Etiqueta: Presidente del TSJ Raymundo Casarrubias Vázquez

Protestan abogados en el Palacio de Justicia de Zihuatanejo; piden solucionar el paro

Brenda Escobar

Zihuatanejo

Abogados litigantes afiliados a la organización civil Gremio Jurídico de Zihuatanejo, se manifestaron este martes frente al Palacio de Justicia para hacer un llamado al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Casarrubias Vázquez, a solucionar el paro laboral que desde hace una semana mantienen trabajadores de base y supernumerarios afiliados al SUSPEG.
Este martes, una docena de abogados, llegaron al medio día al Palacio de Justicia de Zihuatanejo en donde colocaron una lona en la que se leía textualmente: “exigimos al Tribunal Superior de Justicia del estado, funcionarios y sindicato, en respeto a los derechos humanos laborales y al derecho humano de tutelaje efectiva de los ciudadanos, dar solución al conflicto que tienen en paro laboral al poder judicial del estado y reanudar labores ya”.
Uno de los manifestantes, Óscar Nieto Castro, declaró que acudieron a los juzgados con la intención de hacer saber a la opinión pública que por el conflicto laboral en el TSJ “no hay solamente dos partes, es decir, no es solamente el tema de los trabajadores del gobierno del estado en el Poder Judicial y el estado, sino aquí al menos cuatro partes y las otras dos partes son los abogados postulantes que dependen de su trabajo, que hacen del litigio su ingreso y por el otro lado, también la sociedad civil, que es el ciudadano de a pie y que hoy día no entiende por qué sus asuntos no avanzan”.
“Hay ciudadanos en juicios, en expedientes que llevan un mes esperando una audiencia y la fecha de audiencia se cumple en estos días que hay un paro de labores y entonces eso obliga a que se reagenden las audiencias y ya tenemos conocimiento de que hay nuevas fechas hasta febrero, entonces imagínense, en algunos casos, la libertad de una persona depende de esa actividad judicial”, dijo.
Exhortó al sindicato y al gobierno “a resolver este conflicto y solucionarlo para todos, para los abogados que se dedican a litigar y que mantienen a una familia de ahí y para la sociedad que es por medio de sus impuestos y sus honorarios mantiene todo esto”.
Por su parte, la abogada Gaudene Barrera Valdovinos, invitó también a las partes en conflicto “a que agilicen la respuesta o la solución” porque hay casos que están parados “no olvidemos de que aquí los juzgados de Primera Instancia no solamente son en materia civil y mercantil, sino también familiar que involucra las cuestiones de los alimentos, guarda y custodia, que esos asuntos por ser de orden público son inaplazables, son urgentes de atender y llevamos ya dos semanas con este paro de labores que sí perjudica gravemente a la sociedad”, agregó.
Durante la protesta, la señora Jazmín Barrera García, vecina de la colonia Buenos Aires, en Zihuatanejo denunció que el movimiento de los trabajadores perjudica el juicio de su hijo que tiene una discapacidad intelectual, luego de que hace dos años demandó al padre del menor una pensión alimenticia.
“Por eso le pido al presidente de los tribunales, el señor Raymundo Casarrubias que ya le ponga solución a este paro porque tenemos bastante tiempo que no se resuelve nuestro juicio y con esto (el paro) se va a tardar un poco más”, indicó.

 

No deciden aún paristas del TSJ si aceptan o no la oferta de aumento salarial: SUSPEG

