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Se hacen estudios sobre pobreza en comunidades de Cacahuatapec, informa Marco Suástegui

Karina Contreras

El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, informó que organizaciones nacionales hacen un estudio en ocho comunidades sobre la pobreza extrema en diversos rubros, para hacer proyectos.
Indicó que desde hace dos meses han estado en la zona donde han acudido comunidad por comunidad, para ver la situación en la que viven en salud, educación y vivienda. Subrayó que las organizaciones son expertas en esos temas y están haciendo un “diagnóstico completo, profundo para que les dé vergüenza a los tres órdenes de gobierno, porque no han hecho nada en las 47 comunidades de los bienes comunales de Cacahuatepec”.
Informó que el diagnóstico se hace en comunidades abandonadas como Apalani, Huamuchitos, Cabeza de Tigre, Apanhuac, El Cantón, Cruces de Cacahuatepec, Rancho Las Marías y Las Parotas, donde se trabaja en vivienda, salud, agua, producción y educación. El vocero dijo que no podría dar el nombre de las fundaciones por cuestiones de seguridad.
Señaló que las fundaciones tienen “mucho miedo” de venir porque se habla de muertos, de ataques, balaceras en Guerrero, pero “nosotros ya las trajimos, les dijimos que no tengan miedo, ya llevan dos meses acá. Después del huracán llegaron y llevan ya dos meses trabajando”. Agregó que la Policía Comunitaria de Cacahuatepec es la que brinda la seguridad y acompaña a los recorridos a los integrantes de las fundaciones que hacen el diagnóstico.
“Se viene trabajando muy duro, muy profundo y que va a ser de mucho beneficio para esas comunidades y con ese diagnóstico se pretende llegar a más de 30 comunidades”, dijo. Explicó que en el tema de salud el gobierno dice que hay centros de salud, sí los hay en algunas comunidades, pero están abandonados, no hay medicamentos y dijo que el domingo recibieron muchos medicamentos, pero como ellos no son doctores recorrerán los centros de salud para que el doctor diga qué medicamentos demanda más la población y se les va entregar de manera gratuita.
Indicó el vocero que el otro tema es el agua potable, pues es una vergüenza que estando a 50 metros del río Papagayo no se tenga agua, es una “mentada de madre del gobierno”. Dijo que las organizaciones son expertas en agua y ya consiguieron 166 filtros comunitarios, que serán instalados en lugares estratégicos, como escuelas, iglesias, comisarias para que toda la población de los bienes comunales tenga acceso a agua de calidad, apta para el consumo humano.
Señaló Marco Antonio Suástegui que son muchos temas y se tiene que trabajar con la gente para concientizarlos de lo necesario que son los cambios, pues ejemplificó que no hay baños y la gente corre al monte o hace atrás de su casa, pero eso a la larga se convierte en un foco de infección con la lluvia y el polvo. Finalmente, el vocero del Cecop se deslindó de la toma de los pozos de captación de agua de la CAPAMA y subrayó que ni estuvo en el plantón.

 

CECOP: 20 años de una lucha que ha cobrado 9 vidas, una desaparición forzada y encarcelamientos

