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Incumple el gobierno con obras prometidas en comunidades, denuncia el Cipog-EZ

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Autoridades comunitarias y la dirigencia del Consejo Indígena y Popular-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) de Chilapa, denunciaron que los gobiernos estatal y municipal nuevamente incumplieron con las obras de infraestructura social en las comunidades donde operan.
En un oficio enviado ayer al secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; al director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, y al presidente municipal de Chilapa, Aldy Esteban Román, denuncian que es posible que la partida de cinco millones de pesos que les corresponde en obras la están guardando para las campañas del próximo año.
Consultado por teléfono, el dirigente Jesús Plácido Galindo, informó que el 7 de julio se reunieron en Alcozacán funcionarios de los gobiernos federal y estatal encabezados por el director de Gobernación, Rodríguez Cisneros y se comprometieron a responder en una semana, pero no cumplieron.
Derivado de ello ayer les escribieron: “Las comunidades indígenas de la Montaña baja que integramos al Cipog-EZ, solicitamos a ustedes de manera inmediata una respuesta ante el incumplimiento de obras en la comunidad de Alcozacan”,
Según la dirigencia, las obras se programaron con los titulares de dependencias de los gobiernos estatal y federal, quienes establecieron fechas límites para su inicio.
Entre esas piden la construcción de un Banco del Bienestar y un hospital regional en Alcozacán, además de pavimentación de carreteras y calles en los pueblos donde opera el Cipog-EZ
De acuerdo con Plácido, en la reunión del 7 de julio los funcionarios también se comprometieron a llevarles médicos, enfermeras y medicamentos a las comunidades.
Y ante el incumplimiento, refiere que: “Nos inquietan su posiciones, sus promesas falsas y engaños a los pueblos que resistimos para reivindicar nuestra identidad”.
El Cipog-EZ añadió que ven que el gobierno no tiene voluntad política para resolver la solicitud de las comunidades y atender sus necesidades prioritarias.
“También hemos visto, en particular en Chilapa, que niegan el derecho al goce de los recursos públicos etiquetados para las comunidades indígenas”.
En cambio, denunció que ven una dinámica de “despilfarro económico” para otras cosas, “por lo que exigimos que nos entreguen los recursos de los pueblos, que son cerca de cinco millones de pesos, ya que ustedes cómo autoridades no tienen la calidad moral y voluntad para realizar las obra y nosotros si podemos realizar el trabajo que les corresponde a ustedes para beneficio común de las comunidades”.
La agrupación recordó que el próximo año hay elecciones en Guerrero “y sabemos que la partida económica se la están robando para la compra de votos a diestra y siniestra, ignorando las necesidades de las comunidades”.
El Cipog-EZ solicitó que pidan una explicación al alcalde de Chilapa, Aldy Esteba Román e informe donde están los recursos de los pueblos, “porque nuestras comunidades siguen en la pobreza extrema, sin caminos, sin carreteras, sin médicos, sin clínicas ni hospitales”.

 

Marcha el Cipog-EZ en Alcozacán, Chilapa contra los ataques en Chiapas a pueblos zapatistas

Decenas de indígenas de varios pueblos nahuas de Chilapa se movilizaron ayer en solidaridad con las comunidades indígenas de Chiapas que están siendo atacadas por el “grupo paramilitar” Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo ORCAO.
Los indígenas que pertenecen al Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (Cipog-EZ) marcharon desde la entrada de la comunidad de Alcozacán y se concentraron en la cancha techada del pueblo donde dieron lectura a su pronunciamiento, informó su dirigente Jesús Plácido Galindo.
“Hoy, a casi 30 años de que dijeron un ya basta, los pueblos zapatistas siguen bajo ataque. El grupo paramilitar ORCAO ha atacado desde 2019 en más de una docena de veces a la comunidad zapatista de Moisés y Gandhi”, denunció el Cipog-EZ.
Agregó que todos estos ataques han sido denunciados por los pueblos zapatistas, por organizaciones de derechos humanos y por periodistas, “denuncias que hasta el momento no han tenido ningún efecto, pues estos grupos siguen atacando con la impunidad que se les garantiza desde los tres niveles de gobierno”.
Añadió que a lo anterior hay que sumar que grupos paramilitares como la ORCAO obtienen recursos de programas sociales como Sembrando Vida, “que es el que los motiva a atacar a las comunidades para arrebatarles territorio y registrarlo en tal programa”.
Explicó que los ataques contra los pueblos zapatistas ocurren además en un contexto preocupante: el crecimiento de la influencia y operación de grupos del crimen organizado en Chiapas, la reactivación de grupos paramilitares, de corte paramilitar y narcoparamilitares, el surgimiento de autodefensas, la presencia de militares y guardia nacional.
“La presencia de estos actores, así como la disputa por los territorios para minería, carreteras, venta de drogas, trata de personas migrantes, trata de mujeres, reclutamiento forzado, desplazamientos forzados, desapariciones, masacres y más, ponen a Chiapas al borde de la guerra civil, como los propios zapatistas lo han expresado”.
Ante esta situación, el Cipog-EZ llamó “a los pueblos de México y del Mundo” a voltear a ver lo que sucede en Chiapas, los convocamos a detener la guerra, a evitar otra tragedia como la que ocurrió en Acteal en 1997, donde grupos paramilitares asesinaron a 45 personas tzotziles, un crimen que, por cierto, todavía permanece impune”.
Pidió a exigirle al Estado mexicano que se garantice la salud y la justicia para Jorge López Santíz, Base de Apoyo Zapatista herido por paramilitares de la ORCAO, y que se detengan los ataques armados contra los pueblos zapatistas.
La “disolución absoluta” de la ORCAO y de todos los grupos paramilitares, y que sean castigados los autores materiales e intelectuales de estos ataques, que se investigue al gobierno de Rutilio Escandón y que “el silencio del presidente Andrés Manuel López Obrador deje de ser cómplice de la violencia en Chiapas. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

