El secretario ejecutivo de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares dijo que en Chilapa y Zitlala se vio la presencia de la Policía Federal (PF) a partir del sábado y domingo a raíz del anuncio de la llegada de mil policías federales, aunque aclaró que esa no es la solución para la violencia, mientras no se apliquen políticas públicas para erradicar de fondo el problema.
Mientras tanto, el presidente del colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro, dijo que no ha confirmado el incremento de la presencia de los policías federales como lo había venido pidiendo al comisionado de la corporación federal, pero que espera que ahora sí resuelvan el problema de la violencia.
Olivares Hernández reconoció que entre el sábado y domingo aumentó la presencia de la PF y militares del Ejército en Chilapa y Zitlala, después de que se anunció que se reforzaría la seguridad en el estado.
Añadió que esa no es la vía para resolver el problema, “ya se vio, el 28 de enero mandaron a los soldados en el Operativo Chilapa ¿y cuánto muertos y desaparecidos ha habido a pesar de la presencia militar?, sigue existiendo el problema”, manifestó.
El también miembro del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa dijo que el problema no se resuelve con mil o 10 mil policías federales, sino con la aplicación de políticas públicas para resolver el problema de la pobreza, la falta de empleos, la educación y salud.
Agregó que sólo así se garantizaría que los jóvenes no fueran a caer en manos de las bandas del crimen organizado.
Mientras tanto el presidente del colectivo Siempre Vivos dijo que el organismo que representa ha estado en contacto con funcionarios del gobierno federal para que envíen más federales para que se garantice la seguridad en los municipios de Chilapa y Zitlala.
Informó que no había confirmado si se había incrementado la presencia de la Policía Federal en esos dos municipios pero adelantó que espera que esta vez sí garanticen más seguridad a los ciudadanos.
Denunció que la zona sigue a merced de los delincuentes y que no se han investigado las denuncias de la desaparición y los asesinatos que se han cometido.
Citó el caso de sus cinco familiares desaparecidos y después encontrados asesinados, que no han sido esclarecidos.
Recordó que el 26 de noviembre se cumplieron dos años sin que se haya esclarecido qué fue lo que pasó con ellos.
“No han ido a catear las casas a Quechultenango y la familia Ortega Jiménez, que son los responsables de la desaparición y homicidio de mis hermanos, siguen libres y cometiendo sus actos de barbarie con toda impunidad”, denunció.
Se quejó que por el contrario, el ex diputado local perredista, Bernardo Ortega Jiménez, en las redes sociales lo responsabilizó de lo que le pueda pasar, “pero yo le digo que no se cuide de mí, yo no soy asesino, yo no soy narco como su familia. Si algo le pasa que se cuide de su familia porque entre ellos mismos se matan, y yo, si tuviera algo en contra de él lo haría de frente porque yo no soy cobarde como sus hermanos”, insistió.
Añadió que Ortega Jiménez ha declarado a los medios de comunicación que él no tiene nada que ver con la desaparición de sus familiares, pero que a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) “le daría mucho gusto que se presente. Él ha dicho que no tiene nada que ver, pero si es así que se presente, si se siente muy limpio”, lo retó.