El empresario Antonio Rullán en conferencia de prensa en el restaurante 100% Natural del fraccionamiento Costa azul Foto: El Sur
Jacob Morales Antonio
El empresario duelo de famosas discotecas de Acapulco y ex cónsul honorario de Rusia, Antonio Tony Rullán Dichter, negó relación alguna con el grupo criminal Los Rusos y señaló que la información obtenida por medio de la filtración de Guacamaya Leaks, relaciona a un ex colaborador del que no sabe nada, y enfatizó que la procedencia de su riqueza es producto de las inversiones que comparte con otros socios.
En una conferencia de prensa en el restaurante 100% Natural de Costa Azul, el empresario acapulqueño dijo que han pasado cuatro años desde la primera publicación que se hizo, luego de las filtraciones del hackeo a información de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde se le atribuye una relación con un grupo criminal.
Subrayó que es “completamente falso”, lo que se ha venido publicando en diversos medios nacionales y en algunas plataformas digitales, donde se le relaciona de colaborar con el crimen organizado y que la Cancillería le había quitado el cargo de cónsul por esa razón.
Dijo que toda esa acusación viene de una sola fuente, un reporte interno de inteligencia de la 27 Zona Militar fechado en 2021, que no es un documento público, sino que salió a la luz, porque en septiembre de 2022, el grupo de hackers Guacamaya, robó seis terabytes de información de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Luego resaltó que “en cuatro años ningún medio de México ha podido publicar ese documento completo, lo citan, lo parafrasean, pero nadie lo enseña, si fuera tan sólido como dicen, ya lo habrían exhibido entero, no lo han hecho y en cuatro años, ninguna autoridad mexicana, ni un fiscal, ni un juez, ni la propia (Secretaría de la) Defensa ha abierto una sola carpeta de investigación en mi contra”.
Agregó que cuando se lee de manera detenida el reporte, habla de un jefe de escoltas que tuvo hace años y “que él, no yo, tenía comunicación con ciertas personas y dice que esas reuniones, según el reportero ocurrían en propiedades mías, lugares públicos, abiertos al que paga la entrada”.
De la información que circuló en redes sociales este lunes, de que había sido detenido en una operación encabezada por el secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch, señaló: “eso es absolutamente falso, no ha habido ninguna detención, no hay ninguna orden de aprehensión y cuando una mentira escala así en tiempo real en redes, que repiten un rumor, como si fuera hecho, alguien tiene que poner las cosas en su lugar. Por eso estoy aquí hoy. Por eso no esperé más”.
Rullán Dichter advirtió que a partir de ahora, sus abogados van a iniciar formalmente los recursos que la ley reconoce a cualquier mexicano, el derecho de réplica, ante los periódicos que han publicado información falsa y señaló expresamente al periódico Excelsior, además, dijo que solicitará a la cancillería que se conozca el motivo real de la cancelación de su nombramiento como cónsul honorario y la valoración de las acciones por daño moral que correspondan.
Dijo que hay un enorme salto entre el señalamiento de que su ex jefe de escoltas tenía contactos, que él desconocía, a que él trabajara con el crimen organizado “ese salto, lo dio el periódico, no el documento”. También dijo que algunos medios no han antepuesto la palabra “presunto” y han hecho un señalamiento directo de que tiene una relación de trabajo con Los Rusos, lo que es falso, insistió.
“No quiero censurar a la prensa. La prensa libre es indispensable para este país y la respeto profundamente. Sólo pido que cuando me acusen de un delito, lo hagan con sentencia, con carpeta, con proceso, no con un papel hackeado, que ni siquiera dice lo que afirman”.
Rullán recordó que en 2018 fue invitado a ser cónsul honorario de la Federación de Rusia en Guerrero, sin sueldo, sin gastos de ninguna índole, además de que nunca ha hecho negocios desde ahí. Dijo que también durante 14 años fue coordinador de cónsules acreditados del estado. Sin embargo, en 2024, la Cancillería canceló esa autorización honoraria y es una decisión administrativa.
