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Deslinda el subsecretario de Desarrollo Político al gobierno del asesinato de Suástegui

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, aseguró que el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, no solicitó medidas cautelares al gobierno del estado y deslindó a las autoridades estatales de responsabilidad tanto por acción u omisión en su asesinato.
El funcionario estatal fue entrevistado al salir de una reunión de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda con la viuda del dirigente Marco Antonio Suástegui Muñoz, María de Jesús Pérez García, y el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández en Casa Guerrero el mediodía de ayer.
“Ellos están planteando lo que ustedes ya saben; justicia por el caso de Marco Antonio Suástegui y en ese sentido hay un compromiso de la gobernadora del estado para sumarnos a su planteamiento ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que el caso se resuelva y se dé con los responsables”, informó el funcionario estatal.
Sin pregunta de por medio, Rodríguez Cisneros, aseguró que “con Marco no existía ninguna contrariedad con el gobierno del estado, éramos compañeros de lucha, ustedes registren en lo público, nunca hubo un cuestionamiento ni de él para nosotros ni de nosotros para él”, declaró.
–Pero la opinión pública en las redes sociales señala al gobierno del estado como responsable del asesinato, planteó el reportero.
–No puede haber un señalamiento de ese tipo. Yo insisto mucho en eso, vean lo que él declaró en lo público, nunca tuvimos una confrontación. La señora gobernadora visitó los Bienes Comunales dos veces y funcionarios del estado estuvimos varias veces allá y yo voy a estar los próximos días en los Bienes Comunales, vamos a seguir trabajando en lo que tiene que ver con el reordenamiento de la actividad económica que él tenía en cuanto a los servicios turísticos.
Rodríguez Cisneros agregó que en cuanto a las diferencias con administraciones de gobiernos pasados será parte de la investigación; “cada quien responde por sus acciones y por sus hechos y ya será la FGE la que determine la responsabilidad”, dijo.
–Pero también se señala responsabilidad del actual gobierno, por lo menos por omisión, porque Marco Antonio Suásteguí solicitó medidas cautelares y nunca se le dio, cuestionó el reportero.
–Nunca solicitó medidas cautelares. Yo platicaba mucho con él y nunca nos solicitó medidas cautelares. Yo hablé con él y me dijo que no las requería, me dijo que estaba, a través de Tlachinollan, haciendo una solicitud al Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas nacional, porque tenía medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), pero nunca solicitó al gobierno del estado acompañamiento policiaco ni tampoco solicitó que se le diera algún tipo de medidas extraordinarias.
Según el funcionario, lo mismo pasó en el caso del líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio, “jamás nos solicitó un acompañamiento al gobierno del estado, cuando es así se valora en razón del riesgo y siempre se ha dado acompañamiento a quienes tienen un riesgo latente para salvaguardar su integridad”.
–Lo cierto es que ya pasaron más de dos semanas y no hay ningún resultado de la investigación, no hay nada, cuestionó otro reportero.
–Se están haciendo los actos de investigación y ya será la Fiscalía la que dará a conocer los resultados.
“Hablaron los abogados (de la familia de Marco Antonio) con el fiscal y ya les dieron cuenta a ellos de cómo está el curso de la investigación”, declaró.
–Extraoficialmente se sabe que hay detenidos, ¿hay o no?.
–Desconozco cuáles son los actos de la Carpeta de Investigación porque en la misma reunión que sostuvimos, el fiscal fue muy claro que solamente le podría dar ese tipo de información al abogado que acreditara la familia para garantizar sus derechos de víctimas.
Sobre la violencia que continúa en Acapulco, el funcionario respondió que está muy focalizada en la zona poniente de la ciudad y que ayer en la sesión de la Mesa para la Construcción de la Paz, se dio el parte a través de la Secretaría de Seguridad Pública y que se constató que todos los homicidios dolosos son en la zona de Mozimba, Pie de la Cuesta, San Isidro Gallinero.

