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Admite un tribunal federal el amparo contra las elecciones en la UAG, informan opositores

Integrantes del Movimiento por el Rescate de la Democracia, Dignidad y la UAG, la ex diputada local María de Jesús Cisneros, la maestra Silvia Alemán, el ex diputado federal Rubén Cayetano, el catedrático Jorge Luis Urióstegui y el trabajador Jorge Luis Fajardo, en conferencia de prensa Foto: Jessica Torres Barrera

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

Universitarios informaron que un tribunal colegiado del Primer Circuito en Ciudad de México, ordenó que se admita el juicio de amparo promovido por los ex aspirantes a la Rectoría, Silvia Alemán Mundo y Jorge Luis Urióstegui Traín, en contra de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), en el proceso electoral para elegir rector en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
Los opositores al rector electo, Javier Saldaña Almazán, destacaron que existen “amplias posibilidades” de reponer el proceso electoral de la UAG, luego de las “sistemáticas violaciones a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero y a la democracia, en el reciente proceso para la elección de rector”.
En conferencia en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), en Chilpancingo, los integrantes del Movimiento por el Rescate de la Democracia, la Dignidad y la UAG, acompañados de su asesor jurídico, Rubén Cayetano García, indicaron que es posible que el Trife determine la “ineficacia de todos los procesos, incluida la toma de protesta” de Javier Saldaña.
Detallaron que el expediente se encuentra radicado en el 19 tribunal colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, con sede en Ciudad de México y está en fase de emplazamiento a las autoridades señaladas como responsables, y al tercero interesado, Javier Saldaña, para que se defienda y ejerza su derecho de audiencia.
Cayetano García destacó: “Es verdad que aún se analizará el fondo del asunto, pero la admisión de la demanda es una señal inequívoca de que el amparo procede y que existen amplias posibilidades de reponer el proceso, con la participación de mujeres y con apego a la norma orgánica expedida por el Congreso de Guerrero”.
Destacó que la demanda reclama una violación a la Ley Orgánica de la UAG, por colocar candados para tener como candidato único a un hombre e impedir la libre participación de aspirantes, la violación a la paridad de género y la cancelación a la participación de las mujeres.
El abogado dijo que la resolución admisoria, “derriba todos los criterios obsoletos y desfasados, que lamentablemente jueces federales en Guerrero citaron, para desechar todos los juicios de amparo promovidos por los aspirantes a la Rectoría, queda demostrado que la razón nos ha asistido desde el principio de esta lucha”.
Reiteró que el juicio de amparo es procedente contra actos violatorios de derechos cometidos por la prepotencia y el autoritarismo en las universidades. “En Guerrero nos hacen falta tribunales con juzgadores determinados a hacer justicia, y dejar de resolver los asuntos por consigna política y favorecer al influyente y al arbitrario”.
Los universitarios dijeron que en los próximos días estarán informando respecto al curso del amparo y determinaciones que vayan sucediendo.

 

Califica activista de confusa la campaña en redes sociales contra la violencia sexual