A pregunta expresa respondió que las autoridades de la Fiscalía General de la República nunca lo han requerido y que no ha tenido tampoco ninguna averiguación abierta, ni carpeta de investigación en sus 59 años. Del ex jefe de sus escoltas, dijo que desconoce de su paradero.
“Yo he crecido a la luz pública, Acapulco me ha visto crecer, todo mundo sabe que tengo socios, todos mis amigos saben quienes son mis socios, y siguen siendo mis socios. Si yo fuera la persona a la que dicen, yo hubiera liquidado a mis socios, no le debería yo dinero al banco y sería otra mi situación”.
También hizo una puntual explicación de cómo empezó a trabajar e hizo su fortuna, y como en 1977 llegó a Acapulco a los 19 años, y junto con sus hermanos se dedicaron a hacer inversiones en Estados Unidos, estando en este puerto. Luego tomó la dirección del hotel Villa Vera de cinco estrellas en la Costera vieja, el centro comercial El Patio y el hotel Maralisa, los que administró durante 15 años.
Luego, junto a otros inversionistas, abrió la discoteca Fantasy, que fue un éxito enorme, que se llenó de personalidades, pero a los tres años se retiró del proyecto y abrió Extravaganzza, y cuatro años después adquirió el predio para construir la afamada Palladium, para lo cual pidió un crédito al banco de 3 y medio millones de dólares, todas en la avenida Escénica.
No mencionó que aquí también es ahora dueño del restaurante Tony’s, uno de los más caros y exclusivos de la ciudad.
Finalizó: “Aquí construí mis negocios, formé a mi familia, aquí han crecido mis hijos, mis nietos, mis sobrinos, toda mi familia de aquí somos en este puerto todo el mundo nos conoce y nosotros conocemos a todo el mundo. Aquí pienso seguir”.
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) de Morena, Jacinto González Varona, aseguró que la filtración de las solicitudes que hizo la Fiscalía General del Estado (FGE) al Congreso local, sobre las constancias y documentales que acrediten como servidores públicos a siete alcaldes y una diputada local, implicados en investigaciones sobre delitos graves, pusieron en riesgo el debido proceso y a los involucrados.
En consulta telefónica, el también diputado local opinó que los procedimientos penales deben “ir bien”, porque la dependencia no avisa de lo que hace hasta la ejecución de las acciones. Sin embargo, la filtración pudo poner en alerta a los actores, por la difusión de los nombres.
Consideró que debe haber una investigación interna, para determinar cómo trascendieron los datos y con qué fin.
“Para el esclarecimiento de hechos en la investigación”, la fiscalía solicitó copias certificadas de las constancias o documentales que acrediten que son servidores públicos los alcaldes de Acapetlahuaya, César Ortiz Torres; de Cutzamala, Mayté Torres Berrum; de Coyuca de
Catalán, Eusebio Echeverría Tabares; de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Tlapehuala, José Luis Antúnez Guicochea; de Ajuchitlán, Víctor Hugo Vega Hernández, y la diputada Elzy Camacho Pineda. En otro oficio, se piden los documentos que acrediten como servidores públicos a la alcaldesa y el síndico de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez y Andrei Marmolejo Valle, respectivamente.
González Varona señaló: “La Fiscalía está haciendo su trabajo, sólo que en el Congreso debieron cuidar mucho la secrecía de la información, pues se viola el debido proceso. La Mesa directiva, incluso, debe investigar quién filtró ese documento. No es ético, pone en riesgo los resultados y a los propios que están investigando”.
Consideró que las autoridades competentes tendrán que “buscar proteger todo el proceso, para que no se venga abajo, y el Congreso debería fincar responsabilidades a quien haya hecho la filtración”.
El PAN pide a la FGE que investigue sin simulación
Por separado, el presidente del CDE del PAN, Eloy Salmerón Díaz, exigió a la FGE que aplique la ley en los hechos investigados, que involucran a autoridades municipales.
Añadió que los gobiernos de Morena, desde la federación, se caracterizan por la simulación, pasando por alto incluso la Constitución.
