El titular de la Secretaría para el Desarrollo de las Comunidades y Pueblos Indígenas y Afromexicanos (SAIA), Pánfilo Sánchez Almazán, manifestó su respaldo a las propuestas que los pueblos indígenas y afromexicanos plantearon en la reciente consulta que realizó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), y que fueron desdeñadas por el Congreso local.
El miércoles la Comisión de Justicia del Congreso local aprobó dictámenes con reformas en materia electoral. Una de ellas es la que tiene que ver con candidaturas para integrantes de los pueblos originarios y afromexicanos, en la cual no se tomaron en cuenta decenas de propuestas que estas comunidades manifestaron en la reciente consulta llevada a cabo por el IEPC.
Consultado por teléfono, Sánchez Almazán dijo que el sentir de los pueblos se vio reflejado en las consultas que realizó el IEPC, y aunque aclaró que desconoce si se tomaron en cuenta o no, aclaró que si los pueblos indígenas dicen que no, “considero que el Congreso debe de reconsiderar”.
Destacó; “si esas fueron las propuestas de los pueblos indígenas se debieron de considerar y realmente tomar en cuenta su decisión. Por supuesto que comparto estas propuestas porque yo vengo de una comunidad indígena”.
El funcionario insistió que “lo más correcto y justo” sería reconsiderar esas propuestas, aunque aclaró que se trata de un asunto de competencia del Congreso del estado y del IEPC, “y siendo respetuosos de la división de poderes, no tenemos nada que ver como Secretaría en la elaboración de esta normativa que se esta realizando previa al próximo proceso electoral”.
En otro asunto, Sánchez Almazán informó que se va a sumar a las mesas técnicas que acordaron reanudar el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias CRAC para la elaboración de una iniciativa de reforma integral en materia indígena.
Dijo que aunque las pláticas las está coordinando directamente el secretario de Gobierno, les han pedido que se sumen para darle seguimiento a la propuesta que ha venido planteando la CRAC y otras organizaciones.
“Sin duda alguna uno de los compromisos que tenemos es sumarnos para darle el seguimiento correspondiente”.
El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso local, Héctor Apreza Patrón, dijo que respeta la postura de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que rechazó el aval de la Corte a la consulta que realizó el poder Legislativo en 2022 y que derivó en la aprobación de la Ley 701.
El diputado sostuvo que “este ya es un tema juzgado” y no hay otro tribunal en el país ante el que se pueda llevar el caso.
La CRAC sostuvo que la consulta que realizó el Congreso sobre derechos indígenas, fue una simulación, por lo que adelantaron que seguirán ejerciendo su sistema de justicia comunitario. La Ley 701 no recoge además propuestas de la nueva consulta organizada por el IEPC, como la preminencia de las asambleas de los pueblos indígenas en las candidaturas de autoadscripción.
No obstante, Apreza Patrón señaló que lo que sigue es continuar con el proceso de diálogo “entre los tres órdenes de gobierno, los poderes públicos y las comunidades para ir perfeccionando el sistema jurídico que rige, que norma la vida de los guerrerenses”.
Mientras que de la oposición del diputado Masedonio Mendoza Basurto a las reformas en materia de candidaturas indígenas y afromexicanas, Apreza Patrón recordó que lo aprobado por el pleno del Congreso local “no es nada novedoso” porque es lo mismo que hace tres años. La pasada legislatura “había aprobado exactamente lo mismo”, pero que fueron invalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la falta de consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos, y que en la consulta “se confirmaron” las reformas que ya se habían realizado, dijo.
El caso Badillo
Héctor Apreza informó que la posibilidad de que Joaquín Badillo Escamilla sea el próximo presidente de la Mesa Directiva, no se ha planteado de manera formal y de ser una “jugada de Morena” para presidir este organo y la Junta de Coordinación Política (Jucopo), podrían en riesgo los acuerdos logrados con los otros grupos y representaciones.
Al priista se le preguntó de la decisión del diputado Joaquín Badillo Escamilla, quien dejó el grupo parlamentario de Morena para integrarse a la representación del PVEM, por acuerdo de la alianza Juntos Hacemos Historia, como una estrategia para que los morenistas tengan además de la presidencia de la Jucopo, también la de la Mesa Directiva en el tercer y último año de esta legislatura.
Dijo que si Badillo Escamilla tiene aspiraciones políticas debe buscarlas a través del PVEM y no de Morena, además de que no es un espacio asegurado porque la presidencia se somete a votación del pleno y si no hay un acuerdo y logra la votación necesaria se podría complicar o presentar otras propuestas.
Este escenario de proponer a Joaquín Badillo como próximo presidente de la Mesa Directiva no se ha planteado al interior de la Jucopo: “Morena tendrá que valorar si está dispuesto a romper los acuerdos políticos que ha venido construyendo con el PRI, con el PRD, con el PAN, PT, con el propio Verde, a cambio de impulsar esa candidatura” a este espacio. que debería corresponder a representantes de un partido diferente al que preside la Junta.