Ramón Gracida Gómez

Acapulco

El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop) conmemora 20 años de lucha este 30 de julio, dos décadas en las que 9 de sus integrantes fueron asesinados por la lucha contra el proyecto hidroeléctrico, además de la desaparición forzada de Vicente Suástegui Muñoz, hermano del vocero del movimiento, Marco Antonio.
El asesinato de otros dos policías comunitarios y miembros del movimiento, y la encarcelación de Maximino Solís Valeriano que sigue preso desde el 2018 se suman a los agravios en contra del Cecop.
Los campesinos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec continúan con la exigencia de la cancelación definitiva de la presa y demandan que sea mediante un decreto presidencial. Y también luchan contra las gravilleras que extraen arena y grava del río Papagayo y lo afectan.
En enero de 2003, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) difundió su proyecto de la presa hidroeléctrica La Parota, que sería 11 veces más grande que la bahía de Acapulco. En su texto Cecop-La Parota La Tierra es Nuestra, el asesor del movimiento, Rodolfo Chávez Galindo señala que la presa La Parota está integrada al Proyecto Mesoamérica, antes Plan Puebla Panamá, firmado el 15 de junio de 2001.
La hidroeléctrica planeada en Acapulco sería una de las “más de 300 presas programadas de México a Panamá, el objetivo es generar un mercado regional de energía eléctrica para la maquila mesoamericana a través del Sistema de Interconexión Energética de América Central (SIEPAC), que desde 2009 junto con el sistema mexicano de energía eléctrica conforman un proyecto trasnacional controlado por las grandes empresas de energía”.
El 28 de julio de 2003 hombres y mujeres realizaron un plantón en la carretera en la comunidad El Fraile para impedir la entrada de funcionarios enviados de la CFE a los Bienes Comunales de Cacahuatepec con sus maquinarias y retuvieron por 14 horas a tres de ellos. Fue la primera acción contra el proyecto federal y de 2003 a 2008 se realizaron seis plantones, día y noche, en las entradas de seis comunidades: Agua Caliente, Parotillas, San Isidro Gallinero, Cruces de Cacahuatepec, Huamuchitos y Dos Arroyos.
El 27 de julio de 2004, Marco Antonio Muñoz Suástegui fue detenido por primera vez con motivo del movimiento en contra de la presa junto con Francisco Hernández Valeriano, y fueron liberados 9 días después.
El 14 de agosto de 2005 cientos de campesinos impidieron que se realizara una asamblea ilegal en la que se pretendía aprobar la expropiación de las tierras a favor de la CFE. Eran los últimos meses del gobierno perredista de Alberto López Rosas y los primeros del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, también del PRD, ambos acusados por el Cecop de favorecer el proyecto de la presa La Parota.
Después de que terminó una asamblea del Cecop el 18 de septiembre de 2005, campesinos de la comunidad Huamuchitos fueron emboscados en el camino de regreso a sus casas y Tomás Cruz Zamora fue asesinado por un hombre con arma de fuego.
El 29 de enero de 2006 fue asesinado a golpes Eduardo Maya Manrique frente a su casa en el ejido Dos Arroyos, la segunda víctima registrada por el movimiento contra la presa La Parota, que empezaba a crispar el ambiente en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, entre opositores y partidarios del proyecto.
El Sur publicó el 2 de mayo de ese año la denuncia del integrante del Cecop, Teodoro del Carmen Loeza, quien señaló que uno de sus vecinos que está a favor de la presa lo amenazó con un arma de fuego.