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La coordinadora del Observatorio de Violencias Guerrero, Viridiana Gutiérrez Sotelo, denunció que al igual que en la administración anterior, el actual gobierno no atiende las medidas de la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado.
En denuncia telefónica, señaló una campaña en redes sociales, sobre la violación con algunos datos del problema, aparentemente dirigida a los agresores.
Explicó que la octava de 13 medidas pendientes de atención, señala la realización de una campaña de comunicación social que permee en la población sobre el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; la interrupción legal del embarazo, y la prevención del abuso sexual infantil por parte de personas cercanas a la víctima.
Además, deberá contar con enfoque intercultural y utilizar medios de difusión pertinentes para la población indígena, afromexicana, adolescente y con discapacidad. Sus contenidos deben llevar información de las instancias de atención a las mujeres y niñas victimas de violencia sexual y visibilizar la responsabilidad y sanción para el agresor.
Cuestionó los mensajes de la campaña en redes sociales sobre la violación que dicen, “no insistas, Hacks para evitar una violación: presiones o chantajees a las mujeres por sexo, no emborraches o drogues a mujeres, no te involucres con mujeres menores de edad”, entre otros.
Los mensajes van acompañados con los siguientes datos: 8 de 9 delitos en México se cometen contra mujeres; 97.3 por ciento de los casos de violación no se denuncian.
Gutiérrez Sotelo denunció que es confuso a quién están dirigidos estos mensajes, tampoco deja clara la responsabilidad del agresor, no tienen pertinencia cultural ni menciona las instancias a las que pueden acudir las víctimas.
Si la intención es llegar al agresor, estimó que “tendría que hablar claramente de los delitos en que incurren al abusar de las víctimas porque no los van a sensibilizar con cifras. Aparte estas cifras no reflejan nada, mucha violencia sexual está naturalizada”.
Como sociedad civil, añadió que cada vez reciben más informes de relaciones de adultos con menores de edad, presuntamente consensuadas, “el sugar daddy es un asunto celebrado, me parece que justo si estamos tratando de desnaturalizar estas conductas, las campañas deben tener pertinencia cultural y otros medios de difusión”.
Cuando se decretó la alerta por agravio comparado del 5 de junio de 2020, recordó que tenía un plazo de cumplimiento de 18 meses que venció el 5 de diciembre de 2021, y ninguna autoridad del gobierno del estado: con ocho medidas, la Fiscalía general del Estado con tres, el Congreso local como el Tribunal Superior de Justicia y el Congreso local con una cada cual, presentó resultados.
Para el primero de junio de 2022, indicó que la Secretaría de Gobernación y Conavim actualizaron las dos declaratorias de violencia de género, para levantar sólo una medida en la de Agravio Comparado, la del Congreso local con la reforma de despenalización del aborto del 20 de mayo del mismo año.
Sin embargo, la Alerta de Agravio Comparado se mantiene el mismo número de medidas porque se agregó otra más para la reparación del daño dirigida al poder judicial, la FGE y la Comisión Estatal de Víctimas
Aclaró que la alerta de agravio comparado recibió otro plazo de cumplimiento, ahora de 12 de meses para atender las medidas, y no hay información de que el gobierno haya entregado un informe de acciones de los primeros seis que concluyeron en diciembre de 2022.
Como promovente de la Alerta aseguró que el gobierno añadió que tampoco el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) de seguimiento de la alerta se ha reunido para revisar el seguimiento de la implementación de la declaratoria.

 

Violenta el rector sus derechos, denuncian trabajadores del Tec del Mar en Marquelia

 

