La concentración de pobladores de cuatro municipios afuera del Congreso local Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Pobladores de los municipios de Quechultenango, Atlixtac, Chilapa y José Joaquín de Herrera se concentraron ayer afuera del Congreso del Estado para pedir a los diputados de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que en el presupuesto del próximo año se consideren recursos para al menos siete ejes carreteros en su zona.
Los manifestantes son los mismos que el 10 de julio pasado se enfrentaron con agentes de la Guardia Nacional y policías estatales en la carretera federal entre Chilpancingo y Petaquillas, y les arrebataron un camión blindado con el que irrumpieron en el Congreso local y en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo.
Los más de 300 campesinos de esos municipios de las regiones Centro y Montaña, encabezados por comisarios municipales, ayer, sin embargo, llegaron de manera pacífica en Urvan del servicio público del llamado Circuito Azul que comunica desde Petaquillas hasta Colotlipa, así como en camionetas y autos particulares.
El contingente se mantuvo durante casi dos horas sin bloquear la calle afuera del Congreso local mientras una comisión de sus representantes encabezados por Guillermo Matías Marrón se reunió con diputados de la Jucopo para plantear sus demandas.
Matías Marrón, informó que piden que el Congreso los incluya en el presupuesto de 2024 para que se continúe con la pavimentación de siete tramos carreteros en sus municipios.
El representante de los campesinos informó que los más importantes son el de Juxtlahuaca, a Acatepec, ambos Quechulte-nango así como el de Colotlipa a Ayutla, “que son los que queremos para el flujo del comercio y conectar la región Centro con la Montaña y con la Costa Chica”.
La comisión se reunió con la presidenta de la Jucopo, Yolotzin Domínguez, de Morena; Héctor Apreza Patrón, del PRI; Raymun-do García Gutiérrez del PRD y Ana Liz Reséndiz del PAN.
Matías Marrón reconoció que recibieron una “muy buena respuesta de parte de ellos; hay voluntad para apoyarnos dándole seguimiento a nuestro pliego petitorio”.
Sin embargo les explicaron que quien tiene que hacer el proyecto (del presupuesto) es el Poder Ejecutivo y que los diputados se comprometieron a revisar lo que les firmaron los funcionarios del Gobierno estatal en julio pasado.
Al respecto el dirigente de los campesinos, dijo que los funcionarios que firmaron el acta en julio “se mataron solitos, ellos pusieron con su puño y letra los kilómetros a donde se va a trabajar y los diputados quedaron de que van a revisar punto por punto lo que se firmó para que se apruebe en el presupuesto”.
El 11 de julio, un día después de la protesta del mismo grupo de campesinos, que derivó en enfrentamientos con agentes de la Guardia Nacional y la Policía Estatal y la irrupción en el Congreso local y en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo, quienes firmaron el acta fueron el Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y el director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Martín Vega González.
El dirigente reconoció ayer que, sin embargo, sabemos que la cobija no alcanza para todos y no hay que jalarla, pero nosotros ya les dijimos nuestras prioridades que estamos peleando como organización de comisarios y ellos (los diputados) se comprometieron a revisar bien una vez que llegue la propuesta del gobierno del estado.
El dirigente informó que los diputados les recomendaron que se vuelvan a sentar a dialogar con los funcionarios del gobierno del estado, sobre todo con el director de CICAEG, y revisen bien la propuesta de sus tramos carreteros para que vaya bien sustentado cuando llegue al Congreso.
Informó que después de que se reúnan con el director de CICAEG van a regresar con los diputados para afinar lo que se va a probar de presupuesto para sus obras que reclaman.
Los manifestantes llegaron aproximadamente a las 11 de la mañana al Congreso local y se retiraron a la una de la tarde después de su reunión con los diputados de la Jucopo.
Los secretarios General de Gobierno y de Fomento y Desarrollo Económico, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y Teodora Ramírez Vega lanzaron con un video en redes sociales, una convocatoria para que concesionarios de taxis de cuatro municipios, adquieran 150 créditos para la sustitución de vehículos.
Reynoso Núñez explicó que es parte de las acciones en la atención permanente al sector transporte “para la seguridad, profesionalismo y modernización”. Aunque no lo menciona, antes informó que ha tenido acercamiento con los líderes del transporte por los ataques a conductores o a sus unidades en varios municipios del estado, particularmente entre mayo y agosto.
También estuvo en el anuncio el representante de Nacional Financiera (Nafin), Julio César Ávila Castro, y el secretario técnico de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, Pablo André Gordillo.
Nafin será intermediario para que los concesionarios puedan completar con un crédito adicional, el pago de un automóvil nuevo con un crédito adicional, indicó Vega Ramírez.
La funcionaria detalló que el programa estatal de apoyo es de 90 mil pesos para el pago inicial de vehículos nuevos, en sustitución de los que no cumplen con comodidad, seguridad y sostenibilidad. Además del acceso a financiamiento en condiciones accesibles a través de intermediarios bancarios y no bancarios, ante Nafin.
Añadió que, en esta primera etapa, la convocatoria dirigida a Taxco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo y Acapulco se invertirán 19.6 millones de pesos, que se convertirán en créditos disponibles de 48 millones.
Entre los requisitos, mencionó la identificación oficial vigente del concesionario, comprobante de domicilio, título de concesión, presentar copia de situación fiscal y de cumplimiento de obligaciones ante el SAT, copia de la factura del vehículo a sustituir, pago del último año de revista, de tenencia y reporte de buró de crédito.
El secretario general destacó “el compromiso total” de la gobernadora con el transporte público, con programas de actualización y modernización, para atender sus necesidades.
Destacó la capacitación a más de 4 mil transportistas sensibilizados en perspectiva de género y la certificación de quienes participan en el Transporte violeta, entre otros esfuerzos para garantizar su seguridad, profesionalismo y modernización de transporte en el estado.
Autoridades comunitarias y la dirigencia del Consejo Indígena y Popular-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) de Chilapa, denunciaron que los gobiernos estatal y municipal nuevamente incumplieron con las obras de infraestructura social en las comunidades donde operan.
En un oficio enviado ayer al secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; al director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, y al presidente municipal de Chilapa, Aldy Esteban Román, denuncian que es posible que la partida de cinco millones de pesos que les corresponde en obras la están guardando para las campañas del próximo año.
Consultado por teléfono, el dirigente Jesús Plácido Galindo, informó que el 7 de julio se reunieron en Alcozacán funcionarios de los gobiernos federal y estatal encabezados por el director de Gobernación, Rodríguez Cisneros y se comprometieron a responder en una semana, pero no cumplieron.
Derivado de ello ayer les escribieron: “Las comunidades indígenas de la Montaña baja que integramos al Cipog-EZ, solicitamos a ustedes de manera inmediata una respuesta ante el incumplimiento de obras en la comunidad de Alcozacan”,
Según la dirigencia, las obras se programaron con los titulares de dependencias de los gobiernos estatal y federal, quienes establecieron fechas límites para su inicio.
Entre esas piden la construcción de un Banco del Bienestar y un hospital regional en Alcozacán, además de pavimentación de carreteras y calles en los pueblos donde opera el Cipog-EZ
De acuerdo con Plácido, en la reunión del 7 de julio los funcionarios también se comprometieron a llevarles médicos, enfermeras y medicamentos a las comunidades.
Y ante el incumplimiento, refiere que: “Nos inquietan su posiciones, sus promesas falsas y engaños a los pueblos que resistimos para reivindicar nuestra identidad”.
El Cipog-EZ añadió que ven que el gobierno no tiene voluntad política para resolver la solicitud de las comunidades y atender sus necesidades prioritarias.
“También hemos visto, en particular en Chilapa, que niegan el derecho al goce de los recursos públicos etiquetados para las comunidades indígenas”.
En cambio, denunció que ven una dinámica de “despilfarro económico” para otras cosas, “por lo que exigimos que nos entreguen los recursos de los pueblos, que son cerca de cinco millones de pesos, ya que ustedes cómo autoridades no tienen la calidad moral y voluntad para realizar las obra y nosotros si podemos realizar el trabajo que les corresponde a ustedes para beneficio común de las comunidades”.
La agrupación recordó que el próximo año hay elecciones en Guerrero “y sabemos que la partida económica se la están robando para la compra de votos a diestra y siniestra, ignorando las necesidades de las comunidades”.
El Cipog-EZ solicitó que pidan una explicación al alcalde de Chilapa, Aldy Esteba Román e informe donde están los recursos de los pueblos, “porque nuestras comunidades siguen en la pobreza extrema, sin caminos, sin carreteras, sin médicos, sin clínicas ni hospitales”.
Vecinos de la región del bajo Balsas en el municipio de La Unión marcharon por tercera vez en Petacalco contra la contaminación ambiental que provoca la central termoeléctrica de la CFE Foto: Brenda Escobar
Brenda Escobar
Petacalco
Este lunes, poco más de mil 500 personas del municipio de La Unión, se manifestaron en la entrada principal de la central termoeléctrica Plutarco Elías Calles, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en la localidad de Petacalco, para demandar que se detenga la contaminación ambiental que produce la planta para generar energía a base de combustóleo como principal materia prima.
Después de que un grupo de manifestantes fueron atendidos por el superintendente de la termoeléctrica, Alejandro Hernández Melgoza, se le informó al resto de los asistentes que este próximo sábado 10 de junio, a las 11 de la mañana, el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, estará en el municipio para instalar una mesa de diálogo con los pobladores y asistirán también funcionarios “de primer nivel” tanto del gobierno del estado como de la CFE.
Habitantes de 10 comunidades del bajo Balsas, que es la zona de influencia de la termoeléctrica y que están siendo afectados de manera directa por la contaminación de la central, ayer lunes recibieron el apoyo de vecinos de comunidades de la zona costera oriente de La Unión, así como de trabajadores del Ayuntamiento, encabezados por el alcalde perredista, Crescencio Reyes Torres y se sumaron a la que fue la tercera marcha antes de manifestarse en la entrada principal de la planta.
Las comunidades que padecen la contaminación por la termoeléctrica son Petacalco, San Francisco, El Naranjito, Zorcúa, Zacatula, El Huaricho, Coyuquilla, Feliciano, Las Tamacuas y La Salada.
La marcha y la manifestación fueron convocadas por el Comité de Participación Ciudadana de Petacalco que encabeza Antonio de Jesús Vargas Salamanca y la comisaria municipal de esta comunidad, Edith Chula Reyes, para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente.
A esta actividad se sumaron también los integrantes del grupo civil Juntos por el Bienestar de Petacalco-Bajo Balsas, que representa Karina Ambriz Urbano y pescadores que lidera el presidente de la cooperativa La Boba, Jesús Campos Albarrán.
Asimismo, acudieron para expresar su solidaridad y apoyo con la población afectada por la contaminación, el presidente del Comité Estatal por la Defensa de Petacalco, Misael Medrano Baza y el diputado local morenista del Distrito 10, Fortunato Hernández Carbajal.
La marcha
Ayer lunes, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Comité de Participación Ciudadana de Petacalco, convocó a la tercera marcha para exigir que se pare la contaminación ambiental que produce la termoeléctrica y que se instalen mesas de diálogo o negociación en esta localidad para que las autoridades escuchen el sentir de los habitantes de los pueblos afectados.
Se sumaron a esta actividad los demás liderazgos que hay en esa región y que al igual que los integrantes de este comité, pugnan ante las autoridades que se atienda y se resuelva el problema de la contaminación ambiental, por lo que se consideró también como una marcha de unidad.
En esta ocasión asistieron trabajadores del Ayuntamiento, encabezados por los integrantes del Cabildo de La Unión y por habitantes de esa cabecera municipal así como de comunidades ubicadas en la zona costera oriente como Troncones, Lagunillas, Las Lagunas, entre otras, la mayoría de ellos vestidos con prendas blancas y portando globos del mismo color.
Se sumaron maestros y alumnos del nivel básico de las comunidades afectadas, así como campesinos, ganaderos, pescadores, comerciantes, restauranteros y amas de casa.
Marcharon poco más de mil 500 personas desde la entrada de Petacalco en el lado oriente hasta la entrada principal de la termoeléctrica en la zona poniente, una distancia aproximada de tres kilómetros, gritando consignas, “¡no al combustóleo, no al combustóleo!”, “¡Comisión escucha, el pueblo está en la lucha!”, “¡Escucha Comisión, venimos caminando, hay contaminación que nos está matando!”
La manifestación
Los pobladores llegaron hasta la entrada principal de la termoeléctrica, donde a gritos exigieron que saliera el superintendente, Alejandro Hernández Melgoza, quien la última ocasión, se negó a recibirlos.
Mientras esperaban, tomó el micrófono el alcalde perredista, Crescencio Reyes Torres, quien manifestó que no se necesitan estudios científicos para percibir la contaminación que provoca la planta, pues lo viven a diario quienes tienen su domicilio en la zona de influencia de la termoeléctrica, “todos los días en nuestros hogares hay hollín, hay ceniza, inhalamos el desecho del combustóleo y para quienes se pregunten cómo sabe el presidente, aquí nací, aquí vivo”.
Más adelante, expuso que es cierto que la energía eléctrica genera grandes comodidades a los ciudadanos, “pero también genera utilidades, pagamos un recibo de luz y quienes vivímos en esta región sabemos que ha cambiado nuestro entorno, desde las olas del mar, las mangleras, la flora, la fauna, ha desaparecido y para colmo de males, quienes hoy trabajan en la planta, la gran mayoría no son siquiera de Guerrero”.
Dijo que no pueden sentirse orgullosos de tener en Petacalco a la planta más grande de Latinoamérica porque no les está causando beneficios, “aquí había productores de mangos, de coco, aquí había ganaderos, pescadores, campesinos y hoy con tristeza vemos que todos, la producción ha bajado de precio porque hay muchísima contaminación y por desfortuna, quienes están trabajando (en la planta) les hicieron casa, sí, pero en Lázaro Cárdenas, en el vecino estado de Michoacán”.
Recordó que hace años, la CFE tenía una gerencia de Desarrollo Social, “que podía atender a muchos ciudadanos con algún proyecto, que acudían distintos sectores y muchos se vieron beneficiados (…) y no es un tema político-partidista, que quede muy claro, quien crea y piense sacar provecho de este movimiento está equivocado, este es un tema exclusivamente de salud, necesitamos ser escuchados”.
“Necesitamos que se instalen las mesas de diálogo en Petacalco, que escuchen al comité, que escuchen a la comisaria y a los comisarios, que celebro, aplaudo y felicito que hayan iniciado esta lucha, merecen mis respetos todos, el gobierno sólo viene a dar el respaldo con toda la fuerza y la decisión para que sean escuchados”.
Reyes Torres hizo hincapié en que “esta lucha no es contra nadie, que quede claro, esta lucha es por la salud del planeta Tierra, porque no se contaminen las aguas, porque no se contamine el suelo, porque no se contamine el aire, por la vida propia de los ciudadanos, por la educación de nuestros hijos que aquí se encuentran, esta lucha es del pueblo de La Unión”.
Minutos después, los integrantes del Comité, la comisaria municipal de Petacalco, el diputado Fortunato Hernández, Misael Medrano y el alcalde fueron atendidos por Hernández Melgoza al otro lado del portón, donde hablaron durante algunos minutos; al término, el presidente municipal volvió a tomar el micrófono para informar de los acuerdos.
Dijo que pudieron entregar el documento a Alejandro Hernández, en el que solicitan que se hagan mesas de diálogo en este municipio para tratar el tema de la contaminación y que recibió una llamada telefónica del secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, “y se compromete a venir a instalar las mesas de diálogo a la región, aquí en Petacalco o en el Ayuntamiento, donde sea más factible y vendrá el día sábado a la primera reunión a las 11 de la mañana”.
Agregó que Reynoso Núñez, “será acompañado de algunas secretarías del gobierno del estado, eso es de mucha importancia porque vienen a atender la problemática de la región, a los comisarios, a los comisariados ejidales, la petición es la misma, el cambio de material a la central termoeléctrica, no puede seguir trabajando con combustóleo, no debe seguir lastimando la salud de los ciudadanos”.
Comentó que “las termoeléctricas están diseñadas para trabajar con carbón mineral, con gas y entonces, de manera científica se debe analizar qué tipo de material es menos contaminante y que de esa manera entre en funcionamiento; nuestra gobernadora del estado, por conducto del secretario general de Gobierno, inicia a coadyuvar en las mesas de diálogo con la CFE y buscaremos también el acuerdo con el gobierno federal para que sean atendidas de manera justa las demandas de los ciudadanos del municipio de La Unión”.
Por su parte, el diputado local, Fortunato Hernández, habló para manifestar que el Congreso Local tiene particular interés en que los pobladores de este municipio sean atendidos en su demanda por un medio ambiente sano.
Trabajadores del Registro Público de la Propiedad del gobierno del estado pararon labores y protestaron durante una hora ayer por lo que llamaron “arbitrariedades y excesos” de la subsecretaria de Gobierno para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos Anacleta López Vega.
Denunciaron que la funcionaria realizó en días pasados cinco cambios de directivos en la dependencia y que los nuevos funcionarios han acusado a los trabajadores de actos de corrupción, y ayer con su movimiento exigieron explicaciones a sus señalamientos.
El asesor jurídico de los trabajadores Severo Bautista González, denunció que los trabajadores están molestos por los “excesos” que ha cometido la subsecretaria, debido a que ha avalado los señalamientos que han hecho sus funcionarios a los trabajadores.
El representante de los trabajadores inconformes denunció que estas decisiones lejos de ayudar han “minorizado” el ejercicio de los trabajadores en la dependencia “que es un área de atención al público importante”.
Agregó que las acciones de los funcionarios que han sido designados en la dependencia, por desconocimiento de las áreas, han retrasado los trabajos y han estado hostigando a los trabajadores.
“Nos están imponiendo muchas cosas que no nos están ayudando para agilizar el trabajo en la dependencia”, dijo.
Los trabajadores de la dependencia que se encuentra en la planta dos del edificio Vicente Guerrero en el centro de Chilpancingo, reclamaron a la subsecretaria de Gobierno que busque las medidas adecuadas para conducirse con los trabajadores y no haya hostigamiento.
Los trabajadores comenzaron el paro laboral desde las nueve de la mañana cuando comienza el horario de trabajo y una hora después fueron llamados a dialogar con sus superiores.
Bautista González aseguró que de los 82 trabajadores que laboran en la dependencia “prácticamente todos” han sido hostigados por los nuevos funcionarios de todas las áreas en donde hubo movimientos y agregó que los funcionarios que llegaron lejos de ayudar son los que han estado, a nombre de la subsecretaria, “jodiéndonos la vida toda la vida”.
Informó que han enviado varios oficios señalándole a la subsecretaria la inconformidad por las decisiones que han sido tomadas en perjuicio de los trabajadores, “y no ha modificado su conducta”.
Dijo que el movimiento laboral se decidió para pedir una audiencia con el secretario General de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso y contarle la situación que están viviendo los trabajadores.
“Queremos saber los argumentos de las acusaciones y los señalamientos que se nos hacen, porque estaba todo bien en la medida de lo posible, no había pasado ninguna situación hasta que desafortunadamente la doctora Anacleta decidió hacer esos movimientos y los nuevos titulares comenzaron a acusar a los trabajadores y a señalar irregularidades de las que no somos responsables los trabajadores”, aseguró.
Dijo que los trabajadores piden la remoción de la subsecretaria y de los cinco nuevos nombramientos en esta dependencia “porque lejos de ayudar han venido a desmejorar la situación”, insistió.
Después de una hora de paro laboral llegó a dialogar con los trabajadores la secretaria general de la sección Séptima del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Ana Jazmín Acosta quien pidió a los inconformes abrir las oficinas para dialogar con una comisión al interior y en seguida reanudaron las labores.
Los representantes de los trabajadores fueron convocados a una reunión con el secretario General de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso Núñez en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado este martes a las dos de la tarde a fin de continuar con el diálogo.
Trabajadores eventuales de la Secretaría de Salud protestan ante el presidente Andrés Manuel López Obrador en Chilapa en julio de 2021 Foto: Lenin Ocampo Torres
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
El médico del hospital general de Tlapa y dirigente de la organización Trabajadores Precarios de Salud de Estado de Guerrero, Honorio Tapia Meléndez informó que a pesar de las mesas de trabajo con el gobierno federal y del estado, no tienen ninguna garantía de que los 5 mil 80 trabajadores por contrato eventual que hay en la entidad reciba una base federal en el plan IMSS-Bienestar.
Expuso que de acuerdo con minutas firmadas, en julio empezaría el primer grupo de trabajadores de contrato eventual a ser contratados por el IMSS-Bienestar, sin embargo, en los últimos días les informaron que primero tendrán que pasar una prueba de tres meses, lo que consideran injusto porque no se considerará su antigüedad.
Ayer, en entrevista con El Sur, Honorio Tapia –quien ha laborado en la Secretaría de Salud (Ssa) estatal desde hace 11 años– contó que el Insabi fue desaparecido por muchas irregularidades halladas a nivel nacional, como el desfalco de dinero y falta de insumos, y hasta donde saben los trabajadores contratados por ese Instituto, todos los médicos y enfermeras serán absorbidos por el IMSS-Bienestar.
Dijo que en el caso del personal de Salud que está contratado por el gobierno estatal, y que antes pertenecía al Seguro Popular, su presupuesto depende la mitad del estado y la otra mitad de la federación, que actualmente es Insabi, “con la desaparición del Instituto, lo lógico será que ahora el presupuesto lo asigne el IMSS-Bienestar”.
“Nosotros no desaparecemos, sino que brincamos a este nuevo programa, se supone que tiene que ser directamente así, como pasó con Seguro Popular, que brincamos directamente, porque el presupuesto lo va a manejar IMSS-Bienestar, no otra dependencia”, expuso.
Manifestó que el problema con la federalización del sistema es que saben que se darán en Guerrero en un primer momento mil 700 plazas para médicos y enfermeras, cuando ya son 2 mil trabajadores los que se han evaluado de la Secretaría de Salud estatal para emigrar a IMSS-Bienestar, y esos 300 no serán regularizados.
Mencionó que las dudas de los trabajadores surgen porque los gobiernos federal y estatal no ha dado mucha información, lo poco que saben es debido a reuniones con el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; con el subsecretario de Finanzas de la Ssa estatal, Humberto Soto López, y a nivel federal con algunos funcionarios del IMSS-Bienestar.
Precisó que esta próxima semana tendrá una reunión con autoridades, donde les informarán cuáles son los criterios que se van a tomar para seleccionar a los trabajadores que se van a regularizar, “cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que eran para todos los precarios, y ahora nos salen con otra jugada”.
Contó que han denunciado varias irregularidades en el proceso de federalización, es decir, señaló que el sindicato de Salud está metiendo listas de trabajadores en el programa y que no cumple con el perfil ni la antigüedad, “es algo muy difícil de erradicar, y de que haya mucha transparencia”.
Honorio Tapia sostuvo que su organización aglutina a 2 mil 500 trabajadores precarios, que son contratados cada seis meses, y representan casi la mitad de los 5 mil 80 trabajadores de contrato eventual que hay entre médicos, especialistas, enfermeras, psicólogos, nutriólogos, odontólogos, trabajadores sociales, administrativos e ingenieros en sistemas.
Aseguró que han firmado minutas con el gobierno estatal y federal en el que se comprometen a respetar su antigüedad para basificarlos, pero resaltó que ya han basificado a personas que no cumple con el perfil o que incluso llevan en la Secretaría de Salud una semana o dos semanas.
–¿Qué significa IMSS-Bienestar, hasta el momento han remodelado, reacondicionado y equipado hospitales, pero cuál es el plan con el que van a trabajar?
–IMSS-Bienestar es un programa que viene funcionando desde hace más de 40 años, se llamó Prospera, se llamaba Oportunidades… le fueron cambiando de nombres durante muchos años, este programa prácticamente va impulsado a las zonas marginadas, es dar atención de calidad y calidez.
Dijo que los trabajadores saben que consta de tres etapas: la infraestructura; el equipo, mobiliario y abastecimiento de medicamentos a las unidades; y el tercero son ellos, el recurso humano.
Afirmó que el plan del IMSS Bienestar significa que las unidades deben cumplir con ciertos criterios, con instalaciones decentes, con saneamiento, se pintan y se remodelan, se hacen reajustes, así como un análisis o diagnóstico de necesidades, las cuales se subsanan.
Manifestó que referente al recurso humano, en Guerrero aún no se da la transición para los trabajadores precarizados de contratos eventuales: “Una vez que pasemos o que se haga el análisis de nosotros que somos requeridos en esa institución, se hará un contrato por tres meses, y posterior vendrá la plaza a los seis meses, en tanto, estaremos en una evaluación de productividad, asistencia, puntualidad, desempeño, o sea, a todos nos van a evaluar, tenemos que cumplir y si somos aptos, pasamos a la transición y si no, nos buscarán otro espacio”.
–¿Y todos los trabajadores precarios de contrato están de acuerdo con esas condiciones?
–No, muchos ya tenemos años trabajando y será injusto que de no cumplir las metas, a dónde quedan nuestros años laborando, nuestro historial laboral, nos dicen que no tenemos antigüedad, pero sí tenemos un historial laboral de cinco, 11 o 12 años.
Precisó que ya firmaron un convenio con el gobierno estatal para que de no ser seleccionados en la transición este año a una base federal en el IMSS-Bienestar, recibirán un aumento salarial.
–¿Entonces no está asegurado que ustedes en este año sean federalizados en el IMSS-Bienestar?
–No, no es seguro, hemos visto irregularidades, por ejemplo, desde mayo tuvimos que firmar el contrato de tres meses por el IMSS-Bienestar, pero no hemos firmado nada. Fuimos a la Ciudad de México y nos dijeron que íbamos a pasar directamente, pero ahorita nos salen con que habrá filtros, y nos citaron para decirnos la próxima semana los criterios de selección.
“¿Qué seguridad da el gobierno a estas alturas? Nada. Nosotros no somos juguetes de ningún político o candidato, no estamos con cierto partido, compartimos los ideales de mejorar, pero que no nos quieran utilizar otra vez como hace dos años para la gubernatura, eso ya no nos vamos a prestar”, sostuvo.
Se le preguntó si como trabajadores cree que se cumpla lo que el gobierno federal prometió, es decir, una transformación de fondo del sistema de Salud, Tapia Meléndez respondió que será difícil porque el modelo del IMSS-Bienestar se tomó de Nayarit que no se compara con Guerrero, que además, tiene otros factores como la inseguridad, la renuencia de trabajadores, el desabasto de medicamentos, la incomunicación, “se va a lograr, pero no en poco tiempo”.
Consideró que los primeros contratados del IMSS-Bienestar serán los que pasen la información a la próxima generación y éstos, en 10 años, a una tercera, y apenas se estaría por restaurar un 50 por ciento de las condiciones que hay, reconoció que “hay gente también que lleva mucho tiempo laborando y que son obstáculos para la transición, porque no se adapta al cambio”.
Según el médico cirujano, el hospital general de Tlapa, donde trabaja, ha mejorado con Insabi, pues se subsanaron necesidades como aparatos: monitores, electrocardiogramas, ultrasonidos y ventiladores. Pero, por otra parte, últimamente han carecido de insumos básicos, como jeringas y guantes.
Añadió que el hospital lleva más de 40 años y sólo ha sido remendando, “antes no se le filtraba agua, ahorita ya tenemos miedo porque no sabemos de dónde se va a romper la estructura y caerá agua del techo”.
Remarcó que los trabajadores de contrato precarizados no están en contra de ninguna autoridad, sino para sumar y “levantar el sistema de Salud, pero exigió a las autoridades que no los engañen y que cumplan los compromisos firmados” ; ejemplificó que acordaron en una minuta un bono Día del Padre y la Madre con el subsecretario de Finanzas Humberto Soto, pero no lo recibieron y ahora el funcionario ya no les contesta ni por teléfono.
En su segundo informe al frente de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), la presidenta Cecilia Narciso Gaytán, indicó que en el último año ese organismo emitió 77 recomendaciones, de las cuales la mayoría se dirigieron a ayuntamientos, organismos autónomos y secretarías de estado.
La presidenta llamó a las instituciones a aceptar los resolutivos de la Codehum y no comprenderlos como “una afrenta, sino como una forma de que todas las autoridades y servidores públicos ajusten su actuar” a los derechos humanos.
En el acto público en el teatro María Luisa Ocampo, la presidenta de la Codehum aseguró que estableció “como línea de acción prioritaria, trabajar y atender directamente y con inmediatez” a las víctimas.
Narciso Gaytán dijo que el organismo emitió 488 resoluciones, de las cuales 77 son recomendaciones, 93 opiniones y propuestas y 318 acuerdos; y se dictaron 54 medidas cautelares para la protección de la vida, de la integridad física, salud, educación y libertad de personas.
Explicó que estas recomendaciones “se dirigieron fundamentalmente a los ayuntamientos municipales, organismos autónomos y a diversas Secretarías de Estado, entre otros. En estas resoluciones se hizo una valoración del contenido del expediente y se recomendó, cuando resultó procedente, la reparación integral del daño a través de medidas compensatorias, de restitución, rehabilitación y garantías de no repetición”.
En su mensaje de informe dijo que, al ser la primera mujer en ocupar este cargo, como presidenta del organismo defensor de los derechos humanos “mi compromiso y el de la Comisión es trabajar arduamente con las mujeres de la sociedad civil organizada, colectivas e instituciones, para prevenir y erradicar todos los tipos y modalidades de violencias que tanto daño causan a mujeres, niñas y adolescentes”.
Entre los datos que dio en el informe que leyó, destaca que en el último año la Codehum atendió a 2 mil 364 personas, de las cuales se recibió en audiencia a mil 345 mujeres y hombres de 213 organizaciones de la sociedad civil y se atendieron a 174 periodistas, 147 personas mayores, 105 personas de los pueblos originarios, 94 personas con discapacidad y 90 integrantes de la comunidad de la diversidad sexual, entre otros miembros de grupos prioritarios; y se respondieron 5 mil 259 llamadas telefónicas.
Destacó que las instituciones han asumido el compromiso para recibir capacitaciones en materia de derechos humanos por parte del organismo.
“Luchamos por prevenir y erradicar los matrimonios o uniones infantiles, tempranas o forzadas, evitar los embarazos a temprana edad, garantizar los derechos sexuales y reproductivos, el trabajo de todas y todos es para lograr una igualdad jurídica” dijo y recordó que la Codehum forma parte de diversos sistemas, comités y mecanismos que son herramienta para la protección de la niñez, adolescencia y a las mujeres de las diferentes violencias.
En ese sentido Cecilia Narciso aseguró que su compromiso “personal, es trabajar sin descanso, que ninguna niña, ninguna mujer, ninguna adolescente sea más violentada y que sus derechos sean respetados”.
En su mensaje dijo que la Comisión ha acompañado a los colectivos de familias de personas desaparecidas.
La presidenta de la Codehum, informó que se realizaron 42 conferencias, 24 pláticas en materia de derechos humanos de las mujeres, violencia digital, derechos y obligaciones de las y los servidores públicos, violencia escolar, las cuales fueron impartidas al Ejército mexicano, a la Fiscalía General del Estado, a las secretarías de Educación y de Salud.
En su mensaje, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda aseguró que su gobierno es “de derechos y libertades, sin represión ni persecución con permanente y absoluta apertura al diálogo”.
La jefa del Ejecutivo estatal le dijo a la presidenta de la Codehum “la comisión necesita menos discursos y más recursos, cuenten con todo el apoyo del gobierno del estado para lograr esas acciones”.
En el acto estuvo presente la presidenta de la Mesa Directiva y la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, las diputadas Yanelly Hernández Martínez y Yoloczin Domínguez Serna; el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raymundo Casarrubias Vázquez; el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; el comandante de la Novena Región Militar, Ricardo Flores González; y la fiscal, Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
El secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil estatal, Roberto Arroyo Matus informó que en los resultados del dictamen de la barranca La Lobera en la colonia Ampliación Primero de Mayo de la capital, se determinó que es una zona de alto riesgo, no es habitable y no hay garantías de que la personas afectadas regresen a sus viviendas.
Consultado por teléfono, Arroyo Matus señaló que ayer se reunieron con el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, donde entregaron los resultados del dictamen de la barranca La Lobera a la presidenta municipal, Norma Otilia Hernández Martínez.
Detalló que en los resultados de estudios de suelos de la barranca, se constató que es una zona de alto riesgo, no se puede habitar, no hay garantías de que las personas afectadas regresen a sus hogares y se debe evitar cualquier tipo de construcción en el lugar.
El funcionario estatal dijo que continuarán los trabajos de monitoreo de la barranca, para realizar las acciones correspondientes para que después no afecte las demás colonias y viviendas.
Arroyo Matus comentó que el gobierno del estado y el Ayuntamiento se coordinarán para apoyar a las 100 personas afectadas que evacuaron sus casas, y agregó que continuarán las mesas de diálogo para atender esta situación.
“El municipio y el gobierno del estado van a determinar qué acciones van realizar para apoyar a los damnificados, si serán reubicados o buscarán otras alternativas, nosotros sólo realizamos el dictamen de suelo de la barranca”, agregó.
El secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, encabezó la reunión de coordinación y seguimiento a la problemática que viven familias de la colonia Ampliación Primero de Mayo en la capital del estado, luego del desgajamiento de un cerro en la barranca La Lobera.
El gobierno del estado difundió un comunicado la tarde de ayer, en el que se informó que en la reunión asistió el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus y la presidenta municipal, Norma Otilia Hernández Martínez, y se acordó mantener los trabajos de monitoreo de la zona ante la temporada de lluvias y las acciones de mitigación de riesgos.
Además, se mantendrá la comunicación de los avances y alternativas de solución a los vecinos, e hizo un llamado a las familias que tienen sus propiedades cerca de la principal zona de riesgo, a realizar la evacuación pertinente y establecerse en los refugios temporales a fin de salvaguardar su integridad.
“De manera permanente el gobierno del estado de Guerrero que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, exhorta a la población a no realizar asentamientos en zonas de alto riesgo y a seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades de protección civil en la entidad”, concluye el boletín.
El 5 de mayo, unas 100 personas, entre niños, jóvenes, señores y adultos mayores fueron evacuados donde inicialmente estaban afectadas 10 viviendas por el derrumbe de la barranca La Lobera, en la colonia Ampliación Primero de Mayo.
El 8 de este mes, se realizó la Séptima Sesión Ordinaria del Consejo de Protección Civil Municipal, donde el coordinador de Protección Civil Sergio del Moral Benítez informó que suman 35 casas que están en riesgo de colapsar, de las cuales 10 viviendas están evacuadas, por estar ubicadas cerca del desgajamiento de un cerro de esta barranca.
Un grupo de comisarios de los 43 pueblos de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) y San Miguel Totolapan, que el pasado 27 de marzo retuvieron a 40 militares y 15 policías estatales en Puerto del Gallo, localidad del primer municipio, se reunieron ayer con el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, con quien acordaron la pavimentación de 10 kilómetros de carretera, y que el próximo martes el funcionario acudirá a la sierra a entregar despensas y 320 láminas para unas bodegas.
Los pobladores informaron que también pactaron con el secretario de despacho que les enviará máquinas para empezar a trabajar los caminos, además, se restablecerán los servicios de educación y salud.
Ayer, en las instalaciones de la Promotora Turística de Guerrero (Protur), ubicadas en Granjas del Marqués, en Acapulco, se reunieron con Reynoso Núñez, una comisión de 16 comisario de las 43 comunidades que el 27 de marzo retuvieron a militares y policías estatales en Puerto del Gallo.
Consultado vía telefónica, uno de los pobladores que acudió a la reunión, quien pidió no dar su nombre, contó que el secretario General de Gobierno, y el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, los atendieron amablemente, y acordaron enviar maquinaria el 18 de abril.
Mencionó que además se comprometieron a pavimentar 10 kilómetros de carretera de la localidad de Puerto del Gallo a una zona conocida como Banco de Grava.
Manifestó que respecto a otros problemas de salud y falta de maestros darán solución esta semana que viene, añadió que respecto al fertilizante, desde el miércoles está llegando a todas las bodegas de la región.
El poblador contó que Marcial Reynoso, se comprometió a acudir el 18 a Puerto del Gallo, y llevará 320 láminas para techar dos bodegas que están cubiertas por lonas, además de que llevará despensas para las comunidades.
