE, y no va a opinar ahora, porque no tiene información acerca del tipo de investigación que se realiza, más que el oficio que se conoció este lunes en los medios.
Consideró que le toca a la FGE explicar qué hay detrás de cada procedimiento. Al insistirle sobre algún trasfondo político, aclaró que no niega ni afirma nada, porque “nosotros estamos ante la nada jurídica. No sabemos más”.
El Congreso debe entregar información a la FGE
Consultado por separado, el coordinador de la bancada del PRD, Raymundo García Gutiérrez, coincidió en que la FGE está cumpliendo su papel al requerir información de autoridades que fueron electas, aunque la constancia de mayoría y de representación popular las emite el IEPC cuando concluye el proceso electoral, la cual es pública.
“Ya después de que emite la constancia de mayoría, es cuando el Congreso local aprueba permisos o licencias a las autoridades electas”, aclaró.
Sin embargo, recordó que ya después, el IEPC remite al Congreso del Estado la información sobre quiénes son las personas electas y que tienen su constancia de mayoría. “Hay un comunicado al respecto, y en ese sentido, tienen seguimiento los permisos que autoriza”.
Opinó que el Congreso local sí podría informar de estas documentales a la Fiscalía.
De las investigaciones que involucran a autoridades municipales del PRI, PRD y Morena, señaló que en Guerrero existe una situación crítica, que no es la primera vez que las investigaciones involucran a autoridades. “Ha sido una constante. Los ciudadanos ya no queremos que se repitan acciones, que finalmente representan un retroceso” y llamó a todas las autoridades a “establecer el orden”.
Si hay delito pedirá licencia pero por ahora no, adelanta la alcaldesa de Chilpancingo
El Congreso no tiene jurisdicción en el caso y no están “legitimadas” las opiniones de quienes le piden que se separe del cargo, dice Norma Otilia Hernández. Asegura que mantiene coordinación con “la gobernadora y con el ingeniero”
Jacob Morales Antonio
La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, en la conferencia de prensa de ayer en el Palacio Municipal Foto: Jessica Torres Barrera
La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, afirmó que si se demuestra que cometió un delito al reunirse con el jefe criminal de Los Ardillos, Celso Ortega, sí pedirá licencia, pero por ahora no, pese a quienes se lo demandan, y que el Congreso no tiene jurisdicción en el asunto.
En la conferencia que ofrece cada lunes, la alcaldesa morenista afirmó que mantiene coordinación con “la gobernadora y el ingeniero”, en alusión a Evelyn Salgado Pineda y el senador Félix Salgado Macedonio, luego de la difusión de un fragmento del video del encuentro cuando parece reclamar que no la consideran en las reuniones de seguridad.
Respecto al llamado que hizo el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, de que tendría que pedir licencia, sumándose a las demandas de los dirigentes del PRD y PAN, e incluso el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, quien dijo que eso ayudaría al partido, señaló que esas opiniones no son legítimas.
“Creo que hablamos de un Estado democrático, donde la libertad de expresión está garantizada. Aquí yo no persigo a nadie por una situación o me molesta porque opinen. Lo único que puedo pensar es que estas opiniones no son legitimadas por la ley”, respondió.
Agregó que los puestos de elección popular son irrenunciables y que sólo la “autoridad competente” puede determinar esta eventualidad luego de sustanciar el debido proceso. Llamó a ser prudentes a “quienes de manera irresponsable se han pronunciado, han adelantado juicios, fomentan el escarnio, el linchamiento y ponen en riesgo no nada más la gobernabilidad, sino la seguridad de mi persona y mi familia, y eso sí es un delito”.
Recordó que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dijo que en los gobiernos pasados, al señalar alguien con algún nexo con el crimen, sólo se le retiraba del cargo pero no se le investigaba, como se hace ahora.
Y en alusión al oficio enviado al Congreso local por el titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Graves, la alcaldesa dijo que los diputados no tienen jurisdicción para juzgar estos temas, que hay órganos, instancias y procesos, y que va a esperar. Aseguró que si cometió un delito sí pedirá una licencia, “yo no tendré ninguna situación de oponerme, pero de entrada no voy a pedir licencia”.
Sobre la filtración de un extracto de la plática que tuvo con el líder criminal, insistió en que “es un video manipulado. Sin embargo lo hemos dicho, me he puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Yo estoy abierta a cualquier investigación”.
