Representantes del sistema de seguridad y justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y su Policía Comunitaria, en la manifestación de ayer afuera del Congreso local Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), protestaron en el Congreso local para exigir la aprobación de la iniciativa de reformas que llaman Ley indígena y afromexicana, entregada el 9 de agosto de 2023.
En el mitin frente a la puerta del estacionamiento, demandaron con esta iniciativa, el reconocimiento de la institución de los pueblos y el respeto a su autonomía, borrada de la legislación local cuando se derogó la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas.
A las 10 de la mañana, alrededor de 70 personas de las casas de justicia de Espino Blanco y la casa enlace de justicia de Escalerillas Lagunas San Juan, incluidos policías comunitarios uniformados, llegaron al Congreso para exigir una reunión con los diputados.
El coordinador regional de Escalerillas Lagunas San Juan, Vicente Dircio Nava, denunció que después de la abrogación de la Ley 701, son hostigados por agentes de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Policía del Estado, que hacen revisiones tanto a los policías comunitarios, como a las mujeres y niños de sus comunidades.
El sistema de reeducación comunitaria ha funcionado
En entrevista, indicó que el sistema de reeducación comunitaria ha garantizado la paz en sus territorios, y las corporaciones tratan de llevarse a las personas detenidas por la CRAC-PC.
“Necesitamos que se nos reconozca bien en el artículo 14 de la Constitución Política del Estado, una petición que desecharon las autoridades anteriores, y este gobierno hizo caso omiso también”.
En la protesta, el diputado Genaro Yovani Estrada Morales, suplente del diputado con licencia Masedonio Mendoza Basurto, tomó el micrófono para reconocer la actuación de la policía comunitaria en la Montaña, que ha impedido que la delincuencia organizada crezca en la región.
Añadió que el diputado Mendoza Basurto cumplió con los pueblos, llevando la iniciativa al pleno, pero justificó el retraso, porque el trámite legislativo lleva tiempo.
Invitó a una comisión de 10 personas, a entrar a las instalaciones para poder darles una explicación amplia.
Al salir de la reunión, el integrante del movimiento, Martín Rosales Sierra, acusó que de cara a las elecciones del 2 de junio, nadie en el Congreso del estado tiene interés en las reformas indígena y afromexicana, ahora “congelada”.
Ellos viven en una burbuja distinta, no lo están discutiendo, enfatizó.
Indicó que en la reunión estuvieron el diputado Estrada Morales, el secretario técnico de la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Citlali Calixto Jiménez, y el secretario de Asuntos Indígenas, Abel Bruno Arriaga.
Argumentaron que cuando la nueva administración de la Jucopo llegó en enero, la Comisión de Asuntos Constitucionales estaba desmantelada, sólo había un diputado y no podía sesionar.
Actualmente, la Comisión de Asuntos Indígenas sólo tiene una integrante, la presidenta de la Mesa Directiva Leticia Mosso Hernández. Los cuatro restantes están de licencia.
“Ellos mismos (los diputados en funciones) andan en campaña porque muchos de ellos se están reeligiendo y tampoco están tocando el tema. Por eso venimos a refrescarles un poquito la memoria, para decirles que hace mucho tiempo hemos buscado el reconocimiento del Sistema de Seguridad y Justicia de los pueblos, de distintas formas”.
Subrayó que la exigencia es que avance su iniciativa para recuperar los derechos plasmados en la ley 701, que se logró en 2011, y se abroga en 2018.
Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la reforma no era válida porque no hubo consulta a los pueblos, recordó el Congreso hizo en dos meses una consulta a modo, de escritorio, para ratificar la ley que envió en 2018 el ex gobernador, Héctor Astudillo Flores, que también había avalado la legislatura antepasada.
“De esa manera la SCJN validó la consulta que hicieron (los diputados de esta legislatura) que deja fuera la Ley 701. Nos convierte a nosotros, de la CRAC, en auxiliares de la Policía Municipal, Estatal, de los Ministerios Públicos”.
Señaló que esa reforma los regresa al momento que surge la policía comunitaria, hace 28 años, donde solamente podían detener por faltas o delitos, y entregar a las personas a las agencias del Ministerio Público.
“Está probado que eso no funciona, los MP funcionan con dinero y ellos liberan rápidamente a las personas y quedan los mismos problemas”.
Finalmente, informó que acordaron la instalación de una mesa técnica en dos meses, esto es, después de los comicios.
Con comisiones incompletas, dijo que la CRAC pidió la presencia de representaciones parlamentarias y políticas, el subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno del estado, el secretario de Asuntos Indígenas, para que asuman un compromiso.
Si no hay avances en un tiempo razonable, adelantó que van a protestar en Chilpancingo las cinco casas de la CRAC y los pueblos y organizaciones aliadas.
Añadió que hay amparos de personas en proceso de reeducación, contra los coordinadores de la CRAC-PC ya no tiene el amparo de la 701, que pueden ser detenidos.
