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No deciden aún paristas del TSJ si aceptan o no la oferta de aumento salarial: SUSPEG

Zacarías Cervantes / Argenis Salmerón / Brenda Escobar, / Redacción

Chilpancingo / Acapulco / Zihuatanejo / Iguala

Los agremiados al Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), que trabajan para el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado cumplieron ayer ocho días en paro laboral en 10 centros de trabajo de la entidad.
La secretaria general de la sección 62 del SUSPEG cuyos agremiados prestan sus servicios en los juzgados y áreas administrativas de Ciudad Judicial, al sur de Chilpancingo, Margarita Sánchez Azabay, informó que las bases no han llegado a acuerdos respecto a si levantan el movimiento sólo con el incremento del 10 por ciento que ofreció el viernes el gobierno del estado y presidente del TSJ, Raymundo Casarrubias Vázquez.
Informó que este martes van a tener otra reunión con los secretarios seccionales que están participando en el movimiento para determinar qué procede.
El paro laboral y el plantón afuera de Ciudad Judicial iniciaron el lunes de la semana pasada en demanda del incremento salarial del 14 por ciento y el pago de bonos.
En ocho días se han sumado al movimiento y a los plantones en sus respectivos centros de trabajo al menos 10 juzgados en el estado de los municipios de Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Teloloapan, Zihuatanejo, Chilapa, Tixtla y Ometepec.
El viernes, el TSJ y el Consejo de la Judicatura informaron en un comunicado que “derivado de las pláticas que se han sostenido con la secretaría General del SUSPEG, Adela Hernández Angelito, así como con la líder de la sección 62 Margarita Sánchez Azabay y la representante del SUSPEG en el TSJ, Martha Moreno Iriarte, y el director general de Administración y Finanzas, Antonio Sebastián Ortuño, considerando la difícil situación presupuestal que prevalece, se propuso a la base trabajadora, a través de sus representantes sindicales, el incremento del 10 por ciento, retroactivo al 1 de enero”.
La propuesta la discutirían los secretarios generales de las secciones sindicales con las bases durante el fin de semana, sin embargo anoche la dirigente de la sección 62 del SUSPEG que aglutina a los trabajadores de Chilpancingo, Sánchez Azabay, dijo que aún no habían acordado una respuesta y que este martes tendrán otra reunión para definir si levantan o no el movimiento con el ofrecimiento que recibieron el viernes.
En Acapulco, trabajadores de los juzgados de lo Familiar de Caleta, los del Penal y de Ejecución, ubicados en la cárcel de Las Cruces, siguieron en el paro laboral.
En declaraciones a reporteros, la integrante de la sección 21 del SUSPEG y de la cartera de Prevención Social, Rosalba Anzastiga Reyes dijo que hay avances en la negociación con las autoridades del estado.
“Estamos en la misma postura, los trabajadores y altos jefes”, puntualizó.
Añadió que los trabajadores ya tienen las experiencia de un paro de labores de tres meses, “no somos radicales, no somos rebeldes, pero sí exgimos nuestros derechos”.
Señaló que están detenidos las demandas del orden Familiar, Civil, y en los juzgados de Caleta están las salas Penal y Familiar, sin funcionar, no nos dejaron otra salida”.
También en Iguala trabajadores del TSJ continúan en paro laboral y plantón en Ciudad Judicial de esa ciudad.
En declaraciones a reporteros la secretaria de Actas y Acuerdos de la sección 10 del SUSPEG, Rosalba Román Estrada informó que este lunes alrededor de las 4 de la tarde concluyó la reunión en Chilpancingo con funcionarios del gobierno del estado, la líder sindical, Adela Hernández Angelito, el presidente del Tribunal, Raymundo Casarrubias Vázquez y todos los seccionales del SUSPEG, pero no llegaron a ningún arreglo.
“El magistrado Raymundo, nos está ofreciendo un 10 por ciento con un retroactivo de cinco pagos para hacernos el depósito completo, obviamente los agremiados no estamos aceptando eso porque ya se tardó y no nos está dando una opción que nos convenza”, explicó.
Román Estrada dijo que, si el magistrado les ofreciera el 10 o 12 por ciento con un retroactivo completo, probablemente llegarían a una negociación, “pero el magistrado no quiere ceder y no se llega a la conclusión de nada hasta ahorita por lo que seguimos en paro y no vamos a aceptar la oferta del magistrado”, subrayó.
La secretaria de Actas y Acuerdos de la sección 10 del SUSPEG señaló que han recibido amenazas y que a sus jefes inmediatos ya les llamaron para decirles que se atengan a las consecuencias, además de que habrá cambios y descuentos.
Sin embargo, mencionó que se mantendrán luchando por sus derechos los 42 trabajadores, más los que están en los penales en Tuxpan y los que comprenden la sección que son de los municipios de Tepecoacuilco, Cocula, Copalillo.
En los municipios de Zihuatanejo y La Unión, los trabajadores del TSJ de las delegaciones 48 y 23 del SUSPEG continúan en paro de labores.
El representante de la sección 48, José Alfredo García informó que siguen las negociaciones en Chilpancingo y que la base trabajadora se mantenía en la postura de que la parte patronal debiera de ofrecer un porcentaje más alto, pues hace un año les autorizaron un 12 por ciento y hasta el viernes de la semana pasada, el ofrecimiento era del 10 por ciento.

