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Advierten abogados de robos en la compra de vehículos, y de un conflicto agrario en Marquelia

 

Abogados del Centro de Derechos Humanos Justicia y Ley de esta ciudad alertaron que en algunas compra-ventas de automóviles hay bandas delincuenciales que aparentan que comprarán, pero bajo amenaza obligan a los dueños a firmar el título de venta.
Además están dando acompañamiento a un problema agrario en Plan de Ayala, municipio de Marquelia ante la invasión de terrenos privados por el comisariado ejidal del municipio.
En una visita a las oficinas de El Sur los abogados Arnulfo García Mendoza y Cándido Cruz Vargas dijeron que este organismo se fundó el año pasado, ante la necesidad de tener un centro de derechos humanos en Chilpancingo para que la gente tenga a donde acudir en caso de violación a sus derechos humanos.
Las oficinas de este organismo se ubican en la avenida Bulevar en el lote 56 en la colonia Agua Potable y Alcantarillado, detrás del Palacio de Gobierno, laboran 15 abogados.
“Derivado de esta delincuencia que existe, esta inseguridad, todo lo que se ha venido viviendo en el estado de Guerrero y en el país, vimos esta necesidad de constituirnos, ya que las demás organizaciones, una está en Chilapa o en Tlapa, nosotros aquí queremos dar esta asesoría y acompañamiento a víctimas de personas que son vulnerados sus derechos”, expuso Cándido Cruz Vargas.
Alertó de la compra venta de vehículos, dijo que tienen un caso de Zihuatanejo que siguen desde marzo del año pasado.
Explicó que los delincuentes simulan que los comprarán, verifican que la documentación esté en regla y con documentación en mano piden echar a andar el carro, entonces en un lugar solitario amenazan a los dueños para que firmen el título de compraventa. Agregó que la mayoría de las veces los afectados no denuncian por temor, ya que están identificados.
García Mendoza agregó que “la población civil ya no tiene la confianza con los agentes del Ministerio Público (MP), porque van y les dicen hoy no puedo estoy saturado de trabajo, vente mañana o vente pasado y así. Entonces por eso a veces mejor se quedan así, no hacen la denuncia”.
Añadió que el nuevo Sistema Penal Acusatorio puesto en marcha sólo simula ser más rápido pero no es así.
Del caso de Zihuatanejo dijo que fue localizado el vehículo en Puebla y fue vendido como legal. El Centro de Derechos Humanos pidió la intervención de la Fiscalía de Guerrero y de Puebla para traer el carro de regreso a su dueño, pero les dijeron que no había dinero, que lo trajeran por sus propios medios.
El abogado García Mendoza expuso que en Plan de Ayala en 1995 la Secretaría de la Reforma Agraria entregó tierras a tres grupos de campesinos, denominados General Enrique Rodríguez, La Salina y Grupo Campesino Marquelia, pero no le dio seguimiento a la regularización de sus tierras y hace cinco años hubo una invasión de gente del comisariado ejidal del municipio.
El comisariado solicitó al Tribunal Unitario Agrario (TUA) la segunda ampliación de Marquelia y hubo una resolución a su favor, pero esas tierras ya estaban ocupadas por los grupos de campesinos, ante lo que se tenía que hacer un censo pues todos tenían que pasar a ser ejidatarios del municipio pero invadieron en Plan de Ayala.
Dijo que el martes pasado los abogados sostuvieron una reunión con la Procuraduría Agraria de Ometepec, Asuntos Agrarios del gobierno del estado y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), les informaron que se van a regularizar las tierras de los grupos pero no mencionaron la invasión.
“Ellos (los vecinos de Plan de Ayala) están pidiendo que se les indemnicen las tierras, si no se les indemniza ya dijeron que ya están cansados de esperar al gobierno, entonces la propuesta de ellos es que si el gobierno hace caso omiso van a hacer el desalojo de la manera que sea, con violencia, pero lo van a hacer”, advirtió el abogado.
Asuntos Agrarios les dijo que van a hacer la revisión de la situación, y el 9 de febrero en una segunda reunión les darán por escrito cómo se va a solucionar.
Llamaron al gobernador Héctor Astudillo Flores a que intervenga en el conflicto,

Concede juez un amparo a la ceiba del paso Bicentenario; no podrán moverla, dice abogado

El juez sexto del Poder Judicial de la federación concedió el amparo a favor de la ceiba ubicada abajo del puente Bicentenario, en la avenida Cuauhtémoc, con lo que se establece su permanencia y se impide su reubicación, informó el abogado y ex asesor jurídico de la Universidad Autónoma de Guerrero, Guadalupe Bollas Bernabé.
En conferencia de prensa en un restaurante del Zócalo, el abogado explicó que el equipo de asesores jurídicos en defensa de la ceiba interpusieron un amparo de suspensión temporal el 4 de mayo en el juzgado sexto, y que el 19 de este mes el juez concedió la suspensión definitiva en el expediente 472/2016 para evitar la reubicación del árbol.
Agregó que el amparo implica un juicio incidental de suspensión que se promovió y que el juez concedió para conservar la ceiba en su lugar, “se le ha pedido a las autoridades que no muevan el árbol hasta que se resuelva el amparo principal”.
Detalló que los involucrados en el juicio de amparo son el Ayuntamiento, el Cabildo, las autoridades del Acabús, el regidor del partido Verde, Julián Enrique Granados Morga, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio, Ignacio Villalba Bravo; el secretario de Finanzas, Merced Baldovino Diego, y el director de Áreas Verdes, Jaime Manzanares Grapain.
Bollas Bernabé añadió que todos ellos mediante sus informes previos negaron que pretendan remover la ceiba por el funcionamiento del Acabús, “lo que quiere decir que no es cierto que quieran remover la ceiba, creo que no hay razones para estar preocupados”.
Aunque, mencionó que los informes previos sean reales porque si las autoridades y los funcionarios públicos mintieron dolosamente al juez, “creo que estaremos en la actitud de denunciarlo para efecto que se comprenda bien el juicio de amparo”.
Manifestó que las autoridades y funcionarios “dicen que no es cierto que quieran mover la ceiba, queremos confiar que las autoridades se hayan conducido con la verdad, pero estaremos atentos a esa cuestión”.
El abogado explicó que en cada juicio de amparo hay dos expedientes, uno incidente y el otro principal, que rinden las autoridades en dos tipos en informes el previo y otro justificado; “ahorita se está actuando en el incidental, donde las autoridades solamente tiene que informar si es cierto o no el acto que les imputan”.
Agregó que son 14 autoridades y funcionarios demandados, desde el presidente Enrique Peña Nieto hasta el responsable del Acabús.
Reiteró que en caso de que las autoridades y funcionarios pretendan desacatar la orden judicial, podrían ser castigados con la destitución o encarcelamiento.