Zacarías Cervantes / Argenis Salmerón / Brenda Escobar, / Redacción

Chilpancingo / Acapulco / Zihuatanejo / Iguala

Los agremiados al Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), que trabajan para el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado cumplieron ayer ocho días en paro laboral en 10 centros de trabajo de la entidad.
La secretaria general de la sección 62 del SUSPEG cuyos agremiados prestan sus servicios en los juzgados y áreas administrativas de Ciudad Judicial, al sur de Chilpancingo, Margarita Sánchez Azabay, informó que las bases no han llegado a acuerdos respecto a si levantan el movimiento sólo con el incremento del 10 por ciento que ofreció el viernes el gobierno del estado y presidente del TSJ, Raymundo Casarrubias Vázquez.
Informó que este martes van a tener otra reunión con los secretarios seccionales que están participando en el movimiento para determinar qué procede.
El paro laboral y el plantón afuera de Ciudad Judicial iniciaron el lunes de la semana pasada en demanda del incremento salarial del 14 por ciento y el pago de bonos.
En ocho días se han sumado al movimiento y a los plantones en sus respectivos centros de trabajo al menos 10 juzgados en el estado de los municipios de Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Teloloapan, Zihuatanejo, Chilapa, Tixtla y Ometepec.
El viernes, el TSJ y el Consejo de la Judicatura informaron en un comunicado que “derivado de las pláticas que se han sostenido con la secretaría General del SUSPEG, Adela Hernández Angelito, así como con la líder de la sección 62 Margarita Sánchez Azabay y la representante del SUSPEG en el TSJ, Martha Moreno Iriarte, y el director general de Administración y Finanzas, Antonio Sebastián Ortuño, considerando la difícil situación presupuestal que prevalece, se propuso a la base trabajadora, a través de sus representantes sindicales, el incremento del 10 por ciento, retroactivo al 1 de enero”.
La propuesta la discutirían los secretarios generales de las secciones sindicales con las bases durante el fin de semana, sin embargo anoche la dirigente de la sección 62 del SUSPEG que aglutina a los trabajadores de Chilpancingo, Sánchez Azabay, dijo que aún no habían acordado una respuesta y que este martes tendrán otra reunión para definir si levantan o no el movimiento con el ofrecimiento que recibieron el viernes.
En Acapulco, trabajadores de los juzgados de lo Familiar de Caleta, los del Penal y de Ejecución, ubicados en la cárcel de Las Cruces, siguieron en el paro laboral.
En declaraciones a reporteros, la integrante de la sección 21 del SUSPEG y de la cartera de Prevención Social, Rosalba Anzastiga Reyes dijo que hay avances en la negociación con las autoridades del estado.
“Estamos en la misma postura, los trabajadores y altos jefes”, puntualizó.
Añadió que los trabajadores ya tienen las experiencia de un paro de labores de tres meses, “no somos radicales, no somos rebeldes, pero sí exgimos nuestros derechos”.
Señaló que están detenidos las demandas del orden Familiar, Civil, y en los juzgados de Caleta están las salas Penal y Familiar, sin funcionar, no nos dejaron otra salida”.
También en Iguala trabajadores del TSJ continúan en paro laboral y plantón en Ciudad Judicial de esa ciudad.
En declaraciones a reporteros la secretaria de Actas y Acuerdos de la sección 10 del SUSPEG, Rosalba Román Estrada informó que este lunes alrededor de las 4 de la tarde concluyó la reunión en Chilpancingo con funcionarios del gobierno del estado, la líder sindical, Adela Hernández Angelito, el presidente del Tribunal, Raymundo Casarrubias Vázquez y todos los seccionales del SUSPEG, pero no llegaron a ningún arreglo.
“El magistrado Raymundo, nos está ofreciendo un 10 por ciento con un retroactivo de cinco pagos para hacernos el depósito completo, obviamente los agremiados no estamos aceptando eso porque ya se tardó y no nos está dando una opción que nos convenza”, explicó.
Román Estrada dijo que, si el magistrado les ofreciera el 10 o 12 por ciento con un retroactivo completo, probablemente llegarían a una negociación, “pero el magistrado no quiere ceder y no se llega a la conclusión de nada hasta ahorita por lo que seguimos en paro y no vamos a aceptar la oferta del magistrado”, subrayó.
La secretaria de Actas y Acuerdos de la sección 10 del SUSPEG señaló que han recibido amenazas y que a sus jefes inmediatos ya les llamaron para decirles que se atengan a las consecuencias, además de que habrá cambios y descuentos.
Sin embargo, mencionó que se mantendrán luchando por sus derechos los 42 trabajadores, más los que están en los penales en Tuxpan y los que comprenden la sección que son de los municipios de Tepecoacuilco, Cocula, Copalillo.
En los municipios de Zihuatanejo y La Unión, los trabajadores del TSJ de las delegaciones 48 y 23 del SUSPEG continúan en paro de labores.
El representante de la sección 48, José Alfredo García informó que siguen las negociaciones en Chilpancingo y que la base trabajadora se mantenía en la postura de que la parte patronal debiera de ofrecer un porcentaje más alto, pues hace un año les autorizaron un 12 por ciento y hasta el viernes de la semana pasada, el ofrecimiento era del 10 por ciento.