Relatores de la ONU en Cacahuatepec

El 10 de agosto de 2006 el relator de la ONU sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen visitó el área que sería afectada por la presa La Parota y escuchó a los opositores del proyecto.
En septiembre del siguiente año, Rodolfo Stavenhagen realizó una segunda visita a esta zona del Acapulco rural junto con el Relator Especial sobre Derecho a una Vivienda Adecuada, Miloon Kothari, quienes escucharon la petición de los comuneros de que el gobierno federal cancele la construcción de la presa.
El 7 de diciembre del mismo año integrantes del Cecop participaron en el Encuentro por una Nueva Cultura del Agua en América Latina en la ciudad de Fortaleza, Brasil, uno de los tantos eventos internacionales en los que los campesinos de Acapulco expusieron los problemas que enfrentaban por oponerse a la presa hidroeléctrica.
El 6 de enero de 2007 Benito Jacinto Cruz recibió un balazo en la cabeza y su cuerpo fue hallado en una barranca, a 500 metros de su domicilio en la comunidad de Huamuchitos, el tercer integrante del Cecop asesinado y el segundo de ese poblado.
En el boom de las autodefensas en Guerrero en 2013, la policía ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) empezó a introducirse en los Bienes Comunales de Cacahuatepec. El Cecop denunció que esta organización sería utilizada para concretar el proyecto de La Parota y en 2014 comenzó a formar su propia guardia comunitaria de Cacahuatepec, como parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC).
Ese año el vocero del Cecop y sus compañeros protestaron contra la gravillera Kimbar de Humberto Marín Molina y se introdujeron en ella para bloquearla. Por esta acción de denuncia, Suástegui Muñoz fue detenido el 17 de junio de 2014, torturado y luego trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4, de Tepic, Nayarit.
Mientras el vocero del Cecop estaba en la cárcel y Guerrero atravesaba la crisis de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrió una balacera el 15 de noviembre entre empleados de la gravillera Kimbar e integrantes del Cecop, después de que estos últimos detuvieron a los primeros en su retén instalado en La Concepción.
Murieron dos trabajadores de la empresa de Humberto Marín y que eran vecinos de esa comunidad, Andrés Palma Casarrubias, Pedro Bailón Dorantes; además de Antonio García Saligán, y su esposa e hija, Elia García y María Guadalupe Ayala, quedaron heridas.
Por otro lado, fue asesinado el integrante del Cecop, Celerino García Hernández, quien recibió dos balazos y falleció en el trayecto al hospital. Quedaron heridos Salomón Hernández Encarnación y Maximino Solís Valeriano, uno de los coordinadores del movimiento opositor.
Finalmente, Suástegui Muñoz fue liberado el 21 de agosto de 2015 y dos días después, Felipe Flores Hernández, otro de los voceros del Cecop desde sus inicios, fue expulsado del movimiento en una asamblea, donde se argumentó que no luchó por la liberación de su compañero. Flores Hernández murió el 27 de julio de 2021 a consecuencia del Covid-19.
El 7 de enero de 2018 hubo dos enfrentamientos en la comunidad La Concepción, con un saldo de 11 muertos: el primero fue en la madrugada, cuando seis civiles del grupo opositor al Cecop y dos policías comunitarios murieron a balazos; el segundo fue a mediodía en el que participaron policías del estado, ministeriales, y elementos de la Gendarmería y el Ejército, y tres policías policías comunitarios afines al Cecop fueron víctimas de ejecución extrajudicial.
Suástegui Muñoz fue llevado a la cárcel junto con 37 de sus compañeros, una parte salió antes y el vocero del Cecop y 16 más estuvieron un año y cinco meses, hasta el 8 de junio de 2019, cuando salieron 13 de ellos. Se quedaron en la cárcel Vicente Suástegui Muñoz, Manuel Everardo Suástegui y Maximino Solís Valeriano, este último sigue en prisión.
Los cinco comuneros asesinados en enero de 2018 más las cuatro víctimas de los años anteriores suman en total 9 integrantes del Cecop muertos a causa de su participación en el movimiento.
El triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones federales de aquel año motivó al Cecop a exigir que se cancelara el proyecto de la presa La Parota definitivamente mediante un decreto presidencial, lo cual todavía no ha ocurrido a pesar de que López Obrador ha dicho que no se construirá la presa. Sin embargo, los comuneros consideran que esto no es suficiente porque la incertidumbre se mantiene con el cambio de gobierno.

Desaparición forzada de Vicente

El 5 de agosto de 2021 Vicente Suástegui Muñoz, quien lideró el Cecop mientras su hermano Marco Antonio estaba en la cárcel en 2014, circulaba en Ciudad Renacimiento en su taxi amarillo con el que trabajaba cuando fue secuestrado por hombres armados.
Policías estatales e integrantes de la policía ciudadana de la UPOEG son acusados de participar en esta desaparición, por la que Marco Antonio y la esposa de Vicente, Samantha Colón, han realizado búsquedas en campo, sobre todo en la zona del Acapulco rural, para encontrarlo.
Antes de la desaparición forzada de Vicente Suástegui, el policía comunitario de los Bienes Comunales de Cacahuatepec e integrante del Cecop, Ramiro Ventura Apolonio, fue asesinado a balazos el 3 de agosto en la comunidad de Apanhuac, al igual que su compañero Isaías Elacio Palma el 15 de marzo. Marco Antonio Suástegui Muñoz responsabilizó a la UPOEG de ambos casos.
El Cecop llega a su 20 aniversario con su exigencia inicial de la cancelación de la presa hidroeléctrica y también con la lucha contra las gravilleras instaladas en el río Papagayo, en el área de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Suástegui Muñoz ha señalado que estas empresas trabajan de manera ilegal porque no tienen el permiso de los comuneros y también ha denunciado que la extracción de arena y grava que realizan afecta el caudal del río y, en consecuencia, al ecosistema que lo rodea. Durante su última asamblea el 4 de junio, el vocero del Cecop junto a una veintena de sus compañeros se introdujeron al río Papagayo, donde una máquina retroexcavadora de la gravillera de Humberto Marín estaba casi a la mitad del caudal, lo cual representa para los comuneros la ilegalidad de su trabajo.