Hernández Martínez agregó que la investigación va a en dos vertientes, una por la cartulina dejada junto a los restos de siete personas dejados junto a la iglesia de San Mateo; y otra por el video que se difundió de la plática que tuvo con el líder de Los Ardillos y que serán las instancias que investigan las que informarán qué sucedió, no obstante se volvió a negar a hablar de qué platicó, dónde, cuándo y cómo se dio el encuentro que según diversas fuentes tuvo lugar en un restaurante ubicado en la carretera hacia Quechultenango.
“Me encantaría poderlo compartir, hoy que hice un análisis de esta situación, yo tengo muy clara la película, pero no puedo, la verdad, por el tema de que ya estamos en un proceso de investigación”, justificó.
Siguió: “Yo sé que saldrá la verdad, yo sí se los aseguro. No hay pacto, ustedes vean ahí la situación y cómo se tergiversa el video, y si sale uno y otro yo estoy clara y responsablemente lo que estoy comentando. No hay un pacto”.
La alcaldesa también enfatizó que la violencia desatada en Chilpancingo del sábado al martes de la semana pasada no está ligada al encuentro que tuvo con el líder criminal. “Una cosa es la cartulina, una cosa es el video y otra cosa son los hechos delictivos. Muchos se aprovecharon de esa situación para poder vincularlos”, aseguró en alusión al asesinato de cinco choferes y la quema de vehículos el sábado, y a la irrupción de más de 3 mil campesinos pobres y transportistas que enfrentaron a policías antimotines y agentes de la Guardia Nacional y que irrumpieron en Recinto del Ejecutivo y del Congreso del Estado el lunes.
Añadió que el momento fue aprovechado “para manchar mi imagen, lo digo y lo sostengo, no hay nada que ocultar. Si sale otro video no me ocupa, ni me preocupa, porque yo ya comenté cuál es la situación que guarda en este video”.
La edil agregó: “Seguimos con una misma coordinación con el gobierno estatal, con la gobernadora, con el ingeniero y con todos los órdenes de gobierno y poderes. Siempre con respeto a nuestras esferas y autonomía, lo que nos corresponde”.
Subrayó que no hay un alejamiento entre el gobierno estatal y ella, “no creo, hemos tenido incluso comunicación con sus funcionarios, seguimos en la misma línea de coordinación”.
Pone en riesgo a la investigación que se filtrara la solicitud de la FGE, dice Jacinto
Pide una pesquisa interna en el Congreso que determine cómo llegaron los oficios a los medios
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) de Morena, Jacinto González Varona, aseguró que la filtración de las solicitudes que hizo la Fiscalía General del Estado (FGE) al Congreso local, sobre las constancias y documentales que acrediten como servidores públicos a siete alcaldes y una diputada local, implicados en investigaciones sobre delitos graves, pusieron en riesgo el debido proceso y a los involucrados.
En consulta telefónica, el también diputado local opinó que los procedimientos penales deben “ir bien”, porque la dependencia no avisa de lo que hace hasta la ejecución de las acciones. Sin embargo, la filtración pudo poner en alerta a los actores, por la difusión de los nombres.
Consideró que debe haber una investigación interna, para determinar cómo trascendieron los datos y con qué fin.
“Para el esclarecimiento de hechos en la investigación”, la fiscalía solicitó copias certificadas de las constancias o documentales que acrediten que son servidores públicos los alcaldes de Acapetlahuaya, César Ortiz Torres; de Cutzamala, Mayté Torres Berrum; de Coyuca de
Catalán, Eusebio Echeverría Tabares; de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Tlapehuala, José Luis Antúnez Guicochea; de Ajuchitlán, Víctor Hugo Vega Hernández, y la diputada Elzy Camacho Pineda. En otro oficio, se piden los documentos que acrediten como servidores públicos a la alcaldesa y el síndico de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez y Andrei Marmolejo Valle, respectivamente.
González Varona señaló: “La Fiscalía está haciendo su trabajo, sólo que en el Congreso debieron cuidar mucho la secrecía de la información, pues se viola el debido proceso. La Mesa directiva, incluso, debe investigar quién filtró ese documento. No es ético, pone en riesgo los resultados y a los propios que están investigando”.
Consideró que las autoridades competentes tendrán que “buscar proteger todo el proceso, para que no se venga abajo, y el Congreso debería fincar responsabilidades a quien haya hecho la filtración”.