 

Emitió 77 recomendaciones en el último año a ayuntamientos y secretarías, dice la Codehum

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

En su segundo informe al frente de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), la presidenta Cecilia Narciso Gaytán, indicó que en el último año ese organismo emitió 77 recomendaciones, de las cuales la mayoría se dirigieron a ayuntamientos, organismos autónomos y secretarías de estado.
La presidenta llamó a las instituciones a aceptar los resolutivos de la Codehum y no comprenderlos como “una afrenta, sino como una forma de que todas las autoridades y servidores públicos ajusten su actuar” a los derechos humanos.
En el acto público en el teatro María Luisa Ocampo, la presidenta de la Codehum aseguró que estableció “como línea de acción prioritaria, trabajar y atender directamente y con inmediatez” a las víctimas.
Narciso Gaytán dijo que el organismo emitió 488 resoluciones, de las cuales 77 son recomendaciones, 93 opiniones y propuestas y 318 acuerdos; y se dictaron 54 medidas cautelares para la protección de la vida, de la integridad física, salud, educación y libertad de personas.
Explicó que estas recomendaciones “se dirigieron fundamentalmente a los ayuntamientos municipales, organismos autónomos y a diversas Secretarías de Estado, entre otros. En estas resoluciones se hizo una valoración del contenido del expediente y se recomendó, cuando resultó procedente, la reparación integral del daño a través de medidas compensatorias, de restitución, rehabilitación y garantías de no repetición”.
En su mensaje de informe dijo que, al ser la primera mujer en ocupar este cargo, como presidenta del organismo defensor de los derechos humanos “mi compromiso y el de la Comisión es trabajar arduamente con las mujeres de la sociedad civil organizada, colectivas e instituciones, para prevenir y erradicar todos los tipos y modalidades de violencias que tanto daño causan a mujeres, niñas y adolescentes”.
Entre los datos que dio en el informe que leyó, destaca que en el último año la Codehum atendió a 2 mil 364 personas, de las cuales se recibió en audiencia a mil 345 mujeres y hombres de 213 organizaciones de la sociedad civil y se atendieron a 174 periodistas, 147 personas mayores, 105 personas de los pueblos originarios, 94 personas con discapacidad y 90 integrantes de la comunidad de la diversidad sexual, entre otros miembros de grupos prioritarios; y se respondieron 5 mil 259 llamadas telefónicas.
Destacó que las instituciones han asumido el compromiso para recibir capacitaciones en materia de derechos humanos por parte del organismo.
“Luchamos por prevenir y erradicar los matrimonios o uniones infantiles, tempranas o forzadas, evitar los embarazos a temprana edad, garantizar los derechos sexuales y reproductivos, el trabajo de todas y todos es para lograr una igualdad jurídica” dijo y recordó que la Codehum forma parte de diversos sistemas, comités y mecanismos que son herramienta para la protección de la niñez, adolescencia y a las mujeres de las diferentes violencias.
En ese sentido Cecilia Narciso aseguró que su compromiso “personal, es trabajar sin descanso, que ninguna niña, ninguna mujer, ninguna adolescente sea más violentada y que sus derechos sean respetados”.
En su mensaje dijo que la Comisión ha acompañado a los colectivos de familias de personas desaparecidas.
La presidenta de la Codehum, informó que se realizaron 42 conferencias, 24 pláticas en materia de derechos humanos de las mujeres, violencia digital, derechos y obligaciones de las y los servidores públicos, violencia escolar, las cuales fueron impartidas al Ejército mexicano, a la Fiscalía General del Estado, a las secretarías de Educación y de Salud.
En su mensaje, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda aseguró que su gobierno es “de derechos y libertades, sin represión ni persecución con permanente y absoluta apertura al diálogo”.
La jefa del Ejecutivo estatal le dijo a la presidenta de la Codehum “la comisión necesita menos discursos y más recursos, cuenten con todo el apoyo del gobierno del estado para lograr esas acciones”.
En el acto estuvo presente la presidenta de la Mesa Directiva y la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, las diputadas Yanelly Hernández Martínez y Yoloczin Domínguez Serna; el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raymundo Casarrubias Vázquez; el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; el comandante de la Novena Región Militar, Ricardo Flores González; y la fiscal, Sandra Luz Valdovinos Salmerón.

