La Secretaría de Gobernación reconoció la suspensión del diálogo entre la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ), y los padres de los 43 normalistas desaparecidos.
Mediante un comunicado de prensa, señaló que este jueves 11 de enero se llevó a cabo la primera sesión del 2024 de la Comisión, en la que algunos de los padres se retiraron de la misma.
“Lamentamos que hoy se haya suspendido el diálogo con algunos padres y madres de los 43 normalistas por cuestiones ajenas al trabajo de la CoVAJ. A pesar de que en la reunión algunos padres y madres se retiraron de la mesa, el encuentro siguió su curso con aquellos que decidieron permanecer para recibir el último informe de la CoVAJ”, reconoció la dependencia.
Agregó que por instrucción presidencial, se amplió un mes el plazo contemplado para el acceso a los archivos oficiales, destacando los pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pasando del 4 de enero al 4 de abril del presente año.
“También se les propuso la posibilidad de contar con la asesoría y el apoyo de instituciones académicas de alto prestigio para ayudarlos en la revisión de los archivos y el análisis de la información que consideran relevante para el esclarecimiento de los hechos” planteó.
En el comunicado se afirma que se hizo de conocimiento que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador mantiene su total disposición para una reunión con los padres.
“El Gobierno de México reafirma que los canales de comunicación con los padres y madres siempre están abiertos. De igual modo, ratifica el compromiso con las víctimas con la verdad y la justicia, razón por la cual sigue y seguirá trabajando hasta encontrar a los estudiantes desaparecidos”, concluye el comunicado. (Juan Luis Altamirano Uruñuela / Ciudad de México).
Madres y padres de los 43 normalistascon su abogado Vidulfo Rosales en la conferencia de prensa en la sede del Centro Pro Foto: Cuartoscuro
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
Padres y madres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos acusaron que el gobierno federal busca dividirlos y generar una confrontación entre ellos, además de informar que se negaron a sostener una reunión con la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ).
Minutos después de retirarse de la reunión con la Comisión, los padres junto con sus representantes ofrecieron una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) para presentar una posición.
El director del Centro Prodh, Santiago Aguirre, señaló que se decidió suspender la primera reunión formal del 2024 en la CoVAJ debido a que, por parte del gobierno, existió “una provocación muy desafortunada”, buscando una división entre los padres.
Mario González, padre de César Manuel González, aseguró que el gobierno federal intenta confrontarlos y señaló a otro grupo por ser quienes han entorpecido las investigaciones.
“Es un pequeño grupo de padres que fueron los que asistieron a una marcha por la liberación de José Luis Abarca. Para nosotros han sido ellos los que nos han puesto un poco el pie, por lo tanto no estábamos de acuerdo en estar en la misma sala que ellos”.
Añadió que integrantes de la Secretaría de Gobernación viajaron desde Chilpancingo con el otro grupo de padres de los normalistas desaparecidos, a sabiendas de que el grupo mayoritario no puede reunirse con ellos. Acusó que mantienen prácticas de la administración federal de Enrique Peña Nieto.
“Muchos mexicanos pensamos que se iba a dar un cambio. Desafortunadamente vemos que es el mismo modus operandi del gobierno anterior de querer separar a estos 43 padres de familia”. Añadió que “es una porquería lo que están haciendo de gobierno, que puercos son”.
Clemente Rodríguez, padre de Christian Alfonso Rodríguez, indicó que el grupo de padres con ideales contrarios a los de los 38 familiares que exigen la presentación con vida de los normalistas recibieron una remuneración económica.
“Ex compañeros que abandonaron la lucha por un dinero, por un billete, no le tienen amor a sus hijos, nosotros aquí estamos con digna lucha, no hemos recibido un peso del gobierno. No nos hemos vendido y no nos vamos a rajar. Estamos con la frente en alto y hasta que aparezcan nuestros hijos sea como sea”.
Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, indicó que la semana pasada sostuvieron un encuentro con el subsecretario de Gobernación Félix Arturo Medina Padilla.
“Hoy íbamos a tener una reunión, nos llevó la sorpresa de que nuestros representantes legales no les avisaron ni a nosotros, que iba un grupo pequeño de padres que iban a estar presentes. Que es lo que está haciendo, aunque le duela al presidente de la República decimos que es el mismo como el gobierno anterior, porque nos quieren confrontar”.
Añadió que le indicaron a Medina que si querían sostener una reunión con el otro grupo de padres lo hiciera, pero que no lo harían en conjunto por no tener los mismos intereses.
“Ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador va a trabajar con Abarca, va a trabajar con Ángel Aguirre Rivero, va a trabajar con Pedro Segura”, comentó el abogado y representante legal de los padres, Vidulfo Rosales Sierra.
Rosales Sierra remarcó que la presente administración sostiene prácticas que están relacionadas con el sexenio anterior y busca reunirse con un grupo que aseguró es minímo en comparación con el que estaba presente.
“Son prácticas que se empiezan a ver parecidas al Gobierno anterior. Hoy nos traen este grupo de padres que tienen toda la legitimidad, todo el derecho, pero lo que se pidió en la reunión, ‘atiéndalos por separado’. Ellos están más bien solicitando los temas económicos, temas de una reparación, los temas que tienen que ver con otros aspectos de carácter, la canasta básica (…) esta mesa es otro tema, es un tema que tiene que ver con verdad y justicia”, expuso.
“En su desesperación, en su intento de dividirnos, en su intento de no dar respuesta a lo medular que es la información que está pendiente, pues va a trabajar con este grupo, un grupo minúsculo, y va a hacer a un lado a los padres que mantienen la llama de la lucha por los 43 y lamentablemente un grupo de padres que tienen un interés económico”.
Afirmó que la actitud del gobierno fue romper y “dinamitar” la reunión que se buscaba sostener con los padres y por eso decidieron no continuar y solicitaron una encuentro directo con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Se está terminando la confianza”, dijeron sobre relación con el presidente, “la pelota está en su cancha”.
Rosales comentó que decidieron relatar esto a la prensa para evitar que el otro grupo de padres sea utilizado por el Gobierno de López Obrador para posar frente a militares y acompañar sus acciones o ingresar a abrir archivos del Ejército y legitimar su opacidad, cuando el resto de los que han mantenido la lucha por más de 9 años se ha negado al pedir la intervención de expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Además, acusó al Presidente López Obrador de abrir una campaña de descalificación en contra del GIEI, padres de normalistas de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana, la Organización de los Estados Americanos, organizaciones y defensores que le han exigido cuentas, lo que, consideró, pretende desviar la atención para no cumplir con la resolución, explicación, hallazgo de los desaparecidos, y sanción a los responsables.
Los padres de los 43 normalistas aceptaron que la relación directa con el presidente López Obrador se ha ido maltratando, incluso por parte de algunos padres ya hay desconfianza para el mandatario.
“Desafortunadamente ese vínculo que se tenía con el presidente con la confianza de decir los vamos a encontrar, todas las cosas que nos prometió y que pensabamos se iban a estar solucionando hasta que llegamos al Ejército y desafortunadamente desde ahí empezamos a batallar. Se mete con los equipos, con otras personas para separar. (En) la mayoría de los padres sí se está terminando la confianza muy pronto o ya se terminó”, declaró el señor Mario González.
El abogado Vidulfo Rosales aclaró que el responsable de dar con la verdad y hacer justicia en el caso de los 43 normalistas desaparecidos es el gobierno y es un compromiso que López Obrador hizo en campaña.
“No tenemos con quien más acudir, este gobierno es responsable de dar la verdad, la justicia, esclarecer los hechos, es un compromiso que él hizo al inicio de su gobierno entonces debe cumplir con ese compromiso”.
