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Acusa la UPOEG al grupo criminal Los Ardillos del asesinato de su comandante, su consejero y dos peones

 

Según la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) el grupo criminal Los Ardillos encabezado por la familia Ortega Jiménez de Tlanicuilulco, Quechultenango, intentó irrumpir la noche del lunes a Buena Vista de la Salud, Chilpancingo, para tomar el control de la zona para el trasiego de droga, y asesinó y calcinó a un comandante y a un consejero de esa organización, y a dos peones que los acompañaban la tarde del lunes tras una emboscada en los límites de Chilpancingo y Mochitlán.
En un recorrido a pie, policías ciudadanos hallaron tres campamentos de civiles armados que, afirman, pertenecen al grupo delictivo Los Ardillos, en la barranca El Gallo en los límites de las comunidades de Buena Vista de la Salud y El Ocotito, que pasa por debajo de la carretera federal Chilpancingo-Acapulco en el municipio de Chilpancingo.
Los policías que estuvieron en la operación hallaron chalecos tácticos, latas de atún, ropa, aceites para dar mantenimiento a sus armas, un pantalón de mezclilla, un bóxer y un calzón de mujer, “éstos amigos estuvieron al parecer unos tres días en este lugar y pretendían entrar a la zona, pero no los dejamos entrar porque este es nuestro territorio”, dijo un policía de esa organización.
Otro policía ciudadano agregó que en la barranca El Gallo, donde pasa un arroyo, encontraron tres campamentos “provisionales” donde estaban apostados los civiles armados que pretendían irrumpir en la comunidad donde tiene presencia la UPOEG.
Ayer se difunció erróneamente en estas páginas que los vecinos que estaban en contra de la UPOEG fueron de Rincón de la Vía, cuando lo que dijo esa organización fue que los que bloquearon fueron los de Buena Vista de la Salud.

El bloqueo y la emboscada en contra del comandante y del consejero

Un policía ciudadano que se reservó su nombre dijo que a las 4 de la tarde del lunes pobladores de Buena Vista de la Salud organizaron una reunión urgente en la comisaría municipal, en la que citaron a beneficiarias del programa de Prospera, “primero trataron el tema de Prospera y después hablaron de exigir a la población que se sumara al movimiento para sacar a los policías de la UPOEG, porque según habían secuestrado al vecino Miguel Ávila Sotelo y de realizar atropellos en contra de los vecinos”.
Dijo que por engaños de un grupo de personas que tienen nexos con el grupo de Los Ardillos, los pobladores de la localidad iniciaron el bloqueo la tarde del lunes cerca de la base de la policía de Buena Vista de la Salud para exigir la salida de la organización, “porque según ellos, nosotros habíamos secuestrado al señor, lo cual es falso, es decir, fue un autosecuestro porque era una estrategia para que entraran Los Ardillos a la zona y a nosotros nos sacaran”.
Agregó que autoridades militares y de la Policía Estatal rastrearon el teléfono de Miguel Ávila y que constaron que se trató de un autosecuestro, y no pidieron apoyo a las autoridades policiacas ni a la policía de la UPOEG.
Dijo que el inicio del conflicto en la localidad fue el 21 de enero cuando pobladores nombraron a un comisario y a su suplente que simpatiza con la UPOEG, “pero a una familia no le convino la decisión de los vecinos porque tiene interés de que entre el grupo contrario, por eso inició estos hechos de violencia”.
Agregó que después de la 6 de la tarde el comandante de la UPOEG, Antonio de Dios, el consejero Mario de Dios y dos peones que iban en una camioneta que pasaba por un camino de terracería conocido como La Quebradora que se dirige a la comunidad Zintlanapa, Mochitlán, a 5 minutos de la localidad de Rincón de la Vía en Chilpancingo fueron emboscados y luego incendiados dentro de un vehículo.
“En ese momento que se realizaba el bloqueo los pobladores impidieron el paso de los policías de la UPOEG para auxiliar a nuestros compañeros que habían sufrido el atentado, y después dejaron pasar a sólo tres camionetas de la corporación”, declaró.
Dijo que después de las 7 de la noche sin explicación los manifestantes desbloquearon la vía federal y se restableció la circulación de los automovilistas, “nosotros pudimos pasar junto a los policías de la organización para verificar el ataque que ocurrió en Zintlanapa, pero ocurrió otro ataque armado a civiles inocentes”.
Atacaron a los automovilistas porque pensaron que eran de la UPOEG, dice