Discuten hoy paristas del TSJ la oferta de aumento al salario que hizo el gobierno: SUSPEG

Lourdes Chávez, Redacción/Israel Flores

Chilpancingo / Iguala/Ciudad Altamirano

La secretaria general del Sindicato Único de Servidores Públicos al Servicio del Estado de Guerrero (SUSPEG), Adela Hernández Angelito, informó que aún no hay acuerdos sobre la propuesta de incremento salarial del 10 por ciento que ofreció el Tribunal Superior de Justicia y la Secretaría de Finanzas y Administración estatal a los trabajadores en paro.
Los trabajadores del TSJ suspendieron labores están en plantón afuera de Ciudad judicial desde el lunes en demanda de incremento salarial de 14 por ciento y el pago de bonos. El miércoles se unieron sindicalizados del Tribunal de Acapulco, Tierra Caliente, Costa Grande y la zona Norte.
En consulta telefónica, Hernández Angelito añadió que este lunes, se reunirán los secretarios generales de las secciones sindicales para hacer una contrapropuesta a las autoridades.
Confirmó que el Poder Judicial del estado recibió un recurso extraordinario de la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno del estado, para poder cumplir los beneficios de los trabajadores y que ofreció el incremento del 10 por ciento.
Sin embargo, recordó que el incremento laboral de 2022 fue de 13 por ciento, y este año, la base trabajadora pide el 14 por ciento, “quiero pensar que el día de mañana (lunes) podríamos tener un avance importante para llegar a acuerdos y terminar el movimiento de manera satisfatoria”.
Indicó que ha tenido comunicación con el grupo de representantes sindicales en el estado, esperan que la contrapuesta sea aceptada.
Después de que los secretarios seccionales se reúnan para hacer los planteamientos, dijo que buscarán el acercamiento con el magistrado presidente del TSJ, Raymundo Casarrubias Vázquez.
En Acapulco trabajadores de los juzgados de los Familiar, Civil en Caleta, y los penales y de Ejecución ubicados en la cárcel de Las Cruces, continuaron en paro laboral.
Afuera de los juzgados del penal de Acapulco se mantienen en plantón unos 40 trabajadores y hacen guardias durante las noches. En los juzgados de Caleta también continúan los sindicalizados en el paro laboral.
En Iguala, la protesta de los trabajadores inconformes sigue en Ciudad Judicial.
Este domingo, la Secretaria de Actas y Acuerdos de la sección 10 del SUSPEG, Rosalba Román Estrada informó que ellos exigen el pago del incremento salarial del 14 por ciento, el pago de bonos y el estímulo por años de servicio.
Agregó que hay negociaciones entre los dirigentes del SUSPEG y autoridades del gobierno del estado, así como del Poder Judicial, sin embargo, no han llegado a ningún acuerdo debido a que no quieren pagarles el 14 por ciento del incremento salarial sino darles en abonos chiquitos un 10 por ciento.
Román Estrada, anunció que este lunes continuará la mesa de negociación en la cual esperan tengan una solución a su pliego petitorio y de esta manera puedan concluir su paro de labores y plantón.
En Tierra Caliente, este fin de semana se mantuvo el paro en las instalaciones del juzgado de Coyuca de Catalán, de Arcelia y de Cutzamala ante la falta de acuerdos con autoridades.
Los trabajadores mantienen guardias en las entradas de los juzgados con pancartas.
A pesar de que la oficina de Arcelia no tiene actividad, pues los juicios se desahogan en Coyuca de Catalán, los trabajadores también participan en la protesta, lo mismo el juzgado mixto de Cutzamala.

Instala plantones el FPM en la capital; demanda reuniones sobre el caso Cerón

Integrantes del Frente Popular de la Montaña (FPM) instalaron un plantón afuera del Congreso del Estado en la avenida Trébol, para demandar la intervención de los diputados para que el proceso penal por la desaparición y asesinato del dirigente social, Arnulfo Cerón Soriano, se resuelva conforme a derecho y con justicia e imparcialidad Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Integrantes del Frente Popular de la Montaña (FPM) volvieron a protestar ayer en Chilpancingo para exigir a los tres poderes del Estado que el juicio oral que se desarrolla en el juzgado de Tlapa por el caso de la desaparición y posterior asesinato del dirigente social, Arnulfo Cerón Soriano, se resuelva conforme a derecho, con justicia y de manera imparcial.
Los integrantes de la agrupación realizaron plantones ayer afuera del Congreso local, en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado y afuera de Ciudad Judicial en busca de audiencias con los titulares de los tres poderes para exponerles el caso de Cerón Soriano.
En el mitin afuera del Congreso local, el integrante de la Comisión Política del FPM Telésforo Aguilar, denunció que han observado que el gobierno de Evelyn Salgado Pineda, junto con la estructura de su partido, Morena, “están favoreciendo desde el poder al autor intelectual del asesinato de nuestro compañero Arnulfo Cerón Soriano”.
Agregó que: “el poder económico y el poder político están hermanados en este juicio y están apoyando al presunto autor intelectual del asesinato de nuestro compañero”.
Dijo que lo que buscan es justicia “porque no podemos vivir en un país y en un estado donde se asesina a los luchadores sociales y que el gobierno sea cómplice de todas esas anomalías”.
Consideró lamentable que el gobierno anterior haya detenido a los autores materiales y a presunto autor intelectual, Marco Antonio García Morales, Tony, y el actual gobierno esté liberando a los responsables de este asesinato, “lo que nos da una lectura de que el poder económico y el poder político están predominando en este caso”.
Indicó que tienen “muestras claras” del apoyo del gobierno del estado hacia el autor intelectual.
El asesinato y la desaparición de Cerón Soriano ocurrieron en octubre de 2019, pero según los dirigentes del FPM, agrupación a la que perteneció la víctima, permanece en la impunidad.
Otro de los dirigentes del FPM, Ubaldo Segura Pantoja, en declaraciones a los medios de comunicación, dijo que creen que la resolución del caso que será a finales de este mes, será a favor de los responsables materiales y el intelectual porque llevan más de tres años exigiendo justicia para su compañero Arnulfo y no han tenido respuesta.
“Y vemos que ahora que se están llevando acabo los juicios en contra del presunto autor intelectual, el juez está muy inclinado a favor de la defensa de él”.
Aseguró que ven mucho favoritismo, “y vemos que en el Poder Judicial hay mucha corrupción y en Guerrero es muy palpable ese contubernio que las autoridades del Poder Judicial y la defensa de los presuntos delincuentes”.
Contó que les extraña que el presunto autor intelectual del asesinato de Cerón Soriano, no tiene un abogado sino más de tres, lo que indica que tiene dinero para abogados y para comprar la justicia, “por eso estamos muy desconfiados, y exigimos que el juicio que se está llevando a cabo se apegue a derecho”.
Este miércoles el contingente del FPM continuaría en Chilpancingo en busca de las audiencias con los titulares de los tres poderes.
El 1 y 2 de agosto los integrantes de la agrupación también se manifestaron afuera de Ciudad Judicial y del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo, luego llevaron su plantón a Casa Guerrero, pero según Segura Pantoja no recibieron un compromiso claro de las autoridades.

