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Tras el asesinato de Rocío Mesino, se centra en Norma el documental La misma sangre

El editor del documental, Carlos Cepeda, la dirigente de la OCSS, Norma Mesino y el director Ángel Linares en el FICG, después de la presentación de La Misma Sangre Foto:?Lourdes Chávez

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La filmación del documental La misma sangre comenzó hace 14 años, después del asesinato de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino Mesino, el detonante para contar una historia que se fue complejizando a lo largo de los años, mientras se adentraban a la vida de una familia de luchadores sociales, indicó el director y guionista, Ángel Linares.
La misma sangre obtuvo este sábado el premio Mezcal, en la 41 edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG).
En entrevista, en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara, sede de la FICG, en Zapopan, Jalisco, mientras transcurrían las exhibiciones de las películas que participaron en el FICG, el creador señaló que la vida de la familia Mesino es un reflejo de la situación de muchos defensores de derechos humanos en todo el país que están bajo la mirada hostil del Estado, que son perseguidos y asesinados.
La cinta sobre la OCSS que busca la justicia y reparación del daño a los sobrevivientes de la matanza de Aguas Blancas, y de su dirigenta actual, Norma Mesino Mesino, que ha vivido con custodia estatal ante amenazas, se presentará mañana martes en el auditorio Sentimientos de la Nación en Chilpancingo, para autoridades, activistas de derechos humanos y público en general.
Ángel Linares confió en que esta película pueda visibilizar y abrir la discusión, principalmente para garantizar su protección y su dignidad.
La película se estrenó en el 41 FICG, uno de los más importantes de América Latina, como parte de la sección Premio Mezcal.
De nacionalidad venezolana, Ángel Linares explicó que nació en una familia de izquierda, su padre militante del Partido de Izquierda Revolucionaria de Venezuela, su madre, maestra, que derivó en su compromiso social.
Cuando llegó a estudiar cine a México, tratando de reconstruir el pasado de su padre, en las luchas de los años 70, llegó a Guerrero por medio de la periodista Laura Castellanos, que acababa de hacer el libro México Armado, y del defensor de derechos humanos, Julio Mata, quienes lo condujeron a la familia Mesino.
Indicó que don Hilario Mesino fue su guía en Atoyac para crear el documental Las montañas invisibles, de 2013, mientras su hija, Rocío Mesino, les conseguía transporte, comida, se convirtió en una especie de coproductora. Dos días antes del estreno, la asesinaron. Aquel evento fue el punto de partida de este proyecto.
Como egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, ahora Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, volvió a Guerrero para visibilizar a la familia Mesino.
“La historia tiene muchos nombres, muchos sucesos a lo largo de muchísimo tiempo, pero la manera de contarla a través de Norma, como un eje conductor y protagonista, fue muy clara, a nivel político y personal, para explorar un conflicto universal: Norma se vio obligada a hacer algo que no necesariamente quería hacer”.
Ella asumió el liderazgo de la OCSS después asesinato de Rocío. Dado su activismo, pudieron hablar desde un presente vivo, de una historia pasada, que era muy difícil de narrar.
Indicó que la historia se realizó en tres periodos de filmación. El primero en 2018, otro en 2019, con una pausa de 2020 a 2022 por la pandemia de Covid-19, y un último momento en 2023, seguido de dos años de edición.
Ángel Linares explicó que durante la producción enfrentaron situaciones complejas de seguridad, y después de un episodio más complicado, pararon un año, “para tratar de desaparecer un poco del radar, fortalecerse otra vez y generar nuevas estrategias que les permitieran continuar con la filmación”.
Sobre el montaje de la cinta, Carlos Cepeda, editor de la película, explicó que con 25 o 30 días de filmación, se generaron muchísimas horas de material. Tuvieron muchas reuniones de trabajo para tener un punto de vista más objetivo para construir la película.
“Ayudó que fuera un proceso de dos años y medio porque nos daba perspectiva y tiempo para pausar y ver la película desde otra arista”.
Aclaró que en películas, sobre todo de documentales, hay mucha escritura en papel, para ver cómo va funcionando el papel, y se fue encaminando a un retrato mucho más introspectivo con Norma, pero mantiene en líneas paralelas la participación de don Hilario y doña Alicia, su papá y su mamá.
Añadió que la edición también es un proceso complejo, que nunca está cien por ciento terminado, donde uno tiene que decir, ya está la película y ya no vamos a moverle más.

La masacre de Aguas Blancas y el asesinato de Rocío son “heridas abiertas”, dicen activistas