Señaló que en febrero de esta año, en la casa enlace de San Juan, del municipio de Zapotitlán Tablas, detuvieron a algunas personas implicadas en una organizacion muy grande de trata de personas, que mediante recursos legales tratan de sacar el proceso de reeducación.
El sábado, en asamblea regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), se realizó el cambio de coordinadores y comandantes, en el municipio de San Luis Acatlán.
En declaraciones por teléfono, el vocero de la CRAC de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera dijo que el cambio es para el periodo 2024-2026, y que fue para ocho consejeros.
Explicó que además se realizó la entrega-recepción. Detalló que entre los que quedaron como nuevos coordinadores están: de la comunidad de Miahuichán, Ramiro Navarrete Cortes y de la localidad de Horcasitas, Ramón Jiménez Aguirre.
De la localidad de Zilacayotitlán del municipio de Tlapa quedó Ezequiel Catalán Madrid, de la comunidad de Arroyo Cumiapa, Rigoberto Rojas Lauriano
En cuanto a comandantes regionales informó que quedó por parte de la comunidad El Carmen, Jaime Rentería; de Poza Verde, Marcelo Pantoja Parra, y de Horcasitas Fulgencio Díaz Vázquez.
Raúl de Jesús Cabrera detalló que las autoridades comunitarias estarán durante dos años, “esperemos que cumplan el plazo para que se renueven otra vez la directiva”.
Dijo que 17 comunidades no habían participado y por lo tanto no ocupaban cargos, por lo que desde hace dos meses tuvieron una reunión, para pedirles que enviaran sus propuestas.
“Este sábado las autoridades regionales avalamos la propuestas presentadas, en total son cuatro coordinadores y cuatro comandantes regionales”, destacó Raúl de Jesús Cabrera.
Por último, informó que la elección se realizó en San Luis Acatlán y que estuvieron presentes las cinco casas de justicia que integran el sistema comunitario entre ellas: de Espino Blanco, Ziltatepec, El Paraíso y Las Juntas Caxitepec.
Pobladores de las comunidades de San Felipe, Quiahuitepec y El Potrero hicieron ayer brechas corta fuego para evitar que un incendio que lleva tres días llegara a la población Foto: El Sur
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
Pobladores de las comunidades de San Felipe, Quiahuitepec y El Potrero del municipio de Ayutla de los Libres, denunciaron ayer que desde hace tres días hay un incendio en el corazón de esa zona forestal en donde nacen un río, manantiales y ojos de agua que abastece a varias localidades, por lo que exigieron al gobierno del estado y al municipio que les ayuden a sofocar el fuego.
Ayer vía telefónica, pobladores denunciaron a El Sur que en la comunidad de San Felipe, que pertenece al nuevo municipio Ñuu Savi, cumplían tres días con un enorme incendio que no han podido sofocar, el cual ya había consumido varias hectáreas.
Contaron que ayer mujeres y hombres de las localidades de San Felipe, Quiahuitepec y El Potrero se organizaron para formar brigadas y hacer seis brechas corta fuego en los cerros incendiados, pero les preocupaba que a pesar de los esfuerzos el incendio no paraba y los habitantes se estaban agotando.
Urgieron al gobierno estatal, que mediante la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del estado, apoye a las comunidades que han hecho su esfuerzo por apagar el fuego, pidieron también insumos para que puedan llevar alimentos a los brigadistas, ya que de la población de San Felipe el incendio está a aproximadamente ocho kilómetros de distancia.
Expusieron que hasta el momento se sienten seguros de no evacuar la localidad tras las brechas cortafuegos que hicieron, y remarcaron que desconocen qué provocó el incendio, porque es una zona forestal, que llevaba más de 30 años sin quemarse, y que las comunidades organizadas acordaron un estricto control de la quema con el método de cultivo de tlacolol.
Afirmaron que la preocupación de los pobladores es que en esa zona nace el río que llega a San Felipe, y hay manantiales y ojos de agua que abastecen al menos otras siete comunidades, además, de que hay una abundante cantidad de venados, jabalí y pumas, entre otras especies.
Remarcaron su inquietud por los animales de la zona, luego de que desde que funciona en en esa área el sistema de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) se prohibió la caza principalmente de venado y jabalí, y ya había grandes poblaciones de las especies.
Indicaron que la localidad de San Felipe se ubica a dos horas en vehículo de la cabecera municipal de Ayutla, aunque los caminos siguen siendo de terracería, lo que demora el traslado.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra en la presentanción ante estudiantes de la Facultad de Derecho de la UAG en Acapulco del nuevo reglamento de la CRAC Foto: Jesús Trigo
Daniel Velázquez
Representantes de Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC) presentaron ante estudiantes y maestros de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), su nuevo reglamento que incluye un capítulo dedicado a los derechos de la mujer, y en el que se prohíben la venta de menores y los matrimonios forzados.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, y asesor de la CRAC-PC, Vidulfo Rosales Sierra, expuso que la Coordinadora se sustenta en las autoridades comunitarias y no en el hecho de que por portar un arma ya se es policía comunitario, “la Policía Comunitaria se basa en la comunidad, en sus sistemas normativos y de cargos”.