 

Cancela otra vez el gobierno la reunión con nahuas de Chilapa, informa el Cipog-EZ

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El gobierno del estado suspendió ayer por enésima vez la reunión que desde la semana pasada ha venido aplazando con indígenas de comunidades nahuas de Chilapa que piden obras y que se resuelva el problema de violencia e inseguridad en la zona.
Los indígenas nahuas de varias comunidades de Chilapa aglutinadas en el Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (Cipog-EZ), el miércoles de la semana pasada retuvieron a varios funcionarios municipales encabezados por el alcalde priista, Aldy Esteban Román y el martes pasado volvieron a retener a cuatro funcionarios municipales, entre ellos a los dos síndicos, Esteban García y Néstor Parra.
Las dos veces han liberado a los funcionarios con la promesa del director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, de que irá a reunirse con ellos junto con el alcalde para atender sus peticiones.
El dirigente del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo informó ayer que el martes el director de Gobernación estatal se comprometió que iría ayer miércoles a las 11 de la mañana a reunirse con ellos pero que ayer en la mañana les llamó por teléfono y les informó que no pudo hablar con los funcionarios que deben subir para que atiendan sus demandas y les canceló la reunión.
Informó que los comisarios acordaron que “esta será la última vez que dialoguen por teléfono con el funcionario estatal” y aceptaron nuevamente aplazar la reunión para el martes de la próxima semana.
Informó que piden la construcción del Banco del Bienestar en Alcozacán, al respecto denunció que el delegado de los programas sociales del Gobierno federal, Iván Hernández Díaz desde el año pasado los viene engañando que se los van a instalar y no han cumplido.
También piden la rehabilitación de la carretera del crucero de Los Ajos hasta Hueycantenango, cabecera del municipio de José Joaquín de Herrera, así como el tramo del Crucero de Xolotepec a Ahuixtla, donde desde el año pasado se realizó el estudio técnico, pero no han iniciado la obra, declaró Plácido Galindo.
Agregó que también piden la presencia del secretario de Seguridad Pública estatal, Evelio Méndez para que atienda el problema de la violencia y la inseguridad que continúa en esos pueblos indígenas.

 

Retienen a dos síndicos en Alcozacán, Chilapa; incumple el gobierno con el diálogo, denuncian

Reunión en Alcozacán en la que vecinos retuvieron más de seis horas a funcionarios municipales, entre ellos a los síndicos Néstor Parra y Esteban García Foto:?El Sur