Exigen la libertad de presos políticos de la OCSS; apoya AMLO su excarcelación, dicen

Los dirigentes de la APPG, Nicolás Chávez Adame, y de la OCSS, Norma Msesino, durante el mitin que encabezaron ayer afuera de Ciudad Judicial en la capital del estado Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Las dirigencias de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), exigieron en un mitin fuera de la Ciudad Judicial de Chilpancingo, la libertad de cuatro presos políticos sobrevivientes de la masacre del vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez.
Estuvieron, además, familiares de los presos, miembros de la OCSS y sobrevientes de la masacre de Aguas Blancas, Orlando Ávila Mesino, Gilberto Aguirre Bahena, Gerónimo Hernández Refugio y Antonio Barragán Carrasco.
Los dirigentes de las dos organizaciones, Norma Mesino y Nicolás Chávez Adame, denunciaron que a pesar de que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ya dio su anuencia para liberarlos, son las las autoridades de Guerrero las que no tienen voluntad y están poniendo obstáculos para no liberarlos.
Después del mitin, los dirigentes se reunieron a puerta cerrada con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Raymundo Casarrubias Vásquez, quien ofreció la revisión por separado de los expedientes.
Antes, Norma Mesino denunció que creen que quien está interviniendo para que los presos políticos sigan en la cárcel es el ex gobernador Rubén Figueroa, y denunció que los cuatro están en la cárcel por delitos prefabricados.
Explicó que en el caso de Jerónimo Hernández, preso en el penal de Acapulco, y quien ha estado en diferentes cárceles del país como en Durango. Chiapas y en el del Altiplano, Estado de México, ya cumple en diciembre próximo los 20 años de la condena que le formularon en un proceso viciado, pues denunció que nunca conoció a su acusador.
Denunció que actualmente está amenazado de muerte al interior del penal y responsabilizó a los gobiernos federal y del estado de su integridad física.
“Si hubiera disposición de los gobiernos federal y estatal ya debiera estar en libertad”, reprochó.
Con respecto a Orlando Ávila Mesino, expresó que a pesar de que todas las pruebas resultaron a su favor, fue torturado y acusado por el delito de homicidio en agravio de un comerciante de Coyuca de Benítez.
Mesino explicó que el abogado Hegel Mariano, quien lleva el caso de Orlando y el de Jerónimo, demostró legalmente que están “muy viciados”, y demostró su inocencia mediante varias pruebas.
Recordó que el abogado metió un incidente de libertad y el 11 de noviembre se emitirá una resolución, “pero pedimos su libertad porque todas las pruebas salieron a favor de él, no tiene ningún delito para que siga preso”.
En cuanto a Gilberto Aguirre y Antonio Barragán, detenidos en el 2001 por el delito de secuestro, denunció que igual fueron torturados “de manera cruel”, para que se declararan culpables del secuestro y asesinato de Paola Gallo, una joven del estado de Morelos.
“Ninguna prueba ha criminalizado a los compañeros, pero por la intervención del ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna fueron torturados y cada uno de ellos cuentan con una carpeta maestra en la que se prueba la tortura”.
Informó que en una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le entregó los expedientes de los cuatro presos, porque creyeron que la gobernadora tiene una deuda histórica con la masacre del vado de Aguas Blancas.
Recordó que después de tres veces de que periodistas cuestionaron al presidente de la Repúblicas Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa matutina, el Comité de Amnistía y Pre liberación retomó y puso los casos de los cuatro presos de la OCSS en la agenda de la Secretaría de Gobernación.
“Hoy queremos que se revisen de verdad los casos de cada uno de ellos, que la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos (del gobierno del estado) Anacleta López Vega nos reciba y revise los expedientes de los cuatro presos”.
Recordó que cuando se reunieron con la gobernadora, ella instruyó al anterior subsecretario Carlos Villalpando Milian, pero después renunció y ahora la actual subsecretaria no ha querido retomar el asunto.
Se quejó que de parte del gobierno del estado no se ve voluntad y no está en la agenda del gobierno del estado el problema de los presos políticos.
Advirtió que las organizaciones van a intensificar las acciones para exigir su libertad, “y vamos a instalarnos en plantón, si es necesario en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, y vamos a hacer lo que sea necesario para que los compañeros sean liberados”.
Por su parte Nicolás Chávez Adame, dijo que solamente faltan algunos recovecos jurídicos por parte de las autoridades locales para darle trámite a la libertad de los cuatro presos.
Consultados después de la reunión con el presidente del TSJ Casarrubias Vásquez, que fue después de las 2 de la tarde, Mesino Mesino y Chávez Adame, informaron que el magistrado se comprometió a instalar una mesa de diálogo para revisar por separado cada uno de los casos.
Mesino celebró que por lo menos ya se haya abierto el dialogo con las autoridades locales para ir avanzando en la revisión de cada uno de los cuatro presos políticos.
La dirigente de la OCSS, dijo que creen que quien está interviniendo para que no salgan libres es el ex gobernador Rubén Figueroa puesto que fue el que resultó perjudicado políticamente después de la masacre del vado de Aguas Blancas y actúa por venganza política.