Apreza señaló que de ser verdad que se busque impulsar a Badillo por el PVEM como “una jugada de Morena, se entendería como que no le interesa seguir transitando en la ruta de la gobernabilidad y de la construcción de acuerdos”.
También recordó que la ley solo es clara en el sentido de que el grupo parlamentario que presida la Jucopo, que en este caso es Morena, no puede tener también la presidencia de la Mesa Directiva, pero no se establecen reglas de cómo se elegirá a quienes estén al frente en cada uno de los tres años de la legislatura, por lo que esa decisión se construye a partir de “un acuerdo político que se somete a consideración del pleno”
La diputada local priísta, Julieta Fernández Marquez y el morenista, Macedonio Mendoza Basurto votan en contra del dictamen para adicionar los artículos 13 TER y 272 TER a la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El pleno del Congreso local aprobó por mayoría de votos las reformas para establecer las reglas de las candidaturas indígenas y afromexicanas, y por unanimidad una serie de reformas también en materia electoral, incluida la Ley 3 de 3 que suspende los derechos políticos y electorales de los agresores hacia las mujeres.
En la primera sesión se realizó la lectura de los dictámenes de reformas en materia electoral, una relacionada a las candidaturas indígenas y afromexicanas y otro dictamen que incluyen diversas reformas a partir de diversas iniciativas entre ellas la Ley 3 de 3 que suspende los derechos políticos y electorales de los agresores, y la relacionada a acciones afirmativas a grupos vulnerables.
Ya en la segunda sesión, estos dictámenes pasaron a discusión y votación. El único diputado que argumentó su voto en contra fue el morenista Masedonio Mendoza Basurto, porque consideró que no se reconocen sus sistemas normativos.
“La lucha por la memoria de nuestros ancestros, ha sido hasta hoy la lucha por nuestros derechos, y en ello estriba el reconocer legalmente a sus sistemas normativos, justamente esto ha sido la forma en que hemos subsistido de todas las vejaciones que hemos padecido de forma legal”, dijo el diputado indígena.
Se refirió a las reformas electorales aprobadas ayer “que pareciera que hacen más fácil nuestra inclusión, pero a su vez facilita el hecho de corromper a las autoridades que podrían brindarnos la legitimación política que necesitamos para participar en los ejercicios electorales”, en referencia a que se faculta al comisario ejidal, comisario o el presidente municipal para expedir constancias de adscripción y que no será la asamblea la que apruebe y reconozca a un ciudadano para que este se pueda postular como candidato indígena.
Destacó también que en la legislación aprobada se establece que para la postulación de candidaturas y para el registro de las fórmulas para diputaciones basta con ser “de origen indígena” y no se limita a establecer que sean indígenas, con lo que se puede argumentar tener un origen en estas poblaciones a pesar de estar desvinculadas de éstas.
“De esta manera -y con mucho respeto- cualquier criollo y mestizo puede representar a las y los hermanos indígenas, eso compañeras y compañeros diputados es una invasión legal a la legítima autoadscripción que realizamos las personas que tenemos una ascendencia como tal”, explicó.
El diputado recordó en tribuna que los pueblos indígenas han tomado sus decisiones y resoluciones “sobre los ejercicios democráticos que los atañen, bajo una figura que tiene nombre y apellido y esto es precisamente la constitucionalmente reconocida figura de la asamblea comunitaria”.
Y señaló que en el cuerpo del dictamen “se pondera una propuesta emanada de la consulta, pero en la propuesta de reforma sencillamente no tomó en cuenta: ¿será que en esta consulta no existieron actas suficientes de asambleas comunitarias para motivar su inclusión?”.
Planteó que el trabajo de los diputados es garantizar que los pueblos puedan elegir a sus representantes y que estos ya no sean al “capricho de unos cuantos que con el paso del tiempo son esa pequeña “oligarquía” que tanto daño le hizo a este país y a este estado”.
Finalmente dijo que “pareciera que el IEPC, la comisión dictaminadora y nosotros como Congreso simplemente simulamos una consulta, por lo que no extrañe que podríamos estar a las vísperas de otra nueva controversia constitucional… al tiempo”.
Estas reformas fueron aprobadas por mayoría de votos; en contra votaron los diputados Mase-donio Mendoza Basurto y la priista Julieta Fernández Márquez, y se abstuvieron los morenistas María Flores Maldonado y Antonio Helguera Jiménez.
Homologan Ley 3 de 3
Mientras que en las reformas para homologar la Ley 3 de 3 que suspende los derechos políticos y electorales de los agresores hacia las mujeres, se estableció que el aspirante a candidato no deberá tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra el libre desarrollo de la personalidad, contra la libertad sexual y el desarrollo psicosexual, contra la libertad personal, ni delitos cometidos en contra de un integrante de la familia, ni por discriminación contra la dignidad de las personas.
Los aspirantes no deberán estar inscritos en ninguno de los registros nacional, estatal o de otra entidad federativa como deudores alimentarios, ni ser personas sancionadas o inhabilitadas para el servicio público.