La documentalista Jocelyn Leal, el luchador social Carlos Mesino, la catedrática Evangelina Sánchez, el moderador Rafael Venancio, la dirigente de la OCSS Norma Mesino, la catedrática de la UAG Claudia Rangel, en la mesa de debate sobre el documental El Rocío de la Esperanza en el auditorio del CIPES en Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A 10 años del asesinato de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) Rocío Mesino Mesino, y a 28 de la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, los casos son una herida abierta y siguen en la impunidad, coincidieron familiares de la defensora asesinada durante la presentación del documental El Rocío de la Esperanza.
El video documental fue presentado ayer en el auditorio del Centro de Investigación y Postgrado en Estudios Socioterritoriales (CIPES), de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), y en él se muestra la lucha no sólo de Rocío Mesino, asesinada el 19 de octubre del 2013, sino de la OCSS que fundó su padre Hilario Mesino Acosta, “por el hartazgo, el cacicazgo, la tala inmoderada de la madera y la desaparición de nuestros familiares”, dijo la ahora dirigente de la agrupación Norma Mesino.
Norma hizo una reseña desde la fundación de la organización, la masacre que sufrieron sus integrantes en el Vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez el 28 de junio de 1995, y la represión que se vino después en contra de los integrantes de la agrupación, que incluyó el asesinato de su hermana Rocío.
“Fuimos acusados de ser el brazo social del PROCUP-PDLP, (Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo-Partido de los Pobres), después del EPR (Ejército Popular Revolucionario) y de esa forma nos fueron criminalizando, satanizando, a pesar de que la organización traía demandas de índole económica, porque pedíamos que se nos apoyara para hacer producir al campo, que nos apoyaran con vivienda y que se parara la tala de la madera, que era un derecho que tenemos”, relató Norma.
Recordó que la OCSS sufrió la primera y peor represión cuando apenas tenía un año de vida, en 1995 cuando fueron masacrados 17 de sus integrantes en el vado de Aguas Blancas, cuando iban a pedir la presentación con vida de su compañero desaparecido Gilberto Romero Vásquez.
“La masacre dio vuelta al mundo pero sigue en la impunidad, esa masacre es una herida abierta para el estado de Guerrero, eran nuestros compañeros y sólo buscábamos justicia pero recibimos balas”, denunció Norma.
Agregó que la represión no paró ahí, puesto que posteriormente el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer quiso manipular la información mediante Televisa.
También recordó que a pesar de que los campesinos no traían armas “y fueron asesinados de manera vil y cobarde, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una recomendación, a pesar de que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) emitió una recomendación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos también, Rubén Figueroa solamente fue separado del cargo y no fue castigado”.
Por ello insistió en que la masacre del Vado de Aguas Blancas es un hecho que todavía se mantiene en la impunidad.
Agregó que después de la masacre fue detenido Hilario Mesino Acosta, fundador de la OCSS y padre de Rocío Mesino, después Benigno Guzmán Martínez, otro de los fundadores de la organización “y todos los dirigentes tuvieron que salir desplazados de sus comunidades”.
Agregó que en medio de esta persecución surgió Rocío Mesino para hacerse cargo de la dirigencia de la OCSS, “fue la que se puso al frente cuando sólo tenía 19 años de edad, y su juventud la vivió defendiendo los derechos humanos, se esforzó en la lucha, fue perseguida, vigilada por el Ejército mexicano y aun así mantuvo la lucha de justicia”, contó.
Recordó que en ese tiempo asesinaron a más de 36 integrantes de la OCSS entre dirigentes e integrantes de la organización, y otros fueron perseguidos y desplazados de sus comunidades.
“La mayoría fueron perseguidos, criminalizados y asesinados, no hubo ningún dirigente que no se hubiese escapado de la persecución del figueroísmo”, denunció la ahora dirigente de la OCSS.
Contó que eso llevó a la familia Mesino a desplazarse a la Ciudad de México desde donde siguieron haciendo denuncias de la represión a través de Amnistía Internacional. Aun así, en el 2005 fue asesinado Miguel Ángel Mesino Mesino.
Contó que después, en el 2013, asesinaron a Rocío “y hasta la fecha el caso no ha sido atraído por la Fiscalía General de la República (FGR), como muchos casos que siguen en la impunidad, pero nosotros vamos a seguir demandando justicia por Rocío, por Miguel Ángel y por todos nuestros compañeros asesinados”, expresó.
Alicia Mesino, la madre de Rocío, de Norma y de Miguel Ángel, dijo brevemente que como madre, a pesar de toda esa represión que ha sufrido su familia, van a seguir en la lucha, “yo no tengo miedo, si el gobierno nos quiere matar a todos, ni modo”.
El hermano de Rocío, Carlos Mesino dijo que muchas veces la gente les pregunta que por qué les gusta “andar en las revolturas, tomando calles, manifestándose”, y él explicó que ser luchador social no es una decisión propia, sino que en el caso de la familia Mesino lo traen de sangre porque a su padre Hilario Mesino el Ejército le desapareció a su hermano Alberto Mesino, en la década de 1970.
“Entonces mi padre junto con mi abuela Juana Mesino, traen ese dolor a cuestas y anduvieron en todos los cuarteles militares y en las marchas luchando por la presentación de su hijo, y se quedó con esas esperanza de encontrar a su hijo”.
Agregó que su papá también tiene a primos desaparecidos, “y que por ello con su hermana Rocío desde cuando estaban en la secundaria casi todo el tiempo se la pasaban solos en su casa”.
Agregó que después esa lucha fue la que heredó Rocío quien no solamente buscaba justicia por sus familiares desaparecidos o asesinados, sino que también, “fue defensora del medio ambiente y era bien cabrona”.
Asistieron a la presentación del video documental además de los familiares de la asesinada dirigente de la OCSS, las productoras Claudia Rangel y Evangelina Sánchez.
También estuvieron entre los aproximadamente 50 asistentes la viuda del asesinado diputado local del PRD, Armando Chavarría Barrera, Martha Obeso Cázares, la feminista universitaria, Rosa Icela Ojeda Rivera y la activista de derechos humanos Silvia Castillo.
En este Cine Debate también se presentó el documental: Polinizadores, Resistencia en la Península de Yucatán sobre la devastación en la construcción de las vías para el Tren Maya.

Justicia por los crímenes en Guerrero para alcanzar la paz, exigen en foro en la Loyola