La persecución al Cecop es porque exige que se busque a Vicente Suástegui, señala Tlachinollan

Jacob Morales Antonio

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz Hernández, indicó que la reactivación de las órdenes de aprehensión contra ejidatarios del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), es una respuesta a la exigencia de la presentación con vida de Vicente Suástegui Muñoz, desaparecido el 5 de agosto de 2021.
En declaraciones por teléfono, el abogado indicó que las dos detenciones que hicieron los policías ministeriales, en la comunidad de Huamuchito, en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, son parte de una estrategia de persecución contra los dirigentes sociales.
Dijo que la fiscalía está ejecutando las órdenes de aprehensión, para evitar que éstas prescriban y sigan activas, “lo que quiere la Fiscalía es interrumpir la prescripción de las denuncias, y mantener las órdenes activas”.
Agregó: “Esa es la política de la Fiscalía, con el pretexto de que hay cuatro personas desaparecidas de la UPOEG, y bajo esa bandera, se están metiendo a las comunidades de Cacahuatepec para realizar búsquedas y ejecutar las órdenes de aprehensión”.
El abogado sostuvo que hay una persecución a los movimientos sociales, “es una mentira que exista un gobierno de izquierda, que mantiene el diálogo con las organizaciones. No es cierto, con este panorama se vislumbran las agresiones”.
Señaló que la fiscalía está respondiendo con la reactivación de estas órdenes de aprehensión, ante la exigencia de resultados en las investigaciones y búsquedas de Vicente Suástegui, hermano del vocero del movimiento, Marco Antonio. “La Fiscalía no acelera el ritmo para investigar y no hay avances, esto es como que siente el Estado que se le presiona por el tema de Vicente, y pues en respuesta dice ‘tú tampoco eres una palomita blanca’”.
Recordó que hay 50 órdenes de aprehensión por delitos que no alcanzan fianza, como tentativa de homicidio y robo, cometido contra el empresario gravillero Humberto Marín, y que son denuncias de 2014 y 2015, del viejo sistema penal acusatorio.
Indicó que la estrategia de la organización es la defensa en los tribunales y la notificación de la persecución a organismo internacionales, de la detención y encarcelamiento de dos de los comuneros del Cecop, en el penal de Las Cruces, detenidos el 1 de diciembre con lujo de violencia.

 

Se integran burócratas de Chilpancingo a la Nueva Central de Trabajadores

Organizaciones campesinas y empleados del Ayuntamiento de Chilpancingo crearon la Nueva Central de Trabajadores, para defender sus derechos humanos y laborales.
A las 12 del día se celebró la primera asamblea en el auditorio del Palacio Municipal, ahí el dirigente del Sindicato Independiente de la sección 14, Domingo Salgado Martínez encabezó la actividad, informó de la creación de un nuevo bloque que integrará a organizaciones campesinas y sindicales.
Detalló que el frente se llamará Nueva Central de Trabajadores y el objetivo es aglutinar a todas las organizaciones campesinas, cooperativas, jóvenes, mujeres y sindicatos para enfrentar al gobierno y a las empresas privadas de las violaciones contra los empleados.
El líder sindical dijo que el frente es a favor de la clase trabajadora para defender los derechos de los campesinos y trabajadores. Detalló que habrá asambleas estatales y nacionales para analizar la situación de cada trabajador y proteger sus derechos labores.
Precisó que en Guerrero en total son unas 16 organizaciones que se integran a la Nueva Central de Trabajadores, entre ellas: el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp), y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) entre otras.