A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, la diputada Gabriela Bernal Reséndiz señaló que los derechos ganados por las mujeres y los grupos minoritarios representan un avance en la construcción de una democracia paritaria e inclusivas, y también para que los espacios de poder se blinden ante los agresores de niñas y niños y reconoció a las activistas por esta lucha.
Las otras reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado que fueron aprobadas por unanimidad establecen que los partidos políticos postulen como candidatos a personas de la población LGBTTTIQ+ en cualquiera de los 28 distritos electorales y dentro de las nueve primeras posiciones, además de una fórmula de personas con discapacidad.
También se concretó la modificación para establecer que el órgano interno de control del IEPC estará inscrito administrativamente a la presidencia del Consejo General.
Después de iniciada la segunda sesión, la presidenta de la Mesa Directiva la perredista Yanelly Hernández Martínez decretó un receso de media hora sin mencionar el motivo, pero este fue el festejo de cumpleaños que le realizaron con comida al interior de la sala de los próceres José Francisco Ruiz Massieu. A esta sala llegaron diputados de Morena, del PRD y PT ahí se sirvieron platos con relleno de puerco y mixiotes de res, una hora después, la sesión continuó.
Los coordinadores de la CRAC se reunieron este jueves con el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, “para dialogar sobre la determinación de la SCJN, sobre las reformas aprobadas a la Ley 701”, se informó en un boletín del gobierno del estado.
De acuerdo con el comunicado, acordaron realizar un análisis en coordinación con la Consejería Jurídica del gobierno del estado, la Secretaría Técnica de la Gobernadora e involucrados, “a fin de identificar las modificaciones que se consideren necesarias para la armonía y respeto de los derechos humanos de la población de la entidad”.
Reynoso Núñez les dijo que el gobierno del estado mantiene su reconocimiento a la CRAC-PC, como coadyuvantes en las tareas de armonización de los pueblos indígenas.
“Cuentan con el reconocimiento y aprobación de sus pueblos, cuentan con el respaldo de la gobernadora y nosotros seguiremos trabajando con ustedes para fortalecer la construcción de paz en nuestra región de la Montaña”, se informó en el comunicado. (Redacción).
Tras la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar la validez “en definitiva” de las reformas aprobadas por el Congreso de Guerrero a la Ley 701 de Reconocimiento de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas, éstas son constitucionales, por lo que son aplicables.
Después de la reforma del 24 de mayo de 2022 aprobada por el Congreso local, la CNDH buscó combatir esta norma a través de una acción de inconstitucionalidad, que finalmente este lunes fue declarada “procedente pero infundada” por los 11 ministros de la Corte.
Lo que significa que las reformas que el Congreso de Guerrero aprobó con 36 votos a favor y uno en contra en materia de derechos y seguridad indígena y afromexicana, son constitucionales.
Con las reformas avaladas por la Corte, no se reconoce en la ley al sistema de justicia que incluye la reeducación, ni a la policía comunitaria que fue sustituida por “policía indígena o afromexicana”.
El artículo 26 de la norma vigente establece que “la Ley reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía” y se agregó que se sujetará “a los principios generales” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la de Guerrero “en particular aquellos relativos al respeto de los derechos humanos”.
En la fracción tercera se establecía que se reconoce y garantiza el derecho de elegir a “sus autoridades políticas o representantes”, pero con la reforma se apunta que solo podrán elegir “a sus autoridades comunitarias o representantes”.
En el título tercero “De la Justicia Indígena y Afromexicana” se señala en el segundo párrafo del artículo 35 que “la aplicación de la justicia indígena es alterna a la vía jurisdiccional ordinaria y al fuero de los jueces del orden común, conforme a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales” la Constitución de la República; los tratados internacionales; la Constitución de Guerrero, y las leyes de ellas emanadas.
Y en el artículo 36 se reconoce en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, “el conjunto de normas orales y escritas que se han transmitido por generaciones, enriqueciéndose y adaptándose con el paso del tiempo, de carácter consuetudinario que regulan sus relaciones familiares, comunitarias, la vida civil y la prevención y solución de conflictos al interior de cada pueblo o comunidad, entre sus integrantes”.
En el artículo 37 se establece que las autoridades del estado “mantendrá una relación de cooperación y comunicación” con estos pueblos “para garantizar que sus sistemas normativos internos sean adecuadamente conocidos por personas e instituciones ajenas a ellos” cuidando que no se contrapongan a la constitución federal y tratados internacionales.
También en la sección primera Sistema de Seguridad Comunitario Indígena y Afromexicano dice en su artículo 38 que el Sistema de Seguridad Comunitario Indígena y Afromexicano “es el conjunto articulado de instituciones, autoridades, acciones, instrumentos y mecanismos que implementan los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, de acuerdo a sus usos y costumbres dentro del municipio, en la prevención del delito, sin vulnerar sus sistemas normativos, prácticas tradicionales, lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, y la presente Ley”.
En el artículo 39 se dice que ambos sistemas “constituirán una relación de cooperación” en materia de seguridad pública.
Mientras que en el artículo 40 se destaca que el órgano supremo del Sistema de Seguridad Comunitario Indígena y Afromexicano “es la Asamblea General de cada pueblo”.