 

Inicia TSJ revisión de expedientes de cuatro presos políticos cuya libertad reclama la OCSS

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ), inició la revisión de los expedientes de los presos Gilberto Aguirre Bahena, Antonio Barragán Carrasco, Gerónimo Hernández Refugio y Orlando Ávila Mesino, de quienes reclama su libertad la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).
La dirigente de la organización, Norma Mesino Mesino, informó ayer por teléfono que la revisión de los expedientes comenzó el miércoles pasado en una mesa de trabajo que encabezó el propio presidente del TSJ, Raymundo Casarrubias Vázquez, y agregó que las pláticas van a continuar la próxima semana.
La mesa de trabajo se instaló a raíz de la marcha y el plantón afuera de Casa Guerrero en el que participó la OCSS, junto con organizaciones sociales el lunes y el martes, y el anuncio se da un día después de que Raymundo Casarrubias se reunió con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Mesino Mesino informó que el miércoles se realizó la reunión con el presidente del Tribunal conforme a los acuerdos que tomaron con el senador Félix Salgado Macedonio el martes, para levantar el plantón que mantenían afuera de la puerta uno de Casa Guerrero.
Informó que en el caso de Orlando Ávila Mesino, acusado por el delito de homicidio, la sugerencia de las autoridades judiciales es que el abogado que atiende el asunto, retire la incidencia de libertad que promovió para que se cierre el caso y el TSJ pueda resolver su libertad con la consideración de que ya no hay delito que perseguir.
Añadió que las autoridades del TSJ no ven que sea posible liberarlo mediante la incidencia de libertad, sino tomar en cuenta los argumentos de que ya no hay motivos para que siga preso.
Con respecto al asunto de Gilberto Aguirre Bahena y Antonio Barragán Carrasco, acusados por el delito de secuestro, hay un decreto del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que obtengan su libertad.
Recordó que el expediente de Antonio lo lleva un juez de Morelos y no le compete atenderlo al Tribunal de Guerrero, en cambio el de Gilberto lo turnaron a esta entidad y ya lo están revisando.
Norma Mesino explicó que ambos no requieren de un indulto porque ya alcanzan el beneficio de la preliberación toda vez que ya tienen 21 años en la cárcel, y lo que se está buscando es que las autoridades no estén incurriendo en trabas y que se agilicen su salida.
Respecto al asunto de Gerónimo Hernández Refugio recordó que el abogado apeló en diciembre pasado la resolución de un juez que dictaminó otros cuatro años más de cárcel en su contra por el delito de portación de arma. Detalló que Gerónimo debió salir libre el mes pasado, pero en lugar de liberarlo el juez de la causa le agregó otros cuatro años más.
En este caso, informó que se revisará el expediente en la mesa de diálogo y que la petición de la organización es que ya no siga habiendo trabas en la impartición de justicia.
“Se están revisando cada uno de los casos para que puedan obtener su libertad lo más pronto posible y ya no sigan en la cárcel sin justificación alguna”, explicó Mesino.
Celebró que ya haya voluntad de las autoridades para revisar cada uno de los expedientes, puesto que antes “ni eso había, y ahora ya, cuando menos, nos estamos reuniendo, esperamos que pronto puedan obtener su libertad porque no hay motivos para que puedan seguir encarcelados”, insistió.
Reconoció que el tiempo que sigan detenidos dependerá de que los abogados que participan en la revisión de los expedientes vayan facilitando las cosas.
Insistió que en algunos casos sólo es cuestión de que los jueces dictaminen, como el de Gilberto Aguirre y el de Gerónimo Hernández, en los que ven que le están aplicando injustamente cuatro años más por portación de arma, “pero con una interpretación errónea que hizo la juez”.
“Realmente no se está aplicando la ley como es, es una interpretación que deberían considerar porque ya estuvo 20 años en la cárcel e incluirle otros cuatro más, es injusto y arbitrario, eso no lo están considerando, reprochó.