Remarcó que la responsabilidad recae en la administración federal, pero aceptó que el tiempo del sexenio de López Obrador se acaba y es alarmante que lo utilice en lo que calificó como distracciones.
“Ha inventado enemigos externos, otra vez, como los gobiernos anteriores y descalificando a las organizaciones que asesoramos a los representantes en términos constitucionales. El Presidente hoy en día está desviando la atención, lejos de dar la información –que tiene obligación de entregarla–, lo que está haciendo es descalificarnos, intenta medrar y dividir a los padres de familia a través de esta estrategia de decir que nosotros ahora somos responsables.
“Efectivamente, cada día está en su cancha, la pelota está de su lado para que él ofrezca verdad y justicia y cada vez se acorta más el tiempo. Nos preocupa que ese tiempo que resta lo esté utilizando el Presidente en distracciones, lo esté utilizando el Presidente en confrontaciones, en confrontarnos, en intentar dividir y ahí se nos agota el tiempo”, insistió.
La señora Cristina Bautista añadió que al presidente López Obrador le queda poco tiempo en la presidencia, pero esperan que antes de que termine su periodo, pueda entregar resultados.
“Aunque le duela al Presidente de la República, decimos que es lo mismo que el Gobierno anterior”, externó Cristina Bautista Salvador, madre de otro de los desaparecidos.
“Estamos enojados”, dicen; exigen información de Sedena
Los padres presentaron y difundieron un oficio en el que se dirigieron a López Obrador para exigir una comunicación completa en la que se refiere que 17 normalistas son llevados a un lugar “para privarlos de la vida”, misma que está en posición de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Señor presidente no nos niegue el derecho a saber el paradero de nuestros hijos. Sus dependencias políticas y el Ejército son culpables de esa desaparición, por eso nosotros estamos enojados, desilusionados de este tipo”, exclamó Mario González.
Clemente Rodríguez comentó que han remarcado que hace falta información relevante del caso, concretamente 800 tomos en posesión de Sedena, pero que el presidente López Obrador en sus conferencia de prensa matutina se limita a decir: “ya están todos los tomos”.
Vidulfo Rosales mencionó que exigen la infomación entregada en una reunión con la CoVAJ y sea cotejada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Esos folios existen, ya ha sido admitido por Alejandro Encinas, por el gobierno en las reuniones que tenemos, pero públicamente en la mañanera se dice otra cosa”, detalló Rosales.
Defienden a organizaciones sociales y de derechos humanos y se lanzan contra el Ejército
Ante los señalamientos en contra de distintas organizaciones sociales y de derechos humanos por parte de López Obrador en el caso Ayotzinapa, los padres y representantes defendieron a las mismas.
“Lejos de dar respuesta, lejos de entregar esos 800 folios, lo que hace es abrir inicia una campaña de descalificación contra el Grupo de Expertos Independientes, contra la Comisión Interamericana, ahora contra la OEA, inventando enemigos externos como los gobiernos anteriores”, opinó Rosales.
Mario González aseguró que el presidente ha dicho “pura barbaridad” en contra de las organizaciones que les acompañan y mantienen la exigencia de conocer la verdad del caso.
“Es un gobierno tramposo, un gobierno sin escrúpulos, nomás diciendo pura barbaridad de nuestros equipos a sabiendas que él tiene la información sobre la documentación de la Sedena. Es una exigencia que nos pertenece para saber la verdad”.
Mario González exigió a López Obrador dar la cara y responder con acciones, y pidió el cese de descalificaciones.
“¡Qué puercos son!, ¡qué cobardes! De verdad, querer manipular así a los padres por la necesidad, hasta por la ignorancia. Defender a alguien que atacó a mi hijo y eso es lo que el Gobierno defiende, ¡qué desagradable Gobierno tenemos!”.
Clemente Rodríguez adelantó que continuarán con la lucha hasta dar con el paradero de sus hijos, culpando al Ejército por su participación activa en el país.