Exigen padres de los 43 cárcel para Lambertina Galeana por la desaparición de los videos de Iguala

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, protestaron en Ciudad Judicial de esta ciudad para exigir que se investigue y se lleve a la cárcel a la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín, por ocultar partes de las videograbaciones de seis cámaras de circuito cerrado del Palacio de Justicia de Iguala de la noche de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Advirtieron que ella sola no podía tomar la decisión de desaparecer esa información, y que tuvo que hacerlo por instrucciones del gobernador Ángel Aguirre Rivero, o incluso del presidente Enrique Peña Nieto, consideró el representante de los padres, Melitón Ortega.
Luego de 2 horas afuera de las instalaciones el presidente del TSJ, Alberto López Celis atendió a los padres de familia en una reunión abierta a la prensa, y les aseguró que no tiene los videos, que no hay expedientes ni archivos de la entrega de materiales videográficos a la Procuraduría General de la República (PGR), como dijo en marzo de 2016 el ex presidente Robespierre Robles Hurtado, y agregó que no oculta información y no va a proteger a nadie.
Ante la insistencia de los padres de familia se comprometió a revisar el procedimiento de la entrega de las videograbaciones del Palacio de Justicia, y a investigar para deslindar posibles responsabilidades por el corte de las videograbaciones.
Ofreció una respuesta en 10 días, no sin la advertencia de que los padres necesitan información clara y confiable, y si es el caso, se deslinde del caso porque la PGR le dijo a los padres de familia que el TSJ entregó videograbaciones de los dos días con cortes que van de las 8 de la noche a las 6 de la mañana, precisamente antes del ataque, detención y posterior desaparición forzada de entre 20 y 25 estudiantes de los 43, a bordo del autobús 1531, frente al Palacio de Justicia.
Los padres y estudiantes llegaron alrededor de las 11:30 de la mañana a las instalaciones de Ciudad Judicial en tres autobuses, y representantes de organizaciones magisteriales, sociales y estudiantiles se fueron integrando a la protesta.
En el mitin se pronunciaron por la libertad de los presos políticos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González y Samuel Ramírez Gálvez y contra la Ley de Seguridad Interior, mientras los normalistas hicieron pintas sobre la altísima reja de la entrada principal (de unos 15 metros), en rojo, tales como “ vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Melitón Ortega Martínez exigió que se investigue a Lambertina Galeana, “y que sea encarcelada por tener un papel de cómplice en la desaparición de evidencia” que sería usada para el esclarecimiento de los hechos.
A la 1:30 de la tarde los padres de familia se reunieron con López Celis, que dijo que en el estado hay cuatro causas penales por los hechos de Iguala, y de las videograbaciones no tienen nada, “ni ocultarlo ni negarlo, no vamos a proteger nada ni a nadie, tampoco les vamos a decir mentiras, no tenemos nada”.
Presentó un oficio que antes entregó el expresidente del TSJ, Robespierre Robles Hurtado con fecha del 26 de julio de hace dos años, donde consta la entrega al Ministerio Público adscrito a delitos de secuestro en PGR, una memoria y un CD de respaldo de las imágenes en formato DBR de las cámaras del circuito cerrado del Palacio de Justicia de la noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala, como Galeana Marín y el ingeniero de Informática.
Rosales Sierra dijo que con la intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en la investigación, comenzaron a trazarse varias líneas de investigación, entre estas las videograbaciones de tiendas comerciales y encontraron que en el Tribunal Superior de Justicia había seis cámaras de circuito cerrado, que pudieran tomar imágenes de lo ocurrido en una de las escenas del crimen, una de las más violentas.
Agregó que cuando los padres salieron a reclamar las videograbaciones, Robespierre Robles les dio ese mismo oficio, de que las grabaciones se entregaron a la PGR. A su vez la Procuraduría les dijo que el TSJ les dio las grabaciones incompletas, “ellos dicen que están los videos pero justo hay un vacío en los horarios de entre 8 de la noche a las 6 de la mañana”.
Insistió en que el TSJ revise de nueva cuenta la estructura de mando para saber qué ocurrió con esas imágenes, “no quisiéramos pensar que lo destruyeron, y si así ocurrió es más grave”.
El presidente aceptó rastrear las circunstancias de las videograbaciones y encontrar el acuse de estos documentos, que “creemos que llegaron a PGR”, pero advirtió que en el TSJ “no existe archivo, expediente, ni seguimiento. Vamos a seguir rastreando qué tenemos y qué podemos proporcionarles a ustedes”.
Mario González lamentó que de entrada el magistrado presidente del TSJ diga que no tiene nada, y que no investigó nada de un caso tan grave. Aseguró que hay responsabilidad de funcionarios del TSJ, desde el momento en que cortaron el video del Palacio de Justicia, “aquí están encubriendo a alguien. Da tristeza y coraje que después de 40 meses digan que ‘vamos a investigar’, como quien dice ‘dejaron archivados los expedientes y me vale’. Venimos por un compromiso con fecha, estamos hartos de tanta ineptitud, de tanta corrupción y tanta complicidad”.
Denunció que en lugar de castigar el delito en el TSJ premiaron a Galeana Marin con un puesto para su hija, similar a la plaza que ella ocupaba, “para nosotros la dependencia es culpable con los que estaban ahí, tenemos una culpable de haber hecho el corte del video que se llama Lambertina, y (usted) debe decir quién participó y dónde está, quién le dio a orden a Lambertina de cortar ese video”.
El funcionario precisó que no es un órgano investigador y el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra dijo que sí está en sus facultades hacer procedimientos administrativos de responsabilidades internas, de rastreo de la cadena mando, para establecer si hubo omisión o acción de funcionarios.
La señora Hilda Legideño añadió, “si es necesario que se castigue a Lambertina Galeana hay que hacerlo, usted dice que no va proteger a nadie, debe demostrarlo. Queremos justicia por toda las personas implicadas, sobre todo queremos a nuestros hijos, por ellos luchamos”.

