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Hay menos desplazados en Chichihualco, pero no han regresado a sus pueblos: Centro Morelos

El 23 noviembre, un adulto mayor desplazado por la violencia de Filo de Caballos descansa en la entrada del auditorio de Chichihualco. Foto: José Luis de la Cruz

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández, negó que grupos de desplazados de comunidades de Leonardo Bravo (Chichihualco) estén regresando a sus comunidades, como le dijo el alcalde de este municipio, Ismael Cástulo Guzmán, al obispo Salvador Rangel Mendoza.
Aseguró que la mayoría sigue en su calidad de desplazados porque el gobierno no les ha garantizado la seguridad en sus pueblos.
En cambio, ratificó que las familias desplazadas han quedado abandonadas por el gobierno del estado, como lo declaró el domingo el ex coordinador de la Policía Ciudadana de Leonardo Bravo y Eduardo Neri, Crescencio Pacheco González.
La noche del domingo el obispo Rangel Mendoza dijo en su homilía que el alcalde Cástulo Guzmán le informó que algunos grupos de desplazados estaban regresando a sus comunidades, sobre todo los de la comunidad de Los Morros y que sólo quedaban las familias de Filo de Caballos.
“Eso es mentira”, aseguró ayer vía telefónica el director del Centro Morelos, organismo no gubernamental (ONG) que fue elegido por las familias desplazadas para que los represente en sus gestiones.
Recordó que para que las familias pudieran regresar en condiciones de seguridad a sus hogares, el organismo propuso la firma de una minuta de acuerdos con el gobierno estatal, mediante el subsecretario para Asuntos Políticos, Martín Maldonado del Moral, en donde se plasmaran los compromisos del gobierno del estado “para garantizar la vida y la seguridad de toda la gente que deseara regresar a su comunidad”.
Sin embargo, reiteró que el funcionario estatal se negó a firmar la minuta aun cuando en el contenido se daba cumplimiento a la Ley 487 para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno.
Declaró que no se ha cumplido con las garantías mínimas de seguridad para el regreso de las familias, tampoco tienen garantías de alimentación salud, educación y empleo que establece la ley 487 para los desplazados por la violencia.
Insistió que en estas condiciones las familias no pueden regresar a sus casas y comunidades.
Reconoció que a diferencia de los primeros días, después del 11 de noviembre cuando la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo irrumpió en Filo de Caballos, y había de mil 600 a 2 mil personas desplazadas en el auditorio municipal de Chichihualco, ahora hay unas 500, pero no porque el resto hayan regresado a sus comunidades, sino porque algunos se fueron a vivir con sus familiares en varias ciudades del estado y otros están emigrando a otros estados.
Pero dijo que eso no les quita su calidad de desplazados porque siguen fuera de sus pueblos porque el gobierno no les cumplió con brindarles las garantías de seguridad.
Añadió que a 15 días de que fueron desplazados, hay desesperación entre las familias porque el gobierno les suspendió la ayuda desde la semana pasada. Dijo que tampoco cuentan con un interlocutor, “los padres de familia carecen de empleo para sostener a sus hijos, éstos no van a la escuela y tampoco tienen el servicio de salud”.
El defensor de derechos humanos expresó que el hecho de que haya disminuido el número de desplazados en el auditorio municipal, le resta presión al gobierno, “pero finalmente siguen siendo gente desplazada, a quienes no les ha resuelto su problema de fondo el gobierno”.
Añadió que las familias están buscando dónde establecerse por su propia cuenta porque no ven un compromiso serio y a corto plazo de los gobiernos estatal y federal para replegar y desarmar a los policías comunitarios que los desplazaron de sus comunidades.
Olivares Hernández comentó que por la disminución del número de desplazados el gobierno ha comenzado a desentenderse de esta situación, y que a partir del miércoles de la semana pasada es la población civil la que les está llevando víveres para su alimentación y ropa.
“La última vez que vimos que el gobierno estatal les trajo víveres fue el miércoles de la semana pasada, el mismo día que pagó un desplegado”, dijo Olivares en referencia a una publicidad pagada por el gobierno estatal en la que niega que haya omisión en el caso y acusa a Olivares Hernández de “disuadir” a los desplazados para que no regresen a sus pueblos y de provocar la segmentación del grupo.
Añadió que ese día por la noche personal del gobierno del estado llevó muchas despensas, cobertores, ropa y zapatos nuevos, “aparentemente para respaldar su inserción pagada trajeron mucho apoyo, pero fue la última vez que trajeron algo”, aseguró.
Pero replicó que ese apoyo no es una dádiva del gobierno, sino un derecho que tienen los desplazados que está establecido en la Ley del Desplazamiento Interno. Además, aclaró que no están aquí por gusto ni por voluntad propia, sino porque el gobierno no les garantizó seguridad en sus pueblos de los que se vieron obligados a salir.
“Yo creo que el derecho a la alimentación en esta situación de victimas tiene que ser algo diferente, pero lo que están comiendo diariamente es frijol, huevo y arroz que es la despensa clásica”.
Olivares añadió que para la solución del problema de fondo, la esperanza la tienen en las nuevas autoridades federales que entrarán este 1º de diciembre, “la única esperanza que tienen es para cuando tome posesión Andrés Manuel López Obrador, creen que será cuando esto pueda resolverse”.
Informó que los desplazados no han decidido otras acciones como salir en comisiones a dependencias federales u organismos de derechos humanos, o manifestarse en otros lugares del estado porque se sienten muy vulnerables y temen que los repriman o queden más abandonados fuera de su territorio, “mientras que aquí, en el refugio, prácticamente se sienten en su casa”, expresó.