Abundó que tiene sustento legal en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que reconoce los usos y costumbres y los derechos de los pueblos indígenas, en el apartado A del artículo segundo de la Constitución Política del país que señala que los pueblos originarios pueden resolver sus conflictos internos de acuerdo a sus sistemas normativos, y en el estado con la Ley 701 que reconoce a la CRAC-PC desde 2011.
Indicó que el reglamento es un mecanismo de control y contrapesos que recae en la Asamblea General de Comunidades, donde participan las cinco casas de justicia: San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec, El Paraíso y Caxitepec.
La normativa también prevé una Comisión de Derechos Humanos para vigilar los abusos que pudieran cometer los coordinadores, los policías o los comandantes, también se tiene una comisión de Finanzas que maneja los recursos de la Coordinadora.
Rosales Sierra abundó que el reglamento también establece un procedimiento para ingresar a la CRAC-PC, mediante una solicitud, después se visita la comunidad para comprobar que dos terceras partes de la población esté de acuerdo en integrarse al sistema comunitario.
El asesor dijo que se incluye la prohibición de la venta de niñas, adolescentes y mujeres, el caso del aborto queda no penado cuando es provocado y se establece una disposición de que las mujeres son libres a decidir sobre su cuerpo y su vida. También se permite que puedan heredar bienes, cosa que anteriormente no se permitía. Se anuló el delito de las deudas civiles que antes atendía la Policía Comunitaria.
Entre las sanciones se estableció que la pena mínima es de tres meses y la pena máxima es de 30 años, anteriormente era de 10 años y después de una discusión se amplió a 30 la pena máxima.
Explicó que el proceso para llegar a la justicia en el sistema de la CRAC también está definido en el reglamento, se tiene que presentar la denuncia, hacer la investigación y el juicio, en caso de delitos no graves es de 3 meses y en delitos graves es de seis meses, y “ningún detenido por la CRAC puede estar sin sentencia”.
Indicó que no se permiten abogados en el sistema de justicia de la CRAC, pero las personas detenidas pueden tener asistencia de hasta tres personas de su confianza.
El consejero regional, Sabás Augusto Espinobarros agregó que en el reglamento se incluyen las atribuciones de los coordinadores regionales, qué sanciones pueden imponer las autoridades civiles de la comunidad y cuáles los coordinadores regionales, también se incluyen los procedimientos para la denuncia, la investigación y los derechos y deberes de los detenidos. El proceso para la reducación de los detenidos y los derechos de las mujeres que están en territorio comunitario.
El reglamento fue aprobado el 17 de diciembre de 2022, consta de 87 artículos y tiene una vigencia de seis años, en un artículo tercero transitorio se establece que a los cinco años deberá convocarse a una revisión al reglamento para su actualización.
Nació el 15 de octubre de 1995 mediante un acuerdo de asamblea en un contexto de inseguridad
El vocero de la CRAC-PC Raúl de Jesús Cabrera hizo una reseña histórica de la Policía Comunitaria que nació el 15 de octubre de 1995 mediante un acuerdo de asamblea en un contexto de inseguridad, pues ocurrían asaltos, robo de ganado y violaciones “a diario”.
Actualmente la CRAC tiene presencia en 211 comunidades de 39 municipios del estado, y se rigen con el reglamento recién aprobado.
“Donde nosotros estamos tenemos los índices mas bajos de inseguridad, no al cien por ciento pero sí los más bajos”, destacó.
Sabás Augusto habló de la estructura organizativa de la CRAC, la cual, explicó está dividida en tres niveles, primero la Asamblea General Comunitaria que es la que se hace en las comunidades, el segundo nivel es la Asamblea Regional de comisarios y delegados municipales, los comisariados, los principales y consejeros de la CRAC, y el tercer nivel es la Asamblea General de Autoridades Comunitarias, donde se reúnen los comisarios de las cinco casas de justicia.
Estimó que la CRAC está integrada por unas 3 mil personas desde policías hasta coordinadores, y los ciudadanos que habitan en las comunidades tienen la libertad de recurrir al Sistema de Justicia Comunitario o al Ministerio Público.
En la presentación del nuevo reglamento, el consejero regional Rolando Bahena Cruz habló de la distinción que hay entre la Policía Comunitaria y los grupos de autodefensa como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y la CRAC de los Pueblos Fundadores, los cuales no son parte de la CRAC porque no se rigen por su reglamento ni tienen respaldo de las asambleas comunitarias.
Como comentaristas participaron el presidente de la Barra Acapulco, Colegio de Abogados Ricardo Pablo Andalón Sotelo, el magistrado de Tribunal Universitario Dorian Bello Pardillo, la secretaria técnica de Presidencia Irma Graciela Lee González quien destacó la incorporación de un capítulo dedicado a los derechos de las mujeres en territorio comunitario.
También participó el líder histórico de la izquierda en el estado, Eloy Cisneros Guillén quien dijo que los gobiernos que se padecieron en la entidad no vieron a la CRAC como indispensable para la seguridad, y por eso no le han dado el apoyo integral para su desarrollo, sino que “han visto a la CRAC como contrincante, como enemigo”.