Ramón Gracida Gómez

Durante el foro de justicia y seguridad que se realizó este sábado en la Universidad Loyola de Acapulco, organizaciones sociales, familiares de víctimas y académicos exigieron justicia a las autoridades por los crímenes que se perpetran en Guerrero, para alcanzar la paz.
El padre Jesús Mendoza Zaragoza dijo que se debe “construir la paz con justicia social” y atender las necesidades de las víctimas, recuperar los territorios controlados por los grupos criminales, así como crear “instituciones proporcionales al tamaño de esta herida nacional”.
La representante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino, señaló que “si en verdad es que estamos en una transformación real de la vida política de nuestro estado, tiene que saldarse esta deuda de justicia con las víctimas”.
La esposa del desaparecido Vicente Suástegui, integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop), Samantha Colón, dijo que los familiares buscan la verdad y la justicia por sus propios medios y son revictimizados cuando buscan a las instituciones.
El representante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Sabás Aburto Espinobarros, aseguró que en el territorio donde operan no hay inseguridad gracias a esta organización, que va a seguir trabajando “en los hechos”, a pesar de los últimos reveses judiciales.
El foro forma parte de otros eventos similares, que se han realizado en los últimos meses, en varios estados, a propuesta de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Conferencia de Superiores Mayores de México y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, como respuesta al asesinato de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, en la sierra tarahumara, en junio del año pasado y a la violencia generalizada en el país.
Después de un performance cultural del grupo escénico La Gruta, sobre los desaparecidos, que impactó a los asistentes, el párroco del poblado La Sabana, Jesús Mendoza, planteó “construir la paz con justicia social”, trabajando en algunos puntos, entre los cuales está la urgencia del acompañamiento a las víctimas de la violencia, cuyas necesidades son la verdad, la justicia y la reparación de daños, es decir, una “sanación integral”.
Dijo que “es necesario que el Estado provea instituciones proporcionales al tamaño de esta herida nacional. Es necesario ver cómo estas instituciones tengan el presupuesto y personal que se requiere para atender estas situaciones tan dolorosas”.
Urgió a “la recuperación de los territorios controlados por las bandas criminales y urge la presencia suficiente de las instituciones del Estado, sobre todo, las que tienen que ver con seguridad y justicia”, además, también tienen que ser atendidos los temas de salud, educación y economía.
El también articulista de El Sur, aseguró que “el tejido social está desgarrado por todas partes, en parte por el control territorial de las bandas criminales, también por rencillas comunitarias, por el individualismo que se ha ido imponiendo, por la ausencia del Estado de derecho, y por la impunidad”.
Asimismo, se debe reconstruir la economía “desde abajo, al neoliberalismo hay que hacerle frente desde arriba y desde abajo. Donde la delincuencia va prosperando es donde hay dinero”, explicó.
Después participó la integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Javiera Donoso, quien planteó que existe una “violencia endémica” en algunas colonias de Acapulco, y particularmente en la periferia, donde no hay cohesión social, porque las nuevas poblaciones están conformadas por los desplazados de la violencia que no se conocen entre ellos.
El evento continuó con la mesa Justicia Cotidiana, donde Sabás Aburto, resumió el origen de la CRAC-PC después de los hechos de inseguridad que se vivían en las regiones de Costa Chica y Montaña, antes de su creación en 1995.
Aseguró que actualmente en la zona donde opera la policía comunitaria, “no sabemos de secuestros, los maestros no cierran escuelas por miedo a que los asalten o los extorsionen. No hay cierre de centros de salud, los productores de campo van a trabajar todos los días, sin miedo, uno transita en vehículos particulares, taxis, u otro tipo de vehículos tranquilamente, trayendo ahora su dinero, su reloj. Antes no andábamos así, antes de 1995”.
Lamentó que el ex gobernador priista Héctor Astudillo Flores presentó una iniciativa “para sacarnos de la Ley 701, él y su secretario general, Florencio Salazar, y es lo que hace poco volvieron a validar o rectificar los del Congreso del Estado, y finalmente hace poco, un mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó lo que hicieron ellos, sin consultarnos realmente a los pueblos indígenas, como debe ser, según el marco jurídico internacional”.
Sin embargo, “seguimos nosotros como CRAC-PC, cuidándonos nosotros mismos en los hechos”, aseveró Aburto Espinobarros y denunció que la actual fracción de Morena, está “alineada mayoritariamente con lo que marca la fracción del PRI, la fracción del PRD”.
Samantha Colón recordó que Vicente Suástegui fue desaparecido hace casi dos años, el 5 de agosto de 2021, y dijo que fue por su participación en la defensa de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, “que tuvo que ver el Estado y participaron también la Policía Estatal en la desaparición de mi esposo y que estuvieron involucrados también gente que estaba en la Fiscalía en ese momento”.
La también integrante del colectivo Memoria, Verdad y Justicia, dijo que esta desaparición forzada no es un hecho aislado e indicó que los familiares son revictimizados, “yo en lo particular cuando me acerqué a la Fiscalía a poner la denuncia de mi esposo, lejos de que me ayudaran, me revictimizaron como no tienen idea, me trataron de la peor manera las personas que estaban encargadas en ese momento”.
“Entonces ahí, ¿qué hacemos? Tenemos que tocar puertas, tenemos que ir a buscar verdad y justicia por nuestros propios medios. Por nuestros propios medios tenemos que buscarles, tenemos que ir a tocar las puertas, tenemos que bloquear una calle para luego ser reprimidos, para después quizás ser amenazados o quizás ser desaparecidos también”, expuso.
Nicomedes Fuentes, uno de los cinco comisionados de la Comisión de la Verdad (Comverdad), dijo que los territorios donde se perpetró la contrainsurgencia del Estado, contra los movimientos sociales, eran pacíficos antes de estos crímenes y que las guerrillas son producto de la violencia de Estado.
Indicó que todavía no hay una cifra final de desaparecidos porque hay varias listas que se repiten, se entrecruzan, pero sobre todo “no se termina porque todavía existe el terror en la gente de no acercarse a nadie, de los organismos que participamos en la búsqueda”.
Señaló que la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento (Coveh), creada por el actual gobierno federal, “está funcionando lento, el problema es el Ejército todavía. Creo que se requiere voluntad política para que nos digan dónde están nuestros compañeros”.
Hugo Ozuna, del Colectivo Contra la Tortura e Impunidad (CCTI), indicó que la tortura “es generalizada y sistemática”, además de que mitad de las desapariciones del país son de 2018 a la fecha.
Luego siguió la mesa de Seguridad Ciudadana, donde la representante de la OCSS, Norma Mesino, leyó un pronunciamiento colectivo de varias organizaciones sociales, con el que recordó las masacres perpetradas en Guerrero desde 1960 hasta la actualidad, como Aguas Blancas, así como la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial de diversos luchadores sociales, entre ellos, la de su hermana Rocío.
Norma Mesino dijo que “el dolor que representa este calendario manchado de sangre nos une a los familiares, a sobrevivientes, a organizaciones sociales de derechos humanos, para plantear a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, así como al Congreso de Guerrero, la necesidad de establecer una agenda que contemple el esclarecimiento de los crímenes y la impartición de justicia para todas las víctimas de la violencia”.
“Si en verdad es que estamos en una transformación real de la vida política de nuestro estado, tiene que saldarse esta deuda de justicia con las víctimas”, exclamó.
El doctor en ciencias sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Omar Villarreal, indicó que para entender la violencia criminal de los últimos años se tiene que entender la violencia política del pasado. “Los agentes represores son, en realidad, los primeros ejecutores de las empresas criminales que hoy conocemos como crimen organizado o cárteles”, expuso.
También participaron el ex fiscal especializado en Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas, Víctor Parra, quien comentó que no hay recursos suficientes para atender todas las desapariciones, que han aumentado exponencialmente, y el director de Quadratín Guerrero, Ricardo Castillo, quien dijo que Guerrero es el segundo estado más peligroso para ejercer el periodismo.
La última mesa fue Tejido Social, en donde artistas y promotores culturales expusieron el trabajo artístico que se realiza en Acapulco y cómo eso ayuda a construir paz. El fundador del grupo La Gruta, Manuel Maciel Campos, planteó la necesidad de trabajar con los niños, porque es un sector vulnerable a ser cooptado por el crimen organizado.
El escultor Jorge Alfaro y el fotógrafo Luis Arturo Aguirre contaron cómo crearon los espacios de arte, el primero con El Fortín y el segundo en la calle Quebrada, ante los recortes al presupuesto destinado a este sector y la escasez de lugares similares.
El evento, que duró alrededor de seis horas, fue organizado por la Universidad Loyola, Fundación para la Paz en Guerrero, Iniciativa Guerrero es Primero y el Grupo de Estudios para el Desarrollo del Sur (Gedesur). Asistieron unas 80 personas, entre activistas sociales e integrantes de colectivos de víctimas, como Familiares de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos.
También estuvieron presentes el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Óscar Chávez Rendón; el director de Gobernación del Ayuntamiento de Acapulco, Ramón Montiel Mejía, y la directora de la Mujer, Sandra Yolanda Rodríguez Zaragoza.