CECOP: 20 años de una lucha que ha cobrado 9 vidas, una desaparición forzada y encarcelamientos

Ramón Gracida Gómez

Acapulco

El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop) conmemora 20 años de lucha este 30 de julio, dos décadas en las que 9 de sus integrantes fueron asesinados por la lucha contra el proyecto hidroeléctrico, además de la desaparición forzada de Vicente Suástegui Muñoz, hermano del vocero del movimiento, Marco Antonio.
El asesinato de otros dos policías comunitarios y miembros del movimiento, y la encarcelación de Maximino Solís Valeriano que sigue preso desde el 2018 se suman a los agravios en contra del Cecop.
Los campesinos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec continúan con la exigencia de la cancelación definitiva de la presa y demandan que sea mediante un decreto presidencial. Y también luchan contra las gravilleras que extraen arena y grava del río Papagayo y lo afectan.
En enero de 2003, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) difundió su proyecto de la presa hidroeléctrica La Parota, que sería 11 veces más grande que la bahía de Acapulco. En su texto Cecop-La Parota La Tierra es Nuestra, el asesor del movimiento, Rodolfo Chávez Galindo señala que la presa La Parota está integrada al Proyecto Mesoamérica, antes Plan Puebla Panamá, firmado el 15 de junio de 2001.
La hidroeléctrica planeada en Acapulco sería una de las “más de 300 presas programadas de México a Panamá, el objetivo es generar un mercado regional de energía eléctrica para la maquila mesoamericana a través del Sistema de Interconexión Energética de América Central (SIEPAC), que desde 2009 junto con el sistema mexicano de energía eléctrica conforman un proyecto trasnacional controlado por las grandes empresas de energía”.
El 28 de julio de 2003 hombres y mujeres realizaron un plantón en la carretera en la comunidad El Fraile para impedir la entrada de funcionarios enviados de la CFE a los Bienes Comunales de Cacahuatepec con sus maquinarias y retuvieron por 14 horas a tres de ellos. Fue la primera acción contra el proyecto federal y de 2003 a 2008 se realizaron seis plantones, día y noche, en las entradas de seis comunidades: Agua Caliente, Parotillas, San Isidro Gallinero, Cruces de Cacahuatepec, Huamuchitos y Dos Arroyos.
El 27 de julio de 2004, Marco Antonio Muñoz Suástegui fue detenido por primera vez con motivo del movimiento en contra de la presa junto con Francisco Hernández Valeriano, y fueron liberados 9 días después.
El 14 de agosto de 2005 cientos de campesinos impidieron que se realizara una asamblea ilegal en la que se pretendía aprobar la expropiación de las tierras a favor de la CFE. Eran los últimos meses del gobierno perredista de Alberto López Rosas y los primeros del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, también del PRD, ambos acusados por el Cecop de favorecer el proyecto de la presa La Parota.
Después de que terminó una asamblea del Cecop el 18 de septiembre de 2005, campesinos de la comunidad Huamuchitos fueron emboscados en el camino de regreso a sus casas y Tomás Cruz Zamora fue asesinado por un hombre con arma de fuego.
El 29 de enero de 2006 fue asesinado a golpes Eduardo Maya Manrique frente a su casa en el ejido Dos Arroyos, la segunda víctima registrada por el movimiento contra la presa La Parota, que empezaba a crispar el ambiente en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, entre opositores y partidarios del proyecto.
El Sur publicó el 2 de mayo de ese año la denuncia del integrante del Cecop, Teodoro del Carmen Loeza, quien señaló que uno de sus vecinos que está a favor de la presa lo amenazó con un arma de fuego.

