Aprueba el Congreso local que los ediles puedan tener otra plaza en el gobierno

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Comisión Permanente del Congreso local se reunió en pleno y aprobó un primer periodo extraordinario de sesiones, inmediato, en el que votó nuevos lineamientos para normar la doble función de regidores y síndicos de los ayuntamientos con plazas en el gobierno, particularmente en salud y el magisterio.
Además, una Ley que Regula el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación, para la Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y la tipificación como delito del acoso callejero en el Código Penal del estado.
Asimismo, aprobó un dictamen para dejar sin efectos los decretos aprobados por el Congreso local el 7 de junio, del juicio en contra de las regidoras de Teloloapan, Flor de Liz Espíndola Ávila y Emilia Jiménez Figueroa, para que desempeñen funciones docentes y de ediles, en cumplimiento a sentencias dictadas en juicio de amparo ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, notificada el 3 de julio.
Ahora la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, en un plazo de tres días, emitirá un nuevo dictamen debidamente fundado y motivado, atendiendo las consideraciones de la sentencia, analizando si el desempeño en el área de docencia por parte de la quejosa, afecta o no sus responsabilidades de regidora o resulta incompatible.
En este sentido, la comisión presentó otro dictamen para confirmar sólo la emisión de un juicio en contra de la regidora Emilia Jiménez Figueroa, que había solicitado desempeñar al mismo tiempo funciones docentes y edilicias, lo que ocurre a dos meses y medio de la conclusión del periodo para el que fueron electas.
En este tenor, en las dos sesiones continuas del primer periodo extraordinario de sesiones, con asistencia física y virtual de 30 diputados presentes, los diputados aprobaron los lineamientos para emitir juicio a favor o en contra para el desempeño de dos o más funciones que no afecten las responsabilidades edilicias o por incompatibilidad, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del estado de Guerrero.
Entre otros puntos, dice que para obtener elementos sobre la compatibilidad o incompatibilidad entre el cargo edilicio y otro de docencia, salud, investigación o beneficencia pública, se verificará que en el ejercicio de ambos cargos no se rebase el total de horas autorizadas para el empleo, cargo o comisión pública original; es decir, el cargo no edilicio; que los horarios autorizados de ambos cargos no interfieran entre sí, el tiempo de traslado entre uno y otro centro de trabajo, y las funciones y el grado de responsabilidad del cargo, así como las funciones y grado de responsabilidad del servicio público, permitan la simultaneidad de su ejercicio.
La reforma y adición al Código Penal del estado que tipifica como delito el acoso sexual callejero, propuesta en la legislatura pasada la diputada del PT, Leticia Mosso Hernández, establece penas de 3 a 8 años de prisión.
Con ese dictamen se retiró también la palabra “reiterada” del texto legal en los delitos de hostigamiento y acoso sexual, porque en este tipo de conductas no tiene que ocurrir varias veces para encuadrar en un hecho delictivo.
El pleno aprobó un dictamen con proyecto de Ley que Regula el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación, para la Seguridad Pública del Estado de Guerrero, para establecer las bases de coordinación en la materia entre las instituciones de seguridad pública de la entidad, los municipios y prestadores de servicios de seguridad privada.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el diputado de Morena, Joaquín Badillo Escamilla, explicó que así se armoniza la normativa en cuanto al registro de equipos tecnológicos que se utilizan en la seguridad pública, además de que se tendrá un control absoluto de la información obtenida.
También se informó que la Comisión de Gobernación y Asuntos Políticos envió un oficio para que la Mesa Directiva instruya a la Unidad de Consulta del Congreso, a que lleve a cabo las consultas previas a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y a las personas con discapacidad, sobre las leyes organizas del Municipio Libre del estado de Guerrero, y para la Suspensión o Desaparición de ayuntamientos y suspensión o revocación de mandato de alguno de sus miembros.
En la sesión de la Comisión permanente, la primera del día, se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda, que negó la solicitó al Ayuntamiento de Tierra Colorada de autorizar empréstidos para el pago de laudos.
La diputada de Morena, integrante de la Comisión, Martha Tania González Pérez, aclaró que sí es posible que los ayuntamientos pidan prestamos o empréstitos para inversiones publicas, pero es inviable para el pago de laudos y tampoco se debe vincular al Congreso local en el cumplimiento de sentencias laborales.
Todos los asuntos se desahogaron de trámite: sin discusión y por unanimidad.