Con un bloqueo, exige la OCSS en Coyuca de Benítez “alto a la guerra” contra zapatistas

Integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur bloquearon el sábado durante 10 minutos la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo en el puente de Coyuca de Benítez Foto: El Sur

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) bloquearon 10 minutos en la cabecera municipal de Coyuca de Benítez el puente de la carretera, exigieron un alto a la guerra contra los pueblos zapatistas de parte de grupos de la delincuencia organizada y paramilitares en Guerrero y Chiapas.
También exigieron que se detenga el ataque armado contra la comunidad de Moisés Gandhi, en Chiapas, se respete su territorio autónomo, castigo a los autores materiales e intelectuales de los ataques que han sufrido, y la liberación inmediata de Manuel Gómez, base de apoyo del EZLN.
El sábado, integrantes de la OCSS se manifestaron en la cabecera municipal de Coyuca de Benítez, marcharon hacia el puente Coyuca donde hicieron una parada de 10 minutos en los que paralizaron la vialidad.
La mayoría eran mujeres quienes portaban pequeñas pancartas en las que exigieron “alto a la guerra contra las comunidades zapatistas”.
En un comunicado difundido el mismo día, la OCSS se pronuncia “en contra de la guerra contrainsurgente que se vive en el país”, la cual expresaron, el “Estado mexicano y sus grupos paramilitares siguen implementando” contra las comunidades zapatistas, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y pueblos indígenas y campesinos en el estado de Guerrero.
Denunciaron el encarcelamiento de Manuel Gómez, base de apoyo del EZLN, y los ataques perpetrados anteriormente y tras su recrudecimiento a partir del 27 de mayo de este año, en la comunidad Moisés Gandhi, por parte de integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao), al que señalaron es un grupo paramilitar que opera bajo el cobijo de los tres órdenes de gobierno con toda la impunidad.
Manifestaron que la creciente influencia de los grupos de la delincuencia organizada en Chiapas y Guerrero tienen como fin la destrucción y el debilitamiento de las autonomías, que los pueblos han construido por décadas y que ha logrado frenar la muerte y violencia del sistema capitalista que rige el mundo y protege el mal gobierno mexicano, “escudado en su 4T, nosotros le llamamos Cuarta Destrucción, como buen capataz sigue las políticas neoliberales que sólo despojan y asesinan a las comunidades que resisten a las políticas destructoras que quieren desaparecer a las comunidades originarias de México y el mundo”.
Expresa que las comunidades guerrerenses sufren los mismos desplazamientos y asesinatos, a lo cual resisten a diario, y que sus compañeros zapatistas “no están solos y que si tocan a uno nos tocan a todos”.
Dijeron que son un ejemplo para defender la autonomía, “porque es la única salida a la guerra de exterminio del narco Estado, seguiremos defendiendo el agua, los montes, selvas, bosques, mares y en general seguiremos defendiendo la madre tierra”.
Aseveraron que se suman al llamado del Congreso Nacional Indígena y también exigen que se garantice la salud de Jorge López Santís, quien resultó herido y se encuentra grave de salud en un ataque armado de la Orcao, “que se brinde toda la atención necesaria y por el tiempo que se requiera”.
Añadieron que se detenga el ataque armado contra la comunidad Moisés Gandhi y se respete su territorio autónomo; que sean castigados los autores materiales e intelectuales de los ataques; que sean desmantelados los grupos armados mediante los cuales se mantiene activa y creciente la guerra contra las comunidades zapatistas; y la libertad inmediata de Manuel Gómez, del que consideran está injustamente encarcelado.

Se venció el plazo y sigue sin sentencia Orlando Ávila, de la OCSS, denuncian

Francisco Magaña

Atoyac

La Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) informó a través de un comunicado que se venció el plazo legal para que el juez tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, Abimael Guzmán Nava, con residencia en Acapulco, dicte sentencia a su compañero Orlando Ávila Mesino preso desde el 2012.
Precisa la OCSS que Ávila Mesino lleva más de 11 años procesado por homicidio calificado, “un delito que no cometió. Por ese mismo hecho inculparon a Rocío Mesino Mesino, como actora intelectual, quien fue detenida y liberada a los pocos días, por falta de pruebas”.
En su texto exigen una sentencia absolutoria, y la libertad inmediata de su compañero ya que con la misma acusación lo mantienen en prisión.
Indica la organización que en ese caso hay tres detenidos, en su primera declaración acusaron a Orlando como coautor material del homicidio; en su segunda declaración confesaron haber sido torturados para inculpar a Orlando y a Rocío “y que en realidad no conocían a Orlando ni a Rocío.
Uno de ellos utilizó un nombre falso en el proceso, en realidad es el autor material del homicidio de nuestro compañero Miguel Ángel Mesino Mesino, asesinado el 18 de septiembre del 2005”.
Por eso destaca la OCSS que no hay ninguna duda de que Orlando Ávila está preso con una denuncia fabricada como un ataque directo a su organización y a la familia Mesino.
El abogado que lleva la defensa del compañero, Hegel Mariano Ramírez, presentó diversas pruebas que demuestran su inocencia.
Cita que el día que ocurrió el homicidio por el que se acusa a Orlando, “él estaba trabajando en Atoyac, lo cual fue ratificado en declaración por sus compañeros de trabajo; también, un perito del Tribunal Superior de Justicia, determinó que una de las personas que acusa a Orlando, tiene secuelas de tortura, lo que le quita credibilidad a toda la acusación”.
Señala que por esas inconsistencias, “no vamos a aceptar ninguna sentencia que no sea una absolutoria a favor del compañero Orlando Ávila Mesino, que lo reinvindique como una persona de bien y un luchador social, así como a su familia y a la Organización Campesina de la Sierra del Sur”.
En su comunicado la OCSS hace un llamado respetuoso pero contundente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) “para que esté a la altura de este momento crucial, que no le tiemble la mano para reconocer la fabricación de pruebas por parte de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, que no se vuelva cómplice de este atropello iniciado desde el 2012, y que no espere a que sea un tribunal federal el que le venga a decir los términos en que debe decretar la libertad de Orlando”.
Asimismo solicita a las diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos exigir la libertad de su compañero y estar al tanto de la resolución que emitirá el juez.