El policía de la UPOEG dijo que después de que desbloquearon la carretera los vecinos de Buena Vista de la Salud, un grupo de civiles armados se apostó en una loma en la orilla de la carretera federal Chilpancingo-Acapulco en los límites de las comunidades de El Ocotito y Buenavista de la Salud.
“Al quitarse el bloqueo los agresores observaron que avanzaba la caravana de vehículos, pensaban que éramos nosotros y empezaron a dispararles a los automovilistas que pasaban por ahí y en este ataque resultaron heridos una señora, un policía de la organización que estaba franco y su hermano que pasaron por ese lugar”.
En un recorrido en la loma conocida como Universidad se observaron regados diversos casquillos percutidos, que según las autoridades eran para rifles de asalto AR-15 y AK-47 o cuerno de chivo, había una gorra negra, botellas de agua y en los árboles y en el carretera se veían impactos de bala.
“Los integrantes del grupo criminal Los Ardillos intentaron entrar a nuestro territorio y utilizaron a la población para poder irrumpir a Buena Vista de la Salud, pero no los vamos a dejar entrar, nos dicen que quieren entrar Los Ardillos”, declaró.
Comentó que el grupo delincuencial pretende ingresar a la zona asesinando a las cabezas de la organización en emboscadas y calcinar sus cuerpos, “como el caso del ex presidente estatal del PRD, ex diputado local e integrante de la coordinadora estatal del movimiento Pro AMLO, Ranferi Hernández Acevedo que fue calcinado junto con su esposa, su suegra y un chofer dentro de su camioneta también calcinada en la carretera Chilapa-Ahuacuotzingo, cerca de la desviación hacia Nejapa, municipio de Chilapa el 14 de octubre pasado, es el sello de violencia de ellos”.
Afirmó que “la embestida de este grupo criminal” para entrar al territorio de la UPOEG es sistemático y ya pasó en noviembre en Buenavista de la Salud, después en Palo Blanco y Acahuizotla, “pero seguimos en la lucha para cuidar el territorio”.

 

 

La inseguridad no se resuelve con el envío de federales a Chilapa y Zitlala, advierte la Red

 

El secretario ejecutivo de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares dijo que en Chilapa y Zitlala se vio la presencia de la Policía Federal (PF) a partir del sábado y domingo a raíz del anuncio de la llegada de mil policías federales, aunque aclaró que esa no es la solución para la violencia, mientras no se apliquen políticas públicas para erradicar de fondo el problema.
Mientras tanto, el presidente del colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro, dijo que no ha confirmado el incremento de la presencia de los policías federales como lo había venido pidiendo al comisionado de la corporación federal, pero que espera que ahora sí resuelvan el problema de la violencia.
Olivares Hernández reconoció que entre el sábado y domingo aumentó la presencia de la PF y militares del Ejército en Chilapa y Zitlala, después de que se anunció que se reforzaría la seguridad en el estado.
Añadió que esa no es la vía para resolver el problema, “ya se vio, el 28 de enero mandaron a los soldados en el Operativo Chilapa ¿y cuánto muertos y desaparecidos ha habido a pesar de la presencia militar?, sigue existiendo el problema”, manifestó.
El también miembro del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa dijo que el problema no se resuelve con mil o 10 mil policías federales, sino con la aplicación de políticas públicas para resolver el problema de la pobreza, la falta de empleos, la educación y salud.
Agregó que sólo así se garantizaría que los jóvenes no fueran a caer en manos de las bandas del crimen organizado.
Mientras tanto el presidente del colectivo Siempre Vivos dijo que el organismo que representa ha estado en contacto con funcionarios del gobierno federal para que envíen más federales para que se garantice la seguridad en los municipios de Chilapa y Zitlala.
Informó que no había confirmado si se había incrementado la presencia de la Policía Federal en esos dos municipios pero adelantó que espera que esta vez sí garanticen más seguridad a los ciudadanos.
Denunció que la zona sigue a merced de los delincuentes y que no se han investigado las denuncias de la desaparición y los asesinatos que se han cometido.
Citó el caso de sus cinco familiares desaparecidos y después encontrados asesinados, que no han sido esclarecidos.
Recordó que el 26 de noviembre se cumplieron dos años sin que se haya esclarecido qué fue lo que pasó con ellos.
“No han ido a catear las casas a Quechultenango y la familia Ortega Jiménez, que son los responsables de la desaparición y homicidio de mis hermanos, siguen libres y cometiendo sus actos de barbarie con toda impunidad”, denunció.
Se quejó que por el contrario, el ex diputado local perredista, Bernardo Ortega Jiménez, en las redes sociales lo responsabilizó de lo que le pueda pasar, “pero yo le digo que no se cuide de mí, yo no soy asesino, yo no soy narco como su familia. Si algo le pasa que se cuide de su familia porque entre ellos mismos se matan, y yo, si tuviera algo en contra de él lo haría de frente porque yo no soy cobarde como sus hermanos”, insistió.
Añadió que Ortega Jiménez ha declarado a los medios de comunicación que él no tiene nada que ver con la desaparición de sus familiares, pero que a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) “le daría mucho gusto que se presente. Él ha dicho que no tiene nada que ver, pero si es así que se presente, si se siente muy limpio”, lo retó.