“El Ejército lleva el control del país, el presidente nada más lo maneja. Queremos decirle al señor presidente que asuma los compromisos, que nos dé la cara y que toque a los militares. Falta mucha investigación” (Con información de Agencia Reforma)
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que a pesar de la salida de Alejandro Encinas de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la investigación del caso Ayotzinapa se mantiene.
Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente adelantó se busca fincar responsabilidades en contra del ex Fiscal Especial del Xaso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, tras acusarlo de provocar la liberación de diversos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas.
En su conferencia mañanera, el mandatario federal afirmó que, de acuerdo con hallazgos recientes, se puede confirmar que el ex funcionario dejó pasar plazos, no practicó protocolos y no solicitó información clave a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Yo por la confianza que les di a quienes estaban en la investigación pensaba que se habían practicado los protocolos de Estambul, (pero) no se hicieron, ni siquiera se cumplió con solicitar información a la CNDH y se pasaron los términos”, acusó.
“El Fiscal Especial dejó pasar los términos y esto fue lo que le sirvió a los defensores de los detenidos para solicitar que los liberaran, fíjense eso, y como comprenderán, no es casual”.
–¿Buscarán fincar responsabilidades al ex Fiscal? -se le preguntó.
–Sí, yo creo que sí, porque apenas nos estamos dando cuenta de esta situación”, respondió.
– ¿Qué más han encontrado, además del incumplimiento de los tiempos?
–Qué no se avanza, o no se avanzaba en la investigación, había todo el propósito de no avanzar y de distorsionar las cosas –, dijo.
–¿El Fiscal ya está sujeto a investigación?
–Estamos reconstruyendo todo, a mí me llamo mucho la atención, porque uno actúa en función de la confianza siempre, entonces (Alejandro Encinas) me presenta una lista de los responsables que estaban libres y entonces le digo ‘pues hay que actuar’”, aseguró.
–¿El ex Fiscal Especial pudo ser manipulado?
–También no lo descarto, que se dejó rodear ahí por gente que no tiene convicciones, pero además son muy derechos, falsarios, hay mucha simulación en todo esto, entonces resulta que se niegan a elaborar la información, la documentación para las órdenes de aprehensión y empiezan a renunciar al interior de la Fiscalía”, reprochó.
En septiembre de 2022, Omar Gómez Trejo renunció como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), luego de que le arrebataran el poder de decisión sobre las indagatorias y procesos bajo su encargo.
A López Obrador se le preguntó sobre el anuncio de la salida de Encinas y sobre la información publicada por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj) en la que señalan que el Ejército tuvo conocimiento en tiempo real sobre la desaparición de los 43 normalistas. A lo que el presidente dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya entregó toda la información y los involucrados se encuentran en proceso.
“Continúa la investigación y toda esa información la entregó la Sedena. Ya lo habían entregado todo, lo que pasa es que había que hacer una revisión de los documentos, se hizo la revisión y los implicados de alguna manera que tiene que ver con el Ejército, o están presos o están sometidos a procesos, no hay ningún problema”.
El presidente recalcó que cuando se hable de la participación del Ejército en la desaparición de los 43 normalistas, se tiene que precisar que fueron algunos elementos y no la institución completa.
“Cuando se habla del Ejército se tiene que pensar que fueron algunos elementos y que están sometidos a proceso, pero aquí el propósito no era decir ‘algunos elementos’, ese fue el error que se cometió y por eso se puede hablar de algún crimen de Estado, en vez de decir ‘estos tuvieron responsabilidad y hay que castigarlos’, buscaron ocultar los hechos, cosa que no hemos hecho nosotros”.
Añadió que a partir de este jueves, quien ocupará el puesto de Encinas será quien fuera procurador fiscal, Félix Arturo Medina, y también tendrá a su cargo la Covaj, aunque López Obrador remarcó que decidió hacerse cargo de la investigación debido a que “habían enrarecido todo”.
