Sale de la cárcel Gilberto Aguirre; pide a AMLO que no se olvide de los presos políticos

El integrante de la OCSS y sobreviviente de Aguas Blancas, Gilberto Aguirre Bahena (al frente) sale de la cárcel de Acapulco despues de 21 años preso, acompañado por la dirigente de laOrganización Campesina, Norma Mesino Foto: Jesús Trigo

Karina Contreras

El integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y sobreviviente de Aguas Blancas, Gilberto Aguirre Bahena pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que no se olvide de los presos políticos que todavía faltan por ser liberados porque se les han fabricado delitos.
Aguirre Bahena fue liberado este miércoles a las 11 de la mañana, luego de estar preso durante 21 años detenido y acusado bajo tortura de secuestro y homicidio de la hija de un policía de Morelos. Fue detenido el 16 de mayo del 2002 y el 30 de marzo pasado obtuvo su libertad anticipada.
Al salir del reclusorio, Gilberto Aguirre pidió al presidente que voltee a ver a las cárceles porque hay mucha gente inocente, y que dé prioridad y agilidad a sus compañeros que siguen encarcelados.
Dijo que seguirá en la OCSS para luchar por la libertad de sus demás compañeros.
Aguirre Bahena expuso que en el penal de Morelos donde estuvo cuatro años, recibió amenazas y fue torturado, así como golpeado por el director del penal.
Pidió su traslado al penal de Acapulco donde estuvo más de 17 años donde, “traté de estar lo más bien que se pudiera”.
Indicó que su proceso “tuvo muchas anomalías, estuvo viciado y por eso nunca me dieron mi libertad, por eso perdí mi caso porque fue pura fabricación de pruebas”.
Pidió a sus compañeros Antonio Barragán Carrasco y Orlando Ávila Mesino que no se pongan tristes, no se “achicopalen porque vamos a seguir luchando por su libertad. Vamos a seguir luchando para que ellos obtengan su libertad también”.
Hizo un llamado al presidente López Obrador “para que voltee a ver los casos de nuestros compañeros Orlando (Ávila Mesino )y Antonio (Barragán Carrasco), que ya agilicen sus casos y revisen muy bien sus expedientes porque hay muchas pruebas que son fabricadas. Ellos no pueden seguir estando presos porque yo sé que son inocentes”.
A la una de la tarde dio una conferencia de prensa en la casa de gestoría de la diputada federal Rosario Merlín, donde estuvo acompañado por dirigentes sociales como Norma Mesino de la OCSS, el presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez López y el presidente de la organización Solidarios de la Voz del Amate, Miguel Ángel Zenón.
En la conferencia vía telefónica, el también sobreviviente de Aguas Blancas y quien todavía sigue preso, Antonio Barragán agradeció a las organizaciones sociales que los han estado apoyando para que les puedan dar la libertad. Agregó que sin su apoyo “no se hubiera dado la libertad de Gilberto”, está libre no porque el gobierno le haya querido dar la libertad, sino por la presión política.
Dijo que han sido torturados y se les han fabricado delitos, “nuestros expedientes están llenos de fabricación de pruebas. En el proceso no tuvimos abogados particulares sino de oficio, abogados que no tenían cédula profesional, fueron audiencias ilegales”.
Dijo que quien quiera apoyarlo en su caso está en la disposición de dar entrevistas porque sin el apoyo de la gente es difícil alcanzar la libertad.
Reconoció el apoyo de la dirigente de la OCSS, Norma Mesino quien no los ha dejado solos, “confío en que yo también voy a salir libre, tengo la fe que no voy a tardar preso porque cuento con el apoyo de la OCSS”.
En la sesión de preguntas, a Gilberto Aguirre Bahena le preguntaron si buscará la reparación del daño y respondió, “yo que no quisiera que me pagaran el daño. Quisiera decirle al presidente que sí necesito de la reparación del daño porque 21 años estando preso no cualquiera aguanta”, y que sería algo justo que le pagaran la reparación del daño.
El presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez López explicó que la reparación del daño es fruto de la vía de la determinación de víctima de tortura, y por lo tanto “debe dejarse muy claro que las Fiscalía de los estados ha sido omisa en la investigación, y es por eso que el caso está ante el Comité de Tortura de Naciones Unidas y será desde ahí que se pueda reclamar”.
Agrego que en términos de legalidad la modalidad que tiene “hoy Gilberto no le facultaría para obtener la reparación, pero por eso se sigue luchando porque además la posibilidad de acreditar la tortura es la posibilidad de la libertad de Antonio (Barragán Carrasco)”.