El PAN pide a la FGE que investigue sin simulación
Por separado, el presidente del CDE del PAN, Eloy Salmerón Díaz, exigió a la FGE que aplique la ley en los hechos investigados, que involucran a autoridades municipales.
Añadió que los gobiernos de Morena, desde la federación, se caracterizan por la simulación, pasando por alto incluso la Constitución.
Por ello, insistió en pedir a la FGE que esclarezca todos los actos que se presumen como delitos, que les den puntual seguimiento y se aclaren los hechos.
“Especialmente en la capital del estado, que hacen referencia a la alcaldesa y síndico, que no sea una simulación de este gobierno”, dijo y enfatizó sobre la mención a la autoridades en una cartulina dejada junto a siete cuerpos.
Sobre las dos averiguaciones previas en curso contra autoridades municipales y una diputada, reconoció que la dependencia está apegada al procedimiento de desafuero, pero el camino más fácil para la alcaldesa de Chilpancingo es que pida licencia, para que no haya trabas en la investigación.
“Ella dice que lo ha planteado (separarse del cargo) ante la Fiscalía General de la República y la del estado. Si tiene la voluntad de ser sometida a la investigación, sin trabas en el procedimiento, que lo haga”, insistió.
Con duda, añadió que deben esperar los resultados de las investigaciones para determinar hasta donde está decidida a llegar la Fiscalía para averiguar el involucramiento de autoridades con grupos de la delincuencia.
“Exigimos que se investigue de manera puntual, que se esclarezcan los hechos. No pueden enviar ese mensaje, de que lo que acontece en Chilpancingo es la normalidad. En los cargos de elección, debe haber ciudadanía responsable, honesta, comprometida con la comunidad y una conducta transparente”.
Si son vistos con gente coludida con la delincuencia, no pueden darle cuentas a la sociedad, enfatizó.
Se respondió ya a la FGE que no le toca al Congreso dar los informes que pide: Apreza
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El diputado del PRI, Héctor Apreza Patrón, informó que el Congreso del Estado ya respondió a la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la presidente de la Mesa Directiva, Yanelly Hernández Martínez, a las solicitudes de información sobre las actas de protesta o, en su caso, las constancias que acrediten como servidores públicos, por un lado, a la alcaldesa y el síndico de Chilpancingo, y por otro, a siete alcaldes y una diputada local.
La respuesta de la presidente de la mesa, como representante del poder Legislativo, fue que el Congreso local no es la instancia responsable de emitir copia certificada de estos documentos, como los requirió la dependencia estatal.
En consulta telefónica, indicó que el martes de la semana pasada supieron, en la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que un representante de la FGE, el fiscal especializado en la Investigación de Delitos Graves, Germán Reyes Reyes, solicitó el 7 de julio, a la representante legal del Congreso local, copias certificadas de las constancias de mayoría de la alcaldesa y síndico de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez y Andrei Marmolejo Valle.
Con otro oficio, de la misma fecha, pidió copias certificadas de las constancias de mayoría de los alcaldes de Acapetlahuaya, César Ortiz Torres; de Cutzamala, Mayté Torres Berrum; de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Alvarez; de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Tlapehuala, José Luis Antúnez Guicochea, y de Ajuchitlán, Víctor Hugo Vega Hernández, en la Tierra Caliente; así como de la diputada Elzy Camacho Pineda, electa por el del distrito 17, con cabecera en Coyuca de Catalán.
En esa reunión, indicó que la presidente de la mesa les informó que la respuesta que dio a la FGE fue que el Congreso no es la instancia responsable de emitir o salvaguardar las constancias de mayoría, ni las actas de toma protesta, que son un asunto de cada Ayuntamiento.
Es decir, la FGE solicitó información que el Congreso local no es responsable de emitir, que la instancia responsable es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), precisó.
Sobre las causas penales en que están implicadas autoridades municipales y una diputada local, respondió que es respetuoso de las atribuciones legales de la FGE, y no va a opinar ahora, porque no tiene información acerca del tipo de investigación que se realiza, más que el oficio que se conoció este lunes en los medios.
Consideró que le toca a la FGE explicar qué hay detrás de cada procedimiento. Al insistirle sobre algún trasfondo político, aclaró que no niega ni afirma nada, porque “nosotros estamos ante la nada jurídica. No sabemos más”.