“Yo me di cuenta que habían dejado todo hecho para que no llegáramos a la verdad y que además ya en el gobierno nuestro, los que le habíamos dado la confianza de hacer la investigación eran parte del esquema de protección que se había creado en el gobierno anterior”.
Destacó que le sorprendió que no se había consignado al entonces procurador y principal responsable de la creación de la Verdad Histórica, Jesús Murillo Karam y afirmó que ni los abogados de los padres ni el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) querían que se le detuviera.
“Resulta que se niegan a elaborar la información, o sea, la documentación para solicitar las órdenes de aprehensión y empiezan a renunciar al interior de la Fiscalía, al grado que renuncia el Fiscal Especial. Y los del GIEI y los abogados de los jóvenes, en vez de reconocer que estábamos actuando, se enojan porque no querían que se detuviera al procurador y a otros”.
López Obrador insistió en que funcionarios de la FGR y hasta funcionarios de su gobierno carecían de interés ante la necesidad de concretar la aprehensión de ex funcionarios como el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam.
De paso, reveló la supuesta existencia de un “acuerdo” para permitir que Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, se fugara a Israel.
López Obrador cuestionó y criticó las decisiones tomadas por los integrantes del Poder Judicial y señaló que en el caso Ayotzinapa se les dejó en libertad a personas involucradas debido a que dijeron ser torturados.
“Fíjense que arman la llamada Verdad Histórica, se hace responsable el procurador del gobierno anterior y otros funcionarios, detienen a los presuntos responsables de la desaparición de los jóvenes y en poco tiempo a diferencia de lo que sucede, los dejan en libertad porque argumentan que fueron torturados”.
Este miércoles se publicó que según el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), el Ejército tuvo conocimiento en tiempo real de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que forma parte del adendum (adición) al segundo informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), informa que un policía menciona que los normalistas fueron entregados a agentes ministeriales de Chilpancingo, por órdenes del entonces secretario de Seguridad Pública del estado, Leonardo Vázquez Pérez.
“Fueron trasladados en camionetas blancas, porque ellos suelen llevarse a la gente”, indica uno de los 18 documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) anexados.
Otros reportes incluyen las intervenciones de mensajes de texto que comprueban el seguimiento en “tiempo real” que realizó el Ejército de los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, y de los días posteriores en los que se mencionan el posible destino de los estudiantes.
El adendum es un documento de 46 páginas y fue publicado el martes, de lo que se informó al día siguiente en El Sur, destacando una de las cinco conclusiones enumeradas: el Ejército tuvo conocimiento en tiempo real de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
El adendum indica que en julio de 2014 hubo un “acuerdo de colaboración y participación” entre el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Secretaría de Marina (Semar) y la Sedena para crear los CRFI. De los 868 folios de documentos del CRFI de Iguala solicitados por los familiares de los 43 al presidente Andrés Manuel López Obrador, la Covaj señala que sólo encontró 18.
Uno de ellos es el 1374 y está dirigido a la Novena Región Militar de Cumbres de Llano Largo. Es del 22 de octubre de 2014, a casi un mes de la desaparición de los estudiantes. Ahí se señala: “se tuvo conocimiento de una información que se generó en el área de Iguala, Gro., la cual manifiesta que hay un policía que labora y recibe llamadas en el C-4, él sabe quiénes se llevaron a los estudiantes, que no quiere declarar porque no existen los documentos”.
“Refiere que Felipe no fue”, y el reporte acota en un paréntesis: “posiblemente se trate de Felipe Flores Velásquez”, el secretario de seguridad pública cuando ocurrieron los ataques contra los normalistas. Fue detenido el 22 de octubre de 2016 después de estar dos años prófugo.
El policía, continúa el reporte del CRFI, “ya envió una carta al presidente (Enrique) Peña Nieto” y “menciona también que el responsable de los hechos es el srio. sgd. pub. del Estado de Guerrero”. Era Leonardo Vázquez Pérez, detenido el 28 de octubre de 2022.
