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Sanciona un juzgado de distrito a la titular del Órgano de Control Interno de la SEG

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Juzgado Primero de Distrito de Chilpancingo, determinó sancionar de forma económica a la titular del Órgano de Control Interno, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Isabel Rosales Garduño, y el procedimiento podría concluir con la separación de su cargo.
La sanción anunciada se deriva del incumplimiento, desde 2020 por parte de funcionarios de la dependencia, cuando todavía era titular Ramón Apreza Patrón, de un amparo que promovieron 10 profesores y directores de telesecundaria, de un total de 40 que participaron en un concurso convocado por la propia SEG, para su cambio de adscripción, mismo que, de acuerdo con los participantes, resultó un “fraude” y una “burla”.
En el juicio de amparo 86/2021, que se emitió el 13 de febrero pasado, se establece que ante “la contumacia” de las autoridades vinculadas al debido cumplimiento, la titular del Órgano de Control Interno deberá pronunciarse respecto de la destitución de los servidores públicos.
Es decir, deberá separar de sus cargos a los funcionarios que incumplieron con un primer amparo que concedió a los quejosos.
De acuerdo con el profesor Bernabé Benítez Felipe, uno de los que promovieron el amparo, los funcionarios que podrían ser separados de sus cargos son el titular de la Subsecretaría de Planeación Educativa de la SEG, Benjamín Adame Pereira; el titular de la Subsecretaría de Educación Básica, Ricardo Castillo Peña; el director general de Educación Secundaria, Rafael Ramírez Avilés; el jefe del Departamento de Telesecundarias, Alexis Ocampo Cervantes; la propia titular del Órgano Interno de Control, Isabel Rosales Garduño; el director general de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado, Óscar Francisco Herrera Vázquez, y el encargado de la Dirección General de Administración de Personal de la SEG, Julio Alejandro Lucas Secundino.

Antecedentes

En abril de 2020, la SEG convocó al personal estatal y federalizado, con funciones de docente, técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, de dirección y de supervisión en educación básica, a participar en el proceso de cambio de centro de trabajo en el ciclo escolar 2021/2022.
En el caso de los directivos, participaron en el proceso 40 agremiados al Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), es decir, estatales y federales.
Sin embargo, de acuerdo con los participantes, sólo les ofrecieron dos espacios, “hecho que origino molestia, sobre todo porque antes se le hicieron llegar al responsable de la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de los Maestros y Maestras (Uesicamm) escritos de inconformidad, en los que se les hizo del conocimiento de las irregularidades, contrarias al marco legal”, refieren en su escrito de queja.
Derivado de ello, un grupo de directores recurrieron a la Contraloría Interna, donde ingresaron, el 1 de septiembre de 2020, un recurso de inconformidad. El 24 de noviembre del mismo año, la instancia emitió un acuerdo en el que les dio la razón, es decir, se les debería entregar sus cambios de adscripción, pero las autoridades señaladas hicieron caso omiso a la notificación y el Órgano de Control Interno no aplicó las medidas para el cumplimiento.
Debido a ello, 10 de los 40 maestros que participaron en el concurso, entre ellos Gilberto Navarrete Hernández, Cressencia Lorenzo López y Bernabé Benítez Felipe, solicitaron un amparo ante el Juzgado Primero de Distrito, mismo que el 10 de agosto de 2021 fue resuelto a su favor.
Las autoridades de la SEG apelaron la resolución, pero el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, por acuerdo turnado al Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de Décima Región, con Residencia Oficial en Saltillo, Coahuila, el 25 de septiembre de 2023 desechó el recurso de revisión solicitado por la SEG y concedió la protección constitucional “a la parte quejosa”, para efecto de que la autoridad responsable, es decir, el titular del Órgano de Control Interno de la SEG cumpliera con lo resuelto en el amparo.
Es decir, debería hacer una revisión minuciosa de los perfiles de los 10 quejosos, para ocupar unas de las 22 plazas “que se relacionan en la resolución de trato, y resolver conforme a cada cual de sus facultades”.
También le pide que “ante la contumacia” de las autoridades vinculadas al debido cumplimiento de lo anterior, “deberá pronunciarse respecto de la destitución de los servidores públicos”.
Además, realizar todos los actos que resulten necesarios para que se cumpla totalmente la resolución del 24 de noviembre de 2020, emitida en relación con la inconformidad promovida por los quejosos en contra del proceso de cambio de centro de trabajo, ciclo escolar 2020-2021.
Pero ante el cumplimiento, los quejosos recurrieron a un recurso de inconformidad y el Juzgado Primero de Distrito resolvió, otra vez, el 13 de febrero pasado, que las autoridades responsables no acreditaron el análisis relativo a las plazas señaladas en la resolución del 24 de noviembre de 2020, relativa a la inconformidad promovida por los quejosos en contra del proceso de cambio de centro de trabajo, ciclo escolar 2020-2021.
Debido a ello, ordena a la titular del Órgano de Control Interno que dentro del término de 15 días hábiles, a partir de la notificación “del presente proveído”, deberá requerir de manera inmediata a las autoridades en el ámbito de sus atribuciones que se encuentran vinculadas al cumplimiento de la resolución del 24 de noviembre de 2020, el debido acatamiento de la misma.
Es decir, deberá hacer una “revisión minuciosa” de los perfiles de los 10 quejosos “para efecto de ocupar una de las 22 plazas que se relacionan en la resolución de trato”.
Advierte que “ante la contumacia” de las autoridades vinculadas al debido cumplimiento anterior, “deberá pronunciarse respecto de la destitución de los servidores públicos”.
El Juzgado Primero de Distrito, ordena, asimismo, “realizar todos los actos que resulten necesarios para que se cumpla totalmente la resolución del 24 de noviembre de 2020”.

