Normalistas de Ayotzinapa fueron entregados a ministeriales, según documento de la Sedena

Ramón Gracida Gómez

Un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que forma parte del adendum (adición) al segundo informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), informa que un policía menciona que los normalistas fueron entregados a agentes ministeriales de Chilpancingo, por órdenes del entonces secretario de Seguridad Pública del estado, Leonardo Vázquez Pérez.
“Fueron trasladados en camionetas blancas, porque ellos suelen llevarse a la gente”, indica uno de los 18 documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) anexados.
Otros reportes incluyen las intervenciones de mensajes de texto que comprueban el seguimiento en “tiempo real” que realizó el Ejército de los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, y de los días posteriores en los que se mencionan el posible destino de los estudiantes.
El adendum es un documento de 46 páginas y fue publicado el martes, de lo que se informó al día siguiente en El Sur, destacando una de las cinco conclusiones enumeradas: el Ejército tuvo conocimiento en tiempo real de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
El adendum indica que en julio de 2014 hubo un “acuerdo de colaboración y participación” entre el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Secretaría de Marina (Semar) y la Sedena para crear los CRFI. De los 868 folios de documentos del CRFI de Iguala solicitados por los familiares de los 43 al presidente Andrés Manuel López Obrador, la Covaj señala que sólo encontró 18.
Uno de ellos es el 1374 y está dirigido a la Novena Región Militar de Cumbres de Llano Largo. Es del 22 de octubre de 2014, a casi un mes de la desaparición de los estudiantes. Ahí se señala: “se tuvo conocimiento de una información que se generó en el área de Iguala, Gro., la cual manifiesta que hay un policía que labora y recibe llamadas en el C-4, él sabe quiénes se llevaron a los estudiantes, que no quiere declarar porque no existen los documentos”.
“Refiere que Felipe no fue”, y el reporte acota en un paréntesis: “posiblemente se trate de Felipe Flores Velásquez”, el secretario de seguridad pública cuando ocurrieron los ataques contra los normalistas. Fue detenido el 22 de octubre de 2016 después de estar dos años prófugo.
El policía, continúa el reporte del CRFI, “ya envió una carta al presidente (Enrique) Peña Nieto” y “menciona también que el responsable de los hechos es el srio. sgd. pub. del Estado de Guerrero”. Era Leonardo Vázquez Pérez, detenido el 28 de octubre de 2022.
“Ordenó que a los estudiantes se los entregaran a los ministeriales de Chilpancingo, los cuales fueron trasladados en camionetas blancas, porque ellos suelen llevarse a la gente y a base de torturas, golpes y toques hacen que las personas digan cosas”, termina el reporte.

Los mensajes en “tiempo real”