 

Respaldan organizaciones la demanda de amparo de San Miguel del Progreso contra las minas

Autoridades agrarias de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, el Consejo de Autoridades Agrarias y representantes de organismos civiles de derechos humanos pidieron a la jueza primera de Distrito de Chilpancingo, Estela Platero Salado, que resuelva el amparo que solicitó el núcleo agrario de San Miguel del Progreso en contra de la declaratoria de libertad de terreno emitido por la Secretaría de Economía del gobierno federal en 2016.
Con esa declaratoria de libertad de terreno se abre la posibilidad de que el gobierno federal decida sobre casi el 80 por ciento del territorio de ese núcleo agrario, que entren a trabajar las mineras que tienen concesiones vigentes.
En conferencia de prensa, las autoridades agrarias y representantes de organismos civiles denunciaron que esa declaratoria del gobierno federal pone en riesgo el territorio indígena del núcleo agrario de San Miguel del Progreso, y de al menos 24 núcleos agrarios de la región de la Montaña y de la Costa Chica, en donde hay 22 concesiones vigentes para la explotación de minas.
Asistieron a la conferencia, el presidente del comisariado de Bienes Comunales de San Miguel del Progreso, Valerio Mauro Amado; el secretario, Mariano Morales; el presidente del Consejo de Autoridades Agrarias, Miguel Santiago; la antropóloga Teresa Sierra; la abogada Maribel González; el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, y el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares.
La abogada Maribel González, recordó que desde 2013 San Miguel del Progreso ganó un amparo con el que se cancelaron dos concesiones que pretendían explotar las minas Reducción Norte de Corazón de Tinieblas y Corazón de Tinieblas, en su territorio, pero que la Secretaría de Economía emitió en 2016 la declaratoria de libertad de terreno en esa misma área.
Las autoridades del núcleo agrario solicitaron un amparo contra esa declaratoria, y ahora exigen que la jueza primera de Distrito que lleva el caso, Estela Platero Salado, resuelva conforme a los estándares internacionales el amparo 429 que fue solicitado en 2016.
Informó que la solicitud es respaldada por representantes de 24 núcleos agrarios que pertenecen al Consejo de Autoridades Agrarias de las regiones Montaña y Costa Chica, que también se oponen a la exploración y explotación de las minas en su territorio.
La abogada dijo que esa declaratoria de libertad de terreno significa una nueva amenaza para las comunidades indígenas pues abre las puertas para que empresas mineras extranjeras entren a explorar y después a explotar las minas de la región.
Informó que el 31 de marzo pasado se realizó la audiencia constitucional, y demandaron que la jueza recurra a los estándares internacionales, que ya son ley en México, para emitir su resolución.
El comisariado de los Bienes Comunales, Valerio Mauro Amado advirtió a su vez que, “por ningún motivo queremos que las mineras entren a nuestro territorio, porque allí nace el agua, allí están nuestros lugares sagrados y de nuestras tierras nos mantenemos”; añadió que, por ese motivo desde 2011 levantaron actas de asambleas en las que rechazan las mineras, y que fueron entregadas al Registro Agrario Nacional (RAN).
El representante agrario pidió a la jueza que respete el derecho al territorio que tienen los pueblos indígenas me’phaa.