Llamó al Congreso y a la gobernadora Evelyn Salgado a entender que la CRAC “busca la coadyuvancia, no busca enfrentar a nadie, busca la paz para los guerrerenses”, y abogó porque se reglamente la coadyuvancia de la organización en la seguridad de los guerrerenses.
Abundó que “es un esfuerzo de vida porque quienes la integran no tan sólo dan su tiempo, su economía, hay reuniones permanentes, no tienen que trabajar en sus labores para dedicarle tiempo a esta actividad”.
Narcotráfico y venta de niñas
En la ronda de preguntas y respuestas una estudiante criticó los usos y costumbres como norma, cuando son violatorios de derechos humanos como la venta de niñas y otro estudiante preguntó cómo enfrentan el problema del narcotráfico en las comunidades, en respuesta Sabás Augusto Espinobarros indicó que el problema de la venta de niñas no ocurre en todas las comunidades, el caso de la comunidad de Dos Ríos en Cochoapa y en la parte alta de Tlacoachistlahuaca es donde se dan esas prácticas, dijo que la CRAC está en contra y por eso lo incluyeron en su reglamento.
Agregó que debido “al mal actuar” de la Policía Comunitaria de la comunidad de Dos Ríos en Cochoapa quedó fuera de la CRAC porque se detuvo a todos los involucrados, al suegro que hizo la denuncia, a los policías que detuvieron porque es un caso que no se puede juzgar, sino que se debe cuidar a la niñez y están en la postura de que esa costumbre debe ser erradicada, agregó que también quedaron fuera del reglamento los casos de brujería que son creencias arraigadas en los pueblos, pero que en la realidad no se pueden comprobar.
Raúl de Jesús Cabrera añadió que el caso de la venta de niñas se usó para “golpear” a la CRAC, pero quienes lo hicieron olvidaron que hay instituciones como el DIF que tienen presupuesto público, la Secretaría de Educación también tiene maestros en la zona, y cuestionó qué hace la Iglesia pues los sacerdotes ofician las misas en las que se casan menores de edad, “pero cuando hay problemas, el problema es la CRAC”.
Sobre el narcotráfico De Jesús Cabrera dijo que están abiertos a que las autoridades detengan a personas acusadas de homicidio o secuestro que estén en las comunidades porque no protegen delincuentes, y si ellos detienen a un traficante lo sancionan de acuerdo a sus normativa, ejemplificó que actualmente hay dos hombres detenidos y sentenciados a trabajo comunitario por 15 años por extorsión, en ese caso los entregarán a las autoridades hasta que concluyan su sentencia.
“Tampoco podemos decir que no hay infiltrados dentro de la policía, entre más grande es como el hijo, cuando está chiquito uno lo controla bien pero entre más crece, más problema y más desconfianza nos genera, así es la institución, que no es tan fácil de controlarlo pero tenemos bajos índices de inseguridad, no al cien pero sí la más baja y no hay refugio de narcotraficantes”.
No afectan a la CRAC las operaciones del gobierno contra las autodefensas
En declaraciones a reporteros el abogado Vidulfo Rosales fue consultado sobre las declaraciones que dio la gobernadora en el Grupo Aca, de que los grupos de autodefensa ya no tienen presencia en El Ocotito, Costa Chica y la Zona Norte, y opinó que eso no afecta a la CRAC porque opera en sus comunidades, y consideró “positivo” que el gobierno del estado avance en acotar a esos grupos “como la UPOEG que aquí en Acapulco están involucrados en desapariciones forzadas como la del compañero Vicente Suástegui, ojalá esos operativos puedan contribuir para la aparición de nuestro compañero”.
Agregó que en la medida en que el gobierno estatal acote a las autodefensas ayudará a la Policía Comunitaria, porque esas autodefensas son “grupos de choque” contra la CRAC.
Confió en que la ofensiva del estado para limitar las autodefensas no afecte a la Policía Comunitaria porque ésta tiene bien delimitadas sus funciones, sus actuaciones en las comunidades y cuenta con el reconocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La demanda al Congreso local es que haya reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas para que puedan ejercer sus sistemas normativos, reconocimiento a los gobiernos y autogobiernos y la representación indígena antes los poderes como el Congreso, y que el reconocimiento de propiedad ancestral que tienen los pueblos indígenas sobre la tierra, pues son los poseedores del territorio desde antes de la formación del estado.
Rosales Sierra indicó que la CRAC actualmente enfrenta problemas con los jueces de distrito por los amparos que presentan algunos abogados contra la Policía Comunitaria.
También en declaraciones, el vocero Raúl de Jesús indicó que están realizando una investigación sobre el hallazgo de un cuerpo desmembrado ocurrido la semana pasada, para deslindar responsabilidades y evitar que haya filtraciones del crimen organizado, dijo que la información que se conoce es que la víctima era de Azoyú y la fueron a dejar a San Luis Acatlán.