El CRFI 1194, del 26 septiembre de 2014, “contiene intervenciones de mensajes de texto de diversos usuarios desconocidos que dan cuenta de diversos hechos ese día”, explica la Covaj, lo que comprueba que el Ejército supo en tiempo real lo que estaba sucediendo.
Un mensaje dice: “de angeles son ayotzinapos los que madrearon el ayuntamiento apenas! Duerme mejor amor xq no pienso salir hasta q se calme! Probablemente haya toque de q”.
Otro: “Balacera muuuy cabrona en toda Iguala, preferente no salir si tu morro esra contigo busquen quedarse hasta mañana si no dije que se encierre, esta bien culero”.
El CRFI 1202 del día siguiente incluye este mensaje: “A que bien mi sr presidente. Gracias. Se entero de la fiesta que hicieron los chavos por el centro con los juguetes que les trajo rapido y furioso?”.
Otro mensaje dice: “Q pasa hay un problema? O xq ls tienen encerrados?”; y otro es: “Buen día. Ya lo habíamos pronosticado no modo. Pero quiero no vuelva a suceder lo de anoche”.
El adendum de la Covaj analiza el CRFI 1203 del 27 de septiembre de 2014, que incluye el siguiente texto: “ira ontas, orita va a ir tilo a verte por que vergas digiste guey, amenazaste al loco guey, el loco anda peleando con tlacotepec guey, es de la banda el loco guey, no el loco esta chambeando pa tilo pa tlacotepec ta tiranso vergazos el pa ya guey…”.
La comisión dice que este mensaje se refiere “a uno de los principales objetivos en la desaparición de los estudiantes, el origen se presume debe ser una intervención de comunicación, la cual se debe encontrar en los archivos de la Sedena, lo que permitiría a la Fiscalía realizar una investigación más exhaustiva de la participación de varios objetivos que la Sedena tenía identificados”.
El CRFI 1204 de aquel 27 de septiembre informa que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado (CNTE) se van a reunir en el “edificio sindical de la Ceteg (Coordinadora Estatal de Trabajadores del Estado de Guerrero)”, para definir las acciones ante los hechos en Iguala, “en relación a la agresión armada por parte de la policía municipal, resultaron muertos estudiantes” de Ayotzinapa.
El CRFI 1212 del 28 de septiembre incluye este mensaje: “Estan los ayopzinapos en Alvarez y periferico sale pendientes”. Otro: “La Policía prventiva los tienen detenidos en el cuartel d la estatal osa q policía preventiva no hay”.
El CRFI 1220 del día siguiente reporta que integrantes “posiblemente” de Guerreros Unidos van a detener vehículos que transportan a normalistas de Chilpancingo a Iguala, en un punto conocido como el rancho El Cura, “por lo que esperan que se genere una confrontación como la del día viernes” 26 de septiembre.

 

Detienen a Leonardo Vázquez Pérez, secretario de Seguridad de Aguirre, implicado en el caso de los 43

El 19 de febrero de 2014, el gobernador Ángel Aguirre Rivero y el secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez, en el Infocap en Chilpancingo, donde entregaron patrullas y presentaron a las Fuerzas Estatales Foto: Lenin Ocampo Torres