Acuerdan la OCSS y la Segob que se facilitará la libertad de dos presos; termina el plantón

Familiares de presos e integrantes de la OCSS en conferencia de prensa en la Ciudad de México Foto: Juan Luis Altamirano Uruñuela

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

La representante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino, anunció que terminará el plantón que está desde el pasado domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, porque en una reunión el lunes con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, se acordó facilitar la liberación de los presos políticos Orlando Ávila y Gilberto Aguirre.
“El acuerdo al que se llegó ayer es que se va a liberar a dos compañeros. (son) El compañero Gilberto Aguirre Bahena y Orlando Ávila Mesino, se les va a facilitar su proceso para que puedan salir en libertad”, dijo Mesino.
Aclaró que en el caso del preso Antonio Barragán Carrasco se seguirá trabajando para resolver las causas por las que se le acusa, y solicitó que apoyo para dar difusión a la situación que presenta.
“En el caso de Antonio Barragán Carrasco vamos a intensificar una campaña por su libertad, le pedimos a todos los medios que nos apoyen a darle difusión, es un preso inocente que lleva más de 21 años en la cárcel”, explicó Norma Mesino.
Agregó que la reunión del lunes se llevó a cabo con Cresencio Jiménez y Facundo Santillán, intengrantes de la Secretaría de Gobernación. Indicó que continuarán buscando la libertad de sus compañeros.
“Desde nuestro estado, la lucha por la libertad de cada uno de nuestros compañeros que ya no pueden estar en la cárcel, no podemos hablar de transformación si no hay justicia, no podemos hablar de transformación cuando hay presos en el estado”, expuso.
De igual forma aseguró que la OCSS ha resultado agraviada por el estado de Guerrero y el país, resaltando que hay más de 500 personas que mantienen el estatus de desaparecidas en la entidad.
“La OCSS ha sido una de las organizaciones más agraviadas del estado y del país, nosotros como militantes de esta organización, somos hijos, somos nietos, somos familiares de los más de 500 desaparecidos en el estado de Guerrero”, comentó.
Mediante un posicionamiento escrito, la OCSS indicó que los acuerdos alcanzados en conjunto con la Secretaría de Gobernación, resultaron en la gestión y trámites necesarios para la liberación de los apresados.
“En este sentido, los acuerdos a los que se comprometieron los funcionarios de las dependencias fueron: gestionar, ante las instancias correspondientes, los trámites necesarios para concretar la libertad de nuestros compañeros sobrevivientes a la masacre de Agua Blancas”, manifestaron.
Expresaron que en la reunión se establecieron y pactaron compromisos con los funcionarios de las instituciones y visitarán Morelos y Guerrero para dialogar con las instancias correspondientes y agilizar los procedimientos.
En la reunión se establecieron una serie de compromisos, “en los que los funcionarios de las dependencias mencionadas se trasladarán a los estados de Morelos y de Guerrero para, con los presidentes de los Tribunales de Justicia de ambos estados, acordar y efectuar los procedimientos jurídicos necesarios para que nuestros tres compañeros obtengan su pronta libertad”, indicaron.

