Carlos Acuña

El Sur / Ciudad de México

En los 24 años que lleva preso en el Centro de Reinserción Social Varonil de Atlacholoaya, en Morelos, Antonio Barragán Carrasco varias veces ha perdido la paciencia y la esperanza.
Tiene 63 años, es sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas e integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), intenta llevársela en paz con sus compañeros de encierro, y recalca su inocencia.
–Yo no soy un preso regular: soy preso político.
A 30 años de la matanza en la que policías del estado de Guerrero asesinaron a 17 campesinos de la OCSS, en entrevista vía telefónica con El Sur Antonio Barragán se reivindica como militante. Está convencido de que ser parte de la organización fue la causa de que lo encerraran. Pero eso es, también, lo que le ha ayudado a resistir.
–Es lo que me ha mantenido vivo –afirma–. A mí me ayudó muchísimo ser un miembro de la organización campesina para aguantar aquí. Con mis compañeros yo aprendí a luchar por lo justo, entendí lo que es un ideal. Cuando me integré a la OCSS en 1994 yo sabía que por ser luchador podía caer en la cárcel. Sabía que podía caer al hospital, que podía morir porque al gobierno no le conviene que exista gente como nosotros. Así que ya estaba mentalizado. Yo siempre dije: “A mí las paredes no me van a hacer nada, a mí no me va a rendir la cárcel”.
Habla con un orgullo triste, sin heroísmo: no ha sido fácil. Cuando llegó al penal de Atlacholoaya, en 2001, permaneció un año y tres meses encerrado en una celda oscura, apandado. Sólo los domingos le permitían salir para ver a su familia. Esto fue después de los golpes, las bolsas en la cabeza, las agujas en los dedos y los choques eléctricos para obligarlo a declararse culpable de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR), de secuestrar a la hija de un empresario hotelero y de asesinar a tres secuestradores, sus presuntos compañeros.
Permaneció más de una década sin sentencia. Hace un año, por fin, la Guardia Nacional le concedió el Protocolo de Estambul: una herramienta cuyo propósito es verificar más allá de toda duda que una persona fue víctima de tortura, documentando secuelas médicas y psicológicas. Desarrollado por médicos forenses, psicólogos y abogados de más de 15 países como una herramienta jurídica, el protocolo ha sido adoptado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un mecanismo esencial para confirmar o descartar la tortura en casos judiciales.
Antonio Barragán dio positivo a la prueba: después de 23 años, se reconoció que las declaraciones por las cuales se autoinculpó fueron arrancadas bajo tortura, presionado con amenazas de violación a su hija, de asesinarlo a él, a sus hijos y a todos sus seres queridos.

Falsos culpables, de la
mano de García Luna

Desde 2018, en la sentencia de un amparo directo (114-2018), el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del 18º Circuito admitió que Antonio Barragán había sufrido actos de tortura. Los certificados médicos que registraron su llegada al penal exhibieron una extensa variedad de lesiones: “equimosis violáceas en ambas regiones retroarticulares (…), en el párpado superior del ojo izquierdo (…), en el hombro derecho, en el tórax, en la región subescapular izquierda…”.
Por ello, la sentencia recomendaba desechar como prueba sus primeras declaraciones y reponer el proceso judicial en su contra pero, de manera inexplicable, la sentencia sólo cambió su delito de homicidio calificado a homicidio simple.
–Desde el momento de mi detención me comenzaron a golpear –recuerda–. Me esposaron, me llevaron a un camino de terracería. Ahí pusieron bolsas de plástico en mi cabeza. Desde ese momento, el señor Eduardo Gallo me dijo que yo tenía que declararme culpable por matar a los secuestradores de su hija. Con una “chicharra” –un aparato que se usa para arrear ganado– me dieron choques eléctricos en las costillas.
La historia es antigua: el 16 de julio del año 2000 aparecieron muertos, en la carretera México-Cuernavaca, los hermanos Neftalí y Juan Miguel Lima, además de Miguel Salgado. Ese mismo día, en un pueblo de Morelos, fue encontrada sin vida Paola Gallo Delgado. Días antes, la familia de la joven había pagado rescate por su secuestro.
Un año después, en San Quintín, Baja California, Antonio Barragán Carrasco fue detenido. Estaba trabajando en el campo, junto a su hijo. No había orden de aprehensión en su contra pero lo acusaron del secuestro de Paola Gallo y de matar a sus presuntos cómplices.
Quien lo detuvo fue un civil: Eduardo Gallo y Tello, padre de Paola. Antonio Barragán asegura que, enfrente de su hijo –también esposado y arrodillado–, recibió una golpiza brutal de ese empresario y un policía identificado como “Rey David”.
No fue el único. Orlando Ávila, Gerónimo Hernández y Gilberto Aguirre también fueron detenidos, torturados y obligados a inculparse entre sí. La OCSS ha denunciado en repetidas ocasiones que los detenidos fueron chivos expiatorios usados para encubrir los operativos fallidos e ilegales realizados bajo el cobijo del entonces director de la Agencia Federal de Investigaciones, Genaro García Luna.