Relatores de la ONU en Cacahuatepec

El 10 de agosto de 2006 el relator de la ONU sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen visitó el área que sería afectada por la presa La Parota y escuchó a los opositores del proyecto.
En septiembre del siguiente año, Rodolfo Stavenhagen realizó una segunda visita a esta zona del Acapulco rural junto con el Relator Especial sobre Derecho a una Vivienda Adecuada, Miloon Kothari, quienes escucharon la petición de los comuneros de que el gobierno federal cancele la construcción de la presa.
El 7 de diciembre del mismo año integrantes del Cecop participaron en el Encuentro por una Nueva Cultura del Agua en América Latina en la ciudad de Fortaleza, Brasil, uno de los tantos eventos internacionales en los que los campesinos de Acapulco expusieron los problemas que enfrentaban por oponerse a la presa hidroeléctrica.
El 6 de enero de 2007 Benito Jacinto Cruz recibió un balazo en la cabeza y su cuerpo fue hallado en una barranca, a 500 metros de su domicilio en la comunidad de Huamuchitos, el tercer integrante del Cecop asesinado y el segundo de ese poblado.
En el boom de las autodefensas en Guerrero en 2013, la policía ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) empezó a introducirse en los Bienes Comunales de Cacahuatepec. El Cecop denunció que esta organización sería utilizada para concretar el proyecto de La Parota y en 2014 comenzó a formar su propia guardia comunitaria de Cacahuatepec, como parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC).
Ese año el vocero del Cecop y sus compañeros protestaron contra la gravillera Kimbar de Humberto Marín Molina y se introdujeron en ella para bloquearla. Por esta acción de denuncia, Suástegui Muñoz fue detenido el 17 de junio de 2014, torturado y luego trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4, de Tepic, Nayarit.
Mientras el vocero del Cecop estaba en la cárcel y Guerrero atravesaba la crisis de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrió una balacera el 15 de noviembre entre empleados de la gravillera Kimbar e integrantes del Cecop, después de que estos últimos detuvieron a los primeros en su retén instalado en La Concepción.
Murieron dos trabajadores de la empresa de Humberto Marín y que eran vecinos de esa comunidad, Andrés Palma Casarrubias, Pedro Bailón Dorantes; además de Antonio García Saligán, y su esposa e hija, Elia García y María Guadalupe Ayala, quedaron heridas.
Por otro lado, fue asesinado el integrante del Cecop, Celerino García Hernández, quien recibió dos balazos y falleció en el trayecto al hospital. Quedaron heridos Salomón Hernández Encarnación y Maximino Solís Valeriano, uno de los coordinadores del movimiento opositor.
Finalmente, Suástegui Muñoz fue liberado el 21 de agosto de 2015 y dos días después, Felipe Flores Hernández, otro de los voceros del Cecop desde sus inicios, fue expulsado del movimiento en una asamblea, donde se argumentó que no luchó por la liberación de su compañero. Flores Hernández murió el 27 de julio de 2021 a consecuencia del Covid-19.
El 7 de enero de 2018 hubo dos enfrentamientos en la comunidad La Concepción, con un saldo de 11 muertos: el primero fue en la madrugada, cuando seis civiles del grupo opositor al Cecop y dos policías comunitarios murieron a balazos; el segundo fue a mediodía en el que participaron policías del estado, ministeriales, y elementos de la Gendarmería y el Ejército, y tres policías policías comunitarios afines al Cecop fueron víctimas de ejecución extrajudicial.
Suástegui Muñoz fue llevado a la cárcel junto con 37 de sus compañeros, una parte salió antes y el vocero del Cecop y 16 más estuvieron un año y cinco meses, hasta el 8 de junio de 2019, cuando salieron 13 de ellos. Se quedaron en la cárcel Vicente Suástegui Muñoz, Manuel Everardo Suástegui y Maximino Solís Valeriano, este último sigue en prisión.
Los cinco comuneros asesinados en enero de 2018 más las cuatro víctimas de los años anteriores suman en total 9 integrantes del Cecop muertos a causa de su participación en el movimiento.
El triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones federales de aquel año motivó al Cecop a exigir que se cancelara el proyecto de la presa La Parota definitivamente mediante un decreto presidencial, lo cual todavía no ha ocurrido a pesar de que López Obrador ha dicho que no se construirá la presa. Sin embargo, los comuneros consideran que esto no es suficiente porque la incertidumbre se mantiene con el cambio de gobierno.

Desaparición forzada de Vicente

El 5 de agosto de 2021 Vicente Suástegui Muñoz, quien lideró el Cecop mientras su hermano Marco Antonio estaba en la cárcel en 2014, circulaba en Ciudad Renacimiento en su taxi amarillo con el que trabajaba cuando fue secuestrado por hombres armados.
Policías estatales e integrantes de la policía ciudadana de la UPOEG son acusados de participar en esta desaparición, por la que Marco Antonio y la esposa de Vicente, Samantha Colón, han realizado búsquedas en campo, sobre todo en la zona del Acapulco rural, para encontrarlo.
Antes de la desaparición forzada de Vicente Suástegui, el policía comunitario de los Bienes Comunales de Cacahuatepec e integrante del Cecop, Ramiro Ventura Apolonio, fue asesinado a balazos el 3 de agosto en la comunidad de Apanhuac, al igual que su compañero Isaías Elacio Palma el 15 de marzo. Marco Antonio Suástegui Muñoz responsabilizó a la UPOEG de ambos casos.
El Cecop llega a su 20 aniversario con su exigencia inicial de la cancelación de la presa hidroeléctrica y también con la lucha contra las gravilleras instaladas en el río Papagayo, en el área de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Suástegui Muñoz ha señalado que estas empresas trabajan de manera ilegal porque no tienen el permiso de los comuneros y también ha denunciado que la extracción de arena y grava que realizan afecta el caudal del río y, en consecuencia, al ecosistema que lo rodea. Durante su última asamblea el 4 de junio, el vocero del Cecop junto a una veintena de sus compañeros se introdujeron al río Papagayo, donde una máquina retroexcavadora de la gravillera de Humberto Marín estaba casi a la mitad del caudal, lo cual representa para los comuneros la ilegalidad de su trabajo.