Exigen cárcel para ex presidenta del TSJ

Exigen padres de los 43 cárcel para Lambertina Galeana por la desaparición de los videos de Iguala

Tras una protesta en la Ciudad Judicial de Chilpancingo se reúnen con el magistrado presidente Alberto López, quien afirma que no oculta información y que no va a proteger a nadie

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Prepara el ex gobernador Ángel
Aguirre libro sobre su versión del
caso Ayotzinapa

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El ex gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció a través de la red social Twitter que se dedicará a terminar de escribir su libro La otra verdad.
Tras retirar su precandidatura a una diputación federal por el distrito 08 de Costa Chica, de la coalición Por México al Frente que integran PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, el ex gobernador informó que en el libro que prepara fijará su postura en torno a la detención y desaparición de los 43 normalistas ocurrida en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.
Doce días después de que un grupo de padres de los 43 normalistas desaparecidos frustraran el arranque de su precampaña en Ayutla, Aguirre Rivero anunció que retiraba su precandidatura y este miércoles en su cuenta de Twitter informó que en el libro relata “una narrativa de su vida”, además de que en él fijará su postura en torno a la desaparición de los 43 normalistas.
“En los próximos meses me dedicare a concluir mi libro La otra verdad, donde hago una narrativa de mi vida y fijo mi postura en torno a los hechos de Iguala”, publicó en su cuenta de Twitter.
Ayer se consultó a la diputada local Silvia Romero Suarez, quien es integrante de la Comisión Política de Izquierda Progresista de Guerrero (IPG), corriente perredista fundada en el PRD por Aguirre Rivero cuando fue gobernador, quien comentó que desconoce detalles del libro.
Incluso dijo que no sabía que el ex gobernador tenía ese proyecto, pero adelantó que si se lo pide, ella participará en el libro, ya que los hechos ocurrieron cuando ella era secretaria de Educación del ex mandatario.

Protestan normalistas durante el juicio del asesinato de dos estudiantes en una Urvan en Chilpancingo

Una hora y media unos 100 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa protestaron frente a la puerta principal de Ciudad Judicial para exigir justicia por la muerte de sus dos compañeros, Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, ocurrida el 4 de octubre de 2016 en un presunto asalto a una Urvan en la salida de Chilpancingo rumbo a Tixtla.
Ese día presuntos asaltantes asesinaron también a un maestro y a un chofer del transporte público, en dos eventos continuos la misma tarde.
Al mismo tiempo que adentro de las instalaciones del Poder judicial continuaba por tercer día la audiencia del juicio oral, donde la Fiscalía General del Estado y la defensa de cuatro presuntos responsables, desahogan las pruebas ante un tribunal colegiado que va a resolver este caso.
Los estudiantes de la academia de primer año -identificados por el cabello rapado que se aplica a los de nuevo ingreso en la semana de adaptación-, llegaron a las 11 de la mañana en dos autobuses del servicio público, desde la calle cantaron consignas revolucionarias, y tuvieron un acto político.
El dirigente estudiantil Javier González explicó que la actividad era para decir a las autoridades que los normalistas están atentos del proceso judicial y de la sentencia que habrá del caso.
Advirtió que si el resultado no esclarece de forma contundente quiénes asesinaron a los normalistas, a qué intereses responden los inculpados y quién ordenó el ataque violento, la escuela Normal seguirá las protestas.
Aceptó que el caso puede que no sea un ataque directo a la Normal Rural dentro de la campaña institucional de terror para desaparecer a la institución educativa, dado que testigos confirmaron que el modo de operación fue un asalto sumamente violento.
El 4 de octubre de 2016, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong estuvo en una gira por Guerrero para inaugurar el Centro de Justicia para Mujeres en la Montaña, y ocurrieron varios eventos de violencia.
Añadió que si no se esclarecen todas las particularidades y el móvil de la agresión, no pueden descartar que los homicidios de Jonathan y Filimón son parte de la misma campaña de terror y violencia contra la Normal Rural, que ha padecido agresiones, asesinatos y desapariciones forzadas, como en los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Mencionó que agentes del Estado y del crimen organizado persiguieron, atacaron con armas de fuego, asesinaron a tres estudiantes y a otras personas que se atravesaron en su camino, y desaparecieron a 43 normalistas.
En este contexto de Guerrero, donde políticos y autoridades están coludidas con el crimen organizado, “entendemos como parte de la violencia extrainstitucional, para que el Estado no se manche las manos, pensamos que pueden contratar a sectores de la delincuencia para atacar a sectores organizados de la sociedad”.
De la campaña de terror explicó que a partir de los asesinatos de estudiantes de la Normal, disminuye la demanda de nuevo ingreso, “la gente tiene miedo de enviar a sus hijos a estudiar a la Normal de Ayotzinapa”.
Indicó que antes llegaban más 2 mil aspirantes y en este ciclo escolar sólo concursaron 170 para cubrir una matrícula de 140.

Protestan trabajadores del Poder Judicial en Chilpancingo; acusan de nepotismo a magistrados

