Acuerdan la OCSS y la Segob que se facilitará la libertad de dos presos; termina el plantón

Familiares de presos e integrantes de la OCSS en conferencia de prensa en la Ciudad de México Foto: Juan Luis Altamirano Uruñuela

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

La representante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino, anunció que terminará el plantón que está desde el pasado domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, porque en una reunión el lunes con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, se acordó facilitar la liberación de los presos políticos Orlando Ávila y Gilberto Aguirre.
“El acuerdo al que se llegó ayer es que se va a liberar a dos compañeros. (son) El compañero Gilberto Aguirre Bahena y Orlando Ávila Mesino, se les va a facilitar su proceso para que puedan salir en libertad”, dijo Mesino.
Aclaró que en el caso del preso Antonio Barragán Carrasco se seguirá trabajando para resolver las causas por las que se le acusa, y solicitó que apoyo para dar difusión a la situación que presenta.
“En el caso de Antonio Barragán Carrasco vamos a intensificar una campaña por su libertad, le pedimos a todos los medios que nos apoyen a darle difusión, es un preso inocente que lleva más de 21 años en la cárcel”, explicó Norma Mesino.
Agregó que la reunión del lunes se llevó a cabo con Cresencio Jiménez y Facundo Santillán, intengrantes de la Secretaría de Gobernación. Indicó que continuarán buscando la libertad de sus compañeros.
“Desde nuestro estado, la lucha por la libertad de cada uno de nuestros compañeros que ya no pueden estar en la cárcel, no podemos hablar de transformación si no hay justicia, no podemos hablar de transformación cuando hay presos en el estado”, expuso.
De igual forma aseguró que la OCSS ha resultado agraviada por el estado de Guerrero y el país, resaltando que hay más de 500 personas que mantienen el estatus de desaparecidas en la entidad.
“La OCSS ha sido una de las organizaciones más agraviadas del estado y del país, nosotros como militantes de esta organización, somos hijos, somos nietos, somos familiares de los más de 500 desaparecidos en el estado de Guerrero”, comentó.
Mediante un posicionamiento escrito, la OCSS indicó que los acuerdos alcanzados en conjunto con la Secretaría de Gobernación, resultaron en la gestión y trámites necesarios para la liberación de los apresados.
“En este sentido, los acuerdos a los que se comprometieron los funcionarios de las dependencias fueron: gestionar, ante las instancias correspondientes, los trámites necesarios para concretar la libertad de nuestros compañeros sobrevivientes a la masacre de Agua Blancas”, manifestaron.
Expresaron que en la reunión se establecieron y pactaron compromisos con los funcionarios de las instituciones y visitarán Morelos y Guerrero para dialogar con las instancias correspondientes y agilizar los procedimientos.
En la reunión se establecieron una serie de compromisos, “en los que los funcionarios de las dependencias mencionadas se trasladarán a los estados de Morelos y de Guerrero para, con los presidentes de los Tribunales de Justicia de ambos estados, acordar y efectuar los procedimientos jurídicos necesarios para que nuestros tres compañeros obtengan su pronta libertad”, indicaron.

Demandan que cuatro presos políticos de la OCSS sean considerados en la Ley de Amnistía

Integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, acompañados por la hija del luchador social asesinado Ranferi Hernández, DianaHernández, la presidenta de la Codehum, Cecilia Narciso Gaytán; el integrante del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello; el abogado Hegel Mariano, y del CIMEDDH, Adrián Ramirez López, en el mitin afuera de la Ciudad Judicial en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En el arranque de la campaña por la libertad de cuatro presos políticos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), la luchadora social, Norma Mesino Mesino llamó a la gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda, a apoyarlos en esta demanda “para saldar la deuda con el pasado”.
Con una parada cívica en la Ciudad Judicial, al sur de la capital del estado, defensores de derechos humanos plantearon que Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Bahena, Gerónimo Hernández Refugio y Orlando Ávila Mesino, en prisión hace 20 y 19 años, sean considerados en la Ley de Amnistía que aprobó el Senado en 2020.
Mesino Mesino señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en conferencia de prensa el 10 de agosto pasado, habló de este mecanismo para liberar a las personas privadas de la libertad de manera injusta.
Recordó que desde la fundación de la OCSS, en 1994, sus integrantes fueron víctimas de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos: masacres, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura, detenciones arbitrarias, prisión política, exilio y desplazamiento forzado de personas.
“Las impunidad y afectaciones continuadas prevalecen en el nuevo gobierno que trata de desmontar el narco Estado policiaco y militar que en cuatro décadas de neoliberalismo y corrupción despojó a los mexicanos de sus riquezas”, dijo.
En este contexto, señaló que sus compañeros fueron privados de la libertad con delitos fabricados, y en dos casos está inmiscuido el secretario de Seguridad Pública del sexenio pasado, Genaro García Luna.
Es el caso de Barragán Carrasco, sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas (1995), desplazado como jornalero agrícola en en valle de San Quintín, Baja California, y Gilberto Aguirre Bahena, desplazado de su territorio tras la masacre de campesinos en Coyuca de Benítez.
Mesino relató que Barragán fue detenido el 24 de septiembre de 2001, con otros compañeros de actividad política, fue torturado y nunca hubo una investigación efectiva de los hechos por los que lo acusó un particular, Eduardo Gallo Tello, con el apoyo de García Luna, desde la Policía Federal Preventiva.
Asimismo, dijo que Aguirre Bahena fue detenido el 16 de mayo de 2002 en Mexicali, Baja California y ahora está recluido en el penal de Las Cruces en Acapulco. También fue torturado y no tuvo una diligencia adecuada en la investigación de los delitos que se le acusan.
De Gerónimo Hernández y Orlando Ávila, informó que, coincidentemente, fueron detenidos y sometidos a proceso por los delitos de secuestro y homicidio calificado, en contra de personas que no conocieron y en lugares donde no estuvieron.
Los dos últimos asuntos fueron retomados por el abogado Hegel Mariano Ramírez, en marzo de 2021.
En el caso de Gerónimo se detalla que su proceso penal duró 17 años, y durante ese tiempo ha estado recluido en Acapulco, Taxco, Durango y actualmente en el penal de Chilpancingo. Fue condenado a 20 años de prisión, de los cuales han transcurrido 19. Este año, su defensa promovió un amparo en contra de la sentencia, que antes no fue recurrida, esperan una pronta resolución.
Sobre Orlando Mesino, detenido en el penal de Acapulco, indicó que fue sentenciado en agosto de 2018, después de nueve años en proceso, a 27 años en prisión.
En este caso, informó que la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero ordenó la reposición “para que el juez investigue si quienes lo señalaron fueron objeto de tortura”.
En el pronunciamiento político, Mesino subrayó que los cuatro fueron detenidos por su participación en la OCSS, y por luchar por la justicia de sus pueblos, y por exigir el castigo a los responsables de la masacre de Aguas Blancas, impune a la fecha.
Llamó a la solidaridad de las organizaciones sociales y de derechos humanos para hacer extensivo el llamado al presidente, a que libere a los activistas, para que vuelvan a estar con sus familias.
A la gobernadora electa, que se sume a la demanda por la libertad de sus compañeros “ya que una deuda que debe saldar de los gobiernos del pasado, es precisamente la liberación de todos los presos políticos.
Estuvieron ahí Azucena Aguirre Salgado, hija de Gilberto Aguirre, Macrina Policarpo, familiar de Antonio, y avisaron que los familiares de Gerónimo de Orlando, no pudieron llegar debido a los deslaves por el sismo de este martes.
También acompañaron el acto, la presidenta de la Codehum, Cecilia Narciso Gaytán, la representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Guerrero, Micaela Cabañas, la activista feminista, Silvia Castillo, los defensores del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, Hegel Mariano, y de la Liga Mexicana de los Derechos Humanos, (Limeddh), Adrián Ramírez López.
Norma Mesino adelantó que la campaña que ayer arrancó será permanente, con acciones públicas y visitas a los penales donde están recluidos sus compañeros.