“Ordenó que a los estudiantes se los entregaran a los ministeriales de Chilpancingo, los cuales fueron trasladados en camionetas blancas, porque ellos suelen llevarse a la gente y a base de torturas, golpes y toques hacen que las personas digan cosas”, termina el reporte.
Los mensajes en “tiempo real”
El CRFI 1194, del 26 septiembre de 2014, “contiene intervenciones de mensajes de texto de diversos usuarios desconocidos que dan cuenta de diversos hechos ese día”, explica la Covaj, lo que comprueba que el Ejército supo en tiempo real lo que estaba sucediendo.
Un mensaje dice: “de angeles son ayotzinapos los que madrearon el ayuntamiento apenas! Duerme mejor amor xq no pienso salir hasta q se calme! Probablemente haya toque de q”.
Otro: “Balacera muuuy cabrona en toda Iguala, preferente no salir si tu morro esra contigo busquen quedarse hasta mañana si no dije que se encierre, esta bien culero”.
El CRFI 1202 del día siguiente incluye este mensaje: “A que bien mi sr presidente. Gracias. Se entero de la fiesta que hicieron los chavos por el centro con los juguetes que les trajo rapido y furioso?”.
Otro mensaje dice: “Q pasa hay un problema? O xq ls tienen encerrados?”; y otro es: “Buen día. Ya lo habíamos pronosticado no modo. Pero quiero no vuelva a suceder lo de anoche”.
El adendum de la Covaj analiza el CRFI 1203 del 27 de septiembre de 2014, que incluye el siguiente texto: “ira ontas, orita va a ir tilo a verte por que vergas digiste guey, amenazaste al loco guey, el loco anda peleando con tlacotepec guey, es de la banda el loco guey, no el loco esta chambeando pa tilo pa tlacotepec ta tiranso vergazos el pa ya guey…”.
La comisión dice que este mensaje se refiere “a uno de los principales objetivos en la desaparición de los estudiantes, el origen se presume debe ser una intervención de comunicación, la cual se debe encontrar en los archivos de la Sedena, lo que permitiría a la Fiscalía realizar una investigación más exhaustiva de la participación de varios objetivos que la Sedena tenía identificados”.
El CRFI 1204 de aquel 27 de septiembre informa que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado (CNTE) se van a reunir en el “edificio sindical de la Ceteg (Coordinadora Estatal de Trabajadores del Estado de Guerrero)”, para definir las acciones ante los hechos en Iguala, “en relación a la agresión armada por parte de la policía municipal, resultaron muertos estudiantes” de Ayotzinapa.
El CRFI 1212 del 28 de septiembre incluye este mensaje: “Estan los ayopzinapos en Alvarez y periferico sale pendientes”. Otro: “La Policía prventiva los tienen detenidos en el cuartel d la estatal osa q policía preventiva no hay”.
El CRFI 1220 del día siguiente reporta que integrantes “posiblemente” de Guerreros Unidos van a detener vehículos que transportan a normalistas de Chilpancingo a Iguala, en un punto conocido como el rancho El Cura, “por lo que esperan que se genere una confrontación como la del día viernes” 26 de septiembre.
El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, declaró que es acusado de falsificar pruebas en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), por personas vinculadas a “otras autoridades” y a la delincuencia organizada que perpetraron la desaparición de los 43 estudiantes el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, que pretenden dinamitar su función para mantener la impunidad.
En relación a los abogados de cuatro militares detenidos por los crímenes de Iguala, que lo demandaron este martes 8 de noviembre ante la Fiscalía General de la República y exigieron su renuncia.
Los representantes del general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirota Ochoa, y el sargento Eduardo Mota Esquivel, Alejandro Robledo y César Omar González, señalaron del informe que presentó Encinas el 18 de agosto, es falto de rigor, con evidencia cuestionable, “por no decir abiertamente falsificada” y puso en riesgo la investigación y el acceso de los familiares a la verdad y la justicia.