Trabajadores del Sindicato de Servidores Públicos del Poder Judicial se manifestaron la mañana de ayer en la explanada de la Ciudad Judicial de Chilpancingo, para exigir un incremento salarial “real” que no reciben desde hace cuatro años, un programa de jubilación “satisfactoria”, vivienda, la creación de un fondo de ahorro y de seguridad social.
También denunciaron que a 2 años del primer paro que realizaron en demanda de un reglamento para instituir el sistema judicial de carrera, éste no se ha elaborado y tampoco se practica en los hechos: la carrera judicial.
Denunciaron que los magistrados y funcionarios del Poder Judicial siguen incurriendo en nepotismo y colocan en los puestos privilegiados a sus familiares y amigos, mientras que el magistrado presidente, Robespierre Robles Hurtado constantemente abandona sus funciones para hacer proselitismo como aspirante a la alcaldía de Acapulco por el PRI.
La protesta comenzó a las 9 de la mañana y a las 9 y media los aproximadamente 50 trabajadores que se manifestaron (informaron que sólo acudieron representantes), acudieron a la oficina del magistrado presidente por una respuesta a su pliego petitorio, pero no lo encontraron y esperaron media hora más a que sus colaboradores lo localizaran, sin éxito.
En comentarios por Facebook Robles Hurtado expuso el viernes pasado que: “todo este asunto y tanta descalificación y rencor, (es) sólo porque se les notificó que se regresen a trabajar, pues cobran sin hacer nada, (dos años y quieren seguir). Se justifican con todo, ni siquiera tienen su reconocimiento como organización, como pues se va a platicar con ellos?, si no tienen personalidad. No se dejen engañar, son lo que critican”, dijo en referencia a la protesta que anunciaban los trabajadores inconformes.
Los trabajadores que se manifestaron este martes son los mismos que en abril y mayo de 2014 estuvieron 56 días en paro laboral por las mismas demandas.
Los inconformes se concentraron desde las 8 y media de la mañana afuera de las instalaciones de la Ciudad Judicial y a las 9 entraron juntos a la explanada, donde hicieron un breve mitin.
Frente a los reporteros colocaron una lona que decía: “Robespierre Robles Hurtado, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero, solución a las justas demandas de los trabajadores. ¡No a la insensibilidad y a las represalias!”.
El secretario general del sindicato, Adalberto Valenzo Martínez leyó el pronunciamiento en el que exigen al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que le cumpla a los trabajadores, pero también que le cumpla a la sociedad.
Criticó que el magistrado no ha resuelto las demandas como el sistema judicial de carrera, seguridad social “completa y efectiva”, incremento salarial “real” que no reciben desde 4 años.
Consultado más tarde explicó que el incremento que recibieron tras el paro laboral de hace 2 años fue directo al salario base y que lo que piden ahora es un aumento conforme a la percepción real que reciben, es decir, incluyendo las compensaciones. Dijo que un incremento así no lo reciben desde hace 4 años.
Denunció que como hace dos años sigue el nepotismo con el que se desplaza de los cargos jurisdiccionales a los trabajadores administrativos, que llevan más de 20 años en el Poder Judicial.
También se quejó de que les hace falta material para la prestación de un servicio de justicia “eficiente”.
Agregó que en el año y medio que lleva al frente del Poder Judicial, Robles Hurtado “se ha limitado a querer sobrellevar la problemática de la institución con promesa tras promesa, aplicando la máxima del político sin escrúpulos, de que prometer no empobrece”.
Valenzo Martínez acusó que el magistrado Robles Hurtado “actúa con insensibilidad y soberbia al pretender desconocer el pasado reciente de la movilización de los trabajadores “que se suscitó precisamente por el hartazgo de padece una serie de injusticias de la vida laboral”, como exceso de carga de trabajo, falta de pago de horas extras, ausencia de un programa de vivienda, “y la incertidumbre del futuro de la vejez, cuando la edad y la falta de fuerzas físicas ya no permitan al trabajador administrativo y jurisdiccional suportar las extenuantes jornadas”.
Llamó a Robles Hurtado a que asuma su responsabilidad institucional, “que deje de poner como pretexto al gobernador y de utilizar su nombre para imponer su voluntad”.
Recordó que su designación fue “altamente cuestionada” pero actualmente “es más cuestionable su desempeño como titular del Poder Judicial”, debido a su forma de proceder con propaganda falaz, pero sin resolver los temas fundamentales del Poder Judicial.
Dijo que esto hace verosímil lo que se rumoró desde su llegada, en el sentido de que sólo venía de paso y que su insistencia de ser presidente del TSJ fue para contar con un escaparate y plataforma desde donde pueda apuntalar su candidatura a la alcaldía de Acapulco.
“La sociedad no merece ser burlada y exige que quien encabece el Poder Judicial se comprometa con su responsabilidad de mejorar la institución de impartición de justicia”, dijo.
Luego de media hora de mitin en la explanada, los trabajadores subieron al tercer nivel del edificio dos, en donde se encuentra la oficina del magistrado presidente.
“Vamos a ver si de verdad despacha aquí”, le dijo una de las trabajadoras a otra que, por su parte, dijo que era la primera vez que estaría en el despacho del presidente a quien, incluso no lo conocía en persona, sólo por fotografía.
Al llegar, los trabajadores descubrieron afuera de su despacho, colgada en la parte superior de la puerta frente al vestíbulo, una fotografía de aproximadamente medio metro por medio metro de Robles Hurtado, inusual en las oficinas, puesto que en la mayoría de ellas las fotografías regularmente del Ejecutivo en turno cuelgan en un lugar visible, pero en el interior de los despachos.
El magistrado no se encontraba en su oficina. Durante media hora los trabajadores esperaron una respuesta, mientras los colaboradores del magistrado lo buscaban por teléfono. Al final, la secretaria técnica de la Presidencia, Paloma Oviedo Galeana les dijo que no lo pudo localizar y que después les informaría cuándo los puede recibir.
Durante la espera Xóchitl Jiménez Pita, integrante de la dirección del sindicato, denunció que nunca se había visto que las esposas de los presidentes del TSJ se involucraran en la vida interna de la institución como ahora.
Dijo que Robles Hurtado creó el Voluntariado del Poder Judicial del Estado y nombró a su esposa Zurayma Ajuria Marban como presidenta, quien hace política al interior del Tribunal acompañada por magistrados, y que en algunos actos o reuniones representa a su esposo.
Durante la protesta los trabajadores recibieron la solidaridad del presidente del Colegio de Abogados de Chilpancingo, Rubén Cayetano García, y del secretario del Sindicato Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento, Domingo Salgado Martínez.