Apercibe a la titular del Órgano de Control Interno

El juzgado advierte a Rosales Garduño “que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que asciende a 10 mil 857 pesos, “y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado, que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el juez de distrito”.
Bernabé Benítez informó este miércoles que se desconoce cuándo se vencen los 15 días de plazo que dio el Juzgado de Distrito a las autoridades de la SEG, debido a que no se sabe cuándo fueron notificadas; sin embargo, informó que este miércoles remitió un oficio al juzgado, en el que pide que “en cuanto venza el término otorgado a las autoridades encargadas del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se les haga el apercibimiento”, decretado en auto el 13 de febrero pasado.
El profesor denunció que derivado del segundo amparo, funcionarios de la SEG citaron el martes pasado a una mesa de diálogo a siete de los 10 directores que recurrieron al amparo, pero que no llegaron a acuerdos, “incluso, la reunión fue una burda burla. Los funcionarios que encabezaron la reunión no tenían conocimiento del caso y fueron enviados por sus superiores a pretender imponer un proyecto de cambios, del que la justicia federal no se pronunció como cumplida ni acorde a la sentencia”.

Respaldan organizaciones la demanda de amparo de San Miguel del Progreso contra las minas

Autoridades agrarias de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, el Consejo de Autoridades Agrarias y representantes de organismos civiles de derechos humanos pidieron a la jueza primera de Distrito de Chilpancingo, Estela Platero Salado, que resuelva el amparo que solicitó el núcleo agrario de San Miguel del Progreso en contra de la declaratoria de libertad de terreno emitido por la Secretaría de Economía del gobierno federal en 2016.
Con esa declaratoria de libertad de terreno se abre la posibilidad de que el gobierno federal decida sobre casi el 80 por ciento del territorio de ese núcleo agrario, que entren a trabajar las mineras que tienen concesiones vigentes.
En conferencia de prensa, las autoridades agrarias y representantes de organismos civiles denunciaron que esa declaratoria del gobierno federal pone en riesgo el territorio indígena del núcleo agrario de San Miguel del Progreso, y de al menos 24 núcleos agrarios de la región de la Montaña y de la Costa Chica, en donde hay 22 concesiones vigentes para la explotación de minas.
Asistieron a la conferencia, el presidente del comisariado de Bienes Comunales de San Miguel del Progreso, Valerio Mauro Amado; el secretario, Mariano Morales; el presidente del Consejo de Autoridades Agrarias, Miguel Santiago; la antropóloga Teresa Sierra; la abogada Maribel González; el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, y el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares.
La abogada Maribel González, recordó que desde 2013 San Miguel del Progreso ganó un amparo con el que se cancelaron dos concesiones que pretendían explotar las minas Reducción Norte de Corazón de Tinieblas y Corazón de Tinieblas, en su territorio, pero que la Secretaría de Economía emitió en 2016 la declaratoria de libertad de terreno en esa misma área.
Las autoridades del núcleo agrario solicitaron un amparo contra esa declaratoria, y ahora exigen que la jueza primera de Distrito que lleva el caso, Estela Platero Salado, resuelva conforme a los estándares internacionales el amparo 429 que fue solicitado en 2016.
Informó que la solicitud es respaldada por representantes de 24 núcleos agrarios que pertenecen al Consejo de Autoridades Agrarias de las regiones Montaña y Costa Chica, que también se oponen a la exploración y explotación de las minas en su territorio.
La abogada dijo que esa declaratoria de libertad de terreno significa una nueva amenaza para las comunidades indígenas pues abre las puertas para que empresas mineras extranjeras entren a explorar y después a explotar las minas de la región.
Informó que el 31 de marzo pasado se realizó la audiencia constitucional, y demandaron que la jueza recurra a los estándares internacionales, que ya son ley en México, para emitir su resolución.
