Pretenden condenar a 60 años a dos defensores de bosques de Coyuca de Catalán, denuncian

La hermana del preso político Gildardo Díaz Pérez, Edith, la mamá del también encarcelado Ubaldo Santana Alonso, Juana Alonso Ochoa y el coordinador del FNLP, Hoguer Morales Miranda en conferencia de prensa en Tepango, Ayutla Foto: Rosendo Betancourt Radilla

Rosendo Betancourt Radilla

Tepango, Ayutla

Un juez de Coyuca de Catalán pretende sentenciar a 60 años a los defensores de bosques, desplazados por la violencia del crimen organizado de La Laguna y presos políticos en Ayutla, Gildardo Díaz Pérez y Ubaldo Santana Alonso, denunciaron familiares y el Frente Nacional para la Liberación de los Pueblos (FNLP).
El coordinador del FNLP, Hoguer Morales Miranda mencionó que el desplazamiento forzado interno de las familias de La Laguna se debió a los intereses de los grupos del crimen organizado por apropiarse de la madera, pero también “del territorio, porque todo lo que es la Sierra de Guerrero tiene oro y esa era la intención, hacer producir las minas como hicieron en Campo Morado, aquí en Carrizalillo, que ha quedado desbastado todo eso, precisamente por las mineras. Esa es la meta, al no encontrar madera ni personas, quién va a reclamar, y más si se metió la maña (el crimen organizado), pues no hay más que reclamar porque ya todo está solo y apropiado para las minas”.
Señaló cómo operadores de esta embestida criminal que provocó la salida de los defensores de los bosques en 2011 a la familia Montúfar, “a quienes han extraditado a Estados Unidos, se pelearon entre ellos, se mataron entre ellos, se descubrieron cuestiones de ellos y siguen metiendo las manos hasta el día de hoy en el caso”.
Denunció que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda se niega a atender a las organizaciones sociales, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció la libertad de los presos políticos del país.
En conferencia de prensa en una precaria vivienda en Tepango, municipio de Ayutla, Edith Díaz Pérez, hermana de Gildardo Díaz y cuñada de Ubaldo Santana Alonso informó que es ilegal el encarcelamiento de ambos, ya que quienes los acusan no se presentan, “van dos veces que los citan y no llegan”, es decir, no hay quién los acuse de los crímenes que se les imputan, secuestro y homicidio.
“Exigimos su liberación, Gildardo ya lleva 10 años ya lo hubieran sentenciado, pero como es inocente, no hay nada, ni quién los acuse. Sus hijos ya son grandes, tiene siete hijos, la menor ya tiene 13 años, ha crecido sin su papá, le ha faltado mucho, a todos nos ha perjudicado mucho, era jefe de familia y líder de los desplazados”.
Agregó que su detención afectó mucho al movimiento de demanda de justicia para los desplazados, “nos hace falta porque él se movía, él tenía los contactos”.
La mamá de Ubaldo Santana Alonso, Juana Alonso Ochoa relató, “me ha afectado mucho su encarcelamiento, hasta a mi esposo perdí a causa de esto, él quería mucho a su hijo, no pudo con esto y falleció, se llamaba Sergio Santana. Cuando mi hijo cayó a la cárcel él empezó a estar enfermo y enfermo, y se murió del sentir, yo pienso, porque no estaba así que diga usted enfermo o viejito, estaba bien potente, pero se fue pa’bajo”.
“Se me hace una injusticia que estén presos y no se presenten nunca los acusadores, los hubieran sentenciado luego, lo que decimos es que de por medio hay algún dinero para el juez”.
Acompañando a las familiares de los presos políticos, el coordinador del FNLP, Hoguer Miranda expuso,“vemos la mano de los Montúfar, Bonifacio Montúfar fue candidato a diputado en el distrito de Chilpancingo por el PRI, no es posible que todavía los estén premiando cuando tienen metidas las manos en la detención de los líderes de los desplazados”.
“El tema es 100 por ciento político y el gobierno no ha querido liberar a los compañeros lo vimos con el ex gobernador Héctor Astudillo, teníamos un acuerdo de 12 presos políticos liberados, se fue y no cumplió”, mencionó.
En cuanto a la gobernadora actual, Evelyn Salgado Pineda, dijo que no se ha acercado con ninguna organización de presos políticos, “vemos que no hay disposición de la gobernadora para buscar una vía para la libertad de los compañeros, política o jurídica”.
“Seguimos exigiendo al gobierno del estado, tiene que haber flexibilidad política para la construcción del tejido social que en Guerrero está totalmente destruido con todo lo que está pasando”, agregó.