Protestan normalistas en Tecpan; exigen sentencia para el acusado de atropellar a dos estudiantes que murieron

Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se manifestaron en la Ciudad Judicial de Tecpan y en la explanada del Ayuntamiento, para exigir a las autoridades justicia para los alumnos Freddy y Eugenio, uno de Tixtla y el otro de Atlamajalcingo del Monte, Tlapa, quienes murieron atropellados en 2014 cuando un camión los golpeó mientras pedían cooperación en la carretera federal en Atoyac.
Los normalistas llegaron en un camión de la escuela y otro del servicio foráneo de la empresa Estrella de Oro.
Informaron que su protesta fue para exigir que se agilice la sentencia al acusado del asesinato de sus compañeros.
En la Ciudad Judicial expusieron que fueron “a ejercer presión” en la audiencia que se llevó a cabo en el interior del juzgado del Distrito Judicial de Galeana por la muerte de los dos estudiantes hace tres años cerca de la comunidad El Ciruelar, donde fueron embestidos por un tráiler.
Más tarde los dos autobuses trasladaron a los estudiantes al Zócalo de la ciudad, donde entregaron volantes a los vecinos, en los que manifestaban su exigencia para que se haga justicia.
La llegada de los alumnos provocó que las autoridades del Ayuntamiento cerraran el edificio y las oficinas aledañas, como la de agua potable, el DIF y Transito, así como el retiro de los autos oficiales.
Una vez que finalizaron la entrega de volantes los normalistas se apostaron en el monumento a Hermenegildo Galeana en el centro del Zócalo, para lanzar consignas en contra de los gobiernos federal y estatal.
Exigieron también la presentación con vida de los 43 estudiantes detenidos-desaparecidos en Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
El presidente del Comité de Derechos Humanos de la Normal, Samuel Carranza Nava dijo que el propósito principal de su traslado a Tecpan fue exigir justicia a sus compañeros asesinados hace más de dos años, “tiempo durante el cual no hemos tenido ningún resultado de las investigaciones y vemos que hasta ahora no se hace justicia”.
En el documento que entregaron, señalan que desde que asumió el cargo de gobernador Ángel Aguirre Rivero en 2011 inició una campaña de criminalización contra los normalistas de Ayotzinapa, para estigmatizarlos como violentos y delincuentes.

Abren proceso a los detenidos por el caso de la Urvan por asalto y asesinato sin premeditación

El juez de Control, Celso Ubaldo de la Sancha resolvió la mañana de este jueves la vinculación a proceso, con prisión preventiva, de cuatro de los acusados por el asesinato de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, del trabajador del Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adultos (IEEJAG), Juventino Carranca Tejacal y del chofer de la Urvan de la ruta Reforma-Mercado, Marco Antonio Organista Lorenzo.
La audiencia pública fue en la sala 1 de juicios orales ubicada en la Ciudad Judicial, a las 7:30, en donde el Ministerio Público y la Fiscalía General del Estado sostuvieron que el móvil del múltiple homicidio fue el asalto y que los dos estudiantes normalistas asesinados opusieron resistencia, pero el asesor legal de los dos normalistas, Vidulfo Rosales Sierra insistió en que hubo “premeditación” en la actuación de los imputados para asesinar a los dos normalistas
También hubo discrepancias en cuanto al número de personas que actuaron en el múltiple homicidio. Los representantes del Ministerio Público (MP) que presenta los elementos y su investigación, y de la Fiscalía que defiende su caso, sostuvieron que fueron cinco, mientras que Rosales Sierra dijo que fueron seis.
Sin embargo hubo coincidencia en cuanto a la mecánica y la ruta que siguieron los ahora imputados la tarde de ese 4 de octubre.
Asimismo compartieron la certeza de que los detenidos son los que participaron en los homicidios de las cuatro personas ese día, aunque al término de la audiencia de vinculación a proceso solicitaron un plazo de cuatro meses para la próxima –la audiencia de juicio-, plazo que utilizarán para presentar más argumentos en contra de los imputados.
A su vez los dos defensores públicos que asisten legalmente a los acusados, se reservaron “por estrategia” su derecho a presentar argumentos a favor de sus defendidos, y también omitieron su derecho a emitir argumentos en su defensa.

La ruta de los acusados

La versión de los representantes del MP y de la Fiscalía, que obtuvieron mediante el testimonio de dos testigos, es que los cinco detenidos (cuatro mayores de edad que ayer fueron vinculados a proceso y un menor de edad al que le dictaron medidas cautelares el miércoles en el Tribunal de Justicia para Adolescentes), abordaron la Urvan de la ruta Chilpancingo-Tixtla en la colonia Indeco, y que cuando llegaban al kilómetro 4 en el punto conocido como El Derrumbe o la Curva del Amate, sacaron pistolas con las que dos de ellos amagaron al chofer y lo obligaron a detenerse.
“Órale hijo de tu puta madre, párate o matamos a todos”, le habría dicho uno de los hombres armados al conductor, quien detuvo la unidad. Entonces otro disparó (no precisa el MP si éstos se hicieron dentro o ya fuera del vehículo), pero dice que después bajaron a los pasajeros y los obligaron a tirarse al suelo para despojarlos de dinero y teléfonos celulares.
Según el MP y la Fiscalía, Jonathan Morales y Filimón Tacuba (estudiantes de Ayotzinapa) opusieron resistencia y fue cuando les dispararon.
También le dispararon al trabajador del IEEJAG, Juventino Carranza, quien quedó herido pero murió cuando era atendido en el hospital Raymundo Abarca Alarcón.
Posteriormente los ahora detenidos dispararon a otros conductores, entre éstos al chofer de una Urvan que circulaba de Tixtla a Chilpancingo e hirieron a un niño de 8 años que iba de pasajero y al conductor. Asimismo resultó herido el chofer de una camioneta de una tienda de abarrotes de Chilapa y el conductor de la Urvan 41 en la que viajaban las víctimas.
Según el MP y la Fiscalía después los cinco hombres armados obligaron a detenerse al conductor de un vehículo particular (del que no mencionan las características) en el que se regresaron rumbo a Chilpancingo y cerca de casa Guerrero lo abandonaron y caminaron rumbo a la colonia Ampliación Revolución (que se encuentra a menos de un kilómetro) en donde en la calle Constitución le hicieron la parada al chofer de la combi número 63 de la ruta Reforma-Mercado, quien al ver que iban armados lo mataron a balazos. Se trata del chofer Marco Antonio Organista Lorenzo.
Enseguida los cinco armados obligaron a detenerse al conductor de un vehículo Chevrolet Sonic negro, quien bajo amenazas los trasladó al otro extremo de la ciudad, a la colonia Sección Séptima, (que se encuentra en la parte alta de la colonia López Portillo, al poniente de la ciudad), en donde se dispersaron y tomaron rumbo desconocido.
El representante del MP y el de la Fiscalía, destacaron que los dos testigos han identificado plenamente a los cuatro detenidos.
La discrepancia