Agencia Reforma / Redacción

Ciudad de México / Chilpancingo

El ex secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, acusado de omisión en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, fue detenido este viernes en Nayarit por el delito de delincuencia organizada.
Un integrante de nivel superior del gobierno confirmó la detención de Vázquez Pérez, que durante la investigación por la tragedia de Ayotzinapa declaró haber sido notificado de las agresiones con armas de fuego contra los estudiantes, pero que por no contar con personal mandó a resguardar las instalaciones del cuartel policial y de la cárcel de Iguala pero no a dar apoyo a los normalistas.
En enero de 2021, un testigo clave en las indagaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR) que cuando era titular de Seguridad Pública de Guerrero, Vázquez Pérez recibía 50 mil dólares mensuales del cártel Guerreros Unidos, responsable de la desaparición de los estudiantes.
En octubre de 2014, el líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, aseguró que le habían dado 300 mil dólares al entonces procurador de Guerrero Iñaki Blanco y al secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez.
El 23 de septiembre pasado, el juez segundo de distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, Enrique Beltrán Santés, instruyó las capturas de Iñaky Blanco Cabrera y Leonardo Octavio Vázquez Pérez, por el delito de delincuencia organizada.
En su declaración ministerial del 21 de octubre de 2014, Vázquez Pérez señaló que a través del subsecretario Juan José Gatica Martínez tuvo conocimiento de que en el municipio de Iguala se habían producido disparos de arma de fuego y que la única indicación que dio fue proteger y custodiar a los lesionados que se encontraban en el Hospital General de Iguala.
“Ordené al subsecretario que girara las instrucciones de proteger y custodiar a los lesionados que se encontraban en el hospital, fue la única instrucción que di al subsecretario, ya que en la región Norte ya no contábamos con elementos suficientes para cualquier acción operativa”, aseguró.
Sin embargo, no hubo otros reportes de falta de elementos y tampoco fue confirmado por el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero.
La detención de Vázquez Pérez es parte de los 84 mandamientos de captura que libró el juez Beltrán Santés el pasado 19 de agosto por el caso Iguala en la causa penal 15/2022.
Además del ex procurador general de Justicia Iñaky Blanco Cabrera y el ex secretario de Seguridad Pública estatal durante el gobierno perredista de Ángel Aguirre Rivero, Leonardo Vázquez Pérez, se ordenó la captura de Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero (TSJG), por delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada, de acuerdo con información del Poder Judicial de la Federación.
Por los mismos ilícitos, se libraron las aprehensiones contra Luis Europa Solís Jiménez y Javier Uribe Iturbe, ingeniero en sistemas de cómputo y programador analista del TSJG, respectivamente, así como contra César Nava González y Francisco Salgado Valladares, ex jefe de la Policía de Cocula y ex subdirector de la Policía de Iguala, el primero por desaparición forzada y delincuencia organizada, y el segundo sólo por este último delito.
La acusación contra el ex procurador y el ex secretario de Seguridad Pública estatal tiene como punto de partida las declaraciones del testigo protegido Juan, nombre clave de Gildardo López Astudillo, El Gil, operador del grupo de la delincuencia organizada Guerreros Unidos.
El testigo afirmó que Guerreros Unidos enviaba mensualmente 50 mil dólares Vázquez Pérez que le hacían llegar por medio de Felipe Flores Velázquez, jefe de la Policía municipal de Iguala, quien a su vez lo recibía de Raúl Núñez Salgado, La Canperra, uno de los miembros del grupo de narcotraficantes.
Juan dijo a la Fiscalía que también entregaba 80 mil pesos cada mes a los mandos de la Policía Estatal de Guerrero; a los subordinados de José Adame, coordinador de esa corporación, y que patrullaban Iguala, 15 mil, y a los demás agentes 10 mil pesos.
Sin embargo, tres días después, el 26 de septiembre se dio a conocer que la Fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz Manero, se desistió ante un juez federal de 16 órdenes de aprehensión que ya habían sido giradas contra militares a quienes antes acusó de estar presuntamente implicados en el caso Iguala.
Después se informó que la FGR también se desistió de las órdenes de aprehensión contra cinco funcionarios del gobierno de Guerrero, incluido el ex procurador Iñaki Blanco, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín. En la información que se publicó de este segundo desistimiento no aparece el nombre de Leonardo Vázquez Pérez.
En el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa que presentó el 18 de agosto el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, se expone que la verdad histórica fue un resultado de una acción concertada del aparato del poder” en la que participaron en su implementación funcionarios federales y locales, entre ellos incluyó al secretario de Seguridad Pública del gobernador perredista, Ángel Aguirre Rivero, Leonardo Vázquez Pérez.

 

Detienen al secretario de Seguridad de Aguirre por el caso de los 43 de Ayotzinapa

Detienen a Leonardo Vázquez Pérez, secretario de Seguridad de Aguirre, implicado en el caso de los 43

Según informes, el ex funcionario fue arrestado el viernes en Nayarit, por el delito de delincuencia organizada. Está acusado de omisión en la desaparición de los normalistas, porque supo que los estaban atacando en Iguala el 26 de septiembre de 2014 y no hizo algo para protegerlos

 

El 19 de febrero de 2014, el gobernador Ángel Aguirre Rivero y el secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez, en el Infocap en Chilpancingo, donde entregaron patrullas y presentaron a las Fuerzas Estatales Foto: Lenin Ocampo Torres