El presidente del Consejo de Autoridades Agrarias, agrupación que se constituyó hace cinco años y que agrupa a 24 núcleos agrarios de la Montaña y Costa Chica, Miguel Santiago informó que cada dos meses han organizado foros para defender su territorio de las concesiones que ha autorizado la Secretaría de Economía, “porque no nos benefician, ya tenemos como ejemplo Carrizalillo (municipio de Eduardo Neri), en donde la minera sólo ha traído problemas de violencia, por eso nosotros no vamos a permitir que entren esas mineras extranjeras”, advirtió.
Informó que de 12 núcleos agrarios con los que se constituyó ese Consejo, ahora se han incorporado 24, y que cada vez se suman más.
Por su parte, la antropóloga Teresas Sierra informó que elaboró un peritaje antropológico que entregó a la jueza primera de Distrito para que sustente la elaboración del amparo, tomando en cuenta que son comunidades indígenas las que están defendiendo su territorio.
Explicó que pide tomar en cuenta el vínculo sagrado que tienen las comunidades indígenas con su territorio, lo que les da legitimidad a los pueblos indígenas para defenderlo.
La antropóloga sustentó que el pueblo me’phaa, al que pertenece San Miguel del Progreso, tiene raíces arraigadas con sus dioses que consideran están allí, en su territorio, y que éstos son fundamentales para la vida misma del pueblo.
“La relación con su territorio tiene que ver con estos señores (dioses) de los cerros y del agua y si no manifiestan este respeto hacia ellos lo relacionan con desastres naturales, por eso la defensa de su territorio no es solamente un asunto de tierras, sino que está relacionado con los rituales que realizan para visualizar su vida cotidiana”, explicó Teresa Sierra.
La antropóloga expresó que los indígenas piden permiso a estos dioses para el ejercicio de su gobierno, como una forma de respeto hacia ellos.
Añadió que es esta vinculación sagrada con su territorio la que están viendo amenazada con la posibilidad de que entren las mineras extranjeras a explotar los yacimientos minerales de su región.
Frente a la declaratoria de libertad del terreno que emitió el gobierno federal, la antropóloga advirtió que se pretende una afectación “grave y absoluta”, porque además, se ha hecho sin consultar a los pueblos indígenas como lo establecen los estándares internacionales que México está obligado a cumplir.
El secretario técnico de la Red Guerrerense, Manuel Olivares manifestó el apoyo de los organismos civiles al núcleo agrario de San Miguel del Progreso y a los otros 23 que integran el Consejo de Autoridades.
Denunció que con esa declaratoria se evidencia que el gobierno federal está al servicio de las empresas extractivas, y que no le interesa el daño que van a ocasionar a la región.
Al respecto, Abel Barrera, denunció que en Guerrero la tendencia es avanzar más allá de lo que la ley le permite al gobierno para tomar territorios, y que un ejemplo es el del núcleo agrario de Cacahuatepec, en Acapulco, donde se insiste en instalar la presa La Parota.
Dijo que, afortunadamente los pueblos indígenas siguen resistiendo mediante la ley y la organización, mientras que el gobierno pretende reconocer “sólo su parcela y su milpa” como el territorio de los pueblos indígenas.
Barrera Hernández añadió que en Guerrero está demostrado que las mineras solamente traen devastación, y puso como ejemplo las de Carrizalillo, en Eduardo Neri, y la de Campo Morado, en Arcelia, y dijo que la jueza Platero Salado debe proteger el derecho al territorio que tienen los pueblos indígenas.