El caso del preso político de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Tixtla, Gonzalo Molina González, se cierra este lunes, a partir de ahí quedan 15 días para dictarle sentencia, y se espera que reciba su libertad.
La representante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Enriqueta Chávez López pidió a las organizaciones estar atentas, pues en el caso del ex policía comunitario preso Samuel Ramírez Gálvez informaron de su salida horas antes, para que nadie fuera a recibirlo.
Ayer el ex preso de la CRAC Arturo Campos manifestó que Gonzalo Molina debe salir en libertad porque no cometió ningún delito, y demandó a las autoridades su libertad.
En una llamada la representante del Comité y Arturo Campos celebraron el cierre del caso de Molina González, y esperan su libertad inmediata.
Arturo Campos expuso que espera que ya se otorgue la libertad a su compañero, porque no hay pruebas para dictarle una condena, que debe obtener la libertad absoluta pues ya aguantó que el gobierno lo tenga más de cuatro años preso sin haber cometido algún delito.
Agregó que hay certeza de que pronto saldrá en libertad, y que seguramente después de salir se incorporará al movimiento por los derechos de los pueblos.
De la aprobación a la reforma al Artículo 14 de la Constitución del estado que desaparece la figura de policía comunitaria, señaló que no pueden hostigarlos más porque ya lo han hecho, y aclaró que este sistema de justicia nació en 1995, sin la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.
Añadió que existe el Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros tratados internacionales que los protegen.
Agregó que han trabajado por los pueblos y han combatido la delincuencia, pero cuando el gobierno es parte de la delincuencia entonces les perjudica el trabajo de la Policía Comunitaria.
“Nosotros vamos a seguir con la Ley 701, nosotros lo único que queremos es el respeto, no necesitamos más leyes… no estamos en contra del sistema… lo único que hacemos es combatir la inseguridad en nuestro territorio”, recalcó.
Añadió que en las comunidades donde está la CRAC lo único que quieren es paz, y exigió al gobierno libertad para Gonzalo Molina, y para el representante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui. (Beatriz García / Chilpancingo).
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), organismos de derechos humanos y agrupaciones sociales convocaron ayer a las comunidades indígenas a “increpar al poder”, levantando la voz ante los tribunales que han reconocido los derechos indígenas y a la Policía Comunitaria, y contra “los gobiernos racistas que sin consultarnos aprobaron una reforma constitucional que violenta nuestros derechos”.
El pronunciamiento lo respaldan las casas de justicia de la CRAC-PC de San Luis Acatlán, Espino Blanco, municipio de Malinaltepec y El Paraíso, municipio de Ayutla, sí como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el colectivo El Grito.
“Ante el golpe artero de los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado que de tajo desconocieron nuestros derechos conquistados, como pueblos levantamos la voz contra los gobiernos racistas que sin consultarnos aprobaron una reforma constitucional que violenta nuestros derechos”, dice el escrito que cuestiona la reforma al Artículo 14 constitucional en materia de derechos y cultura indígena.
Luego advierte que a pesar de este “atraco” los indígenas son los dueños primigenios “de este enclave sureño de vastas riquezas naturales”, y “herederos de una civilización que ha sabido preservar una cultura basada en el respeto a nuestra madre tierra y a nuestros derechos colectivos”.
“En contrapartida los gobiernos usurpadores se han empeñado en saquear y desaparecernos como pueblos originarios, sin embargo aquí estamos de pie para emprender otra batalla más”, advierte.
Mediante este escrito los organismos recuerdan que en 1995 los pueblos indígenas de la Costa-Montaña decidieron hacer frente a la inseguridad, originada por las mismas autoridades y corporaciones policiales que se coludieron con las bandas delincuenciales para institucionalizar el atraco al amparo del poder.
Agregan que ante esta amenaza los pueblos indígenas se vieron obligados a organizarse para defender su patrimonio y hacer valer sus derechos, “inspirados en la lucha de nuestros antepasados aplicamos nuestro sistema de seguridad y justicia y logramos revertir los índices de criminalidad en un 90 por ciento, recuperando el control de nuestras instituciones encargadas de procurar justicia y reeducar a quienes han causado daño a la comunidad”.
Sin embargo, la respuesta de “los de arriba” no se hizo esperar y el gobierno mestizo “que es cómplice de la corrupción se obstinó en perseguirnos y amenazarnos, encarcelando a nuestras autoridades para causar temor y contener nuestra capacidad para organizarnos”.
Mencionan que lograron que las autoridades del estado reconocieran en la Ley 701 que la Policía Comunitaria es legal y legítima, y que además es un aporte transcendente que enriquece la pluralidad jurídica del estado y del país, como lo han reconocido los relatores especiales de pueblos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Sin embargo denuncian que a pesar de esta gran contribución, “hoy los poderes Ejecutivo y Legislativo de manera perversa se aliaron para que de un plumazo quitaran de tajo el carácter constitucional que tenía nuestra Policía Comunitaria, con el fin de encapsularnos y supeditarnos a leyes que violentan nuestros derechos colectivos”.