Sanciona un juzgado de distrito a la titular del Órgano de Control Interno de la SEG

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Juzgado Primero de Distrito de Chilpancingo, determinó sancionar de forma económica a la titular del Órgano de Control Interno, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Isabel Rosales Garduño, y el procedimiento podría concluir con la separación de su cargo.
La sanción anunciada se deriva del incumplimiento, desde 2020 por parte de funcionarios de la dependencia, cuando todavía era titular Ramón Apreza Patrón, de un amparo que promovieron 10 profesores y directores de telesecundaria, de un total de 40 que participaron en un concurso convocado por la propia SEG, para su cambio de adscripción, mismo que, de acuerdo con los participantes, resultó un “fraude” y una “burla”.
En el juicio de amparo 86/2021, que se emitió el 13 de febrero pasado, se establece que ante “la contumacia” de las autoridades vinculadas al debido cumplimiento, la titular del Órgano de Control Interno deberá pronunciarse respecto de la destitución de los servidores públicos.
Es decir, deberá separar de sus cargos a los funcionarios que incumplieron con un primer amparo que concedió a los quejosos.
De acuerdo con el profesor Bernabé Benítez Felipe, uno de los que promovieron el amparo, los funcionarios que podrían ser separados de sus cargos son el titular de la Subsecretaría de Planeación Educativa de la SEG, Benjamín Adame Pereira; el titular de la Subsecretaría de Educación Básica, Ricardo Castillo Peña; el director general de Educación Secundaria, Rafael Ramírez Avilés; el jefe del Departamento de Telesecundarias, Alexis Ocampo Cervantes; la propia titular del Órgano Interno de Control, Isabel Rosales Garduño; el director general de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado, Óscar Francisco Herrera Vázquez, y el encargado de la Dirección General de Administración de Personal de la SEG, Julio Alejandro Lucas Secundino.

Antecedentes

En abril de 2020, la SEG convocó al personal estatal y federalizado, con funciones de docente, técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, de dirección y de supervisión en educación básica, a participar en el proceso de cambio de centro de trabajo en el ciclo escolar 2021/2022.
En el caso de los directivos, participaron en el proceso 40 agremiados al Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), es decir, estatales y federales.
Sin embargo, de acuerdo con los participantes, sólo les ofrecieron dos espacios, “hecho que origino molestia, sobre todo porque antes se le hicieron llegar al responsable de la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de los Maestros y Maestras (Uesicamm) escritos de inconformidad, en los que se les hizo del conocimiento de las irregularidades, contrarias al marco legal”, refieren en su escrito de queja.
Derivado de ello, un grupo de directores recurrieron a la Contraloría Interna, donde ingresaron, el 1 de septiembre de 2020, un recurso de inconformidad. El 24 de noviembre del mismo año, la instancia emitió un acuerdo en el que les dio la razón, es decir, se les debería entregar sus cambios de adscripción, pero las autoridades señaladas hicieron caso omiso a la notificación y el Órgano de Control Interno no aplicó las medidas para el cumplimiento.
Debido a ello, 10 de los 40 maestros que participaron en el concurso, entre ellos Gilberto Navarrete Hernández, Cressencia Lorenzo López y Bernabé Benítez Felipe, solicitaron un amparo ante el Juzgado Primero de Distrito, mismo que el 10 de agosto de 2021 fue resuelto a su favor.
Las autoridades de la SEG apelaron la resolución, pero el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, por acuerdo turnado al Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de Décima Región, con Residencia Oficial en Saltillo, Coahuila, el 25 de septiembre de 2023 desechó el recurso de revisión solicitado por la SEG y concedió la protección constitucional “a la parte quejosa”, para efecto de que la autoridad responsable, es decir, el titular del Órgano de Control Interno de la SEG cumpliera con lo resuelto en el amparo.
Es decir, debería hacer una revisión minuciosa de los perfiles de los 10 quejosos, para ocupar unas de las 22 plazas “que se relacionan en la resolución de trato, y resolver conforme a cada cual de sus facultades”.
También le pide que “ante la contumacia” de las autoridades vinculadas al debido cumplimiento de lo anterior, “deberá pronunciarse respecto de la destitución de los servidores públicos”.
Además, realizar todos los actos que resulten necesarios para que se cumpla totalmente la resolución del 24 de noviembre de 2020, emitida en relación con la inconformidad promovida por los quejosos en contra del proceso de cambio de centro de trabajo, ciclo escolar 2020-2021.
Pero ante el cumplimiento, los quejosos recurrieron a un recurso de inconformidad y el Juzgado Primero de Distrito resolvió, otra vez, el 13 de febrero pasado, que las autoridades responsables no acreditaron el análisis relativo a las plazas señaladas en la resolución del 24 de noviembre de 2020, relativa a la inconformidad promovida por los quejosos en contra del proceso de cambio de centro de trabajo, ciclo escolar 2020-2021.
Debido a ello, ordena a la titular del Órgano de Control Interno que dentro del término de 15 días hábiles, a partir de la notificación “del presente proveído”, deberá requerir de manera inmediata a las autoridades en el ámbito de sus atribuciones que se encuentran vinculadas al cumplimiento de la resolución del 24 de noviembre de 2020, el debido acatamiento de la misma.
Es decir, deberá hacer una “revisión minuciosa” de los perfiles de los 10 quejosos “para efecto de ocupar una de las 22 plazas que se relacionan en la resolución de trato”.
Advierte que “ante la contumacia” de las autoridades vinculadas al debido cumplimiento anterior, “deberá pronunciarse respecto de la destitución de los servidores públicos”.
El Juzgado Primero de Distrito, ordena, asimismo, “realizar todos los actos que resulten necesarios para que se cumpla totalmente la resolución del 24 de noviembre de 2020”.