Karina Contreras

Trabajadores de la Universidad Tecnológica del Mar, ubicada en Barra de Tecoanapa, Marquelia, denunciaron que el rector Napoléon Hernández Garibo ha violetado sus derechos humanos y laborales al haber “formado un grupo de choque con habitantes, a cambio de cargos”, por lo que lo hacen responsable de los que les pueda pasar.
En un escrito dirigido a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a la presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaytán, y a las autoridades educativas estatales y federales, los docentes acusan al rector de autoritarismo, soberbio y con nula experiencia en la administración escolar, “por las irresponsables acciones y omisiones del rector, no sólo hemos sido privados de la justicia laboral, sino también de nuestra tranquilidad, al estar comprometida nuestra seguridad”.
Señalaron que la universidad tiene nueve años fundada y desde febrero de 2022, el rector mantiene un conflicto laboral con el 80 por ciento de la plantilla de trabajadores, a quien acusan de no tener la capacidad para dirigir la universidad y ausentándose de las instalaciones la mayor parte del año, pues no atiende sus funciones, obstaculiza los procesos de programas académicos, administrativos y financieros.
Además, autoriza cargas laborales, académicas y financieras improcedentes. Privilegia a los trabajadores que le han permitido sus irregularidades, sin respetar el techo presupuestal ni las necesidades reales de los programas académicos de la universidad. Lo acusan de ser soberbio y discriminar a los trabajadores y alumnos, también ignora los oficios que le mandan, señalando las irregularidades y expresando las inconformidades, donde piden se respeten sus derechos.
Agrega el oficio que desde el 9 de enero de este año, el plantel está tomado por los estudiantes, a consecuencia de su constante discriminación y él hace caso omiso, “desde hace seis meses, a sus auténticas y justas exigencias para mejorar la calidad educativa”. Los trabajadores señalan que han tenido cuatro reuniones en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno, y en la tercera, el 6 de septiembre se firmó una minuta, pero no se ha cumplido nada.
Explican que la última fue el 16 de enero, donde el rector y sus aliados se dedicaron a descalificar y difamar, por lo que no hubo condiciones de civilidad para llegar a acuerdos, ni se redacto alguna minuta.
Acusaron al rector de no cumplir los acuerdos, pero lo que ha hecho es formar un grupo de “choque” con vecinos de Barra de Tecoanapa, argumentando que como la comunidad donó el predio, tiene derecho a ser parte de la toma de decisiones, para solucionar el conflicto y decidir a quién se debe despedir.
Según el oficio, los habitantes se han dedicado a difundir expresiones de odio, que incitan a la discriminación, la hostilidad y a la violencia contra los trabajadores de la universidad, que se expresan pacíficamente en la defensa de sus derechos humanos y laborales.
Acusan al rector de convertir un conflicto laboral en uno social, que no sólo “es una irresponsabilidad, que compromete la institucionalidad de la universidad, sino también la seguridad e integridad de la comunidad universitaria”.

Se denunciaron en el estado 534 delitos contra la seguridad y libertad sexual de enero a noviembre, informa Segob

De enero a noviembre de 2017, se denunciaron ante las autoridades ministeriales de Guerrero, 534 delitos contra la seguridad y la libertad sexual: 230 violaciones (simples y equiparadas), 196 abusos, 25 situaciones de acoso y 13 hostigamientos.
De acuerdo con la estadística mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dada a conocer el 22 de diciembre, en la entidad hubo, en promedio, 20.9 denuncias de violaciones y 17.8 de abuso sexual cada mes.
La estadística de diciembre del Secretariado, ahora incluye rubros sobre delitos contra la libertad sexual, contra la familia y contra la sociedad, “a fin de homologar y lograr la interacción de las bases de datos sobre violencia de género”, indica el aviso de entrada a los datos oficiales en línea.
También informa que, a partir del 20 enero de 2018, se presentará la estadística oficial sobre feminicidios y otros delitos relacionados con la violencia hacia las mujeres, de las víctimas con perspectiva de género.
En este tenor, revela que en noviembre pasado se presentaron dos averiguaciones previas o carpetas de investigación por delitos contra la sociedad: una de corrupción de menores y una de trata de personas, con daños a dos víctimas, y que son los únicos dos denunciados en lo que va de 2017.
Hay una demanda de incesto presentadas en mayo, y 69 demandas de “otros delitos que atentan contra la libertad sexual”.
La mayoría de las denuncias por delitos sexuales son por violación, que se dividen en 173 casos de violación simple y 57 de violación equiparada (con agravantes de violencia o con menores de edad).
En general, hay 45 denuncias de delitos sexuales en enero, 32 en febrero, 57 en marzo, 48 en abril, 46 en mayo, 63 en junio, 45 en julio, 51 en agosto, 55 en septiembre, 44 en octubre y 49 en noviembre.
De 3 mil 180 delitos contra la familia, 78 por ciento (2 mil 490) son por violencia familias; 16.8 por ciento (535 casos) por incumplimiento de obligaciones, 50 casos por violencia de género en todas las modalidades y 105 están clasificados como “otros delitos contra la familia”.