A cuatro años del homicidio de la líder de las familias desplazadas de La Laguna, Coyuca de Catalán, Juventina Villa Mojica, se teme que salga de prisión el único detenido por ese delito, denunció el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
En un comunicado explica que los testigos presenciales y de cargo se encuentran desplazados y vulnerables, pero han recibido garantías para refrendar las acusaciones en el proceso.
Menciona que el 28 de noviembre se cumplieron cuatro años del asesinato de Juventina Villa, así como del desplazamiento de las familias amenazadas por la delincuencia organizada en Coyuca de Catalán.
Afirma que las autoridades estatales ni las federales han garantizado un lugar seguro ni condiciones dignas para vivir para los desplazados de la violencia.
Denuncia que no existen garantías para las víctimas porque la delincuencia organizada actúa con impunidad y en complicidad con las autoridades y los gobernantes.
Menciona que el primer desplazamiento de las familiares de La Laguna ocurrió después del homicidio del esposo de Juventina, Rubén Santana Alonso en febrero del año 2011. Toda la comunidad se trasladó al pueblo de Las Ollas para protegerse de los sicarios que los acosaban.
Pese a los acuerdos con el gobierno para atender las necesidades de los afectados ante la violencia, asegura que no recibieron atención y las familias volvieron a La Laguna para trabajar sus tierras y reunir a sus animales, hasta el 28 de noviembre de 2012 cuando se acordó un nuevo traslado a un lugar seguro con el resguardo de policías estatales.
Sin embargo ese día fue asesinada Villa Mojica y su hijo Rey Santana Villa, una de sus hijas iba con ella y se salvó. Diez días antes del atentado, el 18 de noviembre de 2012 solicitaron al entonces secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, la intervención urgente del estado, y se propuso como medida de seguridad el traslado de las familias a un lugar seguro.
Sin embargo Salgado Gómez minimizó los hechos y respondió que no sería posible ir por ellos de inmediato porque no tenían sitio para su reubicación. Ofreció la instalación de campamentos en algunas escuelas.
Para el 26 de noviembre, se acordó el traslado de las familias amenazadas y de Juventina para el 20 de noviembre a Puerto de las Ollas.
Pese a los acuerdos no llegaron los policías que acompañarían la caravana de desplazados, y Villa Mojica se separó del grupo para buscar un sitio con señal telefónica para dar cuenta a los defensores de derechos humanos. En ese momento fue asesinada.
Hubo testigos que señalaron a los responsables de las amenazas y de la agresión, pero sólo fue detenido Tereso Díaz Núñez bajo la causa penal 21/2013 en el Juzgado de Primera Instancia de Coyuca de Catalán.
El Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón señaló que los testigos están más vulnerables en este momento, ya que se encuentran desplazados en diferentes lugares del país y se les dificulta presentarse a las diligencias, sin garantías ni recursos.
Sobre todo porque saben que los familiares de Tereso Díaz Núñez, el preso, “aprovechando esta situación ofrecerán una fuerte cantidad de dinero al juez para que busque algún argumento legal y a consecuencia de ello deje en libertad al procesado, esto ha causado temores fundados en las familias ya que de quedar en libertad, la vida de todos y cada uno de ellos corre mucho peligro”.
En cuanto a las familias desplazadas, dice que el Estado aún no les garantiza el derecho a la salud, a la alimentación ni a la educación.
Uno de los argumentos es que el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) no ha querido enviar maestros a la comunidad de la Tondonicua municipio de Petatlán, donde fueron ubicados, porque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) no ha querido activar la clave educativa para la localidad.
Anuncia que una delegación de desplazados de La Laguna viajará a mediados de diciembre a Panamá a la audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre desplazamiento forzado, y lleva la encomienda de plantear el problema de las familias desplazadas por la violencia.
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Mata a su hermano y a su cuñada con un picahielo cuando dormían en Renacimiento
Un matrimonio fue asesinado a puñaladas dentro de una vivienda en Ciudad Renacimiento ayer por la madrugada.
El agresor, hermano de una de las víctimas, fue detenido por policías ministeriales luego de la denuncia de la madre de una de ellas.
El homicidio se reportó a las autoridades a las 2 de la madrugada en la calle Eduardo Neri, frente a la iglesia San Francisco de Asís.
Las víctimas eran Bernabé Nájera Suástegui, de 50 años, y Lucila Hernández, también de 50, quienes estaban casados y dormían dentro de su casa cuando fueron atacados por Catarino Nájera Suástegui, de 48 años, presuntamente con un cuchillo y un picahielo.
Luego del crimen, el agresor huyó de la casa, construida con madera y láminas de cartón, donde quedaron los cuerpos de su hermano y la esposa, uno en el suelo y el otro encima de dos colchonetas con sábanas blancas.
La madre del agresor y también de Bernabé, el hombre asesinado, denunció ante el Ministerio Público a su hijo Catarino, pues además la amenazó con matarla.
Según las autoridades, la denunciante explicó que Catarino Nájera estaba drogándose afuera de su casa cuando cometió el crimen y después huyó.
Policías ministeriales buscaron al acusado en colonias aledañas y a las 11 de la mañana lo detuvieron en la colonia Frontera, colindante con Ciudad Renacimiento.
Catarino fue aprehendido cuando se refugiaba en su casa y en su declaración ministerial, informó el Ministerio Público, confesó haber cometido el asesinato. Además las autoridades encontraron un cuchillo y un picahielos con rastros de sangre con los que presuntamente asesinó a su hermano y su cuñada, mismos que fueron llevados a la Fiscalía Regional para su revisión.
El agresor fue llevado a los separos de la Policía Ministerial de Renacimiento y puesto a disposición del Ministerio Público, donde se resolverá su situación jurídica y se presume sea trasladado al penal de Las Cruces por el delito de homicidio.
Según vecinos de Zacualpan, los asesinos de los siete amuzgos son jóvenes de la misma población
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Los asesinos de siete indígenas durante el festejo de una boda en Zacualpan, municipio |
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