Demandan que cuatro presos políticos de la OCSS sean considerados en la Ley de Amnistía

Integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, acompañados por la hija del luchador social asesinado Ranferi Hernández, DianaHernández, la presidenta de la Codehum, Cecilia Narciso Gaytán; el integrante del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello; el abogado Hegel Mariano, y del CIMEDDH, Adrián Ramirez López, en el mitin afuera de la Ciudad Judicial en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En el arranque de la campaña por la libertad de cuatro presos políticos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), la luchadora social, Norma Mesino Mesino llamó a la gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda, a apoyarlos en esta demanda “para saldar la deuda con el pasado”.
Con una parada cívica en la Ciudad Judicial, al sur de la capital del estado, defensores de derechos humanos plantearon que Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Bahena, Gerónimo Hernández Refugio y Orlando Ávila Mesino, en prisión hace 20 y 19 años, sean considerados en la Ley de Amnistía que aprobó el Senado en 2020.
Mesino Mesino señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en conferencia de prensa el 10 de agosto pasado, habló de este mecanismo para liberar a las personas privadas de la libertad de manera injusta.
Recordó que desde la fundación de la OCSS, en 1994, sus integrantes fueron víctimas de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos: masacres, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura, detenciones arbitrarias, prisión política, exilio y desplazamiento forzado de personas.
“Las impunidad y afectaciones continuadas prevalecen en el nuevo gobierno que trata de desmontar el narco Estado policiaco y militar que en cuatro décadas de neoliberalismo y corrupción despojó a los mexicanos de sus riquezas”, dijo.
En este contexto, señaló que sus compañeros fueron privados de la libertad con delitos fabricados, y en dos casos está inmiscuido el secretario de Seguridad Pública del sexenio pasado, Genaro García Luna.
Es el caso de Barragán Carrasco, sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas (1995), desplazado como jornalero agrícola en en valle de San Quintín, Baja California, y Gilberto Aguirre Bahena, desplazado de su territorio tras la masacre de campesinos en Coyuca de Benítez.
Mesino relató que Barragán fue detenido el 24 de septiembre de 2001, con otros compañeros de actividad política, fue torturado y nunca hubo una investigación efectiva de los hechos por los que lo acusó un particular, Eduardo Gallo Tello, con el apoyo de García Luna, desde la Policía Federal Preventiva.
Asimismo, dijo que Aguirre Bahena fue detenido el 16 de mayo de 2002 en Mexicali, Baja California y ahora está recluido en el penal de Las Cruces en Acapulco. También fue torturado y no tuvo una diligencia adecuada en la investigación de los delitos que se le acusan.
De Gerónimo Hernández y Orlando Ávila, informó que, coincidentemente, fueron detenidos y sometidos a proceso por los delitos de secuestro y homicidio calificado, en contra de personas que no conocieron y en lugares donde no estuvieron.
Los dos últimos asuntos fueron retomados por el abogado Hegel Mariano Ramírez, en marzo de 2021.
En el caso de Gerónimo se detalla que su proceso penal duró 17 años, y durante ese tiempo ha estado recluido en Acapulco, Taxco, Durango y actualmente en el penal de Chilpancingo. Fue condenado a 20 años de prisión, de los cuales han transcurrido 19. Este año, su defensa promovió un amparo en contra de la sentencia, que antes no fue recurrida, esperan una pronta resolución.
Sobre Orlando Mesino, detenido en el penal de Acapulco, indicó que fue sentenciado en agosto de 2018, después de nueve años en proceso, a 27 años en prisión.
En este caso, informó que la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero ordenó la reposición “para que el juez investigue si quienes lo señalaron fueron objeto de tortura”.
En el pronunciamiento político, Mesino subrayó que los cuatro fueron detenidos por su participación en la OCSS, y por luchar por la justicia de sus pueblos, y por exigir el castigo a los responsables de la masacre de Aguas Blancas, impune a la fecha.
Llamó a la solidaridad de las organizaciones sociales y de derechos humanos para hacer extensivo el llamado al presidente, a que libere a los activistas, para que vuelvan a estar con sus familias.
A la gobernadora electa, que se sume a la demanda por la libertad de sus compañeros “ya que una deuda que debe saldar de los gobiernos del pasado, es precisamente la liberación de todos los presos políticos.
Estuvieron ahí Azucena Aguirre Salgado, hija de Gilberto Aguirre, Macrina Policarpo, familiar de Antonio, y avisaron que los familiares de Gerónimo de Orlando, no pudieron llegar debido a los deslaves por el sismo de este martes.
También acompañaron el acto, la presidenta de la Codehum, Cecilia Narciso Gaytán, la representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Guerrero, Micaela Cabañas, la activista feminista, Silvia Castillo, los defensores del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, Hegel Mariano, y de la Liga Mexicana de los Derechos Humanos, (Limeddh), Adrián Ramírez López.
Norma Mesino adelantó que la campaña que ayer arrancó será permanente, con acciones públicas y visitas a los penales donde están recluidos sus compañeros.