Celebran la última audiencia del proceso penal del preso de la OCSS Orlando Ávila

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El lunes se realizó en el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares (Acapulco), la última audiencia de vista del proceso penal que se le sigue al preso de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Orlando Ávila Mesino.
El abogado encargado de la defensa, Hegel Mariano Ramírez explicó que esta audiencia fue para que la Fiscalía General del Estado (FGE) presentara sus conclusiones acusatorias y la defensa las inacusatorias.
“Lo que implica que cada una de las partes presenta sus argumentos, la Fiscalía sostiene que debe ser condenado Orlando y la defensa que debe ser absuelto y dejarlo en inmediata libertad”, agregó.
Mariano Ramírez informó ayer en declaraciones por teléfono, que a partir del lunes pasado el juez que lleva la causa, Abimael Guzmán Nava entró al estudio y análisis de las constancias que se presentaron para que emita su veredicto en un plazo aproximado de 16 días hábiles.
El defensor de derechos humanos declaró que está convencido de que la sentencia será absolutoria y se ordenará la inmediata libertad de Orlando Ávila Mesino.
Explicó que al llegar a este punto del proceso en el que se emitirá la sentencia definitiva, “los elementos de la responsabilidad deben ser plenos, sin duda alguna, el juez no debe dejar ninguna duda de que Orlando es culpable, porque cualquier motivo de duda es motivo de libertad”.
“Nosotros esperamos un criterio judicial que garantice los derechos humanos y el principio de presunción de inocencia a favor de Orlando, no hay elementos fundamentales que no pueden sustentar una sentencia condenatoria”, sostuvo.
Orlando Ávila es acusado de homicidio y está detenido desde el 13 de marzo del 2012, señalado por tres personas que también están procesadas por el mismo delito, mismos que se auto incriminaron.
El abogado Mariano Ramírez declaró ayer que existen inconsistencias en los señalamientos que hicieron y que fueron parte de los elementos que presentaron el lunes pasado en la audiencia en defensa de Ávila Mesino, mismas que “no puede ignorar el juez”.
Por ejemplo, quienes señalan a Orlando refieren que la víctima murió de varias pedradas, pero el dictamen médico y de criminalística indica que murió de una sola. Además señalaron que cuando le tiraron las pedradas a la víctima la colocaron boca abajo, pero de acuerdo al dictamen de criminalística y de medicina forense, la herida la recibió de frente.
El abogado agregó que de acuerdo con los tres que acusan a Orlando, la víctima fue enterrada en el mismo lugar donde lo mataron y fue localizado el cuerpo, pero dijo que la ropa del cadáver tenia abundante arena fina impregnada y la tierra donde fue encontrado el cuerpo es arcillosa, lo que se deduce que la víctima fue privada de la vida en el lugar donde se le impregnó la arena y después la trasladaron al lugar donde la enterraron y fue hallada.
El abogado también explicó que en su momento se demostró que el día de los hechos Orlando estuvo trabajando comisionado como policía municipal de Atoyac, y se mandó el parte informativo, mismo que no fue objetado ni refutado por la FGE, “incluso sus compañeros que estuvieron con él ese día fueron a declarar y reforzaron la versión de que estaba trabajando con ellos el día de los hechos”.
Añadió que una peritó del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) determinó que una de las tres personas que lo acusan tiene secuelas de tortura, “esto, aunado a todas las inconsistencias anteriores le quita credibilidad al dicho de quienes incriminan a Orlando”, explicó el abogado.
Para Mariano Ramírez, con estos elementos no se reúnen los requisitos para que se dicte una sentencia condenatoria, “aun cuando después haya alguna apelación o se vayan al amparo para que se revise por cualquier tribunal”.
Reconoció que le preocupa a la defensa que a los jueces de Guerrero “les asustan los delitos graves, y les genera muchos prejuicios cuando ven que alguien es acusado por homicidio calificado o por secuestro, se espantan y tienen miedo de dejar libre a una persona acusada por un delito grave y prefieren dictar una sentencia condenatoria para dejarle la responsabilidad a la sala penal”.
Añadió que, en tanto, la sala penal confirma porque prefiere dejar la responsabilidad a un tribunal federal, “y siempre tiene que ser este el que les dicte los lineamientos cuando van a decretar una libertad”.
Explicó que de esta manera los jueces y magistrados locales se lavan las manos y se deslindan de cualquier responsabilidad, “y eso es lo que a nosotros nos preocupa, que les dé miedo dictar una sentencia de libertad, aun cuando hay varias inconsistencias”.
El abogado pidió al TSJ que en este caso haya un criterio judicial garante de los derechos humanos de Orlando y del principio de la presunción de la inocencia.
Recomendó que, en todo caso, la exigencia se la hagan a quien está acusando, “y analicen con lupa los elementos que presentó en garantía de los derechos humanos y la presunción de inocencia de Orlando, y no al revés, tratar de cuestionar las pruebas que aportó Orlando, sino de quien acusa”.
Insistió en que la defensa está convencida de que alcanza su libertad, “pero sí nos preocupa que ésta se pudiera prolongar por un criterio erróneo o un criterio temeroso del juzgador, o en su momento de la sala penal”.
Llamó al poder Judicial a que en casos emblemáticos como éste, en el que ya se ha documentado toda la serie de irregularidades y la forma en que se integró la averiguación, se ponga un alto a la serie de injusticias cometidas en contra de Orlando Ávila, “esta es la oportunidad”, declaró.
De los cuatro miembros de la OCSS y sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez, siguen presos Orlando Ávila Mesino y Antonio Barragán Carrasco, el segundo preso en Morelos.
Gilberto Aguirre Bahena salió libre el 5 de abril y Gerónimo Hernández Refugio el 12 de febrero pasado.