El Congreso debe entregar información a la FGE
Consultado por separado, el coordinador de la bancada del PRD, Raymundo García Gutiérrez, coincidió en que la FGE está cumpliendo su papel al requerir información de autoridades que fueron electas, aunque la constancia de mayoría y de representación popular las emite el IEPC cuando concluye el proceso electoral, la cual es pública.
“Ya después de que emite la constancia de mayoría, es cuando el Congreso local aprueba permisos o licencias a las autoridades electas”, aclaró.
Sin embargo, recordó que ya después, el IEPC remite al Congreso del Estado la información sobre quiénes son las personas electas y que tienen su constancia de mayoría. “Hay un comunicado al respecto, y en ese sentido, tienen seguimiento los permisos que autoriza”.
Opinó que el Congreso local sí podría informar de estas documentales a la Fiscalía.
De las investigaciones que involucran a autoridades municipales del PRI, PRD y Morena, señaló que en Guerrero existe una situación crítica, que no es la primera vez que las investigaciones involucran a autoridades. “Ha sido una constante. Los ciudadanos ya no queremos que se repitan acciones, que finalmente representan un retroceso” y llamó a todas las autoridades a “establecer el orden”.
Los informes que presenta cada año el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Guerrero (Itaigro) son una fotografía desde la que es posible observar, a veces claramente, a veces entre líneas, lo que sucede realmente en el estado en estas materias. En esta entrega comentaremos varios datos relevantes que contiene el treceavo informe de labores, correspondiente al ejercicio 2018, que entregó el órgano garante en días pasados al Congreso del estado.
Uno de los primeros datos que salta a la vista es el número de solicitudes de información que la ciudadanía guerrerense presentó durante el año pasado: 7 mil 264 requerimientos. Si se mide con referencia a otras entidades, la cifra puede parecer corta (9 mil 527 en Oaxaca, 9 mil 712 en Hidalgo, y no se diga las 116 mil recibidas en la CDMX de enero a septiembre de 2018). Pero vistas las cifras cronológicamente al interior del estado, es innegable el incremento que se ha registrado año con año, pues de las 300 o 400 que se presentaban anualmente en los años posteriores a que se establecieron procedimientos formales para ejercer el derecho de acceso a la información (2006-2007), pasamos a más de 7 mil en 2008.
Hay varios factores que favorecieron este aumento, la promoción institucional y el creciente interés de la ciudadanía por estos asuntos, entre otros. Tal vez predomine el segundo factor, pues la experiencia dice que las personas no se interesan por ejercer este derecho a partir de escuchar o ver promocionales, sino hasta que se les presenta una necesidad informativa específica de un problema que les afecta (obra pública, reglas de operación, programas sociales, estadísticas de educación, salud, seguridad, etc.), y alguien les muestra o por sí mismos descubren los procedimientos de la ley para buscar satisfacerla. Es la antesala del interés ciudadano por los asuntos públicos y tal vez el principio de la construcción de ciudadanía.
A esto se agrega un factor adicional: la posibilidad de presentar solicitudes por vía remota –a través de los medios electrónicos–, recurso que se estableció en Guerrero hasta febrero de 2011 y fue precisamente la fecha del inicio del despegue. No en balde la gran mayoría de solicitudes de 2018 se presentaron a través de la plataforma nacional de transparencia o por correo electrónico; sólo 64 se hicieron por medios diferentes.
Falta, sin embargo, diseñar mecanismos innovadores para incorporar al ejercicio de este derecho a toda esa población que aun no cuenta con la conectividad de internet que se requiere y en general a los recursos digitales.
De acuerdo con el informe de Itaigro, las principales dependencias que recibieron solicitudes el año pasado fueron la Fiscalía General del Estado (612 solicitudes), Secretaría de Salud (351), Ayuntamiento de Acapulco (347), Secretaría de Finanzas y Administración (313), Tribunal Superior de Justicia (313) y el propio Itaigro (286).
Otro dato que puede comentarse del informe del órgano garante es el de los recursos de revisión, es decir, de aquellos procedimientos que pueden presentarse si las dependencias no contestan o el solicitante está inconforme con la respuesta.
En 2018 se presentaron 379 recursos de revisión, que comparados con los 47 que se presentaron en 2007, se percibe un interés creciente por hacer valer este derecho por parte de la ciudadanía. Tradicionalmente habíamos observado un bajo número de recursos, esto derivado tanto del desconocimiento de los procedimientos por parte de la ciudadanía como debido a la tardanza de los plazos para el procesamiento de estos recursos. Los dos factores siempre han desalentado la presentación de recursos, de hecho, no se descarta que todavía hoy haya un fuerte número de solicitantes de información insatisfechos con las respuestas de las dependencias, pero que no se animan a presentar sus correspondientes recursos de revisión.