Por ello, insistió en pedir a la FGE que esclarezca todos los actos que se presumen como delitos, que les den puntual seguimiento y se aclaren los hechos.
“Especialmente en la capital del estado, que hacen referencia a la alcaldesa y síndico, que no sea una simulación de este gobierno”, dijo y enfatizó sobre la mención a la autoridades en una cartulina dejada junto a siete cuerpos.
Sobre las dos averiguaciones previas en curso contra autoridades municipales y una diputada, reconoció que la dependencia está apegada al procedimiento de desafuero, pero el camino más fácil para la alcaldesa de Chilpancingo es que pida licencia, para que no haya trabas en la investigación.
“Ella dice que lo ha planteado (separarse del cargo) ante la Fiscalía General de la República y la del estado. Si tiene la voluntad de ser sometida a la investigación, sin trabas en el procedimiento, que lo haga”, insistió.
Con duda, añadió que deben esperar los resultados de las investigaciones para determinar hasta donde está decidida a llegar la Fiscalía para averiguar el involucramiento de autoridades con grupos de la delincuencia.
“Exigimos que se investigue de manera puntual, que se esclarezcan los hechos. No pueden enviar ese mensaje, de que lo que acontece en Chilpancingo es la normalidad. En los cargos de elección, debe haber ciudadanía responsable, honesta, comprometida con la comunidad y una conducta transparente”.
Si son vistos con gente coludida con la delincuencia, no pueden darle cuentas a la sociedad, enfatizó.
Si hay delito pedirá licencia pero por ahora no, adelanta la alcaldesa de Chilpancingo
El Congreso no tiene jurisdicción en el caso y no están “legitimadas” las opiniones de quienes le piden que se separe del cargo, dice Norma Otilia Hernández. Asegura que mantiene coordinación con “la gobernadora y con el ingeniero”
Jacob Morales Antonio
La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, en la conferencia de prensa de ayer en el Palacio Municipal Foto: Jessica Torres Barrera
La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, afirmó que si se demuestra que cometió un delito al reunirse con el jefe criminal de Los Ardillos, Celso Ortega, sí pedirá licencia, pero por ahora no, pese a quienes se lo demandan, y que el Congreso no tiene jurisdicción en el asunto.
En la conferencia que ofrece cada lunes, la alcaldesa morenista afirmó que mantiene coordinación con “la gobernadora y el ingeniero”, en alusión a Evelyn Salgado Pineda y el senador Félix Salgado Macedonio, luego de la difusión de un fragmento del video del encuentro cuando parece reclamar que no la consideran en las reuniones de seguridad.
Respecto al llamado que hizo el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, de que tendría que pedir licencia, sumándose a las demandas de los dirigentes del PRD y PAN, e incluso el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, quien dijo que eso ayudaría al partido, señaló que esas opiniones no son legítimas.
“Creo que hablamos de un Estado democrático, donde la libertad de expresión está garantizada. Aquí yo no persigo a nadie por una situación o me molesta porque opinen. Lo único que puedo pensar es que estas opiniones no son legitimadas por la ley”, respondió.
Agregó que los puestos de elección popular son irrenunciables y que sólo la “autoridad competente” puede determinar esta eventualidad luego de sustanciar el debido proceso. Llamó a ser prudentes a “quienes de manera irresponsable se han pronunciado, han adelantado juicios, fomentan el escarnio, el linchamiento y ponen en riesgo no nada más la gobernabilidad, sino la seguridad de mi persona y mi familia, y eso sí es un delito”.
Recordó que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dijo que en los gobiernos pasados, al señalar alguien con algún nexo con el crimen, sólo se le retiraba del cargo pero no se le investigaba, como se hace ahora.
Y en alusión al oficio enviado al Congreso local por el titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Graves, la alcaldesa dijo que los diputados no tienen jurisdicción para juzgar estos temas, que hay órganos, instancias y procesos, y que va a esperar. Aseguró que si cometió un delito sí pedirá una licencia, “yo no tendré ninguna situación de oponerme, pero de entrada no voy a pedir licencia”.