Sale de la cárcel Gilberto Aguirre; pide a AMLO que no se olvide de los presos políticos

El integrante de la OCSS y sobreviviente de Aguas Blancas, Gilberto Aguirre Bahena (al frente) sale de la cárcel de Acapulco despues de 21 años preso, acompañado por la dirigente de laOrganización Campesina, Norma Mesino Foto: Jesús Trigo

Karina Contreras

El integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y sobreviviente de Aguas Blancas, Gilberto Aguirre Bahena pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que no se olvide de los presos políticos que todavía faltan por ser liberados porque se les han fabricado delitos.
Aguirre Bahena fue liberado este miércoles a las 11 de la mañana, luego de estar preso durante 21 años detenido y acusado bajo tortura de secuestro y homicidio de la hija de un policía de Morelos. Fue detenido el 16 de mayo del 2002 y el 30 de marzo pasado obtuvo su libertad anticipada.
Al salir del reclusorio, Gilberto Aguirre pidió al presidente que voltee a ver a las cárceles porque hay mucha gente inocente, y que dé prioridad y agilidad a sus compañeros que siguen encarcelados.
Dijo que seguirá en la OCSS para luchar por la libertad de sus demás compañeros.
Aguirre Bahena expuso que en el penal de Morelos donde estuvo cuatro años, recibió amenazas y fue torturado, así como golpeado por el director del penal.
Pidió su traslado al penal de Acapulco donde estuvo más de 17 años donde, “traté de estar lo más bien que se pudiera”.
Indicó que su proceso “tuvo muchas anomalías, estuvo viciado y por eso nunca me dieron mi libertad, por eso perdí mi caso porque fue pura fabricación de pruebas”.
Pidió a sus compañeros Antonio Barragán Carrasco y Orlando Ávila Mesino que no se pongan tristes, no se “achicopalen porque vamos a seguir luchando por su libertad. Vamos a seguir luchando para que ellos obtengan su libertad también”.
Hizo un llamado al presidente López Obrador “para que voltee a ver los casos de nuestros compañeros Orlando (Ávila Mesino )y Antonio (Barragán Carrasco), que ya agilicen sus casos y revisen muy bien sus expedientes porque hay muchas pruebas que son fabricadas. Ellos no pueden seguir estando presos porque yo sé que son inocentes”.
A la una de la tarde dio una conferencia de prensa en la casa de gestoría de la diputada federal Rosario Merlín, donde estuvo acompañado por dirigentes sociales como Norma Mesino de la OCSS, el presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez López y el presidente de la organización Solidarios de la Voz del Amate, Miguel Ángel Zenón.
En la conferencia vía telefónica, el también sobreviviente de Aguas Blancas y quien todavía sigue preso, Antonio Barragán agradeció a las organizaciones sociales que los han estado apoyando para que les puedan dar la libertad. Agregó que sin su apoyo “no se hubiera dado la libertad de Gilberto”, está libre no porque el gobierno le haya querido dar la libertad, sino por la presión política.
Dijo que han sido torturados y se les han fabricado delitos, “nuestros expedientes están llenos de fabricación de pruebas. En el proceso no tuvimos abogados particulares sino de oficio, abogados que no tenían cédula profesional, fueron audiencias ilegales”.
Dijo que quien quiera apoyarlo en su caso está en la disposición de dar entrevistas porque sin el apoyo de la gente es difícil alcanzar la libertad.
Reconoció el apoyo de la dirigente de la OCSS, Norma Mesino quien no los ha dejado solos, “confío en que yo también voy a salir libre, tengo la fe que no voy a tardar preso porque cuento con el apoyo de la OCSS”.
En la sesión de preguntas, a Gilberto Aguirre Bahena le preguntaron si buscará la reparación del daño y respondió, “yo que no quisiera que me pagaran el daño. Quisiera decirle al presidente que sí necesito de la reparación del daño porque 21 años estando preso no cualquiera aguanta”, y que sería algo justo que le pagaran la reparación del daño.
El presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez López explicó que la reparación del daño es fruto de la vía de la determinación de víctima de tortura, y por lo tanto “debe dejarse muy claro que las Fiscalía de los estados ha sido omisa en la investigación, y es por eso que el caso está ante el Comité de Tortura de Naciones Unidas y será desde ahí que se pueda reclamar”.
Agrego que en términos de legalidad la modalidad que tiene “hoy Gilberto no le facultaría para obtener la reparación, pero por eso se sigue luchando porque además la posibilidad de acreditar la tortura es la posibilidad de la libertad de Antonio (Barragán Carrasco)”.

Acuerdan la OCSS y la Segob que se facilitará la libertad de dos presos; termina el plantón

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

La representante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino, anunció que terminará el plantón que está desde el pasado domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, porque en una reunión el lunes con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, se acordó facilitar la liberación de los presos políticos Orlando Ávila y Gilberto Aguirre.
“El acuerdo al que se llegó ayer es que se va a liberar a dos compañeros. (son) El compañero Gilberto Aguirre Bahena y Orlando Ávila Mesino, se les va a facilitar su proceso para que puedan salir en libertad”, dijo Mesino.
Aclaró que en el caso del preso Antonio Barragán Carrasco se seguirá trabajando para resolver las causas por las que se le acusa, y solicitó que apoyo para dar difusión a la situación que presenta.
“En el caso de Antonio Barragán Carrasco vamos a intensificar una campaña por su libertad, le pedimos a todos los medios que nos apoyen a darle difusión, es un preso inocente que lleva más de 21 años en la cárcel”, explicó Norma Mesino.
Agregó que la reunión del lunes se llevó a cabo con Cresencio Jiménez y Facundo Santillán, intengrantes de la Secretaría de Gobernación. Indicó que continuarán buscando la libertad de sus compañeros.
“Desde nuestro estado, la lucha por la libertad de cada uno de nuestros compañeros que ya no pueden estar en la cárcel, no podemos hablar de transformación si no hay justicia, no podemos hablar de transformación cuando hay presos en el estado”, expuso.
De igual forma aseguró que la OCSS ha resultado agraviada por el estado de Guerrero y el país, resaltando que hay más de 500 personas que mantienen el estatus de desaparecidas en la entidad.
“La OCSS ha sido una de las organizaciones más agraviadas del estado y del país, nosotros como militantes de esta organización, somos hijos, somos nietos, somos familiares de los más de 500 desaparecidos en el estado de Guerrero”, comentó.
Mediante un posicionamiento escrito, la OCSS indicó que los acuerdos alcanzados en conjunto con la Secretaría de Gobernación, resultaron en la gestión y trámites necesarios para la liberación de los apresados.
“En este sentido, los acuerdos a los que se comprometieron los funcionarios de las dependencias fueron: gestionar, ante las instancias correspondientes, los trámites necesarios para concretar la libertad de nuestros compañeros sobrevivientes a la masacre de Agua Blancas”, manifestaron.
Expresaron que en la reunión se establecieron y pactaron compromisos con los funcionarios de las instituciones y visitarán Morelos y Guerrero para dialogar con las instancias correspondientes y agilizar los procedimientos.
En la reunión se establecieron una serie de compromisos, “en los que los funcionarios de las dependencias mencionadas se trasladarán a los estados de Morelos y de Guerrero para, con los presidentes de los Tribunales de Justicia de ambos estados, acordar y efectuar los procedimientos jurídicos necesarios para que nuestros tres compañeros obtengan su pronta libertad”, indicaron.