 

Exige la UNT respeto a sus derechos e igualdad de género en Acapulco

Integrantes de sindicatos y organizaciones de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (Cecop) en contra de las reformas estructurales, exigieron respeto a las conquistas laborales y convocaron a la unidad para hacer un cambio en el país, y ponerle “un basta” a los gobiernos corruptos. También se manifestaron por la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo.
Más de mil 500 integrantes de diferentes sindicatos aglutinados en la UNT iniciaron su marcha a las 10:45 de la mañana en la avenida Costera, del Asta Bandera a la Glorieta de La Diana, donde hicieron un mitin.
Los trabajadores del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) encabezaron la marcha, seguidos por los del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), una sección del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), un contingente de simpatizantes de Morena, y maestros los de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) región Acapulco y Costa Grande.
También marcharon integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, la Asamblea Nacional de Jubilados, el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad y Empresas de Préstamo Prendario, trabajadores del hotel La Palapa de Acapulco, y de la Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios y del Cecop.
“Si el gobierno bueno fuera estas marchas no se dieran”, “hombro con hombro, codo con codo Ayotzi, Ayotzi, Ayotzi somos todos”, “ea, ea, ea, el PRI, PAN, PRD se tambalea”, “el pueblo unido jamás será vencido” y “trabajadores conscientes en la lucha combatiente”, fueron algunas de las consignas que los diferentes grupos gritaron en el camino.
En la marcha, en el sonido de la camioneta que iba con el contingente del Sindicato de Telefonistas fueron leyendo el manifiesto unitario de la Jornada de Lucha del Encuentro Nacional de Organizaciones Sindicales, Campesinas y de la Sociedad Civil, que convirtieron en exigencias.
Los contingentes marcharon hasta la Condesa, a las 12 del día se instalaron alrededor de la glorieta de la Diana, donde bloquearon el paso vehicular en ambos sentidos, para tener un mitin que concluyó cinco minutos antes de la 1 de la tarde.

Demanda la ANP la libertad de los presos del Cecop; seguirá la lucha por los 43, acuerda

La Asamblea Nacional Popular (ANP) exigió la libertad inmediata del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, de su hermano Vicente y otros 23 integrantes de esa organización.
Representantes de organizaciones sociales estatales y nacionales se reunieron en el Comedor Estudiantil de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixtla para determinar las acciones de la jornada de lucha, a 43 meses de los ataques en Iguala donde fueron desaparecidos 43 estudiantes.
En la reunión se informó a los representantes de las organizaciones sociales de la investigación en Estados Unidos que indica que sicarios de Guerreros Unidos dieron órdenes desde Chicago para involucrar a policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como de otro número indeterminado de personas. al menos 60, según los mensajes.
La ANP acordó difundir la información para que las autoridades profundicen esa línea de investigación debido a que podría ser “una oportunidad real de dar con el paradero de los 43 (normalistas)” según el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
Rosales Sierra informó que la ANP se pronunció por la libertad de los hermanos Suástegui Muñoz y de los integrantes del Cecop que fueron encarcelados como presuntos responsables de homicidio calificado “en agravio de habitantes” de la comunidad La Concepción, municipio de Acapulco. Además exigió a las autoridades que se respeten los tratados de derechos humanos para que los presos políticos no estén aislados.
La ANP acordó continuar la lucha por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, así como la construcción de un frente que sea “una oposición política bastante objetiva” y que el proceso electoral no desarticule la unidad de las organizaciones sociales.
En el plan de acción se acordó que la jornada de lucha Te buscamos 43 por 43 iniciará con una manifestación el 26 de abril que las organizaciones sociales replicarán en sus estados, seguida del paro laboral el 1 de mayo que promueve la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en contra de la Reforma Educativa, así como otra protesta el 19 de junio a dos años de los desalojos violentos en Nochixtlán, Oaxaca.
La jornada de lucha se extenderá hasta el 26 de septiembre cuando se cumplen cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y concluirá con la conmemoración de la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre.
Rosales Sierra precisó que para los 43 meses de los ataques y la desaparición de los estudiantes que se cumplen este abril habrá manifestaciones los días 19 y 20, una jornada cultural en la Ciudad de México del 23 al 25 y una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo el 26, y una marcha el 27 en Iguala para conmemorar a los normalistas asesinados Julio César Mondragón Fontes, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava. Las acciones serán replicadas por los integrantes de la ANP en los estados donde tiene presencia.

