El integrante de la planilla sin registro, Independencia Sindical, Cándido Cruz Vargas, aclaró que para trabajar en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) concursó en un examen de oposición, de la convocatoria emitida por la comisión mixta del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG) y la administración central en 2005.
Esto, en respuesta al secretario de Conflictos con licencia del STAUAG, integrante de la planilla única con registro en el proceso para renovar el Comité Ejecutivo Central de la organización sindical, David Molina Francisco, quien lo acusó de haber entrado como trabajador de confianza a la UAG en el área de Servicio Social, una práctica que ahora critica desde la oposición.
En una llamada a la Redacción de El Sur, aclaró que tampoco labora en Servicio Social, sino en la Defensoría de Derechos Humanos de la Universidad, un espacio por el que concursó el 30 de agosto de 2005, en el periodo del ex rector Nelson Valle.
Insistió en que son los dirigentes del sindicato y los funcionarios de la administración central, quienes entregan horas de clase y plazas de manera discrecional a sus amigos y familiares. Aseguró que siendo secretario del CEE, David Molina metió a su hijo, del mismo nombre, en una plaza del sindicato, como auxiliar de la Secretaría de Conflictos.
Añadió que del hijo del secretario con licencia, a la fecha se encarga de recibir la documentación de los trabajadores que denuncian violaciones al contrato colectivo de trabajo.
Rechazó también que haya sido expulsado de alguna delegación sindical, como aseguró el dirigente, o que haya pedido un favor para que su esposa entrara a laborar en la institución. Precisó que su esposa no trabaja en la Universidad, distinto al secretario de Conflictos, con licencia. Incluso, aseguró que no lo conoce, “si me viera en la calle no me reconocería, habla por hablar”.
De su proceso de ingreso a la UAG, recordó que uno de los sinodales del examen de oposición fue el maestro Ángel Miguel Sebastián Ríos. En cambio, el hijo de David Molina no tiene trayectoria académica, ni participó en proceso de selección.
También acusó a Molina Francisco de dar un trato déspota a los sindicalizados cuando acuden a presentan sus demandas de recategorizaciones, con base en los lineamientos del contrato colectivo de trabajo.
Por otro lado, informó que los integrantes de la planilla Independencia continúan los recorridos por las delegaciones sindicales, promoviendo el voto de abstención y recabando las irregularidades laborales en cada unidad académica, para llevar su demanda a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, junto con las irregularidades del proceso electoral.
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Advierten abogados de robos en la compra de vehículos, y de un conflicto agrario en Marquelia
Abogados del Centro de Derechos Humanos Justicia y Ley de esta ciudad alertaron que en algunas compra-ventas de automóviles hay bandas delincuenciales que aparentan que comprarán, pero bajo amenaza obligan a los dueños a firmar el título de venta.
Además están dando acompañamiento a un problema agrario en Plan de Ayala, municipio de Marquelia ante la invasión de terrenos privados por el comisariado ejidal del municipio.
En una visita a las oficinas de El Sur los abogados Arnulfo García Mendoza y Cándido Cruz Vargas dijeron que este organismo se fundó el año pasado, ante la necesidad de tener un centro de derechos humanos en Chilpancingo para que la gente tenga a donde acudir en caso de violación a sus derechos humanos.
Las oficinas de este organismo se ubican en la avenida Bulevar en el lote 56 en la colonia Agua Potable y Alcantarillado, detrás del Palacio de Gobierno, laboran 15 abogados.
“Derivado de esta delincuencia que existe, esta inseguridad, todo lo que se ha venido viviendo en el estado de Guerrero y en el país, vimos esta necesidad de constituirnos, ya que las demás organizaciones, una está en Chilapa o en Tlapa, nosotros aquí queremos dar esta asesoría y acompañamiento a víctimas de personas que son vulnerados sus derechos”, expuso Cándido Cruz Vargas.
Alertó de la compra venta de vehículos, dijo que tienen un caso de Zihuatanejo que siguen desde marzo del año pasado.
Explicó que los delincuentes simulan que los comprarán, verifican que la documentación esté en regla y con documentación en mano piden echar a andar el carro, entonces en un lugar solitario amenazan a los dueños para que firmen el título de compraventa. Agregó que la mayoría de las veces los afectados no denuncian por temor, ya que están identificados.
García Mendoza agregó que “la población civil ya no tiene la confianza con los agentes del Ministerio Público (MP), porque van y les dicen hoy no puedo estoy saturado de trabajo, vente mañana o vente pasado y así. Entonces por eso a veces mejor se quedan así, no hacen la denuncia”.
Añadió que el nuevo Sistema Penal Acusatorio puesto en marcha sólo simula ser más rápido pero no es así.
Del caso de Zihuatanejo dijo que fue localizado el vehículo en Puebla y fue vendido como legal. El Centro de Derechos Humanos pidió la intervención de la Fiscalía de Guerrero y de Puebla para traer el carro de regreso a su dueño, pero les dijeron que no había dinero, que lo trajeran por sus propios medios.
El abogado García Mendoza expuso que en Plan de Ayala en 1995 la Secretaría de la Reforma Agraria entregó tierras a tres grupos de campesinos, denominados General Enrique Rodríguez, La Salina y Grupo Campesino Marquelia, pero no le dio seguimiento a la regularización de sus tierras y hace cinco años hubo una invasión de gente del comisariado ejidal del municipio.
El comisariado solicitó al Tribunal Unitario Agrario (TUA) la segunda ampliación de Marquelia y hubo una resolución a su favor, pero esas tierras ya estaban ocupadas por los grupos de campesinos, ante lo que se tenía que hacer un censo pues todos tenían que pasar a ser ejidatarios del municipio pero invadieron en Plan de Ayala.
Dijo que el martes pasado los abogados sostuvieron una reunión con la Procuraduría Agraria de Ometepec, Asuntos Agrarios del gobierno del estado y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), les informaron que se van a regularizar las tierras de los grupos pero no mencionaron la invasión.
“Ellos (los vecinos de Plan de Ayala) están pidiendo que se les indemnicen las tierras, si no se les indemniza ya dijeron que ya están cansados de esperar al gobierno, entonces la propuesta de ellos es que si el gobierno hace caso omiso van a hacer el desalojo de la manera que sea, con violencia, pero lo van a hacer”, advirtió el abogado.
Asuntos Agrarios les dijo que van a hacer la revisión de la situación, y el 9 de febrero en una segunda reunión les darán por escrito cómo se va a solucionar.
Llamaron al gobernador Héctor Astudillo Flores a que intervenga en el conflicto,