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Sanciona un juzgado de distrito a la titular del Órgano de Control Interno de la SEG

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Juzgado Primero de Distrito de Chilpancingo, determinó sancionar de forma económica a la titular del Órgano de Control Interno, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Isabel Rosales Garduño, y el procedimiento podría concluir con la separación de su cargo.
La sanción anunciada se deriva del incumplimiento, desde 2020 por parte de funcionarios de la dependencia, cuando todavía era titular Ramón Apreza Patrón, de un amparo que promovieron 10 profesores y directores de telesecundaria, de un total de 40 que participaron en un concurso convocado por la propia SEG, para su cambio de adscripción, mismo que, de acuerdo con los participantes, resultó un “fraude” y una “burla”.
En el juicio de amparo 86/2021, que se emitió el 13 de febrero pasado, se establece que ante “la contumacia” de las autoridades vinculadas al debido cumplimiento, la titular del Órgano de Control Interno deberá pronunciarse respecto de la destitución de los servidores públicos.
Es decir, deberá separar de sus cargos a los funcionarios que incumplieron con un primer amparo que concedió a los quejosos.
De acuerdo con el profesor Bernabé Benítez Felipe, uno de los que promovieron el amparo, los funcionarios que podrían ser separados de sus cargos son el titular de la Subsecretaría de Planeación Educativa de la SEG, Benjamín Adame Pereira; el titular de la Subsecretaría de Educación Básica, Ricardo Castillo Peña; el director general de Educación Secundaria, Rafael Ramírez Avilés; el jefe del Departamento de Telesecundarias, Alexis Ocampo Cervantes; la propia titular del Órgano Interno de Control, Isabel Rosales Garduño; el director general de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado, Óscar Francisco Herrera Vázquez, y el encargado de la Dirección General de Administración de Personal de la SEG, Julio Alejandro Lucas Secundino.

Antecedentes

En abril de 2020, la SEG convocó al personal estatal y federalizado, con funciones de docente, técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, de dirección y de supervisión en educación básica, a participar en el proceso de cambio de centro de trabajo en el ciclo escolar 2021/2022.
En el caso de los directivos, participaron en el proceso 40 agremiados al Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), es decir, estatales y federales.
Sin embargo, de acuerdo con los participantes, sólo les ofrecieron dos espacios, “hecho que origino molestia, sobre todo porque antes se le hicieron llegar al responsable de la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de los Maestros y Maestras (Uesicamm) escritos de inconformidad, en los que se les hizo del conocimiento de las irregularidades, contrarias al marco legal”, refieren en su escrito de queja.
Derivado de ello, un grupo de directores recurrieron a la Contraloría Interna, donde ingresaron, el 1 de septiembre de 2020, un recurso de inconformidad. El 24 de noviembre del mismo año, la instancia emitió un acuerdo en el que les dio la razón, es decir, se les debería entregar sus cambios de adscripción, pero las autoridades señaladas hicieron caso omiso a la notificación y el Órgano de Control Interno no aplicó las medidas para el cumplimiento.
Debido a ello, 10 de los 40 maestros que participaron en el concurso, entre ellos Gilberto Navarrete Hernández, Cressencia Lorenzo López y Bernabé Benítez Felipe, solicitaron un amparo ante el Juzgado Primero de Distrito, mismo que el 10 de agosto de 2021 fue resuelto a su favor.
Las autoridades de la SEG apelaron la resolución, pero el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, por acuerdo turnado al Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de Décima Región, con Residencia Oficial en Saltillo, Coahuila, el 25 de septiembre de 2023 desechó el recurso de revisión solicitado por la SEG y concedió la protección constitucional “a la parte quejosa”, para efecto de que la autoridad responsable, es decir, el titular del Órgano de Control Interno de la SEG cumpliera con lo resuelto en el amparo.
Es decir, debería hacer una revisión minuciosa de los perfiles de los 10 quejosos, para ocupar unas de las 22 plazas “que se relacionan en la resolución de trato, y resolver conforme a cada cual de sus facultades”.
También le pide que “ante la contumacia” de las autoridades vinculadas al debido cumplimiento de lo anterior, “deberá pronunciarse respecto de la destitución de los servidores públicos”.
Además, realizar todos los actos que resulten necesarios para que se cumpla totalmente la resolución del 24 de noviembre de 2020, emitida en relación con la inconformidad promovida por los quejosos en contra del proceso de cambio de centro de trabajo, ciclo escolar 2020-2021.
Pero ante el cumplimiento, los quejosos recurrieron a un recurso de inconformidad y el Juzgado Primero de Distrito resolvió, otra vez, el 13 de febrero pasado, que las autoridades responsables no acreditaron el análisis relativo a las plazas señaladas en la resolución del 24 de noviembre de 2020, relativa a la inconformidad promovida por los quejosos en contra del proceso de cambio de centro de trabajo, ciclo escolar 2020-2021.
Debido a ello, ordena a la titular del Órgano de Control Interno que dentro del término de 15 días hábiles, a partir de la notificación “del presente proveído”, deberá requerir de manera inmediata a las autoridades en el ámbito de sus atribuciones que se encuentran vinculadas al cumplimiento de la resolución del 24 de noviembre de 2020, el debido acatamiento de la misma.
Es decir, deberá hacer una “revisión minuciosa” de los perfiles de los 10 quejosos “para efecto de ocupar una de las 22 plazas que se relacionan en la resolución de trato”.
Advierte que “ante la contumacia” de las autoridades vinculadas al debido cumplimiento anterior, “deberá pronunciarse respecto de la destitución de los servidores públicos”.
El Juzgado Primero de Distrito, ordena, asimismo, “realizar todos los actos que resulten necesarios para que se cumpla totalmente la resolución del 24 de noviembre de 2020”.