“Antes de Aguas Blancas
ya nos estaban matando”

Los presos de la OCSS eran cafetaleros unidos para detener el saqueo de madera y otros recursos de la sierra de Tepetixtla, municipio de Coyuca de Benítez, y exigir la presentación con vida de sus desaparecidos: padres y hermanos que fueron víctimas de la guerra sucia. Desde el primer año de existencia de la organización, 1994, el gobernador Rubén Figueroa Alcocer los etiquetó como “guerrilleros” y comenzó a “cazarlos por deporte”.
–Antes de Aguas Blancas, antes del 28 de junio, ya nos estaban matando –relata Antonio Barragán–. Metieron paramilitares a los pueblos; en Tepetixtla mataron a Ismael Mena Álvarez y a Eugenio Aguirre. A Gilberto Romero lo desaparecieron.
Antonio todavía recuerda la sangre y los alaridos de sus compañeros, el olor a gasolina y plomo de hace 30 años, en el vado de Aguas Blancas. Después de la masacre, como muchos otros, Antonio huyó con su familia. Pero los pistoleros los siguieron a todas partes.

“Esa gente nunca pisa la
cárcel; son libres para matar”

Después de la masacre de Aguas Blancas decidió irse a Morelos con su familia. Se cambió el nombre y en el año 2000 consiguió trabajo como jornalero en San Quintín, Baja California, en donde pensaba trabajar por temporadas. Fue inútil: allí los detuvieron y los torturaron hasta el cansancio.
Sus compañeros de la OCSS acusados del secuestro de Paola Gallo salieron libres recientemente. Ninguno fue absuelto: cumplieron la mitad de su condena o lograron reducir su pena por buena conducta. Sólo Barragán continúa preso.
Como no tuvo dinero para pagar una defensa legal, a Antonio lo representó un abogado de oficio que apenas conoció. Y cuando otros abogados más hábiles quisieron ayudarlo, fueron amedrentados por Eduardo Gallo y Tello, quien se presentaba en las audiencias pistola en mano para obligarlos a renunciar.
Peticiones tan simples como conseguir unos lentes para poder leer sus expedientes, le han sido negadas. Y cuando organizaciones defensoras de derechos humanos se involucraron en su caso, ya era tarde: cuatro sentencias cayeron casi inapelables sobre él, sumando un total de 118 años de prisión por los delitos de homicidio calificado, asociación delictuosa, delincuencia organizada, secuestro, robo y otros delitos.
–Tal parece que la justicia nunca llega a las personas pobres –dice la voz de Barragán en el teléfono–. Yo le pido a la presidenta Claudia Sheinbaum que recuerde mi caso y que busque justicia real. Porque los que ordenaron matar a mis compañeros y quienes los encubrieron están libres. Ni el exgobernador Rubén Figueroa Alcocer ni el expresidente Ernesto Zedillo fueron castigados. El jefe de la policía que dirigió la masacre de Aguas Blancas salió libre después de seis años. Los que ordenaron mi tortura también siguen ahí. Esa gente nunca pisa la cárcel; ellos están libres, libres para matar.