Para la CRAC y las agrupaciones solidarias las reformas aprobadas el 27 de julio por los diputados locales, son una “contrarreforma urdida por el Ejecutivo y aprobada a pie juntillas por los diputados, con la finalidad de criminalizar las funciones esenciales de nuestro sistema de seguridad y justicia comunitaria”.
Por lo que hacen pública su protesta y advierten que como pueblos originarios de la Costa-Montaña, donde nació el proyecto de la Policía Comunitaria, “defenderemos con la ley en la mano este modelo ejemplar que nos ha garantizado la paz y la seguridad en nuestros territorios”.
Reprochan que “esa legislatura de triste memoria ignoró que en Ayutla de los Libres, donde habitamos los na’savi y me’pha se diseñó el histórico plan para derrocar a Santa Ana y luchar por la instauración de un gobierno democrático”.
Recuerdan que fue en este mismo municipio donde decidieron como pueblos nombrar a “nuestras autoridades municipales por usos y costumbres, es decir, en nuestras asambleas comunitarias. Esta lucha tenaz fue una demostración de que nuestros derechos tienen que ser respetados por las instituciones del Estado y los mismos partidos políticos”.
Destacan que de esta misma forma nació la Policía Comunitaria, en las asambleas de los pueblos y “haciendo valer nuestro derecho a la consulta y en ejercicio de nuestra autonomía”.
Advierten que los pueblos no son vasallos de los gobiernos “usurpadores, ni súbditos para que nos impongan leyes que nos sojuzgan, ostentamos la titularidad de nuestros derechos, le pese a quien le pese”, y se reclaman sujetos de derecho “no objeto de políticas asistencialistas”.
Convocan a los pueblos a que “con la fuerza de la razón y la legitimidad de nuestras luchas, increpar al poder levantando nuestra voz ante los tribunales que han sabido reconocer nuestros derechos y a nuestra Policía Comunitaria, que es un modelo ejemplar reconocido en leyes nacionales e internacionales”.
Añaden que ante la aprobación de esta contrarreforma, “por esta agónica legislatura”, hacen un llamado los ayuntamientos “a no ser cómplices de esta decisión que atenta contra nuestros derechos, y más bien hagan valer su poder para rechazar esta ley y apoyar los recursos legales que como pueblos indígenas interpondremos ante las instancias competentes”.
Finalmente advierten que: “con el derecho que nos asiste hacemos público que acudiremos a las instancias correspondientes para revertir esta reforma y afianzar mejor nuestra organización, para defender y consolidar el proyecto histórico de nuestra Policía Comunitaria que nació para garantizar la seguridad y la paz tan ausente en nuestro estado”.
El presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRI en San Luis Acatlán, Marcos Pano Vargas, y sus operadores políticos, Alfredo López Sánchez y Manuel Justo Morales, permanecerán en la Casa de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), de la cabecera municipal, hasta el jueves de esta semana.
Pano Vargas, López Sánchez y Justo Morales fueron detenidos por la Policía Comunitaria en Mixtecapa, comunidad que se encuentra a una hora de recorrido de la cabecera municipal, y acusados de portación de armas y compra de votos.
Consultado en la Casa de Justicia, el coordinador regional de la Policía Comunitaria –quien no proporcionó su nombre–, precisó que los tres detenidos cometieron un “delito grave” por el que aún no emiten su declaración; explicó que luego de ser recluidos, debe haber un proceso de investigación de los hechos, se analizarán las evidencias y se tomará en cuenta la versión de los presuntos culpables.
Sin embargo, debido a que sábados y domingos la Casa de Justicia suspende sus actividades de investigación, aunque no de vigilancia, los tres detenidos deberán esperar a que los coordinadores regionales se reúnan para evaluar su situación, y después, se les tomará su declaración. Este proceso podría demorarse hasta el martes o jueves de esta semana.
Sobre la situación de Pano Vargas, López Sánchez y Justo Morales, dijo que no están incomunicados y que la hermana de uno de los tres acudió a visitarlos, lo único que se les prohíbe es salir de la Casa de Justicia y hablar acerca del motivo de su detención, pues esto deberán hacerlo cuando se les tome su declaración.
Detalló que “las evidencias los inculpan”, pues trascendió que los tres salieron de la cabecera municipal la mañana del sábado con 250 mil pesos en efectivo, “para repartir” a los habitantes de Mixtecapa y sus anexos; además, la Policía Comunitaria les confiscó 15 mil pesos en efectivo, en paquetes de 5 mil pesos en tres sobres amarillos, y dos armas, una calibre 45 y otra calibre 22, así como copias de credenciales de elector de personas a las que habrían pagado por su voto.
Contó que la noche del sábado, militantes del PRI bloquearon las calles cercanas a la Casa de Justicia para evitar que Pano Vargas, López Sánchez y Justo Morales fueran detenidos, “nos los querían quitar” pero no hubo confrontación y se recluyó a los tres hombres.