Agencia Reforma / Redacción

Ciudad de México / Chilpancingo

El ex secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, acusado de omisión en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, fue detenido este viernes en Nayarit por el delito de delincuencia organizada.
Un integrante de nivel superior del gobierno confirmó la detención de Vázquez Pérez, que durante la investigación por la tragedia de Ayotzinapa declaró haber sido notificado de las agresiones con armas de fuego contra los estudiantes, pero que por no contar con personal mandó a resguardar las instalaciones del cuartel policial y de la cárcel de Iguala pero no a dar apoyo a los normalistas.
En enero de 2021, un testigo clave en las indagaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR) que cuando era titular de Seguridad Pública de Guerrero, Vázquez Pérez recibía 50 mil dólares mensuales del cártel Guerreros Unidos, responsable de la desaparición de los estudiantes.
En octubre de 2014, el líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, aseguró que le habían dado 300 mil dólares al entonces procurador de Guerrero Iñaki Blanco y al secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez.
El 23 de septiembre pasado, el juez segundo de distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, Enrique Beltrán Santés, instruyó las capturas de Iñaky Blanco Cabrera y Leonardo Octavio Vázquez Pérez, por el delito de delincuencia organizada.
En su declaración ministerial del 21 de octubre de 2014, Vázquez Pérez señaló que a través del subsecretario Juan José Gatica Martínez tuvo conocimiento de que en el municipio de Iguala se habían producido disparos de arma de fuego y que la única indicación que dio fue proteger y custodiar a los lesionados que se encontraban en el Hospital General de Iguala.
“Ordené al subsecretario que girara las instrucciones de proteger y custodiar a los lesionados que se encontraban en el hospital, fue la única instrucción que di al subsecretario, ya que en la región Norte ya no contábamos con elementos suficientes para cualquier acción operativa”, aseguró.
Sin embargo, no hubo otros reportes de falta de elementos y tampoco fue confirmado por el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero.
La detención de Vázquez Pérez es parte de los 84 mandamientos de captura que libró el juez Beltrán Santés el pasado 19 de agosto por el caso Iguala en la causa penal 15/2022.
Además del ex procurador general de Justicia Iñaky Blanco Cabrera y el ex secretario de Seguridad Pública estatal durante el gobierno perredista de Ángel Aguirre Rivero, Leonardo Vázquez Pérez, se ordenó la captura de Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero (TSJG), por delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada, de acuerdo con información del Poder Judicial de la Federación.
Por los mismos ilícitos, se libraron las aprehensiones contra Luis Europa Solís Jiménez y Javier Uribe Iturbe, ingeniero en sistemas de cómputo y programador analista del TSJG, respectivamente, así como contra César Nava González y Francisco Salgado Valladares, ex jefe de la Policía de Cocula y ex subdirector de la Policía de Iguala, el primero por desaparición forzada y delincuencia organizada, y el segundo sólo por este último delito.
La acusación contra el ex procurador y el ex secretario de Seguridad Pública estatal tiene como punto de partida las declaraciones del testigo protegido Juan, nombre clave de Gildardo López Astudillo, El Gil, operador del grupo de la delincuencia organizada Guerreros Unidos.
El testigo afirmó que Guerreros Unidos enviaba mensualmente 50 mil dólares Vázquez Pérez que le hacían llegar por medio de Felipe Flores Velázquez, jefe de la Policía municipal de Iguala, quien a su vez lo recibía de Raúl Núñez Salgado, La Canperra, uno de los miembros del grupo de narcotraficantes.
Juan dijo a la Fiscalía que también entregaba 80 mil pesos cada mes a los mandos de la Policía Estatal de Guerrero; a los subordinados de José Adame, coordinador de esa corporación, y que patrullaban Iguala, 15 mil, y a los demás agentes 10 mil pesos.
Sin embargo, tres días después, el 26 de septiembre se dio a conocer que la Fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz Manero, se desistió ante un juez federal de 16 órdenes de aprehensión que ya habían sido giradas contra militares a quienes antes acusó de estar presuntamente implicados en el caso Iguala.
Después se informó que la FGR también se desistió de las órdenes de aprehensión contra cinco funcionarios del gobierno de Guerrero, incluido el ex procurador Iñaki Blanco, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín. En la información que se publicó de este segundo desistimiento no aparece el nombre de Leonardo Vázquez Pérez.
En el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa que presentó el 18 de agosto el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, se expone que la verdad histórica fue un resultado de una acción concertada del aparato del poder” en la que participaron en su implementación funcionarios federales y locales, entre ellos incluyó al secretario de Seguridad Pública del gobernador perredista, Ángel Aguirre Rivero, Leonardo Vázquez Pérez.