La inseguridad no se resuelve con el envío de federales a Chilapa y Zitlala, advierte la Red

 

El secretario ejecutivo de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares dijo que en Chilapa y Zitlala se vio la presencia de la Policía Federal (PF) a partir del sábado y domingo a raíz del anuncio de la llegada de mil policías federales, aunque aclaró que esa no es la solución para la violencia, mientras no se apliquen políticas públicas para erradicar de fondo el problema.
Mientras tanto, el presidente del colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro, dijo que no ha confirmado el incremento de la presencia de los policías federales como lo había venido pidiendo al comisionado de la corporación federal, pero que espera que ahora sí resuelvan el problema de la violencia.
Olivares Hernández reconoció que entre el sábado y domingo aumentó la presencia de la PF y militares del Ejército en Chilapa y Zitlala, después de que se anunció que se reforzaría la seguridad en el estado.
Añadió que esa no es la vía para resolver el problema, “ya se vio, el 28 de enero mandaron a los soldados en el Operativo Chilapa ¿y cuánto muertos y desaparecidos ha habido a pesar de la presencia militar?, sigue existiendo el problema”, manifestó.
El también miembro del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa dijo que el problema no se resuelve con mil o 10 mil policías federales, sino con la aplicación de políticas públicas para resolver el problema de la pobreza, la falta de empleos, la educación y salud.
Agregó que sólo así se garantizaría que los jóvenes no fueran a caer en manos de las bandas del crimen organizado.
Mientras tanto el presidente del colectivo Siempre Vivos dijo que el organismo que representa ha estado en contacto con funcionarios del gobierno federal para que envíen más federales para que se garantice la seguridad en los municipios de Chilapa y Zitlala.
Informó que no había confirmado si se había incrementado la presencia de la Policía Federal en esos dos municipios pero adelantó que espera que esta vez sí garanticen más seguridad a los ciudadanos.
Denunció que la zona sigue a merced de los delincuentes y que no se han investigado las denuncias de la desaparición y los asesinatos que se han cometido.
Citó el caso de sus cinco familiares desaparecidos y después encontrados asesinados, que no han sido esclarecidos.
Recordó que el 26 de noviembre se cumplieron dos años sin que se haya esclarecido qué fue lo que pasó con ellos.
“No han ido a catear las casas a Quechultenango y la familia Ortega Jiménez, que son los responsables de la desaparición y homicidio de mis hermanos, siguen libres y cometiendo sus actos de barbarie con toda impunidad”, denunció.
Se quejó que por el contrario, el ex diputado local perredista, Bernardo Ortega Jiménez, en las redes sociales lo responsabilizó de lo que le pueda pasar, “pero yo le digo que no se cuide de mí, yo no soy asesino, yo no soy narco como su familia. Si algo le pasa que se cuide de su familia porque entre ellos mismos se matan, y yo, si tuviera algo en contra de él lo haría de frente porque yo no soy cobarde como sus hermanos”, insistió.
Añadió que Ortega Jiménez ha declarado a los medios de comunicación que él no tiene nada que ver con la desaparición de sus familiares, pero que a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) “le daría mucho gusto que se presente. Él ha dicho que no tiene nada que ver, pero si es así que se presente, si se siente muy limpio”, lo retó.