Ramón Gracida Gómez
Atoyac
Alrededor de 100 familiares de desaparecidos de la guerra sucia compartieron ayer su enojo y tristeza por la falta de resultados en la localización de sus familiares y en la reparación de daños, durante los Diálogos por la Verdad de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965-1990.
Relataron conmovidos hasta las lágrimas las vidas truncadas porque eran bebés o niños cuando sus padres fueron sustraídos por el Ejército y la pobreza que padecieron. Señalaron que los adultos mayores se están muriendo porque están enfermos y no reciben una buena atención a su salud, y exigieron una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que atienda sus demandas.
El comisionado del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de la Comisión de la Verdad, Abel Barrera Hernández, indicó que Atoyac “es el corazón de la resistencia, de la digna rebeldía de hombres y mujeres del campo que alzaron su voz y empuñaron el arma para acabar con esos cacicazgos, para acabar con esa represión de un Ejército malhechor”.
Dijo que este municipio “tiene mucho que ver con esta nueva historia nacional y estatal de que en verdad haya justicia, de que en verdad se respeten los derechos humanos, de que en verdad haya castigo a los responsables, de que en verdad toda la política esté centrada en la atención digna a las víctimas”.
“Todavía no hemos podido que la agenda de ustedes como víctimas esté en el centro de la agenda pública, ha costado mucho trabajo, las inercias y los intereses económicos y de otra índole los han desplazado, los han relegado, han postergado sus demandas”.
Explicó que este evento de Diálogos por la Verdad se llevó a cabo en Atoyac porque muchos de los familiares de las comunidades no pudieron asistir al acto similar que tuvo lugar en Chilpancingo en diciembre de 2022.
Mencionó que las futuras recomendaciones y propuestas del Mecanismo para la Verdad tienen como fin “evidenciar que todavía se mantiene esta práctica de la impunidad, hay esa continuidad en las formas en como se sigue violentando los derechos humanos”.
“La misma militarización es preocupante porque se sigue vulnerando la dignidad de los ciudadanos y que, además, no está dando resultados por este ambiente de violencia y de inseguridad que prevalece aquí en Guerrero. Y siguen siendo los ciudadanos y ciudadanas de a pie los que están en la primera fila para poder denunciar las tropelías que siguen cometiendo autoridades civiles y militares”.
El oficial de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Andrés Díaz, dijo que “reconocer los hechos por parte de las autoridades que violentaron derechos humanos es reconocer la propia historia” y esto es necesario para iniciar un “camino de justicia”.
Señaló que se sigue arrastrando la impunidad de las violaciones de los derechos humanos, pero la verdad y la memoria “son el camino para prevenir esas violaciones graves a los derechos humanos, esa verdad y esa memoria no es para arraigarse únicamente en la violencia, en una violencia continua”.
Indicó que el 2024 es crucial “para tener pasos hacia una justicia sanadora, una justicia que ayude a sanar estas heridas; y hacia una reparación del daño, pero que sea una reparación responsable”.
Dijo que estos Diálogos deben conducir “a una fase, a un lugar de no violencia en el país porque hoy en día, las condiciones no han cambiado mucho o se han transformado, pero no han dejado de ser violentas”.
Andrés Díaz aseveró que Atoyac “es un pueblo, una ciudad, una sociedad muy importante para la historia de este país y muy importante también para conocer y para entender las causas, la lucha, para entender también por qué se violentó tanto”.
La integrante del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, Rocío Culebro Bahena, fungió como moderadora de los Diálogos, el último por la veda electoral y que se llevó a cabo en la Casa Jaguar, un salón abierto que está cerca de la Ciudad de los Servicios, sede del Ayuntamiento de Atoyac. Empezó a las 10 de la mañana, duró cinco horas y se escucharon más de 20 testimonios.
María Argüello Vázquez, esposa del desaparecido Prisciliano Medina Mojica e hija del también desaparecido Francisco Argüello, reivindicó su militancia guerrillera a los 16 años y demandó una ayuda económica porque todos sus compañeros no tienen atención de su salud, “están muriendo de viejos, de hambre, de enfermedades y no nos están dando resultados”.
El dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur y hermano de Alberto Mesino, desaparecido el 18 de junio de 1974 en el ejido de Agua Fría, Hilario Mesino, reivindicó la lucha por sus familiares, “no vamos a claudicar mientras tengamos un soplo de vida”.
Recordó que su mamá luchó junto con Rosario Ibarra de Piedra por la presentación de su hijo y vendió “todo lo que teníamos, hasta las tierras, vendió las vacas, los burros, para ir a buscarlo a donde fuera”, les prometieron localizarlo, pero nunca sucedió y quedaron en la “miseria”.
Leonor Ruiz Serafín, hija de Juventino Ruiz Santiago, desaparecido el 16 de agosto de 1974 por militares en la comunidad de San Martín de las Flores y trasladado al cuartel militar del municipio. Su madre, ahora enferma, estaba embarazada del hermano de Leonor, quien dijo con voz cortada que su padre “era el sustento de la familia, nos quedamos desamparadas”.
Joel Chávez Díaz, hijo del desaparecido Artemio Chávez Villa en San Francisco del Tibor el 23 de octubre de 1974, empezó a trabajar desde los 7 años en el campo porque era el hijo mayor de cuatro y ninguno pudo terminar la primaria. “Nadie más que nosotros vamos a sentir ese dolor porque solamente nosotros lo vivimos”.
Cuestionó que López Obrador ya se va y viene otro gobierno, “¿y qué vamos a esperar o qué está esperando el gobierno? ¿Seguir engañándonos? ¿Seguir dándonos atole con el dedo? ¿Qué sigue después de hoy?”.
Rubén Rojas Dionisio, hermano de Israel Romero Dionisio, detenido en 1974 a los 14 años, propuso crear una comisión de familiares y con la ayuda de la Comisión de la Verdad, hablar con el mandatario federal, a quien apoyaron para que llegara la Presidencia y “es un buen presidente, pero le tiene miedo a los guachos porque ellos no se andan con jugadas. Van a dar un golpe de Estado si él no les abre la puerta a su gobierno”.
El integrante de la extinta Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad), Nicomedes Fuentes, secundó la propuesta de unir la lucha de las víctimas; el docente de la preparatoria 22 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) en Atoyac, Wilibardo Rojas, propuso acercar la información de la guerra sucia a los jóvenes; y la feminista Rosa María Gómez Saavedra planteó la necesidad de una clínica de salud mental en Atoyac para atender a las víctimas de la guerra sucia.
Abel Barrera se comprometió después de los testimonios a hacer llegar al subsecretario de Derechos Humanos la demanda de reunirse con el presidente de México, “no crean que tenemos acceso a las autoridades, eso es muy difícil”.