Apercibe a la titular del Órgano de Control Interno

El juzgado advierte a Rosales Garduño “que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que asciende a 10 mil 857 pesos, “y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado, que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el juez de distrito”.
Bernabé Benítez informó este miércoles que se desconoce cuándo se vencen los 15 días de plazo que dio el Juzgado de Distrito a las autoridades de la SEG, debido a que no se sabe cuándo fueron notificadas; sin embargo, informó que este miércoles remitió un oficio al juzgado, en el que pide que “en cuanto venza el término otorgado a las autoridades encargadas del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se les haga el apercibimiento”, decretado en auto el 13 de febrero pasado.
El profesor denunció que derivado del segundo amparo, funcionarios de la SEG citaron el martes pasado a una mesa de diálogo a siete de los 10 directores que recurrieron al amparo, pero que no llegaron a acuerdos, “incluso, la reunión fue una burda burla. Los funcionarios que encabezaron la reunión no tenían conocimiento del caso y fueron enviados por sus superiores a pretender imponer un proyecto de cambios, del que la justicia federal no se pronunció como cumplida ni acorde a la sentencia”.

Aun asumiendo Saldaña sigue vigente el amparo directo contra las elecciones, dicen sus opositores

El abogado del Movimiento por la Defensa de la Democracia, Dignidad y la Autonomía de la UAG, Rubén Cayetano García, durante su intervención en la conferencia de prensa a la que también asistieron los ex aspirantes a la Rectoría, Silvia Alemán Mundo y Jorge Luis Urióstegui, y otras integrantes de la organización oposi-tora al grupo político del rector Javier Saldaña Foto: Jesús Eduardo Guerrero