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Unos 400 indígenas nahuas de Chilapa retuvieron en Alcozacán durante más de seis horas a funcionarios municipales, entre ellos a los síndicos Néstor Parra y Esteban García.
Los indígenas actuaron en protesta porque los gobiernos del estado y municipal incumplieron con una mesa de diálogo que les prometieron para ayer a fin de atender sus demandas de obras y el problema de la violencia e inseguridad en la zona, informó por teléfono el dirigente del Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo.
Los funcionarios fueron liberados hasta las seis de la tarde cuando el director de Gobernación del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, se comprometió por teléfono a subir a reunirse con ellos a las 12 del día de este miércoles, informó Plácido Galindo.
El miércoles de la semana pasada fueron retenidos en el mismo lugar el propio presidente municipal Aldy Esteban Román, del PRI, y varios funcionarios de su administración.
Acusaron al alcalde de “inflar” los costos de las obras, entregar algunas inconclusas e incumplir otras con los gobiernos federal y estatal.
Entonces los liberaron porque hubo el compromiso del presidente y el director de Gobernación Rodríguez Cisneros de que subirían a reunirse con ellos ayer martes, compromiso que no cumplieron, dijo Plácido Galindo.
Informó que la gente de los pueblos se enojó porque había el compromiso del gobierno del estado y del presidente municipal, Esteban Román, de que ayer instalarían una mesa de diálogo para atender sus demandas de obras, así como del problema de la violencia e inseguridad que sigue en los pueblos.
Ayer sólo subieron los síndicos y dos funcionarios de la Dirección de Obras Públicas, Iván Meza García y Esteban Gatica García quienes quedaron retenidos desde las 11 de la mañana.
El dirigente del Cipog-EZ, declaró que los liberaron porque “quedaron (el alcalde y el director de Gobernación) que se van a coordinar para que hoy martes se realice la audiencia.
Informó que se comprometieron que estarán, además funcionarios de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), de la Secretaría de Salud y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
El dirigente indígena denunció que lo que más les preocupa es que sigue la violencia en esos pueblos indígenas, y que en 10 años han contabilizado 20 desaparecidos y 40 asesinatos.

 

Denuncian desatención del gobierno estatal a demandas de organizaciones indígenas

 

Integrantes del Consejo Indígena y Popular-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y del Frente Nacional por la Libertad de los Pueblos (FNLP), denunciaron la desatención del gobierno del estado a sus demandas, luego de que el pasado miércoles, para convencerlos de desbloquear la lateral del bulevar Vicente Guerrero, en la capital, les prometieron programar una reunión con el gobernador para atender sus demandas, lo que no ocurrió.
El miércoles, líderes de las organizaciones se reunieron con el subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno del estado, Martín Maldonado del Moral, quien los convenció de retirar un bloqueo en el bulevar, frente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Estado de Guerrero (Sagadegro), para exigir mil 800 toneladas de fertilizante.
En conferencia de prensa, integrantes de ambas organizaciones anunciaron una serie de movilizaciones ante la desatención a sus demandas.
El representante del FNLP, Hoger Morales Miranda precisó que las organizaciones llevan un mes trabajando juntas, y que tuvieron una audiencia con el asesor del gobernador, César Flores Maldonado, para que atienda sus demandas.
Precisó que las demandas son la cancelación de 67 órdenes de aprehensión contra indígenas de San Jerónimo, municipio de Chilapa, la libertad de los presos políticos, y fertilizantes y proyectos productivos.
El pasado miércoles, en su reunión con el titular de la Sagadegro, éste les dijo que no hay dinero suficiente para los apoyos que piden.
Abundó que el fertilizante que les dan es de baja calidad y no llegan los paquetes completos a comunidades de Ayutla, Tecoanapa, regiones mixtecas y tlapanecas, de los bienes comunales de Cacahuatepec y comunidades de Chilpancingo.
Indicó que el Frete exige 600 toneladas de fertilizante, “los compañeros, en su momento hacen la petición de mil 500 (paquetes), pero establecimos una relación en la mesa y pedíamos que hablara el secretario de cuántas (nos podía dar)”.
Comentó que si el secretario no tiene la capacidad para resolver las situaciones, debe renunciar, y exigió al gobierno del estado dialogar, como les prometieron con el gobernador el miércoles.

Anuncia movilizaciones con padres de los 43

Anunció movilizaciones con padres de los 43 normalistas detenidos desaparecidos de Ayotzinapa, la primera en Tecoanapa el miércoles, el jueves en Ayutla y el viernes en la capital.
Dijo que estas movilizaciones también son para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas, castigo a los culpables, y libertad a los presos políticos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Gonzalo Molina González y Samuel Ramírez Gálvez.
Por su parte, el representante del CIPOG-EZ, Jesús Plácido Galindo dijo que, además de la cancelación de las órdenes de aprehensión y el fertilizante, demandan carreteras y tres bibliotecas para comunidades, que están pendientes.
Abundó que si no les dan los mil 500 paquetes, al menos les den una cantidad considerable para las familias.
Acusó que con las campañas electorales, seguramente están prometiendo el fertilizante para comprar la dignidad de la gente.
El dirigente Amador Cortés indicó que hasta ahora están siendo relegadas estas propuestas que promueven los pueblos, y no los partidos.
Finalmente acusó que el gobierno niega el derecho de los pueblos a la alimentación, ya que la entrega de fertilizante estimula la producción de granos básicos, “es un derecho que está consagrado en la Constitución, el derecho a la alimentación, y nos dicen que (no hay) presupuesto para los pueblos indígenas”.