El caso de Nestora está en manos de los jueces, responde al fiscal el abogado de la dirigente comunitaria

 

El abogado de la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, Leonel Rivero Rodríguez, declaró ayer que el fiscal general del Estado, Xavier Olea Peláez, “es institucional” al afirmar que su cliente es culpable y que si sale en libertad la volvería a detener por las órdenes de aprehensión que tiene en su contra, pero que quien resolverá finalmente, serán los jueces que tienen el caso en sus manos.
“Yo lo veo institucional en términos de que él es el representante de la Fiscalía y como tal es el órgano que encabeza la acusación en el proceso, y creo que en ese sentido es congruente en sus palabras, ya que la Fiscalía es quien ejercitó la acción penal”, pero insistió en que resolver el caso ya no está en sus manos sino en el Tribunal Superior de Justicia.
El miércoles, Olea Peláez dijo que para él Nestora Salgado es culpable de los delitos que se le acusan, pero “pueden existir cuestiones políticas que a ella en su momento le puedan beneficiar”, y advirtió que “si la señora tiene órdenes de aprehensión y sale en libertad, tendrá que ser detenida nuevamente”.
Consultado en el restaurante Los Portales de esta capital, en donde fue encontrado causalmente, el abogado Rivero Rodríguez declaró que, sin embargo, “decir que (Nestora) es culpable, en este momento el único que puede determinarlo es un juez, y creo que la posición del fiscal es institucional en términos de que fue la Fiscalía que él encabeza la que ejercitó la acción penal y consignó a nuestra cliente”.
El abogado aclaró que en cuanto a las órdenes de aprehensión, él ha reiterado que hay tres pendientes por ejecutar, “y hace referencia el fiscal a que la defensa tiene los medios para impugnarlas y no lo ha hecho; yo creo que en eso le falta un poco de información al fiscal porque desde hace varios meses las órdenes de aprehensión fueron impugnadas por medio de un juicio de amparo que está pendiente por resolverse”, informó.
Explicó que en unas semanas más el juicio de amparo será resuelto, si es que antes no se llevan a cabo las órdenes de aprehensión.
Rivero Rodríguez expresó que no ve falta de voluntad política para liberar a su cliente por parte del fiscal, puesto que, finalmente, al que le toca decidir es al Poder Judicial del estado “y tendrá que decidir con base en los elementos que hay en los procesos”.
Reconoció que existe la “posibilidad real” de que puedan ejecutar las órdenes de aprehensión en este momento, o posteriormente, en caso de que se emita el auto de libertad.
Subrayó que la defensa “no puede obligarlos a que las ejecuten hoy o después, porque es una decisión que corresponde a la Fiscalía”.
En cuanto al proceso que se reinició, recordó que el martes fueron entregados por los abogados los exhortos con los documentos ante los juzgados primero y segundo del ramo penal de Tlapa, después de un atraso “lamentable” por parte del Juzgado 67 del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, pero dijo que a partir del martes que se entregaron los expedientes está corriendo el plazo de las 144 horas, mismo que fenece en las primeras horas del lunes 7 de marzo y que a partir de ese día se estará en posibilidad de saber qué resolución emiten los jueces.
Aclaró que los jueces pueden emitir su resolución antes de que venza el plazo, “puede ser hoy, puede ser mañana, o el domingo, no necesariamente tienen que pasar las 144 horas que establece la ley”, dijo.

Matan a un abogado frente a su familia anoche en el barrio de San Mateo en Chilpancingo

La noche de este domingo fue asesinado a balazos un abogado, en la plaza de uno de los barrios emblemáticos de la capital del estado.
Alrededor de las 10 de la noche, fue ejecutado frente a su familia el abogado identificado como Izcander Julio Fierro, cuando cruzaba por la plaza del barrio de San Mateo.
En el lugar del crimen fueron encontrados casquillos percutidos de pistola 9 milímetros.
Allá se trasladaron policías del grupo conocido como Fuerzas Estatales, así como una ambulancia de la Cruz Roja mexicana, pero cuando llegaron el cuerpo del abogado ya no tenía signos vitales.
Se presume que el abogado tenía sus oficinas a escasas cuadras del lugar donde fue atacado.
En los primeros reportes oficinales no se detalla sobre cómo se dio el ataque, del que fueron testigos dos hijas del abogado.
La zona fue acordonada, mientras personal del Servicio Médico Forense realizaba sus diligencias.
Este sábado en la capital también fue atacado a balazos un trabajador de la Dirección de Gobernación municipal, y fueron hallados dos cuerpos sin vida en la colonia Las Terrazas.