Con un mensaje en redes sociales y otro en la página del oficial del gobierno federal, el subsecretario ratificó su convicción de que el informe preliminar responde a la pregunta de qué fue lo que pasó con los normalistas, una hipótesis que respaldan con información amplia, “sin falsificación alguna”, subrayó.
Enfatizó que “no hay marcha atrás” en los avances de esa investigación, que también fueron cuestionada por padres de los estudiantes detenidos desaparecidos y sus representantes, además del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que detectó inconsistencia en la información de respaldo.
También precisó que las imputaciones contra los militares, delincuencia organizada y desaparición forzada fue sustentada por la Fiscalía General de la República, con “evidencias sólidas y contundentes”, al estar vinculados a proceso por un juez. Confió en que se obtendrán sentencias condenatorias.
Lamentó que los abogados de los militares “pretendan confundir engañar para litigar en medios lo que no pueden demostrar en tribunales”
Como presidente de la Covaj, dijo que le corresponde garantizar el acceso a la verdad y a la justicia a los estudiantes desaparecidos, a sus familiares y a la sociedad en general, y no permitirá que se manipule y desinforme sobre el trabajo que realizan.
Rechazó que la función de la Comisión, implique alguna afectación a la presunción de inocencia o al debido proceso de los detenidos, porque la comisión ni es juez ni fiscal, sólo colabora con ellos.
“Informar a la sociedad de los avances que tenemos no representa sino el cumplimiento de nuestras obligaciones, pretender que garantizar el derecho a la verdad implica una violación a los derechos de los imputados es absurdo. Sostener que además implica la comisión de algún delito, es una aberración, quieren confundir al distraer la atención sobre su participación en estos hechos”.
Explicó que las comisiones de la verdad emiten opiniones no vinculantes, y en su caso aportan elementos útiles para el esclarecimiento de los hechos, distinto a quienes, fuera de los tribunales, pretenden enturbiar el proceso, litigando en medios de comunicación o filtrado información que pone en riesgo la integridad de testigos o colaboradores
Pidió distinguir funciones que corresponden a la Comisión de la Verdad, y a la Fiscalía Especial de la FGR; el objeto de la primera es proporcionar asistencia a las y los familiares, investigar los hechos para conocer la verdad, y buscar a los estudiantes.
“Por mandato presidencial busca garantizar el acceso a la verdad de las víctimas, sus familiares y la sociedad, informando de sus hallazgos, como ocurrió con la presentación del informe preliminar el 18 de agosto”.
De la Fiscalía Especial dijo que depende la investigación penal, y después de analizar los elementos que aporte la Comisión, decidirá qué pruebas presenta para su judicialización. Por lo tanto, el informe del Covaj no ha sido parte hasta el momento de los casos que ha FGR ha judicializado, puntualizó
Ante la campaña para desvirtuar el informe preliminar, aseguró personas del viejo régimen “que deberían estar investigando con rigor y que obedecen intereses, que buscan dinamitar nuestra misión y proteger a quienes durante años han tratado de mantener la impunidad”.
Reiteró que el informe de la Covaj, responde a la pregunta de qué fue lo que pasó, con un análisis integral de 154 eventos que se corrobora con un amplio de información que respalda las hipótesis que hemos sostenido sobre estos hechos sin falsificación alguna.
Lamentó que los abogados de los militares presuntamente involucrados en los hechos, pretendan confundir engañar para litigar en medios lo que no pueden demostrar en tribunales
“Los que me acusan son los que vinculados con otras autoridades y que con la delincuencia organizada perpetraron la desaparición de los 43 normalistas. Detrás de ellos, están quienes pretenden mantener la impunidad en este caso”, acusó
Sin embargo, aseguró que el gobierno cumplirá su encomienda y el compromiso con padres y madres de los estudiantes, deconocer la verdad, dar con el parader de los muchachos y allanar el camino hacia la justicia.