“Queremos que se difunda el hecho para que les dé vergüenza”, dice coordinador
“Lo que queremos es que se difunda (el hecho) para que les de vergüenza”, expresó y consideró que el comprar votos “es un trabajo descalificado”; recordó que “siempre que gobierna el PRI hay cosas terribles”, como la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la matanza de Tlatelolco y otros casos similares, además de que los operadores de ese partido “engañan” a las personas de origen humilde con dinero, despensas y promesas de que su situación cambiará, para convencerlas de darles el voto, “yo no voy a votar, pero no quiero que se compre a la gente su libertad”.
Respecto de la situación de seguridad en San Luis Acatlán, el comandante regional aseguró que el municipio “es tranquilo” y que la violencia e inseguridad se viven en la sierra del estado, donde de manera constante hay enfrentamientos con grupos armados, porque en esa zona la producción de amapola es alta.
La Casa de Justicia de la CRAC está ubicada en el barrio de San Isidro, cerca del Centro de Salud y del Palacio Municipal, las calles de la cabecera municipal son vigiladas por policías comunitarios y policías municipales.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) rechazó la acusación del candidato de la coalición Todos por México (PRI, Panal y PVEM), José Antonio Meade Kuribreña, contra la ex comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, candidata de Morena a senadora, a quien señaló como secuestradora en el debate de candidatos a la Presidencia el pasado domingo.
Mediante un comunicado, la CRAC denunció que la acusación es infundada y un ataque al sistema comunitario indígena que por más de 20 años ha impartido justicia y seguridad, y llamó “a todos los indígenas y compatriotas de los pueblos originarios a no dar un solo voto al PRI, ni a permitir un solo acto de campaña de Meade en territorio comunitario”.
En el posicionamiento, las Casas de Justicia y Comités de Enlace del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, señalaron que la acusación de secuestradora contra su compañera en la transmisión en vivo del segundo debate presidencial 2018 del candidato presidencial, es “violencia política de género”.
La CRAC-PC defiende a Nestora Salgado como su “compañera de lucha” , que estuvo más de dos años detenida acusada de secuestro, y quedó en libertad pues se demostró que jamás secuestró a nadie, y que sólo actuó en cumplimiento de sus funciones como autoridad comunitaria, lo que fue reconocido por tres jueces federales que resolvieron su libertad.
También la secretaria de la Mujer la ha atacado
La CRAC-PC agregó que Meade no es la primera figura de la élite gobernante que dice algo semejante contra esta mujer de lucha, ya que apenas la semana pasada la secretaria de la Mujer, Mayra Gloribel Martínez Pineda, desde su celular particular compartió en redes el texto que literalmente decía de Nestora Salgado, “Al llegar al senado, tendrá fuero constitucional, lo que le permitirá regresar de Estados Unidos y NO ser enjuiciada por los crímenes que ha cometido”, y luego aconseja, “Hazlo viral, reenvíalo por el bien de todos”.
Cuestionaron que, si estuvo en prisión más de dos años y fue exonerada de distintos delitos, por qué habrían de juzgarla dos veces por los mismos cargos, “en su momento fue una presa política; al gobierno del estado y al gobierno federal poco les importó que haya actuado con base en el artículo segundo constitucional, en la ley 701 del Estado de Guerrero y en el Convenio 169 de la OIT, que establecen: la autonomía de los pueblos originarios para regirse por usos y costumbres, máxime si se trata de proteger a las comunidades de crímenes y delitos como los que cometían los supuestos secuestrados por Nestora Salgado”.
Recordaron que la ONU determinó que la privación de la libertad de Nestora Salgado fue ilegal y arbitraria, porque sus acciones tuvieron respaldo jurídico en leyes nacionales e internacionales.
En el comunicado, indican que la CRAC respeta la libertad de votar y ser votado que tienen todos y todas las indígenas, pero la acusación sin fundamento que hizo José Antonio Meade, “es un ataque al sistema comunitario indígena, a la CRAC-PC, que por más de 20 años hemos mantenido un sistema de justicia y seguridad alternativo al sistema corrupto mexicano”, y llamaron a no votar ni apoyar el candidato presidencial del PRI.
Promotores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), activistas y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa exigieron la libertad de los presos políticos, la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos y que las autoridades dejen de criminalizar a los luchadores sociales.
En conferencia de prensa en la Normal Rural de Ayotzinapa el policía comunitario liberado ayer, Samuel Ramírez Gálvez, su madre, Beatriz Gálvez Macario, el promotor de la CRAC-PC que también estuvo en prisión, Arturo Campos Herrera, y la esposa del coordinador de la Policía Comunitaria de la base del Fortín de Tixtla, preso en la cárcel de Chilpancingo Gonzalo Molina González, Ausencia Honorato Vázquez declararon que seguirán activos en la lucha social en defensa de los derechos del pueblo.
Campos Herrera dijo que el Ejército detuvo a Ramírez Gálvez “para poder criminalizar a la Policía Comunitaria”, y que muchos luchadores sociales y activistas no acudieron a recibirlo al salir de la cárcel porque todo fue muy rápido.
