Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El lunes se realizó en el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares (Acapulco), la última audiencia de vista del proceso penal que se le sigue al preso de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Orlando Ávila Mesino.
El abogado encargado de la defensa, Hegel Mariano Ramírez explicó que esta audiencia fue para que la Fiscalía General del Estado (FGE) presentara sus conclusiones acusatorias y la defensa las inacusatorias.
“Lo que implica que cada una de las partes presenta sus argumentos, la Fiscalía sostiene que debe ser condenado Orlando y la defensa que debe ser absuelto y dejarlo en inmediata libertad”, agregó.
Mariano Ramírez informó ayer en declaraciones por teléfono, que a partir del lunes pasado el juez que lleva la causa, Abimael Guzmán Nava entró al estudio y análisis de las constancias que se presentaron para que emita su veredicto en un plazo aproximado de 16 días hábiles.
El defensor de derechos humanos declaró que está convencido de que la sentencia será absolutoria y se ordenará la inmediata libertad de Orlando Ávila Mesino.
Explicó que al llegar a este punto del proceso en el que se emitirá la sentencia definitiva, “los elementos de la responsabilidad deben ser plenos, sin duda alguna, el juez no debe dejar ninguna duda de que Orlando es culpable, porque cualquier motivo de duda es motivo de libertad”.
“Nosotros esperamos un criterio judicial que garantice los derechos humanos y el principio de presunción de inocencia a favor de Orlando, no hay elementos fundamentales que no pueden sustentar una sentencia condenatoria”, sostuvo.
Orlando Ávila es acusado de homicidio y está detenido desde el 13 de marzo del 2012, señalado por tres personas que también están procesadas por el mismo delito, mismos que se auto incriminaron.
El abogado Mariano Ramírez declaró ayer que existen inconsistencias en los señalamientos que hicieron y que fueron parte de los elementos que presentaron el lunes pasado en la audiencia en defensa de Ávila Mesino, mismas que “no puede ignorar el juez”.
Por ejemplo, quienes señalan a Orlando refieren que la víctima murió de varias pedradas, pero el dictamen médico y de criminalística indica que murió de una sola. Además señalaron que cuando le tiraron las pedradas a la víctima la colocaron boca abajo, pero de acuerdo al dictamen de criminalística y de medicina forense, la herida la recibió de frente.
El abogado agregó que de acuerdo con los tres que acusan a Orlando, la víctima fue enterrada en el mismo lugar donde lo mataron y fue localizado el cuerpo, pero dijo que la ropa del cadáver tenia abundante arena fina impregnada y la tierra donde fue encontrado el cuerpo es arcillosa, lo que se deduce que la víctima fue privada de la vida en el lugar donde se le impregnó la arena y después la trasladaron al lugar donde la enterraron y fue hallada.
El abogado también explicó que en su momento se demostró que el día de los hechos Orlando estuvo trabajando comisionado como policía municipal de Atoyac, y se mandó el parte informativo, mismo que no fue objetado ni refutado por la FGE, “incluso sus compañeros que estuvieron con él ese día fueron a declarar y reforzaron la versión de que estaba trabajando con ellos el día de los hechos”.
Añadió que una peritó del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) determinó que una de las tres personas que lo acusan tiene secuelas de tortura, “esto, aunado a todas las inconsistencias anteriores le quita credibilidad al dicho de quienes incriminan a Orlando”, explicó el abogado.
Para Mariano Ramírez, con estos elementos no se reúnen los requisitos para que se dicte una sentencia condenatoria, “aun cuando después haya alguna apelación o se vayan al amparo para que se revise por cualquier tribunal”.
Reconoció que le preocupa a la defensa que a los jueces de Guerrero “les asustan los delitos graves, y les genera muchos prejuicios cuando ven que alguien es acusado por homicidio calificado o por secuestro, se espantan y tienen miedo de dejar libre a una persona acusada por un delito grave y prefieren dictar una sentencia condenatoria para dejarle la responsabilidad a la sala penal”.
Añadió que, en tanto, la sala penal confirma porque prefiere dejar la responsabilidad a un tribunal federal, “y siempre tiene que ser este el que les dicte los lineamientos cuando van a decretar una libertad”.
Explicó que de esta manera los jueces y magistrados locales se lavan las manos y se deslindan de cualquier responsabilidad, “y eso es lo que a nosotros nos preocupa, que les dé miedo dictar una sentencia de libertad, aun cuando hay varias inconsistencias”.
El abogado pidió al TSJ que en este caso haya un criterio judicial garante de los derechos humanos de Orlando y del principio de la presunción de la inocencia.
Recomendó que, en todo caso, la exigencia se la hagan a quien está acusando, “y analicen con lupa los elementos que presentó en garantía de los derechos humanos y la presunción de inocencia de Orlando, y no al revés, tratar de cuestionar las pruebas que aportó Orlando, sino de quien acusa”.
Insistió en que la defensa está convencida de que alcanza su libertad, “pero sí nos preocupa que ésta se pudiera prolongar por un criterio erróneo o un criterio temeroso del juzgador, o en su momento de la sala penal”.
Llamó al poder Judicial a que en casos emblemáticos como éste, en el que ya se ha documentado toda la serie de irregularidades y la forma en que se integró la averiguación, se ponga un alto a la serie de injusticias cometidas en contra de Orlando Ávila, “esta es la oportunidad”, declaró.
De los cuatro miembros de la OCSS y sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez, siguen presos Orlando Ávila Mesino y Antonio Barragán Carrasco, el segundo preso en Morelos.
Gilberto Aguirre Bahena salió libre el 5 de abril y Gerónimo Hernández Refugio el 12 de febrero pasado.