En 2016 la complicidad del gobierno con el crimen agudizó la crisis humanitaria: ONG

La fragmentación de los movimientos magisterial y social, la impunidad y complicidad del gobierno con criminales ante la violencia generalizada y la posibilidad de que el ejecutivo federal declare un estado de excepción como parte de la militarización de la seguridad interior, agudizan la crisis humanitaria en Guerrero, denunciaron e Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti) y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
En un comunicado señalan que “la agresión gubernamental” fragmentó y dejó en un alto grado de vulnerabilidad a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), dividió y provocó el reflujo de las bases sociales de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en una embestida que comenzó en 2013, e hizo lo mismo con el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop).
Advirtieron el riesgo de organizaciones como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y otras policías o guardias comunitarias que no se rigen necesariamente en el ámbito de la Ley 701 ni responden a los usos y costumbre de los pueblos originarios, “de que el fenómeno se desarrolle hacia narco-paramilitares que le hagan las tareas sucias al gobierno agrediendo a activistas, militantes y defensores de derechos humanos”.
En un balance de los acontecimientos de 2016 señalan que el año que terminó fue el más violento desde 2006, con más de 2 mil 200 asesinados, al grado de alcanzar los niveles de 2011.
“Tanto si se trata de violencia del crimen organizado, delincuencia común o de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el dato nos señala una ineludible responsabilidad del Estado mexicano, al no proteger ni castigar estos homicidios, en la que hay que resaltar los feminicidios a los que el gobierno del estado de Guerrero ha invisibilizado negándose a aplicar una alerta de género”, opinaron sobre la solicitud de feministas que demandaron una política pública federal para evitar los asesinatos de mujeres en la entidad, por la que el gobernador ofreció implementar acciones para evitar la intervención de la federación.
Mencionan la muerte de tres líderes históricos de Guerrero: uno de los fundadores de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Benigno Guzmán Martínez, el abogado de las viudas de la masacre de Aguas Blancas, José Sánchez Sánchez y el doctor Bertoldo Martínez Cruz, “los tres se enfrentaron al gobierno de Rubén Figueroa Alcocer y fueron perseguidos y encarcelados”.
Destacan que en 2016 se registraron muertos de todas las edades, género y diferentes preferencias sexuales, y el mayor número fueron hombres jóvenes en edad productiva, de baja escolaridad, y de los estratos socioeconómicos más desprotegidos. Entre las ejecuciones mencionaron los casos de los normalistas de Ayotzinapa, Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, además de miembros de los grupos de policías comunitarias de Tixtla.
Asimismo indicaron que hay casi mil casos de desapariciones forzadas en registros de las asociaciones de familiares de desaparecidos Iguala, Chilpancingo, Chilapa, Zitlala y Acapulco, donde se sospecha la participación de agentes del Estado, como las cometidas por los grupos del crimen organizado y poderes fácticos, y no existe ningún cálculo de este problema en las instituciones de gobierno.
De los casos de desaparición que terminaron con hallazgos de cadáveres recordaron el del maestro y miembro de la CRAC-PC Irineo Salmerón Dircio y del líder de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG), Juan Mendoza Tapia y su esposa Carolina Francisca Santos Delgado, así como de estudiantes y trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
Otro fenómeno que contribuye a la crisis del Estado de derecho y la crisis humanitaria que vivimos en Guerrero, exponen, es el desplazamiento forzoso interno que comenzó en 2007 en la sierra de la Costa Grande y Tierra Caliente, y que en 2016 afectó más a las regiones Centro, Norte y Tierra Caliente.
Aseguraron que las tres regiones se caracterizan por la ausencia del Estado y el control territorial de facciones del crimen organizado, y las víctimas siguen desprotegidas a pesar de que existe una ley estatal sobre desplazamiento forzoso.
Tanto en ejecuciones, desapariciones y desplazamiento forzado prevalece la falta de investigación, la criminalización hacia las víctimas, la impunidad y la falta de respuesta de las autoridades conforme a tratados y convenciones internacionales y al propio derechos interno.
Un eje transversal en todos los conflictos “es la militarización de la seguridad pública”, al grado que los políticos propusieron crear un marco inconstitucional para avalar la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, lo que implica “una garantía de impunidad”, denunciaron.
Como ejemplo mencionan la reciente reglamentación del artículo 29 de la Constitución, que permitiría al presidente de la República declarar estado de excepción o suspensión de garantías, acotando los derechos humanos más básicos como parte de ese proceso de militarización que se complementaría con la Ley de Seguridad Interna.