Sale de la cárcel el sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas, Gerónimo Hernández

En Atoyaquillo el 14 de enero de 2000 Gerónimo Hernández y Marco Antonio Abadicio Foto: Maribel Gutierrez / Archivo

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Uno de los sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas en 1995 y miembro de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Gerónimo Hernández Refugio, fue liberado ayer luego de que el magistrado de la Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del estado, Félix Nava Solís aceptó el recurso de apelación que interpuso su abogado, y determinó su liberación inmediata tras cumplir una pena equivalente a 20 años años y tres meses de prisión.
La tarde de ayer el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame confirmó vía telefónica que la tarde del viernes fue liberado del penal de Chilpancingo, Gerónimo Hernández Refugio, pero seguían en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia, para que “no quede ningún recoveco, y se está contemplando que mañana él (Gerónimo) dé una conferencia de prensa”.
Añadió que estaban dialogando para pedir por la seguridad y salud de Gerónimo Hernández, y precisó que la conferencia será a las 12 del día de este sábado.
Añadió que la libertad de Gerónimo se debía a “la voluntad política del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y en Guerrero a la de la gobernadora (Evelyn Salgado), al senador (Félix Salgado), estamos agotando ahorita los recovecos jurídicos con el presidente del Tribunal (Raymundo Casarrubias Vázquez) y otros actores que están aquí”.
También contactada por teléfono, la dirigente de la OCSS, Norma Mesino confirmó que este sábado darían su postura en una conferencia de prensa en la capital del estado, y reconoció al abogado Hegel Mariano Ramírez, de quien dijo, apoyó a Hernández Refugio a pesar de que como organización no le pagaron ningún peso para continuar la defensa jurídica de su compañero.
Mencionó que el caso de Gerónimo fue un proceso ilegal y amañado por las autoridades, similar a la de los otros tres sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas y presos, Orlando Ávila Mesino, Gilberto Aguirre Bahena y Antonio Barragán Carrasco.
De acuerdo con la carpeta judicial EJ-58/2020-I, la resolución fue emitida por el magistrado de la Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio de Chilpancingo, Félix Nava Solís, quien declaró extinta la pena de prisión que ordenó la jueza de Ejecución, Maritza Jiménez Santiago, de 20 años de cárcel el 6 de diciembre de 2022, y le ordenó que enviara el oficio al penal de Chilpancingo, donde estaba encarcelado Gerónimo Hernández, para que fuera liberado de inmediato.
De acuerdo con el expediente, mediante la resolución SPU-EJ-I-14/2023 se debió a que el abogado Hegel Mariano Ramírez interpuso un recurso de apelación el 18 de enero de 2023, a la sentencia de la jueza de Ejecución, Maritza Jiménez, el 6 de diciembre de 2022, por el delito de secuestro en agravio de Andrés Astudillo Luviano.
De acuerdo con el expediente, Gerónimo Hernández ingresó al penal de Acapulco el 22 de octubre de 2002, porque había sido detenido por robo calificado en agravio de José Pindaro Mendoza Bello, y fue el 28 de octubre de ese año que se le decretó formal prisión, sin embargo el 28 de febrero de 2007 un juez dictó sentencia definitiva absolutoria.
El 31 de octubre de 2002 se inició otro proceso por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y portación de arma de fuego sin licencia, y lo sentenciaron a una pena de 13 años y a un mes de prisión.
Sin embargo apeló la sentencia y se dictó una nueva el 8 de marzo de 2004, en la que le impusieron siete años, siete meses y tres días de prisión y una multa de 11 mil 250 pesos, pero la resolución nuevamente fue modificada el 16 de junio de 2004, para quedar en cuatro años y 30 días de prisión y multa de 5 mil 500 pesos.
En diciembre de 2002, se le acusó de secuestro en agravio de Andrés Astudillo Luviano y se le dictó formal prisión el 26 de octubre de 2011, con una sentencia de 20 años de prisión y una multa de 32 mil 200 pesos, además tenía que reparar el daño.
Tras una apelación su sentencia cambió el 18 de septiembre de 2018 y le impusieron 20 años de prisión, la multa de 32 mil 200 pesos y debía pagar 150 mil pesos para reparar el daño.
Su defensa apeló nuevamente dicha sentencia por lo que el 29 de octubre de 2019, la segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia emitió la resolución que confirmó la sentencia emitida en primera instancia, por lo que estaba actualmente preso.
La liberación de Gerónimo se da porque se argumentó que se tenía que tomar en cuenta los años que llevaba encarcelado desde que estuvo en prisión preventiva el 10 de diciembre de 2002 al 29 de octubre de 2019, que sumaban 16 años y 10 meses detenido por prisión preventiva, y se sumó la prisión punitiva de tres años, tres meses y 11 días, con los que equivale a un total de 20 años de prisión, impuesto por secuestro.

Se plantan en Casa Guerrero organizaciones sociales para exigir una audiencia con Evelyn