Una masacre que aún
sigue, que no termina

Antonio Barragán duerme solo en una celda de 12 metros cuadrados. Su rutina es sencilla: el día comienza a las 7 de la mañana, cuando abren su celda para pasar lista. El trabajo escasea estos últimos años; antes solía fabricar muebles de madera y artesanías, pero los materiales son cada vez más caros. Manufactura todavía bolsas de mimbre plástico que sus compañeros de la OCSS venden afuera del penal.
–Trato de pensar que estoy afuera para no desesperarme –dice.
Esta semana, a 30 años de Aguas Blancas, la Organización Campesina de la Sierra del Sur ha emprendido otra de sus jornadas de lucha. Su principal demanda es, además de reabrir el caso Aguas Blancas como un crimen de Estado, solicitar de nuevo el indulto presidencial o la amnistía para Antonio Barragán Carrasco.
Se le pregunta a Antonio si no tiene miedo, si no le atemoriza que personas como Eduardo Gallo y Tello sigan pendientes de su caso.
–La gente que me encarceló todavía tiene relación con el poder. Cuando me encarcelaron a mí, este señor tenía muchas palancas, no sólo con García Luna sino con el Poder Judicial, con (quien era el presidente, Vicente) Fox y quién sabe con quién más. Yo sé que mi vida corre peligro al salir de aquí, pero no voy a dejar de luchar por mi libertad y mi inocencia. Si tengo que morir por eso, ni modo. Confío en la gente que me está apoyando allá afuera.
El miedo de Antonio Barragán no es infundado. Eduardo Gallo y Tello llegó a presidir la asociación México Unido Contra la Delincuencia, desde la cual tejió alianzas con las élites económicas y políticas del país. Se ha documentado la existencia de denuncias formales contra Eduardo Gallo por ordenar la tortura y violación de Petra Benítez, suegra de Antonio, y su posterior asesinato junto a sus dos hijos, uno de ellos de cuatro años.
Y no parece casualidad que otros presos que también fueron declarados culpables del secuestro y homicidio de Paola Gallo –y que no tenían adscripción a la OCSS– hayan muerto debido a las torturas que seguían recibiendo en prisión.
Además, en 2016, Macrina Policarpo, prima de Antonio y también sobreviviente de Aguas Blancas, acompañante de presos políticos y víctimas de tortura, fue detenida y torturada en Atlacholoaya. Dos años después sufrió el asesinato de su hija y de su sobrina. Ese mismo 2018, en Tepetixtla, secuestraron y asesinaron a Roberto Salgado Casarrubias, sobrino de Antonio.
Es como si la matanza de Aguas Blancas se extendiera a lo largo de los años, inexorablemente. La OCSS insiste en que, después de Aguas Blancas, más de 36 de sus militantes han sido asesinados: todos líderes o cuadros medios. Últimamente los distintos grupos del crimen organizado son los principales ejecutores de miembros de la organización. El año pasado, Uriel Barragán Tacuba, de 33 años e hijo de Antonio, también fue asesinado en circunstancias no esclarecidas.
–A mi hijo me lo mataron el año pasado –menciona–. Yo no tengo pruebas para señalar a nadie. Pero, a mi entender, lo que puedo decir es que el culpable de los asesinatos de mis familiares es el Estado. Porque al ser yo detenido y encerrado aquí, mis hijos quedaron en el olvido. Ellos eran chiquitos y yo no pude cuidarlos y se tiraron a la perdición. Yo culpo al gobierno de la pérdida de mi hijo y también de mis sobrinos y hermanos.

Antes era el gobierno; hoy,
también, crimen organizado

–Las cosas han cambiado en 24 años. ¿Qué piensas de lo que sucede ahora en Guerrero?
–Es difícil –reflexiona Antonio antes de contestar–. Cuando salga no voy a saber ni de quién cuidarme, ¿verdad? Antes nos parecía muy fuerte escuchar de toda la gente asesinada o desaparecida en tiempos de la guerrilla, en los años sesenta, todos los presos… ahora la corrupción es más criminal. Hay más peligro. Tantos desaparecidos que hay, como nunca. Antes peleábamos contra el gobierno pero no había estos grupos delincuenciales. Sabemos que son también parte del gobierno, son todos ellos gobierno también.