Sobre la filtración de un extracto de la plática que tuvo con el líder criminal, insistió en que “es un video manipulado. Sin embargo lo hemos dicho, me he puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Yo estoy abierta a cualquier investigación”.
Hernández Martínez agregó que la investigación va a en dos vertientes, una por la cartulina dejada junto a los restos de siete personas dejados junto a la iglesia de San Mateo; y otra por el video que se difundió de la plática que tuvo con el líder de Los Ardillos y que serán las instancias que investigan las que informarán qué sucedió, no obstante se volvió a negar a hablar de qué platicó, dónde, cuándo y cómo se dio el encuentro que según diversas fuentes tuvo lugar en un restaurante ubicado en la carretera hacia Quechultenango.
“Me encantaría poderlo compartir, hoy que hice un análisis de esta situación, yo tengo muy clara la película, pero no puedo, la verdad, por el tema de que ya estamos en un proceso de investigación”, justificó.
Siguió: “Yo sé que saldrá la verdad, yo sí se los aseguro. No hay pacto, ustedes vean ahí la situación y cómo se tergiversa el video, y si sale uno y otro yo estoy clara y responsablemente lo que estoy comentando. No hay un pacto”.
La alcaldesa también enfatizó que la violencia desatada en Chilpancingo del sábado al martes de la semana pasada no está ligada al encuentro que tuvo con el líder criminal. “Una cosa es la cartulina, una cosa es el video y otra cosa son los hechos delictivos. Muchos se aprovecharon de esa situación para poder vincularlos”, aseguró en alusión al asesinato de cinco choferes y la quema de vehículos el sábado, y a la irrupción de más de 3 mil campesinos pobres y transportistas que enfrentaron a policías antimotines y agentes de la Guardia Nacional y que irrumpieron en Recinto del Ejecutivo y del Congreso del Estado el lunes.
Añadió que el momento fue aprovechado “para manchar mi imagen, lo digo y lo sostengo, no hay nada que ocultar. Si sale otro video no me ocupa, ni me preocupa, porque yo ya comenté cuál es la situación que guarda en este video”.
La edil agregó: “Seguimos con una misma coordinación con el gobierno estatal, con la gobernadora, con el ingeniero y con todos los órdenes de gobierno y poderes. Siempre con respeto a nuestras esferas y autonomía, lo que nos corresponde”.
Subrayó que no hay un alejamiento entre el gobierno estatal y ella, “no creo, hemos tenido incluso comunicación con sus funcionarios, seguimos en la misma línea de coordinación”.
Pone en riesgo a la investigación que se filtrara la solicitud de la FGE, dice Jacinto
Pide una pesquisa interna en el Congreso que determine cómo llegaron los oficios a los medios
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) de Morena, Jacinto González Varona, aseguró que la filtración de las solicitudes que hizo la Fiscalía General del Estado (FGE) al Congreso local, sobre las constancias y documentales que acrediten como servidores públicos a siete alcaldes y una diputada local, implicados en investigaciones sobre delitos graves, pusieron en riesgo el debido proceso y a los involucrados.
En consulta telefónica, el también diputado local opinó que los procedimientos penales deben “ir bien”, porque la dependencia no avisa de lo que hace hasta la ejecución de las acciones. Sin embargo, la filtración pudo poner en alerta a los actores, por la difusión de los nombres.
Consideró que debe haber una investigación interna, para determinar cómo trascendieron los datos y con qué fin.
“Para el esclarecimiento de hechos en la investigación”, la fiscalía solicitó copias certificadas de las constancias o documentales que acrediten que son servidores públicos los alcaldes de Acapetlahuaya, César Ortiz Torres; de Cutzamala, Mayté Torres Berrum; de Coyuca de
Catalán, Eusebio Echeverría Tabares; de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Tlapehuala, José Luis Antúnez Guicochea; de Ajuchitlán, Víctor Hugo Vega Hernández, y la diputada Elzy Camacho Pineda. En otro oficio, se piden los documentos que acrediten como servidores públicos a la alcaldesa y el síndico de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez y Andrei Marmolejo Valle, respectivamente.