Apercibe a la titular del Órgano de Control Interno

El juzgado advierte a Rosales Garduño “que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que asciende a 10 mil 857 pesos, “y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado, que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el juez de distrito”.
Bernabé Benítez informó este miércoles que se desconoce cuándo se vencen los 15 días de plazo que dio el Juzgado de Distrito a las autoridades de la SEG, debido a que no se sabe cuándo fueron notificadas; sin embargo, informó que este miércoles remitió un oficio al juzgado, en el que pide que “en cuanto venza el término otorgado a las autoridades encargadas del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se les haga el apercibimiento”, decretado en auto el 13 de febrero pasado.
El profesor denunció que derivado del segundo amparo, funcionarios de la SEG citaron el martes pasado a una mesa de diálogo a siete de los 10 directores que recurrieron al amparo, pero que no llegaron a acuerdos, “incluso, la reunión fue una burda burla. Los funcionarios que encabezaron la reunión no tenían conocimiento del caso y fueron enviados por sus superiores a pretender imponer un proyecto de cambios, del que la justicia federal no se pronunció como cumplida ni acorde a la sentencia”.

Trabaja para lograr el consenso sobre el Cabildo de La Vigas, dice Yoloczin Domínguez

La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jocopo) del Congreso local, Yoloczin Domínguez Serna, informó que trabaja en los consensos sobre una nueva propuesta de integración del Cabildo de Las Vigas, para cumplir la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), de retomar y concluir el procedimiento.
En consulta telefónica, la diputada de Morena recordó que ha tenido varias reuniones, incluso se ha recibido de manera directa a comisarios y parte de los comités gestores de Las Vigas, como de San Nicolás, también pendiente del nombramiento de autoridades, ambos municipios afrodescendientes.
El viernes, en conferencia de prensa, integrantes de uno de los dos grupos, el encabezado por Adriana Garnica Ventura, urgieron al congreso local que le tome protesta a su planilla e instale el Cabildo instituyente, porque están en el abandono desde que se segregaron de San Marcos, en agosto de 2021.
“Se les explicó que estamos siendo lo más respetuosos posible de la voluntad del pueblo. El único tema es que nosotros, por tratar de estar dentro de la legalidad y darle su lugar a los municipios, que van a decidir a quién tienen como gobernantes, (pero) cada uno de los dos municipios trae dos planillas”, aclaró Domínguez Serna.
Aseguró que mientras se mantenga la dinámica de presentar dos planillas, “será complicado que podamos transitar”.
Señaló que se reunió por separado con ciudadanos de Las Vigas y San Nicolás, hace unas dos semanas, “entonces quedaron de analizar los temas, de platicar con sus municipios. Las puertas están abiertas para una nueva reunión”.
En caso de que no haya acuerdo, dijo que la definición del Ayuntamiento iría directamente a la elección constitucional de 2024, que organiza el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
Insistió en que el Congreso local ha cumplido con su mandato, que es la presentación de las propuestas de los Ayuntamientos instituyentes de los cuatro nuevos municipios, pero el pleno sólo aprobó dos cabildos, el de Santa Cruz del Rincón y Ñuu Savi.
No precisó si tendría consecuencias legales saltar el nombramiento de los cabildos instituyentes, sólo dijo que la “ley es clara, quiero decirte que, desde que el Congreso cumplió con lo que se mandata, que es la presentación de los cuatro cabildos, dos se lograron, los otros dos, lamentablemente, por opiniones encontradas de los legisladores, no se pudo transitar”.
Adelantó que “posiblemente”, en otra reunión, van a revisar “otra ruta” para “solucionar”.
De la sentencia de la sala superior del Trife, para concluir el procedimiento en 30 días, dijo que van a cumplir subiendo una propuesta al pleno, “la votación es un tema que estamos en el proceso en el cabildeo, en los acuerdos, (pero) no quiero adelantar un acuerdo que no se haya tomado en la junta”. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).