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

Integrantes del Movimiento por la Defensa de la Democracia, la Dignidad y la Autonomía, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), informaron que a pesar de la toma de protesta del rector Javier Saldaña Almazán, continúa el juicio de amparo directo que se lleva en el 19 Tribunal Colegiado del Primer Circuito en materia administrativa.
En conferencia en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), en Chilpancingo, los ex aspirantes a la Rectoría de la UAG, Silvia Alemán Mundo y Jorge Luis Urióstegui Traín, acompañados por su abogado Rubén Cayetano García y los miembros del movimiento, dieron detalles del curso del proceso legal.
El abogado Cayetano García dijo que “hoy (miércoles) se consuma el fraude y la imposición de Javier Saldaña Almazán como rector de la UAG, al celebrarse un acto de simulación. Con la toma de protesta inicia un período de usurpación de la Rectoría de nuestra alma mater”.
Sin embargo, indicó que no se ha dicho aún la última palabra en el ámbito legal constitucional, dada la admisión y el vigente trámite del juicio de amparo directo que se lleva en el 19 Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa de Ciudad de México, bajo el número 516/2023.
Rubén Cayetano García dio lectura a un comunicado en el que informó que el tribunal constitucional no pudo decretar la suspensión de los actos reclamados, porque en materia de amparo directo eso le corresponde a la autoridad responsable, que en este caso es la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), mismo que se resistió a decretar esta suspensión a pesar de la admisión del amparo.
Dijo que bajo esas circunstancias fue la toma de protesta, sin haberse agotado todos los recursos legales, con un juicio de amparo en trámite y vigente, bajo el “influyentismo de simuladores de la legalidad, como son los magistrados electorales, apresurados. La toma de protesta les llegó apenas a tiempo”.
El abogado manifestó que las autoridades estatales dejan constancia de sus complicidades con un proceso y un acto ilegal, porque no es definitivo y por la imposición que representa.
“Quienes asistieron para legitimar, incluida la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, constituyeron un acto de traición a nuestra democracia”, destacó Rubén Cayetano.
Cayetano García enfatizó que “es altamente posible” que se pueda conceder el amparo y restituir los derechos de Silvia Alemán y Jorge Luis Urióstegui. “Aún hay esperanza y esto es jurídicamente posible, porque el juicio de amparo se admitió a tiempo”, precisó.

 

Admite un tribunal federal el amparo contra las elecciones en la UAG, informan opositores

Integrantes del Movimiento por el Rescate de la Democracia, Dignidad y la UAG, la ex diputada local María de Jesús Cisneros, la maestra Silvia Alemán, el ex diputado federal Rubén Cayetano, el catedrático Jorge Luis Urióstegui y el trabajador Jorge Luis Fajardo, en conferencia de prensa Foto: Jessica Torres Barrera

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

Universitarios informaron que un tribunal colegiado del Primer Circuito en Ciudad de México, ordenó que se admita el juicio de amparo promovido por los ex aspirantes a la Rectoría, Silvia Alemán Mundo y Jorge Luis Urióstegui Traín, en contra de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), en el proceso electoral para elegir rector en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
Los opositores al rector electo, Javier Saldaña Almazán, destacaron que existen “amplias posibilidades” de reponer el proceso electoral de la UAG, luego de las “sistemáticas violaciones a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero y a la democracia, en el reciente proceso para la elección de rector”.
En conferencia en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), en Chilpancingo, los integrantes del Movimiento por el Rescate de la Democracia, la Dignidad y la UAG, acompañados de su asesor jurídico, Rubén Cayetano García, indicaron que es posible que el Trife determine la “ineficacia de todos los procesos, incluida la toma de protesta” de Javier Saldaña.
Detallaron que el expediente se encuentra radicado en el 19 tribunal colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, con sede en Ciudad de México y está en fase de emplazamiento a las autoridades señaladas como responsables, y al tercero interesado, Javier Saldaña, para que se defienda y ejerza su derecho de audiencia.
Cayetano García destacó: “Es verdad que aún se analizará el fondo del asunto, pero la admisión de la demanda es una señal inequívoca de que el amparo procede y que existen amplias posibilidades de reponer el proceso, con la participación de mujeres y con apego a la norma orgánica expedida por el Congreso de Guerrero”.
Destacó que la demanda reclama una violación a la Ley Orgánica de la UAG, por colocar candados para tener como candidato único a un hombre e impedir la libre participación de aspirantes, la violación a la paridad de género y la cancelación a la participación de las mujeres.
El abogado dijo que la resolución admisoria, “derriba todos los criterios obsoletos y desfasados, que lamentablemente jueces federales en Guerrero citaron, para desechar todos los juicios de amparo promovidos por los aspirantes a la Rectoría, queda demostrado que la razón nos ha asistido desde el principio de esta lucha”.
Reiteró que el juicio de amparo es procedente contra actos violatorios de derechos cometidos por la prepotencia y el autoritarismo en las universidades. “En Guerrero nos hacen falta tribunales con juzgadores determinados a hacer justicia, y dejar de resolver los asuntos por consigna política y favorecer al influyente y al arbitrario”.
Los universitarios dijeron que en los próximos días estarán informando respecto al curso del amparo y determinaciones que vayan sucediendo.