Sobreviven en condiciones precarias en Ayutla 15 familias serranas desplazadas de La Laguna

Desplazados de La Laguna, Coyuca de Catalán, exigieron al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que cumpla la Ley Número 487 Para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el Estado de Guerrero, que se hizo a partir de que ellos fueron desterrados.
Los desplazados a las comunidades de Tepango y La Unión, en el municipio de Ayutla –donde sufren desnutrición, carecen de agua potable, atención médica, alimentos y tierras para sembrar–, no pueden salir a trabajar porque todos, hasta los más pequeños tienen órdenes de aprehensión en la Fiscalía General del Estado (FGE) por el presunto secuestro de Homero Montúfar y el asesinato de dos sicarios que trataron de emboscarlos el 22 de junio del 2013, y fueron repelidos por policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Por estas acusaciones, en la cárcel de Ayutla se encuentra preso Gildardo Díaz Pérez, detenido en marzo de 2015. Su esposa, María del Carmen Santana exige la libertad del padre de sus siete hijos.
En el lugar donde se refugian, las familias solicitaron que el gobernador Astudillo Flores y su área responsable de desplazados en el estado atienda a unas 15 familias que salieron desde diciembre de 2012 de su comunidad, La Laguna, en la sierra de Coyuca de Catalán, luego de ser perseguidos por delincuentes que saquean los bosques del ejido Huajes de Ayala, rica en encinos, donde se ubicaba la comunidad de La Laguna. Recordaron que por ellos se creó la Ley 487, que no se está cumpliendo.
Las familias fueron visitadas ayer por el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, para dar seguimiento y conocer en que estado se encontraban.
Una de las refugiadas, la señora Catalina Pérez reclamó la falta de ayuda del gobierno, y denunció que están olvidados y arrumbados a su suerte en los terrenos que son cuidados por policías del estado.
Informó que hace un mes acudieron a sus colonias el jefe del departamento de Agua Limpia de la Conagua, Fernando Cuevas Rosas; el jefe del departamento de Asistencia Técnica de la Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg), Arquímides Fernández García, y el director de Gobernación del municipio de Ayutla, Raúl Pacheco Sevilla, a quienes solicitaron un pozo de agua, pero hasta ayer ninguna autoridad había regresado.
Por otro lado, el municipio de Ayutla se niega a apoyarlos “porque no son su responsabilidad”, según cuentan que les dijo el director de gobernación, a quien han recurrido en múltiples ocasiones en busca de ayuda.
Las mujeres señalaron que los funcionarios se comprometieron a gestionar el pozo de agua, que es una urgencia, incluso han elaborado un proyecto del pozo de agua con un costo de 1 millón 40 mil pesos, que incluía una red de riego de traspatio, pero que les fue rechazado.
Las mujeres mostraron que sus hijos, unos 36 niños, tienen granos rojos en el cuerpo por beber y bañarse en agua de los pequeños pozos que han hecho en el cauce de un río que pasa cerca del terreno donde viven, en La Unión.

Exigen al gobierno del estado becas alimenticias y de transporte, y proyectos productivos

También solicitaron becas de alimentación y pasajes para sus hijos, ya que deben caminar 40 minutos para llegar al kínder, a la primaria y a la secundaria.
Asimismo, exigieron al gobernador proyectos productivos para subsistir y alimentar a sus hijos, cinco de ellos nacieron en las tierras que ocupan, mismas que no se les han entregado de manera formal, porque no han sido adquiridas por el gobierno del estado, tratándose de ejidos.
Los desplazados aclararon que no están pidiendo nada regalado, sino apoyo para vivir con dignidad. Algunas de las familias rentan tierras hasta por 2 mil pesos para sembrar maíz, pero en la temporada pasada la cosecha se perdió ante la falta de lluvias.
Entre 2005 y 2012, asesinaron a 30 integrantes de las familias desplazadas. Su dirigente, Juventina Villa, y su hijo de 17 años, fueron asesinados el 28 de noviembre de 2012, cuando trataban de escapar con otras 45 familias de Puerto Las Ollas, donde buscaron refugio en abril de 2011, pero ante la falta de ayuda del gobierno regresaron a La Laguna.