En cambio el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, quien funge como asesor jurídico de los familiares de los dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Dijo en su exposición que fueron seis los hombres armados que participaron en el múltiple homicidio.
El abogado citó como testigos a los mismos que utilizaron el MP y la Fiscalía, aseguró que primero en la parada de la colonia Indeco se subieron tres y tomaron los asientos de la parte de atrás de la Urvan. Metros más adelante abordaron la unidad otros tres que ocuparon los asientos delanteros, situación que el abogado utilizó para argumentar que hubo “premeditación” de los imputados pues planearon dejar en medio e indefensas a sus víctimas.
Rosales Sierra insistió en que durante el ataque a los estudiantes no hubo resistencia de los dos estudiantes y que, incluso, les dispararon a pesar de que Jonathan y Filimón les dijeron que eran estudiantes y que no llevaban nada (de valor).
En cuanto a la ruta que siguieron los hombres armados para darse a la fuga, Rosales sólo agrega que hubo cámaras del Centro de Control, Comunicación y Comando (C-4) que registraron a los seis armados y ahora acusados cuando huían por la colonia Reforma.
Sin embargo el juez de Control, Celso Ubaldo de la Sancha resolvió que no existen elementos que establezcan que hubo “premeditación” en la actuación de los imputados y coincidió con el móvil que expusieron el MP y la Fiscalía en el sentido de que se trató de un asalto circunstancial.
Los representantes del Ministerio Público y de la Fiscalía expusieron que en el lugar donde fueron asesinados los dos estudiantes y el trabajador del IEEJAG se encontraron 11 casquillos de pistola calibre 22, cinco de 9 milímetros, uno de 380 y otro de calibre 25.
Aunque en la necropsia a los cuerpos de las víctimas los impactos que recibieron sólo fueron de 9 milímetros y 22., casquillos de estas dos últimas armas también fueron encontrados en el lugar donde mataron al chofer de la Urvan del servicio público de Chilpancingo, en la colonia Reforma.
De las cuatro víctimas sólo los dos estudiantes de la Normal de Ayozinapa recibieron dos impactos. Filimón Tacuba recibió uno en la cara y otro en la sien, y Jonathan uno en la frente y otro cerca de la nariz. Mientras que Juventino Carranza recibió uno cerca de la patilla derecha y Marco Antonio Organista uno del que no se precisó el lugar del impacto.

Que Dios los Bendiga

Al final el juez de control sintetizó los señalamientos, acusaciones y argumentos del MP, la Fiscalía y de los asesores de los familiares de las víctimas y resolvió la vinculación a proceso de los cuatro imputados.
Asimismo aceptó la petición de los representantes del MP y de la Fiscalía de establecer un plazo de 4 meses para la próxima audiencia que será la de juicio. El plazo fue aceptado por los asesores de los familiares de las víctimas y por los defensores públicos. El juez destacó que este plazo servirá para que las partes presenten más elementos de prueba para la imputación, o bien para la defensa.
Acomodados en sus asientos dos de los imputados se observaron tímidos e intimidados, los otros dos recorrían con su mirada escrutadora la sala y a todos los actores del juicio, uno de ellos incluso parecía retador e interactuó permanentemente con uno de los defensores públicos acreditados para su defensa.
Francisco, el padre del chofer Marco Antonio Organista propuso representarse solo en el juicio, pero el juez le aclaró que tenía que utilizar al asesor de las víctimas del delito que paga el Estado, porque hay términos que sólo éstos conocen y declinó a su propuesta.
Al final quiso participar y el juez le cedió la palabra. Agradeció de entrada a las autoridades por la detención de los acusados, “yo no tengo la certeza (de que sean ellos), ustedes (las autoridades) sí la tienen”, dijo.
Mirando al juez, acusó: “hay autoridades que se corrompen, pero hay un Dios que no”.
Después volteó hacia los acusados y con los ojos húmedos pero firme, les dijo: “sepan ustedes que dejaron a dos niños en la orfandad. Yo no sé por qué hacen ustedes estas cosas que enlutan a familias, ya no sigan matando a gente inocente. Que Dios los bendiga”, se escuchó casi suplicante, y, visiblemente abatido se desplomó en su asiento.
El abogado Vidulfo Rosales Sierra declaró que tratará de demostrar que los detenidos por el asesinato de los dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa la tarde del 4 de octubre actuaron con “premeditación” y no lo hicieron solos, sino que pertenecen a una estructura superior del crimen organizado.
El abogado insistió en que no se puede conformar sólo con los detenidos, “porque desde nuestro punto de vista no actuaron solos, ellos están ligados a otros vínculos con la delincuencia organizada y no solo con la delincuencia organizada, sino con todo un conjunto de complicidades de autoridades, de servidores públicos que hacen factibles que puedan cometer ese tipo de hechos violentos”.
Informó que personalmente ha debatido con el fiscal (Javier Olea Peláez), “le hemos solicitado que se puedan investigar estos vínculos, y verbalmente nos ha dicho que sí, esperemos que la Fiscalía se aboque a eso”.
También dijo que falta revisar todas las cámaras de video que hay cerca de Casa Guerrero por donde pasaron los detenidos, de la colonia Nueva Revolución e Indeco y de la colonia Sección Séptima, para determinar cómo actuaron los ahora detenidos.
Declaró que en este caso se debe comprobar la voluntad que tiene el gobierno para investigar más allá de los hechos del 4 de octubre. Pero dijo que lo que está viendo es una posición muy férrea de acotar los hechos a los detenidos, y que se asume la postura de que no hay nada más fuera eso, “y eso nos parece grave porque se están quedando cosas sueltas”.