Lourdes Chávez
Chilpancingo
Padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, protestaron en Ciudad Judicial de esta ciudad para exigir que se investigue y se lleve a la cárcel a la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín, por ocultar partes de las videograbaciones de seis cámaras de circuito cerrado del Palacio de Justicia de Iguala de la noche de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Advirtieron que ella sola no podía tomar la decisión de desaparecer esa información, y que tuvo que hacerlo por instrucciones del gobernador Ángel Aguirre Rivero, o incluso del presidente Enrique Peña Nieto, consideró el representante de los padres, Melitón Ortega.
Luego de 2 horas afuera de las instalaciones el presidente del TSJ, Alberto López Celis atendió a los padres de familia en una reunión abierta a la prensa, y les aseguró que no tiene los videos, que no hay expedientes ni archivos de la entrega de materiales videográficos a la Procuraduría General de la República (PGR), como dijo en marzo de 2016 el ex presidente Robespierre Robles Hurtado, y agregó que no oculta información y no va a proteger a nadie.
Ante la insistencia de los padres de familia se comprometió a revisar el procedimiento de la entrega de las videograbaciones del Palacio de Justicia, y a investigar para deslindar posibles responsabilidades por el corte de las videograbaciones.
Ofreció una respuesta en 10 días, no sin la advertencia de que los padres necesitan información clara y confiable, y si es el caso, se deslinde del caso porque la PGR le dijo a los padres de familia que el TSJ entregó videograbaciones de los dos días con cortes que van de las 8 de la noche a las 6 de la mañana, precisamente antes del ataque, detención y posterior desaparición forzada de entre 20 y 25 estudiantes de los 43, a bordo del autobús 1531, frente al Palacio de Justicia.
Los padres y estudiantes llegaron alrededor de las 11:30 de la mañana a las instalaciones de Ciudad Judicial en tres autobuses, y representantes de organizaciones magisteriales, sociales y estudiantiles se fueron integrando a la protesta.
En el mitin se pronunciaron por la libertad de los presos políticos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González y Samuel Ramírez Gálvez y contra la Ley de Seguridad Interior, mientras los normalistas hicieron pintas sobre la altísima reja de la entrada principal (de unos 15 metros), en rojo, tales como “ vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Melitón Ortega Martínez exigió que se investigue a Lambertina Galeana, “y que sea encarcelada por tener un papel de cómplice en la desaparición de evidencia” que sería usada para el esclarecimiento de los hechos.
A la 1:30 de la tarde los padres de familia se reunieron con López Celis, que dijo que en el estado hay cuatro causas penales por los hechos de Iguala, y de las videograbaciones no tienen nada, “ni ocultarlo ni negarlo, no vamos a proteger nada ni a nadie, tampoco les vamos a decir mentiras, no tenemos nada”.
Presentó un oficio que antes entregó el expresidente del TSJ, Robespierre Robles Hurtado con fecha del 26 de julio de hace dos años, donde consta la entrega al Ministerio Público adscrito a delitos de secuestro en PGR, una memoria y un CD de respaldo de las imágenes en formato DBR de las cámaras del circuito cerrado del Palacio de Justicia de la noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala, como Galeana Marín y el ingeniero de Informática.
Rosales Sierra dijo que con la intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en la investigación, comenzaron a trazarse varias líneas de investigación, entre estas las videograbaciones de tiendas comerciales y encontraron que en el Tribunal Superior de Justicia había seis cámaras de circuito cerrado, que pudieran tomar imágenes de lo ocurrido en una de las escenas del crimen, una de las más violentas.
Agregó que cuando los padres salieron a reclamar las videograbaciones, Robespierre Robles les dio ese mismo oficio, de que las grabaciones se entregaron a la PGR. A su vez la Procuraduría les dijo que el TSJ les dio las grabaciones incompletas, “ellos dicen que están los videos pero justo hay un vacío en los horarios de entre 8 de la noche a las 6 de la mañana”.
Insistió en que el TSJ revise de nueva cuenta la estructura de mando para saber qué ocurrió con esas imágenes, “no quisiéramos pensar que lo destruyeron, y si así ocurrió es más grave”.
El presidente aceptó rastrear las circunstancias de las videograbaciones y encontrar el acuse de estos documentos, que “creemos que llegaron a PGR”, pero advirtió que en el TSJ “no existe archivo, expediente, ni seguimiento. Vamos a seguir rastreando qué tenemos y qué podemos proporcionarles a ustedes”.
Mario González lamentó que de entrada el magistrado presidente del TSJ diga que no tiene nada, y que no investigó nada de un caso tan grave. Aseguró que hay responsabilidad de funcionarios del TSJ, desde el momento en que cortaron el video del Palacio de Justicia, “aquí están encubriendo a alguien. Da tristeza y coraje que después de 40 meses digan que ‘vamos a investigar’, como quien dice ‘dejaron archivados los expedientes y me vale’. Venimos por un compromiso con fecha, estamos hartos de tanta ineptitud, de tanta corrupción y tanta complicidad”.
Denunció que en lugar de castigar el delito en el TSJ premiaron a Galeana Marin con un puesto para su hija, similar a la plaza que ella ocupaba, “para nosotros la dependencia es culpable con los que estaban ahí, tenemos una culpable de haber hecho el corte del video que se llama Lambertina, y (usted) debe decir quién participó y dónde está, quién le dio a orden a Lambertina de cortar ese video”.
El funcionario precisó que no es un órgano investigador y el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra dijo que sí está en sus facultades hacer procedimientos administrativos de responsabilidades internas, de rastreo de la cadena mando, para establecer si hubo omisión o acción de funcionarios.
La señora Hilda Legideño añadió, “si es necesario que se castigue a Lambertina Galeana hay que hacerlo, usted dice que no va proteger a nadie, debe demostrarlo. Queremos justicia por toda las personas implicadas, sobre todo queremos a nuestros hijos, por ellos luchamos”.