 

Involucrado el director de la policía turística en el accidente de springbreakers

 * Niega la versión el director de la preventiva

 Jorge Nava * En el accidente, en el cual tres springbreakers resultaron heridos, se informó que el director de la Policía Preventiva Turística, Leonardo Vázquez Pérez, fue el responsable del choque porque se encontraba ebrio. Sin embargo, dicha versión la negó el director de la Policía Preventiva, Roberto Abizaid Gracián.

No obstante, Vázquez Pérez no ha acudido a laborar a la dependencia después del accidente que ocurrió a las 3 de la mañana, frente al hotel Torres Gemelas, extraoficialmente se informó que le pusieron yeso en el tobillo del pie derecho.

Esa madrugada, un choque automovilístico sucedió, en el que se involucraron la conductora de un taxi azul con blanco, tipo Tsuru, Rafaela Herrera Rosas y, según la Secretaría de Protección y Vialidad, el policía turístico Mario Bello Zurita, que conducía la patrulla de esa corporación número 01.

La dependencia ocultó dicha información. Abizaid Gracián después de afirmar que el funcionario no fue quien chocó sino el policía Bello Zurita, aseguró que la dependencia no tuvo ningún interés en ocultar nada, ya que Leonardo Vázquez hizo un parte informativo dando cuenta de lo sucedido.

Abizaid Gracián leyó el parte informativo que elaboró el funcionario, en el que se responsabiliza a la taxista Rafaela Herrera de pasarse el alto y ocasionar que la camioneta chocara.

Leonardo Vázquez explica que le enyesaron la rodilla de la pierna derecha, en el Hospital de la Base Naval, en donde lo atendieron. Pero negó que manejara la camioneta. Según el funcionario iba dormido cuando sintió el choque.

Abizaid Gracián lo defendió porque afirmó que nadie esta exento de que le suceda un accidente. En este caso, Abizaid Gracián señaló que si hubiera ido manejando Leonardo Vázquez, no tendría ningún problema de ponerlo a disposición de la autoridad correspondiente.

Del estado de los Springbreakers, Tim Tompson, Stephany Holson y Dorie Nilson, quienes resultaron heridos en el accidente, dijo que tenía conocimiento que ya habían sido dados de alta del hospital Santa Lucía. Negó conocer si el ayuntamiento pagaría los daños causados a su integridad física en el accidente.

En cuanto a que el servidor público Leonardo Vázquez se encontró en el lugar del accidente. El agente determinador del Ministerio Público de Costa Azul, Alberto Ortiz Miranda, explicó que era responsabilidad de la Secretaria de Protección y Vialidad el no dárselo a conocer. Aclaró que no era necesario, pues son lesiones imprudenciales en la que sería el agraviado quien decide si procede contra los detenidos.

A las 3 de la tarde acudieron los turistas accidentados a esa representación social, en donde un empleado del departamento Jurídico de la Secretaria de Protección y Vialidad acudió con Ortiz Miranda para solicitarle la libertad bajo fianza del policía detenido, Bello Zurita.

Ortiz Miranda dijo que estaba en espera del avalúo de daños que emitieran peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para poder determinar el montó de la fianza del policía.

Anoche la taxista Rafaela Herrera quedó en libertad, según Ortiz Miranda porque no había las suficientes pruebas de que ella fuera responsable del choque. En el caso del policía, señaló que salió en libertad bajo fianza porque hay pruebas que demuestran su responsabilidad.