 

Exigen activistas al TSJ que informe cuántas mujeres están presas acusadas de aborto

Integrantes de organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres en conferenca de prensa en Acapulco Foto: Jesús Trigo

Jacob Morales Antonio

Organizaciones de defensoras de los derechos de las mujeres exigieron al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raymundo Casarrubias Vázquez que dé a conocer cuántas mujeres están presas bajo las causales de homicidio en razón del parentesco e infanticidio.
En conferencia de prensa en el restaurante Mar y Tierra en Acapulco, la abogada de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, Ana Gabriela Candela Garzón leyó un comunicado en el que habló de la liberación de la joven nahua Aurelia García Cruceño quiene estuvo presa tres años en el penal de Iguala acusada de aborto.
Sostuvo que Aurelia fue excarcelada luego de que el 17 de mayo se aprobó la despenalización del aborto en Guerrero y destacó que su caso sienta un precedente importante para que otras mujeres acusadas del mismo delito o similares puedan salir de las cárceles.
Recordó Candela Garzón que hace 3 años la Red Guerrerense solicitó la Alerta de Violencia de Género (AVG) por Agravio Comparado, la cual fue decretada para Guerrero en julio de 2020 y hay 13 medidas que cumplir como la prevención, la seguridad, la justicia y la reparación del daño, con el objetivo de posicionar al aborto como un tema de salud pública y no penal.
Expresó que entre las activistas hay preocupación porque el gobierno del estado no tiene acciones concretas para cumplir las medidas y que ha sido insuficientes los esfuerzos para garantizar una vida libre de violencia y que más bien las consecuencias persisten, violando los derechos humanos de las mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes del estado.
Candela Garzón detalló que entre las medidas está la revisión de los casos judiciales de las mujeres encarceladas y acusadas por el delito de homicidio en razón de parentesco. Destacó que esta tarea es responsabilidad del TSJ porque los delitos de aborto y en razón de parentesco son jurídicamente distintos, y por eso se afirma que no hay mujeres encarceladas por el delito de aborto.
Sin embargo, resaltó que las organizaciones sociales han documentado que cuando las mujeres enfrentan procesos penales por embarazos o partos, llegan a ser acusadas por homicidio en razón de parentesco, “este hecho se utiliza para criminalizar a las mujeres aún cuando el aborto se produce de manera espontánea como fue el caso de Aurelia”.
Afirmó la activista que en la actualidad no hay datos precisos de cuántas mujeres hay encarceladas por el delito de homicidio en razón de parentesco o infanticidio debido a que no se ha cumplido con esta medida.
Comentó que la Red ha documentado el caso de Mayra Onofre Gómez otra mujer presa también en la cárcel de Iguala acusada de aborto y para ella pidió “a las instituciones revisen con prontitud el caso pues merece ser liberada igual que Aurelia”.
Enfatizó que las medidas de reparación del daño son responsabilidad del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Guerrero, y resaltó que es desde ahí donde se debe de establecer la compensación, la reparación y la satisfacción en búsqueda de reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas para garantizar las medidas de no repetición, “este es el siguiente paso para Aurelia”.
Remarcó que como solicitantes de la declaratoria de la AVG, la Red Guerrerense exige acelerar el cumplimiento de ésta, sobre todo la revisión de los expediente de la mujeres presas relacionadas con el delito de aborto y que además se publique y cumpla con el plan de reparación de daños para Aurelia y otras mujeres.
Candela Garzón indicó que también piden que los trabajadores del Poder Judicial sean capacitados con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad, y que cese la criminalización de las víctimas y defensoras de los derechos humanos de las mujeres.
En su participación Cecilia Garibe Gire del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) comentó que el caso de Aurelia evidencia cómo se criminaliza a la mujer desde un prejuicio, y que este delito debe de derogarse “hay una constante violación a los derechos humanos” además de la falta de acceso a los servicios de salud, y la denuncia del personal de salud antes de atender y proteger a la víctima.
Otra de las activistas de la Red Guerrerense, Renata Gonzalez sostuvo que es el presidente del TSJ es quien debe de aportar la información de las mujeres encarceladas por el delito de homicidio en razón del parentesco e infanticidio porque es una de las medidas decretadas en 2020 con el decreto de la AVG por agravio comparado “esta petición no se hace ahora, es una medida que se debió de cumplir años atrás”.
En la conferencia también estuvieron Elizabeth Plácido Río de Católicas por el Derecho de Decidir-México y Ninde Molre de AbortistasMx.