De los 379 recursos presentados en 2018, sólo en 75 casos (20 por ciento) se emitieron resoluciones en las que se instruye la entrega de información a los ciudadanos, ya que 99 fueron desechados y 76 sobreseídos. El alto porcentaje de recursos de revisión desechados y sobreseídos es una señal de alerta que impide un pleno ejercicio del derecho de acceso a la información. Hace falta un buen diagnóstico y análisis para atender los motivos de por qué no está funcionando plenamente este tipo de recursos.
En este renglón, los sujetos obligados que recibieron mayor número de recursos de revisión en su contra fueron la Secretaría de Finanzas y Administración con 21 recursos, la Fiscalía General del Estado (16), Congreso (16), Ayuntamiento de Acapulco (11), Secretaría de Educación de Guerrero (11), Itaigro (nueve), Secretaría de Desarrollo Social (nueve), y la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Salud y la Universidad Autónoma de Guerrero con siete cada una.
Denuncias ciudadanas
Finalmente, otro indicador que da cuenta sobre cómo participa la ciudadanía en el ejercicio de su derecho de acceso a la información son las denuncias que ésta presenta ante el órgano garante por el incumplimiento de las dependencias y entidades públicas de sus obligaciones de transparencia.
Dice el artículo 81 de la Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información que todos los sujetos obligados (208 en el estado) deben publicar información de su quehacer gubernamental organizada en un catálogo de 48 temas y algunos adicionales, según la dependencia.
También la ley dice, en su artículo 103, que si las dependencias omiten la publicación de uno o más de estos temas, las y los ciudadanos pueden presentar una denuncia ante el Itaigro. En 2018 se registraron 89 denuncias ciudadanas por este concepto, un incremento sustancial en relación con 2017, cuando sólo se presentaron 14 denuncias.
En estricto sentido, los 208 sujetos obligados del estado merecerían ser denunciados por el incumplimiento de sus obligaciones de transparencia, ya que ninguno cumple con el 100 por ciento de éstas. Sin embargo, los 89 denunciantes de 2018 seguramente presentaron sólo de aquellas dependencias de su interés.
En este rubro destacan por su número las denuncias presentadas en contra de los ayuntamientos, 65 de las 89: Tecpan (3), Chilpancingo (3), Tlapa (3), Coyuca de Benítez (3), Zihuatanejo (3); Acatepec (2), Atoyac (2), Tlalchapa (2), Taxco (2), Juan R. Escudero (2), Benito Juárez, Iguala (2) y Tixtla (2).
Con una denuncia están: Copalillo, Mochitlán, Acapulco, Ixcateopan, Ometepec, Petatlán, San Marcos, Leonardo Bravo, Alpoyeca, Arcelia, Tlapehuala, General Canuto Neri, Azoyú, Copala, Cuautepec, Huitzuco, Xalpatlahuac, Tlalixtaquilla, Olinalá, Huamuxtitlán, Xochihuehuetlán, Cualac, Alcozauca, Alpoyeca, Metlatónoc, Cochoapa, Atlamajalcingo, Copanatoyac, Malinaltepec, Zapotitlán, Atlixtac, Ileatenco, San Luis Acatlán, Chilapa y Mártir de Cuilapan.
Pero también otras dependencias recibieron denuncias, entre las que destacan la Secretaría de Finanzas y Administración (3), Itaigro (3), el Tribunal Superior de Justicia (2).
De las 89 denuncias presentadas, 15 fueron desechadas o infundadas, sólo en siete se ha instruido a los sujetos obligados que entreguen la información; y la gran mayoría, 65, están en proceso.
No presentaron informe
Hay un dato del informe de labores del Itaigro que puede ser indicativo de la poca atención que le procuran una parte de los sujetos obligados del estado a los temas de transparencia y acceso a la información. Se trata del informe que cada año por ley deben presentar sobre el número de solicitudes que los ciudadanos presentaron a lo largo del año. Son 53 las dependencias (25 por ciento del total en el estado) que omitieron enviar este informe al Itaigro. La omisión es grave porque se percibe no solo como un desacato a la ley de transparencia, sino como una falta de interés de los titulares por hacer una gestión transparente en sus dependencias.
Entre éstas, hay algunas del Ejecutivo como Agroindustrias del Sur, Casa Guerrerense en el DF, Consejo de Políticas Públicas y la Secretaría de Desarrollo Social; también la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero y varios sindicatos. Pero el sector que tiene más omisiones es el de ayuntamientos, 25, que representan 30 por ciento de los que hay en el estado.
Verificación
En el informe de labores, correspondiente a 2018, el Itaigro finalmente publicó el ranking estatal de cumplimiento de obligaciones de transparencia con sus respectivos porcentajes. No nos referiremos a la metodología, pues las deficiencias que encontramos, las señalamos en ediciones anteriores (ver Monitor de Guerrero del 21 de noviembre y 4 de diciembre de 2018), sino propiamente a los resultados.
Dieciocho ayuntamientos (22 por ciento de este sector) obtuvieron una calificación de cero, y otros 14 no llegaron ni a 10 por ciento; 22 ayuntamientos alcanzaron entre 10 y 50 por ciento. Y sólo 23 tuvieron más de 60 por ciento, y de éstos, cuatro estaban en 2018 por arriba del 90 por ciento (Eduardo Neri, Acapulco, Heliodoro Castillo e Iguala).
En el caso del Ejecutivo del estado, encontramos siete dependencias con calificación de cero (Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, Casa Guerrerense en el Distrito Federal, Consejo de Políticas Públicas, Universidad Intercultural, Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo, Instituto del Deporte y Conalep). Doce dependencias tienen menos de 50 por ciento de calificación.
Por otra parte, 11 dependencias del Ejecutivo se ubican por arriba de 90 puntos, y la gran mayoría, 50, están en el rango de entre 60 y 89 por ciento.
Los partidos políticos, según el informe del Itaigro, obtuvieron, casi todos, calificaciones por arriba de 60 por ciento, mientras que los organismos paramunicipales de agua potable se encuentran en un rango de entre cero y 83 por ciento.
La Auditoría Superior del estado obtuvo 92 por ciento, el Congreso 90 y el Tribunal Superior de Justicia 89 por ciento de calificación. Los órganos autónomos obtuvieron calificaciones por arriba de 60 por ciento, excepto la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales; destaca que tres de ellos tienen calificaciones mayores a 90 por ciento (Itaigro, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y el Tribunal Electoral del estado).
Durante la verificación a las obligaciones de transparencia que realizó el Itaigro en 2018 también hay un dato que indica el desinterés de muchas de las dependencias evaluadas. Se trata de aquellas dependencias que obtuvieron calificaciones reprobatorias –por debajo de 60 por ciento, según la metodología del Itaigro– las cuales, no obstante que se programó un periodo para subsanar las deficiencias, desatendieron completamente esta oportunidad.
Destacan en este rubro dos sectores: el sector ayuntamientos, que en 49 casos no se registra ningún “informe de subsanación”; y el Ejecutivo estatal, donde fueron 18 casos. Cabe señalar que en muchos de estos casos ni siquiera asistieron a la verificación los titulares de las unidades de transparencia.
Con este panorama de la transparencia y el acceso a la información en el estado que se deduce del informe 2018 del Itaigro, son muchos los pendientes para este 2019, entre los más importantes: destrabar el tema de las sanciones económicas a quienes incumplen con la ley de transparencia, pues esto contribuiría enormemente a disminuir la impunidad; mejorar varios aspectos de las verificaciones a las obligaciones de transparencia, con la contribución de organizaciones de la sociedad civil y el consejo consultivo del órgano garante; establecer el órgano de control interno del Itaigro; relanzar la iniciativa de los ejercicios de gobierno abierto en coordinación con otras instituciones y la ciudadanía; promover el acceso a la información mediante metodologías que realmente “enganchen” a las y los ciudadanos en el ejercicio de este derecho; establecer mecanismos ágiles en la gestión de recursos de revisión y denuncias ciudadanas; entre otros.
Convocatoria
Desde el 8 de febrero se emitió la convocatoria para elegir al secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero. Se trata de uno de los componentes que establece la ley para el funcionamiento técnico y operativo del sistema. Con esta convocatoria, cuyo procedimiento es muy similar al que han empleado en otros estados, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción busca que el proceso de selección sea abierto y transparente.
Las bases de participación pueden encontrarse en el sitio www.cpcguerrero.org.mx