Sigue sin resolverse la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sigue sin resolverse, no obstante que el año pasado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encontró evidencias de “muy graves intenciones de desviar líneas de investigación contra presuntos responsables, a quienes ahora hay que considerar como víctimas de tortura y de ser obligados a armar la verdad histórica con confesiones sacadas bajo tortura”.
Debido a lo anterior, el Estado mexicano básicamente expulsó a los integrantes del GIEI y retrasó por meses la conformación del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que “demuestran la nula voluntad política de resolver el caso conforme a derecho. Por el contrario, se dilucida la intención de encubrir a los verdaderos autores materiales e intelectuales de la desaparición masiva de los normalistas”.
En el campo del derecho a la salud, aseguraron que “tampoco se ven avances significativos”, más bien la disminución del presupuesto destinado a la salud y el intento de impulsar la universalización de la salud que tarde o temprano va privatizar no solo el acceso, sino el derecho a la salud.
En Guerrero no existen avances en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para los pueblos originarios, ya que sigue expulsando migrantes que de otra forma morirían de hambre en sus pueblos, o por falta de oportunidades y servicios.
Para 2017, consideraron que la pobreza se profundiza debido a los incrementos a los precios de la gasolina, al gas y la electricidad, pero millones de mexicanos empobrecidos tienen la oportunidad de “organizarse y defender sus derechos, logrando verdad y justicia para los familiares de los desaparecidos, que los desplazados por fin sean atendidos de acuerdo a la Ley 487 Para la Prevención y Atención al Desplazamiento Interno”.

Proponen personal interdisciplinario en la Fiscalía para atender las desapariciones

Para la atención de los desaparecidos proponen que se dote a la nueva Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, de personal interdisciplinario y recursos económicos suficientes para su funcionamiento y eficacia en todo el estado, y que el Congreso apruebe la iniciativa de ley presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja sobre la declaración de ausencia de personas desaparecidas, a fin de que las familias puedan acceder a la protección de los bienes de los desparecidos.
Asimismo demandaron la independencia de la Dirección General de Servicios Periciales que depende de la Fiscalía General de Justicia del estado, y que se establezca una base de datos de ADN en el Estado de Guerrero, para confrontar los resultados de las muestras en el menor tiempo posible, y concluir la identificación de los más de 400 cuerpos desconocidos, que a fin de año se colocaron en un cementerio ministerial.
Solicitaron que la Secretaría de Asuntos Indígenas del estado y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se comprometan a acompañar y apoyar a las familias de víctimas de desaparición que pertenezcan a población indígena, de acuerdo con sus facultades tal y como lo establece la Ley General de Víctimas.
Además, que la FGE “deje de querer entregar a las familias de desaparecidos cuerpos con sólo el resultado positivo del ADN de uno de sus familiares, lo cual deben de estar más completas las confrontas de ADN y se deben hacer los peritajes de otras especialidades como el de Odontología y Antropología Forense”.