“Queremos decirle al Estado que ya deje de criminalizar a nuestras organizaciones como la CRAC, que deje de criminalizar a los movimientos sociales que luchan por sus derechos, que deje de intimidar a nuestros compañeros y deje de meter más presos (políticos)”, como a los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop).
Criticó que “el Estado no ha atacado a la delincuencia organizada, la delincuencia que existe en el estado está aumentando cada día más, y a nuestras organizaciones que no somos delincuentes, que estamos defendiendo a nuestro pueblo, nos criminaliza”, y exigió respeto para las organizaciones y luchadores sociales.
Además dijo que en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el responsable es el gobierno, “está claro que el Ejército tuvo que ver, la Policía Federal y la Estatal también, los responsables deben ser castigados como (el ex gobernador) Ángel Aguirre Rivero”, por ello continuará la lucha por la presentación con vida de los jóvenes.
“Yo quería salir (de la cárcel) como absuelto, el gobierno no respeta la Ley 701 pero nosotros vamos a seguir luchando hasta sacar a nuestro compañero Gonzalo Molina, vamos a seguir”, insistió Ramírez Gálvez que fue liberado el martes en la tarde y recibido por vecinos de la comunidad indígena Emperador Cuauhtémoc. El policía comunitario habló un instante sólo para dejar claro que fue declarado culpable por un delito que no cometió. Su madre Beatriz Gálvez informó que no habla bien el español y los primeros días de prisión fueron muy duros para su hijo, pues no podía defenderse.
Beatriz Gálvez dijo que “el gobierno siempre reniega los derechos del pueblo, de los indígenas, de la gente humilde, de la gente que no tiene recursos, aquí el gobierno lo saca (a Samuel) culpable, él no es culpable, el arma que portaba no era de él, era de la comunidad y se le entregó para que resguardara a su gente pero lo detuvieron con esa arma”, que según las autoridades era de uso exclusivo del Ejército por lo que Ramírez Gálvez fue condenado a 4 años y 100 días encerrado en la cárcel de Chilpancingo.
Beatriz Gálvez es una mujer na’ savi de Zitlaltepec, Metlatónoc, al igual que sus cuatro hijos, Samuel es el menor y fue encarcelado cuando tenía 18 años, en la conferencia de prensa la señora denunció que su esposo Raúl Ramírez Onofre la responsabilizó de la situación y la abandonó pero en su comunidad, Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, fue acusada de haber desaparecido a su marido, de haberlo asesinado, por lo que en 2016 la encarcelaron 17 días.
“Yo sola con mis otros hijos venía (a Chilpancingo) cada dos, tres meses para verlo (a Samuel) hasta ahorita que sale y sale culpable, en mi caso con la desaparición de este señor (su esposo) me mandan al Ministerio Público pero nadie se encarga de buscarlo, me mandan a mí a buscarlo, yo sé que se fue para perjudicarme, por eso lo digo, para que cuando sea el momento pueda denunciar este caso porque es algo injusto como madre de familia, como mujer”, expuso.
Añadió que como policía comunitaria y coordinadora de la Casa de Justicia de su comunidad, y aunque el gobierno no reconozca la lucha social “no nos va a intimidar, no nos va a amedrentar, bien o mal nosotros vamos a seguir porque es para la defensa de los pueblos, no es para algo malo, aunque el gobierno no lo reconozca vamos a seguir firmes, en nuestro pueblo nadie nos va a defender, nadie nos va a cuidar más que nosotros”.
Honorato Vázquez pidió al gobierno que respete a la CRAC-PC y la Ley 701, “queremos exigirle al gobierno y decirle que vamos a seguir en la lucha hasta que todos nuestros compañeros todavía presos salgan libres como el caso de mi esposo Gonzalo Molina, a todos nuestros compañeros les violaron sus derechos humanos cuando el gobierno sabe que nuestra institución está reconocida”.
Señaló que aunque Ramírez Gálvez fue condenado “nosotros sabemos que todos nuestros compañeros no son culpables de nada, al contrario, han luchado por el bien de las comunidades, por el bien de las personas y el gobierno sabe que por eso estamos reconocidos”.
Un representante del Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón de la Normal Rural de Ayotzinapa pidió respeto a la CRAC y las organizaciones sociales, que se unen para buscar el bienestar para sus comunidades y la sociedad. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).
En un video difundido por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en México, el sacerdote Alejandro Solalinde demandó al gobernador Héctor Astudillo Flores la liberación de los presos políticos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Gonzalo Molina González y Samuel Ramírez Gálvez.
El también director del albergue Hermanos en el Camino, en Oaxaca, en diciembre emitió un primer video pidiendo la libertad de los presos de la CRAC-PC, luego de la liberación de Arturo Campos. En el segundo plantea que los dos no merecen estar en la cárcel porque son personas dignas, y se requiere que sean liberadas de inmediato.
El 6 de octubre de 2013 Samuel Ramírez Gálvez fue detenido acusado de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército,.
Gonzalo Molina fue detenido el 6 de noviembre de 2013 y es acusado de terrorismo, robo agravado, privación de la libertad personal y lesiones.