 

Paga TSJ retroactivo del alza salarial de 13%; reprime a trabajadores paristas, denuncian

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Trabajadores administrativos no sindicalizados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) informaron que en la segunda quincena de noviembre el Poder Judicial cumplió con el pago del retroactivo a enero del 13 por ciento de incremento salarial, como se comprometió el presidente Raymundo Casarrubias Vázquez.
Sin embargo, denunciaron que hay indicios de represión en contra de algunos trabajadores que participaron en el paro laboral y la toma de Ciudad Judicial de Chilpancingo en octubre pasado, cuando pidieron el pago de ese incremento y un bono sexenal.
Además, denunciaron que hace falta el cumplimiento de otras peticiones que se establecieron en el pliego petitorio que se firmó para levantar el movimiento laboral de octubre.
“Si, nos cumplió el presidente al depositarnos a toda la base trabajadora del Poder Judicial del estado el retroactivo que año con año se nos ha venido dando”, declaró una de las trabajadoras.
Agregó que, incluso, a sus compañeros de otras categorías también les hicieron el depósito, “algo que en años anteriores, como de 5 a 6 años atrás, no se había hecho”, reconoció.
Sin embargo, a condición de que se omitiera su nombre por las represalias, denunció que “ya se oye que quieren cambiar de su área a algunos compañeros que participaron en el paro laboral de octubre”.
Agregó: “de hecho ya hubo una que otra represión; a algunos compañeros para ir por sus hijos les otorgan un vale de tiempo, y para ir a almorzar ya no quieren que salgan (de su centro de trabajo), y algunos que no reciben compensación se quedan más tiempo, a veces hasta las cinco de la tarde, cosa que no se hacía antes del paro”.
Declaró que sus superiores argumentan que la medida es por la necesidad del trabajo, “pero antes había más trabajo y no se les hacía eso, no se les exigía quedarse más tiempo, pero esto es como consecuencia del paro”, aseguró.
Otro trabajador informó mediante mensajes de whatsapp que si bien el TSJ cumplió con el pago del retroactivo a enero, aún faltan algunos acuerdos de la minuta “y se espera que se cumplan”, entre ellas el pago del bono navideño, pues el presidente del Tribunal Raymundo Casarrubias a cambio de este bono les dijo que les haría una fiesta de fin de año, lo cual rechazaron.
Agregó que también falta el pago de las becas para los hijos de los oficiales administrativos, así como la regulación laboral de algunos de sus compañeros “que llevan varios años cubriendo la plaza de otros” y que han venido pidiendo que les otorguen sus bases “y se nos reconozcan los años de meritorios”, indicó.
El 23 de noviembre el TSJ informó mediante un boletín de prensa que el presidente del Poder Judicial Raymundo Casarrubias Vázquez y la dirigente estatal del SUSPEG, Adela Hernández Angelito, se reunieron para dar seguimiento a los acuerdos establecidos respecto a las fechas de pago del retroactivo salarial, fondo de ahorro y bono decembrino, para los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia.
En la reunión estuvieron presentes el director de Administración y Finanzas, Antonio Sebastián Ortuño; la delegada sindical de la sección 62 del SUSPEG Margarita Sánchez Azabay y secretarios seccionales del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero.