Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) y ex trabajadores de la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar Benito Juárez fueron desalojados la tarde de ayer por policías estatales con equipo antimotines, luego de que bloquearon cerca de dos horas los carriles norte a sur de la Autopista del Sol, cerca del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado, como protesta luego de que fueron plantados por el delegado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), José Pérez Victoriano con quien revisarían su pliego petitorio.
El dirigente de la organización, Nicolás Chávez Adame, afirmó que el desalojo se trata de una venganza política del secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez luego de que le prohibió involucrarse en la protesta de los ex trabajadores del programa federal.
Este miércoles los integrantes de la APPG cumplieron tres días en plantón afuera de la puerta 1 de Casa Guerrero, en la avenida de la Juventud, detrás de la clínica del ISSSTE de Chilpancingo, en apoyo a los siete ex trabajadores de la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar Benito Juárez que exigen su reinstalación y el pago de sus salarios; cuatro de ellos despedidos y a tres que ya no les renovaron sus contratos.
A las 12 del día, unos 16 integrantes de la APPG marcharon del plantón a la Delegación de la SEP, ubicada a 200 metros en la misma avenida, donde tendrían una reunión con Pérez Victoriano, a quien le plantearían su reinstalación, el pago de sus salarios y que le paguen la indemnización a la familia de Jesús Palemón García Ávila (quien murió el 7 de febrero pasado en un accidente automovilístico cumpliendo una comisión del programa federal), así como los gastos médicos a los lesionados y que den estabilidad laboral para 238 trabajadores de las becas.
Sin embargo, el funcionario no llegó a la cita, y una hora y media después la comisión regresó a su plantón.
Entrevistada en el lugar, una de las trabajadoras despedidas de las becas Benito Juárez, Felicitas Martínez Guzmán dijo que se mantenían optimistas porque trabajarían en su pliego petitorio, del cual entregaron una copia el 27 de febrero a la SEP en la Ciudad de México para que conociera sus demandas la titular, Leticia Ramírez Amaya.
Denunció que como trabajadores de ese programa federal no gozan de todas las prestaciones laborales, no tienen seguro de vida, servicios médicos, pago de horas extras, ni viáticos anticipados, por lo que exigen esos derechos para los 238 trabajadores del programa en Guerrero.
El bloqueo
A las 4 de la tarde, cerca de 60 integrantes de la APPG marcharon de su plantón hacia el Recinto del Ejecutivo, y aunque en un primer momento se informó que protestarían ante el incumplimiento de Pérez Victoriano, los inconformes decidieron bloquear los carriles con dirección norte-sur de la Autopistal del Sol, así como la lateral, casi esquina con la calle Recursos Hidráulicos, frente a las oficinas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Selgamex).
Ya en el bloqueo Chávez Adame afirmó que la protesta se debía a que el delegado de la SEP los dejó plantados, y aseguró que se debía a una venganza política en contra suya del secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, con quien aseguró se reunió hace cerca de 10 días, donde le expresó que “de manera muy altanera y arrogante” que no podía involucrarse en la protesta de los trabajadores de las becas Benito Juárez.
Expuso que Reynoso Núñez les manifestó que él no lo mandó y que no podía ir, sólo cuando él lo decidiera, luego de que Chávez Adame, fue nombrado como asesor del secretario general de Gobierno, por Evelyn Salgado Pineda.
Nicolás Chávez expresó que no estaba por un cargo ni un salario, y que estaría del lado del pueblo y aceptaría las consecuencias junto con sus compañeros, luego de que era inminente que serían desalojados ante la llegada de policías estatales con equipo antimotines, lo cual, el dirigente de la APPG reprochó al encargado de negociaciones de la Secretaría General de Gobierno, Rafael Julián Arcos, el único funcionario que llegó a la protesta.
A las 5:50 de la tarde, luego de que se hizo una larga fila de automóviles, camiones y trailers que se dirigían hacia Acapulco, los policías con equipo antimotines desalojaron a los manifestantes que en su mayoría eran mujeres, con gritos, empujones, escudazos y patadas; los replegaron hacia el carril de baja velocidad del bulevard, aunque también los manifestantes se defendieron con algunos endebles palos de banderas que portaban, aunque la fuerza no tuvo comparación.
Tras el desalojo, Chávez Adame expuso que era la respuesta de la gobernadora, Evelyn Cesar Salgado Pineda, aunque el martes en una entrega de equipo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos aseguró que en Guerrero se respetan los derechos humanos y nunca más se permitiría la persecución política, social y de ningún tipo, así como la represión ni la violación de los derechos de las personas”.
Responsabilizó también a Ludwig Marcial Reynoso Núñez de quien dijo le tiene rencor y odio porque lo desobedeció, sostuvo que la acción de la Policía Estatal demostraba al presidente de la República que “no hay una Cuarta Transformación en Guerrero”, sino una cuarta represión, sostuvo que además las palabras de la gobernadora de que no habría represión a los movimientos sociales “es una farsa, es una es una mentira cruel y nosotros decimos que esto nos fortalece, nos motiva para seguir luchando”.
Se le preguntó si tenía vigencia su nombramiento como asesor de la Secretaría General de Gobierno, pero respondió que no sabía, porque nunca encajó en la estructura de gobierno, y dijo que el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros y el secretario de Educación, Marcial Reynoso Núñez “le han dado canonjías a sindicatos, organizaciones sociales para que no se movilicen, y yo dije que no era ese el camino y que teníamos que solucionar las demandas”.
También criticó que uno de los “los aliados de la gobernadora y de Félix Salgado Macedonio, es Javier Saldaña Almazán, quien ya se está saboreando que será por tercera vez rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, aun cuando su familia en una quincena se lleva más de 5 millones de pesos”, añadió que hay 178 funcionarios de diferentes niveles de origen priista, panista y perredista.
Afirmó que “en Guerrero hay una simulación, hay un cobijo a toda la ultraderecha”, y consideró que el desalojo fue ordenado por Ludwig Marcial Reynoso y Francisco Rodríguez Cisneros, expresó que “el pueblo se va a organizar en Guerrero, el pueblo es inteligente y no confía en estos políticos que ahora que tienen el poder piensan que son dioses”.
Los manifestantes se reorganizaron para retornar a su plantón afuera de Casa Guerrero, los trabajadores de las becas Benito Juárez sostuvieron que el desalojo no los intimidaría y volverían a protestar, y cuestionaron que la gobernadora enviara a los policías a desalojarlos en lugar de ayudarlos para que la federación atienda su caso, lo que revelaba que era poco sensible.
Ya casi al llegar a su plantón, afuera de la delegación de la SEP, donde fueron plantados, los integrantes de la APPG aventaron huevos a la fachada de las instalaciones en repudio de lo ocurrido y de que no fueron atendidos por José Pérez Victoriano.
El comunicado
Por su parte, el gobierno del estado mediante un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informó que la tarde de ayer agentes de la Policía Estatal “activó su protocolo de disuasión a un grupo de manifestantes que impedían el libre tránsito sobre el bulevar Vicente Guerrero, que conecta con la Autopista del Sol, en la ciudad de Chilpancingo”.
Sostuvo que “el gobierno de Guerrero atendió a dicho grupo y les ofreció en diversas ocasiones la instalación de una mesa de diálogo para escuchar sus demandas.
Además, se les exhortó a permitir la circulación de las y los automovilistas”, no obstante, en el lugar no se observó que el enviado de la Secretaría General de Gobierno, Rafael Julián Arcos, ofreciera las mesas de diálogo.
El gobierno estatal añadió que “al obtener una respuesta negativa, la Policía Estatal, bajo los protocolos de respeto a los derechos humanos, disuadió a los manifestantes permitiendo la circulación de la ciudadanía por esta vía que es de alta prioridad”.
“En el lugar se mantiene presencia de la Policía Estatal a fin de garantizar el libre tránsito de las y los ciudadanos. La autoridad estatal mantiene su disposición al diálogo para este y todos los grupos de la sociedad civil”, concluyó el comunicado.