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Integrantes de organizaciones sociales, campesinas y sindicales, marcharon ayer de la Alameda Granados Maldonado a Casa Guerrero y se quedaron en plantón afuera de la puerta uno para exigir una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a fin de que atienda sus respectivas demandas.
En su recorrido, se detuvieron a protestar afuera del Palacio Municipal, en las oficinas del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (IEEJAG), realizaron un homenaje en donde fue encontrado muerto el estudiante de la Normal de Ayotzinapa, Fidel Benítez Rodríguez, el 26 de diciembre del 2008, e irrumpieron en las oficinas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (Sagadegro).
En la protesta participaron la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), que pide la liberación de cuatro presos políticos: Gilberto Aguirre Bahena, Antonio Barragán Carrasco, Gerónimo Hernández Refugio y Orlando Ávila Mesino.
Asimismo, agremiados al Sindicato de Trabajadores del IEEJAG que piden cumplimiento al laudo laboral 662/2013 mediante el que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje les reconoce su organización sindical y sus prestaciones laborales.
En la protesta participaron, además, familiares de víctimas de la violencia; familiares de desaparecidos y asesinados que piden el esclarecimiento y justicia, así como desplazados que demandan apoyos del gobierno estatal.
También se sumaron a la protesta campesinos de las comunidades de El Fresno, San Vicente, la Sierrita y Amojileca, del municipio de Chilpancingo, que piden apoyos y proyectos productivos a la Sagadegro.
La movilización, en la que participaron unas 300 personas, fue encabezada por el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame.
Los manifestantes, a su paso, se detuvieron atrás del Palacio Municipal, en donde reprocharon a la presidenta municipal Norma Otilia Hernández Martínez su intención de instalar juegos infantiles, destruir una columna y una fuente, en el monumento a los caídos de 1960, en la Alameda Granados Maldonado.
Enseguida, marcharon hacia el sur de la ciudad y caminaron un tramo de la Autopista del Sol hasta llegar frente a la Fiscalía General del Estado (FGE), donde rindieron un homenaje al estudiante de la Normal de Ayotzinapa, Fidel Benítez Rodríguez, encontrado muerto en ese lugar el 26 de diciembre del 2008.
Junto a la cruz de Fidel Benítez, de la generación Lucio Cabañas Barrientos, quien habría fallecido en un accidente, depositaron arreglos florales y cadenas de cempasúchil.
La dirigente de la OCSS Norma Mesino, refrendó ahí el compromiso de las organizaciones sociales “por la justicia y por la libertad de nuestros caídos”.
Hizo un llamado a las agrupaciones sociales a exigir “a este gobierno que cumpla con el pueblo heróico de Guerrero que ha sido golpeado y se han asesinado a muchas mujeres y hombres”.
Y al gobierno de Evelyn Salgado le pidió que deje de simular, y que instale una mesa de trabajo con el Poder Judicial y la Secretaría de Gobernación para tratar el problema de los presos políticos, atención a los desaparecidos, desplazados y justicia a los asesinados.
Dijo que el tema de justicia sigue pendiente “y nosotros vamos a seguir luchando”.
La hija del luchador asesinado en Chilapa en el 2017, Ranferi Hernández Acevedo, Diana Hernández, exigió justicia por todos los asesinados, y denunció que el gobierno no hace nada para reivindicar la demanda de justicia de los pueblos, “y eso no lo debemos callar”, dijo.
Roberta Campos, del Comité Independiente de Solidaridad de los Caídos del 60, anunció que en este 2023 “iremos señalando los sitios de memoria, porque no olvidamos, no perdonamos y pedimos justicia y verdad”, dijo en referencia al sitio donde fue encontrado muerto el estudiante de Ayotzinapa que visitaron ayer
Exigió “al gobierno de cuarta que no siga simulando, estamos cansados de que nos engañen, que nos mientan, que digan que van a cambiar las cosas y siguen peor”, agregó que mientras haya presos políticos, se justifica la lucha y la demanda social, “y estaremos en la calle para ser escuchados”.
Los manifestantes irrumpieron después en las oficinas de la Sagadegro, donde exigieron respuesta a los campesinos de la OCSS y de las comunidades de la sierra de Chilpancingo, quienes entregaron solicitudes de apoyos y proyectos productivos y no los han recibido.
“En esta dependencia y en muchas del gobierno estatal quienes despachan son del PRI, ni siquiera son de la Cuarta Transformación, ni si quiera anduvieron en la lucha, ni si quiera conocen la historia”, les reprochó Nicolás Chávez Adame a los subsecretarios de la dependencia, Salvador Mojica, Vlavimir Barrera y Emperatriz Basilio, quienes los recibieron.
También criticó la frivolidad del senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora Evelyn Salgado, dijo: “Es una vergüenza que un senador de la República, actué como un niño mimado, chipilón y piense como si estuvieran en la lucha libre y se tire como si estuviera en un ring; Guerrero no es un ring, Guerrero es un estado con historia”, dijo en referencia a las actitudes del senador durante los festejos por su cumpleaños.
Cuestionó también que mientras hay muchos problemas en el estado a la gobernadora (el propio senador) la hace cantar para darle al pueblo de Guerrero sólo “pan y circo”.
Añadió que lo grave es que sabe que este año van a dar de baja del gobierno a muchos que no piensen igual que ellos. “Pero no nos vamos a dejar, vamos a morir en la raya. No merecemos que este gobierno se esté burlando de nosotros”, dijo Chávez Adame quien aseguró que desde octubre del año pasado renunció como asesor de la Secretaría de Gobierno.
Agregó que el asesor “de facto”, el “priista”, el dos veces rector, Javier Saldaña, “a quien ya van a nombrar nuevamente rector, y es el prospecto para gobernador, ¿a poco en Guerrero no hay hombres y mujeres valientes que realmente dignifiquen su historia?, cuestionó.
Denunció que mientras tanto la Sagadegro no les ha cumplido a los campesinos, “y hoy venimos dispuestos a plantarnos para que nos reciba la gobernadora y Félix y que cumpla su palabra”, dijo.
A las cuatro de la tarde se instalaron en plantón afuera de la puerta 1 de Casa Guerrero, en donde continuaban hasta las 8 de la noche, sin que ningún funcionario los atendiera, según dijo a esa hora, Chávez Adame.
El dirigente de la APPG, denunció que en el gobierno estatal las estructuras siguen intactas, como las dejó el anterior gobierno del PRI y que por eso no se atiende a las organizaciones sociales.
“Sigue la política de circo, maroma y teatro” y consideró que por eso “este es el momento histórico de reorganizarnos”.
Recriminó que no se atienda el problema de la violencia y que los principales problemas, como en el anterior gobierno, siga siendo la inseguridad, el secuestro, las desapariciones, la privación de la libertad de los periodistas y los levantones.
“La gobernadora que tenemos canta hermoso y bonito, el senador tiene mucho carisma pero eso no es suficiente para gobernar Guerrero” dijo.
Por la noche, advirtió que se mantendrían en plantón “hasta donde ellos se dignen a abrirnos las puertas; dijeron que las puertas serían abiertas, pero al contrario, las remacharon más”.
Antes, durante la marcha, Norma Mesino, denunció que los cuatro presos de la OCSS que no han sido liberados a pesar de que hay una instrucción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es por línea y consigna que tienen los jueces del TSJ y añadió que es una venganza del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer por el caso de Aguas Blancas, debido a que los presos son sobrevivientes de esa masacre.