El comisariado de los Bienes Comunales, Valerio Mauro Amado advirtió a su vez que, “por ningún motivo queremos que las mineras entren a nuestro territorio, porque allí nace el agua, allí están nuestros lugares sagrados y de nuestras tierras nos mantenemos”; añadió que, por ese motivo desde 2011 levantaron actas de asambleas en las que rechazan las mineras, y que fueron entregadas al Registro Agrario Nacional (RAN).
El representante agrario pidió a la jueza que respete el derecho al territorio que tienen los pueblos indígenas me’phaa.
El presidente del Consejo de Autoridades Agrarias, agrupación que se constituyó hace cinco años y que agrupa a 24 núcleos agrarios de la Montaña y Costa Chica, Miguel Santiago informó que cada dos meses han organizado foros para defender su territorio de las concesiones que ha autorizado la Secretaría de Economía, “porque no nos benefician, ya tenemos como ejemplo Carrizalillo (municipio de Eduardo Neri), en donde la minera sólo ha traído problemas de violencia, por eso nosotros no vamos a permitir que entren esas mineras extranjeras”, advirtió.
Informó que de 12 núcleos agrarios con los que se constituyó ese Consejo, ahora se han incorporado 24, y que cada vez se suman más.
Por su parte, la antropóloga Teresas Sierra informó que elaboró un peritaje antropológico que entregó a la jueza primera de Distrito para que sustente la elaboración del amparo, tomando en cuenta que son comunidades indígenas las que están defendiendo su territorio.
Explicó que pide tomar en cuenta el vínculo sagrado que tienen las comunidades indígenas con su territorio, lo que les da legitimidad a los pueblos indígenas para defenderlo.
La antropóloga sustentó que el pueblo me’phaa, al que pertenece San Miguel del Progreso, tiene raíces arraigadas con sus dioses que consideran están allí, en su territorio, y que éstos son fundamentales para la vida misma del pueblo.
“La relación con su territorio tiene que ver con estos señores (dioses) de los cerros y del agua y si no manifiestan este respeto hacia ellos lo relacionan con desastres naturales, por eso la defensa de su territorio no es solamente un asunto de tierras, sino que está relacionado con los rituales que realizan para visualizar su vida cotidiana”, explicó Teresa Sierra.
La antropóloga expresó que los indígenas piden permiso a estos dioses para el ejercicio de su gobierno, como una forma de respeto hacia ellos.
Añadió que es esta vinculación sagrada con su territorio la que están viendo amenazada con la posibilidad de que entren las mineras extranjeras a explotar los yacimientos minerales de su región.
Frente a la declaratoria de libertad del terreno que emitió el gobierno federal, la antropóloga advirtió que se pretende una afectación “grave y absoluta”, porque además, se ha hecho sin consultar a los pueblos indígenas como lo establecen los estándares internacionales que México está obligado a cumplir.
El secretario técnico de la Red Guerrerense, Manuel Olivares manifestó el apoyo de los organismos civiles al núcleo agrario de San Miguel del Progreso y a los otros 23 que integran el Consejo de Autoridades.
Denunció que con esa declaratoria se evidencia que el gobierno federal está al servicio de las empresas extractivas, y que no le interesa el daño que van a ocasionar a la región.
Al respecto, Abel Barrera, denunció que en Guerrero la tendencia es avanzar más allá de lo que la ley le permite al gobierno para tomar territorios, y que un ejemplo es el del núcleo agrario de Cacahuatepec, en Acapulco, donde se insiste en instalar la presa La Parota.
Dijo que, afortunadamente los pueblos indígenas siguen resistiendo mediante la ley y la organización, mientras que el gobierno pretende reconocer “sólo su parcela y su milpa” como el territorio de los pueblos indígenas.
Barrera Hernández añadió que en Guerrero está demostrado que las mineras solamente traen devastación, y puso como ejemplo las de Carrizalillo, en Eduardo Neri, y la de Campo Morado, en Arcelia, y dijo que la jueza Platero Salado debe proteger el derecho al territorio que tienen los pueblos indígenas.