 

Reivindica el FODEG como presos políticos a 40 guerrerenses recluidos en siete penales

 

El Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG) reivindicó como presos políticos a 40 guerrerenses recluidos en siete penales estatales y uno federal; además, de los detenidos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), emblemáticos en el proceso de amnistía que revisa el gobierno federal.
El expediente más conocido en esta relación, es el del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González, interno en el penal de Chilpancingo desde 2013.
En un escrito abierto, el coordinador de la organización, Mario Alberto Martínez Rosario, hijo del extinto luchador social Bertoldo Martínez Cruz, solicitó la libertad inmediata de 18 personas internas en la cárcel de Las Cruces en Acapulco, cinco en Chilpancingo, tres en Iguala; cuatro en Tecpan, dos en Coyuca de Catalán, seis en Ayutla de los Libres, uno en Ometepec y uno en el penal del Altiplano, del Estado de México.
Varios de los nombres en la lista están documentados en el página del Comité Cereso y otros organismos civiles de derechos humanos.
El primer caso es el de Erasto Hurtado Díaz, militante del PRD e integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), detenido el 17 de julio de 1998 en Tepetixtla, municipio de Coyuca de Benítez, quien fue acusado del homicidio del dirigente de la organización donde participaba, Euzebio Bárquez Juárez, y sentenciado a 15 años y seis meses de prisión, pero sigue en proceso por el delito de secuestro.
Asimismo, señala que en el penal de Acapulco se encuentran detenidos injustamente Gerardo y Palemón Cabrera González, Rodolfo Cabrera González, Gilberto Aguirre Bahena, Emilio Salas Silva, Telésforo Espinoza Valencia, Catarino Chávez Primo, Gerónimo Hernández Refugio y Ángel Guillermo Martínez González.
También Daniel Ruano García, Uriel Ruano García, Rey David Galeana Pastrana y Salvador del Carmen Vázquez, de quienes el 29 de octubre de 2013, la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), de Coyuca de Benítez, denunció su detención ilegal y arbitraria. Además, Gabino García Avilez, Orlando Ávila Mesino, Alejando Ortiz Santiago y Rubén Maceda Salazar.
En Chilpancingo están detenidos Víctor Manuel Rodríguez Alemán, Gonzalo Molina González, José Eduardo García Reyes, Raúl y Félix Barragán Rentería.
De la prisión de Iguala, menciona a Margarito Santana Bahena, vinculado al EPR, de acuerdo con la información de su detención publicada el 23 de mayo de 2005; además de Claudio Marcos Zarcos Higuera y Alejandro Herculano Santana.
En el penal de Tecpan se encuentran el profesor, militante del PRD y luchador social Máximo Mojica Delgado y su esposa, María de los Ángeles Hernández Flores, detenidos el 27 de noviembre de 2008, cuando participaban en un movimiento por la vivienda; además de los activistas Santiago Nazario Lezma y Javier Ruiz Córdova.
Internos en el penal de Coyuca de Catalán, Martín Cruz Avellaneda y Matías Jaimes Olivares; en Ayutla, Antonio García Albina, Germán Morales Lucas, Gildardo Díaz Pérez, Clemente Mateo Flores, Leonisio Luna Victoriano y Pedro Victoriano Teresa.
En la prisión de Ometepec, Bernardo García Merino, y en el penal del Altiplano, en el Estado de México, Jorge Astudillo Martínez, quien de acuerdo con registros periodísticos, fue acusado de terrorismo.