Manifestó que quieren que los visite en Puerto del Gallo, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y que ayer en la reunión, externaron la invitación.
El 27 de marzo, más de 200 pobladores de las 43 comunidades de los municipios de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo, se plantaron afuera de las instalaciones del Ejército y Policía Estatal en Puerto del Gallo, en protesta por el incumplimiento de obras por los gobierno federales y estatal.
Su principal exigencia es la pavimentación de 180 kilómetros de la carretera del Puerto del Gallo a Otatlán que desde hace más de tres años han solicitado, pero no los atendían.
En un comunicado de prensa el gobierno del estado informó que Ludwig Reynoso dio seguimiento a los 16 puntos del pliego petitorio de los 43 comisarios y comisariados encabezados por Abelino Ontiveros Álvarez.
Aseguró que durante el diálogo en Protur, los comisarios manifestaron que “nunca habían recibido una atención de este tipo por parte de autoridades de ningún gobierno”.
Mencionó el gobierno que en la reunión se generaron “acuerdos favorables como el inicio de los trabajos de rastreo para la rehabilitación de caminos, así como la entrega de material para el techado de bodegas para el resguardo del fertilizante”.
Dijo también que se estableció “el compromiso de coordinar esfuerzos con la federación para realizar las gestiones necesarias para que quienes no salieron convocados este año en la entrega de fertilizante y cuenten con los requisitos, sean incluidos para el próximo año. Así como la instalación de una ventanilla especial en la comunidad de Campo Morado por parte de la Sagadegro”.
Señaló que en su intervención, Ludwig Reynoso planteó que el gobierno estatal “está muy interesado en sentar las bases para la autonomía de esta región, abasteciendo de lo necesario a la población, acercando los programas sociales estatales y federales, para detonar la autosuficiencia y el desarrollo de las comunidades campesinas y productoras”.
Citó que además del secretario y de Rodríguez Cisneros, estuvo el delegado de gobierno en la Costa Grande, Juan Méndez Nogueda.
Integrantes del movimiento de ex braceros durante el bloqueo intermitente en ambos sentidos de la avenida Costera frente Asta Bandera en Acapulco Foto: Jesús Trigo
Karina Contreras
Integrantes del movimiento nacional de ex braceros bloquearon de manera intermitente, durante dos horas y media la avenida Costera y la Cuauhtémoc para demandar una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Los más de cien manifestantes se retiraron luego de que acordaron una reunión para hoy en Acapulco con el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, aunque piden que esté la gobernadora para que sea el “vínculo” de una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los manifestantes bloquearon primero la Costera, frente al parque Papagayo, cerrando los dos carriles por lo que los agentes de Tránsito tuvieron que desviar a los automovilistas por calles aledañas.
La autoridad cerró desde la Gran Plaza a Soriana para evitar que los automovilistas quedarán varados.
A media hora de iniciar el bloqueo en la Costera, una comisión de los ex braceros se fue a bloquear la transitada avenida Cuauhtémoc, frente al Ayuntamiento, lo cual dejó varado y bajo los intensos rayos del sol a decenas de automovilistas.
El dirigente en Guerrero de los ex braceros, Carmen Loeza Hernández dijo que no hay voluntad del gobierno para apoyar y resolver sus peticiones.
Indicó que en el estado hay alrededor de 7 mil ex braceros que exigen el pago del fondo de ahorro y que a nivel nacional asciende a 5 billones de pesos.
El dirigente advirtió que si no les hacen caso llevarán a cabo protestas en los municipios y adelantó que en Coyuca de Benítez sería en el puente al igual que los de Coyuca de Catalán y así en la Costa Chica y Costa Grande en la carretera federal.
Dijo que piden una respuesta y recordó que “votamos por Evelyn, hicimos mucha campaña para que ganará y hoy es justo que nos atiendan. Cuando nos han atendido han sido subsecretarios que no tienen poder de decisión ni ninguna respuesta positiva. Nosotros queremos que nos atienda la gobernadora”.
Indicó que llevan ya 22 años en la lucha para que les paguen a los ex braceros y recordó que en el 2006 lograron que la Cámara de Diputados diera un apoyo especial de 38 mil pesos a cada uno de los ex braceros.
Agregó que les han dicho que se abrirá la convocatoria para los que no cobraron los 38 mil pesos puedan tener acceso a esa cantidad, pero “en este gobierno no hemos tenido éxito en ese sentido; no hay voluntad de abrir la convocatoria de nuevo para pagar esa cantidad de 38 mil pesos que están en el decreto establecido”.
Los manifestantes portaron pancartas en las que se leía: “Exigimos pago a ex braceros de 1942-1964”, “Ex braceros AMLO acuérdate de Acapulco”, “Ex braceros exigimos el pago del fondo de ahorro campesino”. En otras escribieron: “Braceros AMLO lo prometiste en campaña. Justicia”, “AMLO 22 años de lucha”
En la protesta estuvo el dirigente nacional de la Unión de Campesinos y Migrantes Mexicanos, Aaron Cabañas Marcial quien dijo que calculan que hay 3 millones de ex braceros cuyo fondo de ahorro quedó establecido y en las sentencias se habla de 5 billones de pesos que quedaron estancados, eso de acuerdo con la investigación que hizo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Añadió que quieren llegar a un acuerdo con el gobierno federal y con el gobierno del estado para “empezar la interlocución y ver qué se puede hacer”.