González Varona señaló: “La Fiscalía está haciendo su trabajo, sólo que en el Congreso debieron cuidar mucho la secrecía de la información, pues se viola el debido proceso. La Mesa directiva, incluso, debe investigar quién filtró ese documento. No es ético, pone en riesgo los resultados y a los propios que están investigando”.
Consideró que las autoridades competentes tendrán que “buscar proteger todo el proceso, para que no se venga abajo, y el Congreso debería fincar responsabilidades a quien haya hecho la filtración”.
El PAN pide a la FGE que investigue sin simulación
Por separado, el presidente del CDE del PAN, Eloy Salmerón Díaz, exigió a la FGE que aplique la ley en los hechos investigados, que involucran a autoridades municipales.
Añadió que los gobiernos de Morena, desde la federación, se caracterizan por la simulación, pasando por alto incluso la Constitución.
Por ello, insistió en pedir a la FGE que esclarezca todos los actos que se presumen como delitos, que les den puntual seguimiento y se aclaren los hechos.
“Especialmente en la capital del estado, que hacen referencia a la alcaldesa y síndico, que no sea una simulación de este gobierno”, dijo y enfatizó sobre la mención a la autoridades en una cartulina dejada junto a siete cuerpos.
Sobre las dos averiguaciones previas en curso contra autoridades municipales y una diputada, reconoció que la dependencia está apegada al procedimiento de desafuero, pero el camino más fácil para la alcaldesa de Chilpancingo es que pida licencia, para que no haya trabas en la investigación.
“Ella dice que lo ha planteado (separarse del cargo) ante la Fiscalía General de la República y la del estado. Si tiene la voluntad de ser sometida a la investigación, sin trabas en el procedimiento, que lo haga”, insistió.
Con duda, añadió que deben esperar los resultados de las investigaciones para determinar hasta donde está decidida a llegar la Fiscalía para averiguar el involucramiento de autoridades con grupos de la delincuencia.
“Exigimos que se investigue de manera puntual, que se esclarezcan los hechos. No pueden enviar ese mensaje, de que lo que acontece en Chilpancingo es la normalidad. En los cargos de elección, debe haber ciudadanía responsable, honesta, comprometida con la comunidad y una conducta transparente”.
Si son vistos con gente coludida con la delincuencia, no pueden darle cuentas a la sociedad, enfatizó.
Se respondió ya a la FGE que no le toca al Congreso dar los informes que pide: Apreza
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El diputado del PRI, Héctor Apreza Patrón, informó que el Congreso del Estado ya respondió a la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la presidente de la Mesa Directiva, Yanelly Hernández Martínez, a las solicitudes de información sobre las actas de protesta o, en su caso, las constancias que acrediten como servidores públicos, por un lado, a la alcaldesa y el síndico de Chilpancingo, y por otro, a siete alcaldes y una diputada local.
La respuesta de la presidente de la mesa, como representante del poder Legislativo, fue que el Congreso local no es la instancia responsable de emitir copia certificada de estos documentos, como los requirió la dependencia estatal.
En consulta telefónica, indicó que el martes de la semana pasada supieron, en la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que un representante de la FGE, el fiscal especializado en la Investigación de Delitos Graves, Germán Reyes Reyes, solicitó el 7 de julio, a la representante legal del Congreso local, copias certificadas de las constancias de mayoría de la alcaldesa y síndico de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez y Andrei Marmolejo Valle.
Con otro oficio, de la misma fecha, pidió copias certificadas de las constancias de mayoría de los alcaldes de Acapetlahuaya, César Ortiz Torres; de Cutzamala, Mayté Torres Berrum; de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Alvarez; de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Tlapehuala, José Luis Antúnez Guicochea, y de Ajuchitlán, Víctor Hugo Vega Hernández, en la Tierra Caliente; así como de la diputada Elzy Camacho Pineda, electa por el del distrito 17, con cabecera en Coyuca de Catalán.
En esa reunión, indicó que la presidente de la mesa les informó que la respuesta que dio a la FGE fue que el Congreso no es la instancia responsable de emitir o salvaguardar las constancias de mayoría, ni las actas de toma protesta, que son un asunto de cada Ayuntamiento.
Es decir, la FGE solicitó información que el Congreso local no es responsable de emitir, que la instancia responsable es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), precisó.
Sobre las causas penales en que están implicadas autoridades municipales y una diputada local, respondió que es respetuoso de las atribuciones legales de la FGE, y no va a opinar ahora, porque no tiene información acerca del tipo de investigación que se realiza, más que el oficio que se conoció este lunes en los medios.
Consideró que le toca a la FGE explicar qué hay detrás de cada procedimiento. Al insistirle sobre algún trasfondo político, aclaró que no niega ni afirma nada, porque “nosotros estamos ante la nada jurídica. No sabemos más”.
El Congreso debe entregar información a la FGE
Consultado por separado, el coordinador de la bancada del PRD, Raymundo García Gutiérrez, coincidió en que la FGE está cumpliendo su papel al requerir información de autoridades que fueron electas, aunque la constancia de mayoría y de representación popular las emite el IEPC cuando concluye el proceso electoral, la cual es pública.
“Ya después de que emite la constancia de mayoría, es cuando el Congreso local aprueba permisos o licencias a las autoridades electas”, aclaró.
Sin embargo, recordó que ya después, el IEPC remite al Congreso del Estado la información sobre quiénes son las personas electas y que tienen su constancia de mayoría. “Hay un comunicado al respecto, y en ese sentido, tienen seguimiento los permisos que autoriza”.
Opinó que el Congreso local sí podría informar de estas documentales a la Fiscalía.
De las investigaciones que involucran a autoridades municipales del PRI, PRD y Morena, señaló que en Guerrero existe una situación crítica, que no es la primera vez que las investigaciones involucran a autoridades. “Ha sido una constante. Los ciudadanos ya no queremos que se repitan acciones, que finalmente representan un retroceso” y llamó a todas las autoridades a “establecer el orden”.
Trabajadores del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón comparecieron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para responder sobre la atención prestada a las dos jóvenes colombianas que se accidentaron en un Ferrari en la Autopista del Sol, Tatiana y Dayana.
Por otro lado, se constató que en el hospital hay un área de quemados que está equipada, pero no funciona; el director, Víctor Hugo Garzón Barrientos, incluso desconocía de su existencia.
Este jueves, los trabajadores del hospital citados llegaron a las 12:40 del día a la FGE, incluso uno de ellos portaba su uniforme blanco. Se trató de dialogar con uno de los abogados de los trabajadores, pero éste se negó a dar información.
En el citatorio que les hicieron llegar se informa que fueron llamados sólo trabajadores que estuvieron de guardia nocturna el 26 de febrero, es decir, el médico urgenciólogo, el médico general, el médico interno de pregrado, enfermeros, enfermeras y camilleros que intervinieron en la atención de las víctimas, Tatiana y Dayana.
El citatorio indica que, “a efecto de que rindan su declaración en relación a su intervención cuando brindaban atención a las personas señaladas relacionadas con los hechos que motivaron el inicio de la carpeta de investigación citada al rubro, instruida de quien resulte responsable, del delito de homicidio con motivo de tránsito vehicular, en agravio de Tatiana y Dayana”.
El citatorio no indica que los involucrados tienen que declarar sobre la difusión de las imágenes de las jóvenes colombianas.
Un trabajador, que solicitó omitir su nombre por temor a represalias, comentó que el 26 de febrero, cuando atendían a las jóvenes accidentadas, en la sala de urgencias había muchos policías, sin especificar de qué corporación, quienes podrían haber filtrado las imágenes.
Además, informó que, Víctor Hugo Garzón Barrientos sigue en funciones y no lo destituirán porque la Contraloría de la Secretaría de Salud practica una auditoría al Hospital General Raymundo Abarca Alarcón.
El martes, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, informó que la dependencia a su cargo solicitó a la Fiscalía una investigación sobre la filtración en redes sociales y medios de comunicación de fotografías y videos tomados a las jóvenes, mientras se encontraban internadas en el hospital; las imágenes de las jóvenes quemadas invaden la privacidad y violentan la dignidad humana.
Vía telefónica, el vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia informó que se investiga a partir de una solicitud de la Secretaría de Salud, que encabeza Carlos de la Peña Pintos, para que la FGE haga una indagación exhaustiva para saber si existe la comisión de algún delito.
Dijo que el Ministerio Público inició una investigación para deslindar de cualquier delito a la Secretaría de Salud; “fueron requeridos los trabajadores que pudieron haber estado vinculados en el área donde fueron atendidas las jóvenes”, dijo el vocero.
Indicó que si el Ministerio Público comprueba que hay un delito, va a proceder contra quien resulte responsable, pero sólo es a nivel de investigación. Manifestó que la investigación también es por la filtración de las imágenes, porque violan el derecho humano a la privacidad.
Precisó que acudieron a declarar 13 trabajadores del hospital Raymundo Abarca Alarcón.
Las imágenes difundidas muestran los cuerpos de Dayana y Tatiana completamente desnudos y quemados en el hospital, donde ambas jóvenes murieron luego del choque del Ferrari en el que viajaban el 26 de febrero en la Autopista del Sol, por quemaduras de tercer grado en 90 por ciento de sus cuerpos.
Existe el área de quemados, está equipada, pero no está en funcionamiento
En el hospital Raymundo Abarca Alarcón se hizo un recorrido en el área de Quemados, para acceder al lugar se requiere un permiso del área de Gobierno.
En el tercer piso también está el área de Ginecología e incubadoras, por lo cual hay vigilancia e incluso las bolsas de los visitantes son revisadas.
Al llegar se observa una placa en la entrada en la que se lee: Unidad de Quemados, Fundación Michou y Mau IAP para niños quemados.
Sólo un trabajador tiene llave de la puerta de entrada. Dentro se observaron unos seis consultorios equipados con camas especiales, en pabellones exclusivos para personas quemadas.
Además, en los pasillos se observaron unas siete camas y un quirófano amplio con mucha iluminación, casi equipado, donde había lámparas y aparatos médicos.
De acuerdo a un boletín de la Secretaría de Salud publicado el 6 de marzo, los equipos, las camillas y el quirófano con los que cuenta están intactos en este espacio, que existe desde que se construyó el hospital; sin embargo no funcionan porque no tienen los recursos necesarios, enfermeros, médicos especialistas y anestesiólogos que se requieren para los tratamientos.
El 1 de marzo, el director Víctor Hugo Garzón Barrientos, declaró a El Sur que el hospital no contaba con un área especializada para quemaduras, dijo que, “existe un proyecto y búsqueda de equipamiento, pero este hospital es de segundo nivel”, aunque precisó que no influyó en la atención de las jóvenes colombianas, porque a los pacientes con quemaduras del 50 por ciento de su cuerpo los trasladan a las unidades de quemados a la Ciudad de México.
El 16 de marzo de 2012, el entonces presidente, Felipe Calderón Hinojosa dijo que “es un hospital bellísimo, muy grande, más grande de lo que yo me estaba imaginando”, sin embargo, actualmente el edificio tiene cuarteaduras.
Informó que era un hospital al que le habían invertido más de 550 millones de pesos, de los cuales 362 fueron del gobierno Federal y 161 del gobierno estatal.
Se iban a ofrecer especialidades médicas de cardiología, oncología, cirugía general, cirugía plástica y reconstructiva, dermatología, urología, neurología, ortopedia, ginecología y obstetricia.
Asimismo, el hospital beneficiaría a medio millón de guerrerenses, pacientes de Chilpancingo, Zumpango, Chilapa, Tixtla, Heliodoro Castillo, Juan R. Escudero, José Joaquín Herrera, Leonardo Bravo y Mochitlán, entre muchos otros municipios.
En reiteradas ocasiones, trabajadores del hospital han denunciado que hace falta material de curación, medicamentos, personal y que la infraestructura está empeorando.
