Muchas familias visitaron ayer los panteones en todo el país. En el Dia de Muertos se desarrollan rituales en los hogares, en los panteones y en las plazas públicas para hacer memoria de quienes ya se fueron. El luto se expresa con flores, velas, oraciones y altares, a pesar de la invasión del Halloween. Cuando en una familia alguien muere, sucede un dolor inexpresable, que se manifiesta en el llanto y en la tristeza. Aunque cada muerte es diferente a todas las demás muertes, cuando responde a las condiciones de vida y al contexto de cada una de ellas. En México, muchos han muerto antes de tiempo, y por eso el dolor es también diferente, precisamente, porque mueren antes de tiempo.
¿Quiénes mueren antes de tiempo? ¿Cuántas muertes pudieron evitarse?
Quienes viven en condiciones extremas de pobreza y no tienen una forma de salir de esta condición, debido a que no hay apoyo al campo o no tienen un empleo digno o viven agobiados por las enfermedades o carecen de alimentos. Ellos, suelen morir antes de tiempo.
Otros mueren debido a que el sistema de salud pública los deja morir antes de tiempo. Si el sistema de salud de nuestro país no tiene los recursos necesarios, los recursos humanos y los recursos financieros para prevenir y curar a todos los enfermos del país, hay enfermos que mueren antes de tiempo. Si, por otro lado, hay ‘derechohabientes’ y ‘no derechohabientes’, hay quienes mueren antes de tiempo. Y, si no hay insumos ni medicinas para quienes están enfermos, muchos de ellos mueren antes de tiempo.
Otros más han muerto debido a las condiciones de inseguridad y violencia que desde hace alrededor de dos décadas han agobiado al país, sobre todo aquélla originada por las organizaciones criminales. Desde el 2006 hasta ahora han sido asesinados más de medio millón de personas (homicidios y feminicidios). Muchos de ellos murieron antes de tiempo.
Estas condiciones de inseguridad y violencia van generando enfermedades mentales. Vivimos ya enfermos de miedo, de rabia, de frustración, de impotencia y, también, de indiferencia, que es un mecanismo de defensa. Y como el sector salud oficial no atiende las enfermedades mentales, muchos morirán antes de tiempo.
El problema no es la muerte. Todos tenemos que morir un día. El problema consiste en morir antes de tiempo, cuando podía evitarse. La gente dice que todos tenemos una raya para morir; no morimos ni antes ni después de esa raya. El problema está en morir antes de llegar a esa raya.
Los pobres mueren antes de tiempo, los enfermos también. Las organizaciones criminales generan muertes, muchas muertes antes de tiempo. El neoliberalismo salvaje mata antes de tiempo, el sistema de salud mata antes de tiempo, el sistema político también. Son muertes prematuras, injustas e inmorales que pudieron haberse evitado.

En el año 2020, escribía el papa Francisco su encíclica Fratelli Tutti y la firmó en la ciudad de Asís, y decía que “ante tantas formas mezquinas e inmediatistas de política, recuerdo que la grandeza política se muestra cuando, en momentos difíciles, se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. Al poder político le cuesta mucho asumir este deber en un proyecto de nación y más aún en un proyecto común para la humanidad presente y futura” (Fratelli Tutti, 178). Estas palabras me hacen pensar en la actividad política internacional y en la de nuestro país, en el sentido que la política no ha trascendido a la búsqueda de la paz, sino que, al contrario, ha sido factor de confrontación, de inmediatismos y de exclusión.
El caso de Palestina. El 29 de septiembre de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un nuevo plan para abordar la guerra en Gaza y la crisis más amplia de Oriente Medio, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, junto al primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu. Con esta iniciativa, Trump desea aparecer ante el mundo como un buscador de paz, cuando la política de los Estados Unidos es incapaz de ser amigable con las naciones, pues sólo tienen intereses, como el petróleo o los demás recursos naturales. Trump vive agrediendo a los países más débiles con los aranceles, mediante una guerra comercial y se está proponiendo escaladas militares en otros países. Su estilo es completamente guerrerista.
Apoyando al gobierno de Israel con todo el poder que tiene en sus manos, el poder económico, político y militar, Trump ha sido cómplice de Netanyahu, un genocida, pues le ha dado su apoyo para destruir la ciudad de Gaza y busca el desalojo de los palestinos que viven en esa ciudad. Y hasta ahora, en el susodicho plan de paz, no les interesa ni escuchar al Estado palestino, reconocido ya por un inmenso número de naciones. De esta manera, el plan de paz de Trump y Netanyahu es sólo una táctica para buscar sus propios intereses y no la paz. Es una política inmediatista y excluyente que busca otras cosas y no una paz sostenible, que le hará más daño a la población palestina.
El caso de México. En la práctica, en México tenemos una guerra, aunque no haya sido declarada. Guerra entre las fuerzas armadas y las diferentes policías del Estado mexicano y las organizaciones criminales a lo largo y ancho de todo el país. El entonces presidente Felipe Calderón comenzó esta guerra que llegó aquí con el Operativo Conjunto Guerrero Seguro, que inició actividades el 7 de octubre de 2011, con el envío de efectivos militares y federales, incluidas fuerzas especiales para tratar de desarticular a los cárteles de Sinaloa y de Los Zetas. Y desde entonces tenemos en Guerrero al Ejército y a la Marina y, posteriormente, llegó también la Guardia Nacional.
La Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz es una estrategia interinstitucional de seguridad encabezada por gobiernos estatales, que reúne a los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y a las fuerzas de seguridad para diseñar y coordinar estrategias conjuntas. Su objetivo es garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos, analizando incidencias delictivas y reforzando operativos y medidas preventivas en todo el estado, incluyendo a gobernadores, secretarios de gobierno, fuerzas federales y estatales, Guardia Nacional y autoridades municipales. Ya nos hemos acostumbrado a que el paisaje guerrerense incluya a policías y militares por donde quiera.
Esta mesa se ha construido desde el poder público, que aún no ha reconocido el potencial de la sociedad civil organizada. Y aún, después de muchos años, las instituciones del Estado mexicano siguen creyendo que la paz se construye con militares y policías. Han creído que la paz se construye desde el poder. Y no han podido construir la paz en el país, ni lo podrán hacer. No han comprendido, hasta ahora, que todos, ciudadanos, sociedad civil y gobiernos somos responsables de las diferentes formas de la violencia y de la inseguridad que sufrimos y, por lo mismo, todos tenemos que participar en la construcción de la paz en México.
Y es que desde el poder no es posible construir una paz sostenible, la paz que necesitamos todos. ¿Cuántos años necesitamos para lograr la decisión de una estrategia que incluya e los gobiernos y a la sociedad civil? Una dificultad para que eso suceda es la desconfianza. Ni los gobiernos tienen confianza en la sociedad, ni la sociedad confía en las instituciones gubernamentales. Hay que comenzar a creer en el potencial social y gubernamental y en transformar nuestras relaciones para caminar juntos. Ni los gobiernos pueden todo, ni la sociedad lo puede hacer. Hacerlo juntos nos conviene a todos.
La paz se puede construir desde las empresas, desde las universidades, desde el sistema educativo, desde preescolar hasta la secundaria, desde las iglesias, desde la ciudadanía, desde las colonias, desde el campo, desde las comunidades indígenas y afromexicanas, desde los colegios profesionales y desde todas partes.
La paz no se impone a la fuerza, ésta se elige como una forma de vida. Y la construimos de manera cotidiana con nuestras actitudes, nuestros lenguajes, nuestras acciones y nuestras omisiones. Se construye con la dignidad que todos tenemos, ya sea desde los gobiernos o desde la sociedad. Necesitamos mirar a lo lejos con una mirada estratégica, y actuar desde ahora algunas cosas para que la paz suceda cuando llegue su tiempo. De otra manera no podremos contar con una paz estable y sostenible. Pasará como siempre ha sido hasta ahora: días con muertos, desplazados y desaparecidos y días tranquilos. Ya nos hemos malacostumbrado a no contar con una paz duradera. Eso es lo que no queremos. Queremos una paz que perdure en todos los tiempos, en el día y en la noche, y en todos los lugares.

En el estado de Guerrero tenemos toneladas de sufrimiento. Hay sufrimientos provocados por el desempleo, por las enfermedades, por la extrema pobreza de miles de familias que no consiguen alimentos para su vida diaria. Sufrimientos generados por las adicciones y sufrimientos por las malas condiciones laborales y educativas. Sufrimientos generados por la violencia como es el caso de la extorsión y del cobro de piso. Hay adultos mayores que viven en el abandono y niños que mendigan por las calles. Sufren tantas familias cuando uno de sus miembros es asesinado o desaparecido. Hay quienes sufren cuando les arrebatan sus viviendas y sus tierras con amenazas, o quienes son obligados al desplazamiento forzado
Ante el sufrimiento hay diferentes actitudes, quienes son solidarios y quienes son indiferentes. ¡Cuánto duele la indiferencia a las familias de desaparecidos! Se sienten solas y abandonadas a su suerte. Viven el dolor de la desaparición de uno de sus familiares y, además el dolor de la indiferencia y del abandono. La experiencia del abandono duele mucho más que la pobreza. Eso he escuchado de adultos mayores que experimentan el abandono de sus hijos, que solo esperan repartirse una herencia.
La indiferencia social y política sucede como una degradación cultural, cuando en la sociedad sólo se tienen ojos para lo que pueda servir a los propios intereses. Encerradas en su mundo, las personas bastante tienen con defender su pequeño bienestar cada vez más triste y egoísta. La indiferencia social ante quienes sufren es como una actitud de autodefensa que cierra el camino a la solidaridad. La indiferencia hace invisible a quienes experimentan el dolor de una pérdida material o humana. La indiferencia corresponde a un lenguaje implícito de que quien es afectado o víctima no existe, es invisible y no importa y, por lo mismo, no necesita de nuestra empatía.
La indiferencia social es también una distorsión cultural y se convierte en complicidad con quienes generan el sufrimiento. Quien vive indiferente ante los graves problemas sociales y ante quienes sufren, vive de manera individualista, es insensible y frío y no participa en la solución de los problemas sociales. Es un factor fuerte de una carencia de responsabilidad social. Las instituciones gubernamentales también suelen ser indiferentes ante los sufrimientos de los pueblos. Sus integrantes solo trabajan por un salario y no suele importarles el dolor de la gente. Aunque suele haber servidores públicos que sí les duele la situación de las víctimas de la pobreza o de la violencia y hacen la parte que les corresponde para ayudar a quienes sufren, siendo más empáticos.
La indiferencia largamente proyectada sobre personas o colectivos de víctimas es una forma de maltrato. Esta actitud basada en la exclusión y en la despreocupación genera dolor y angustia en quienes son afectados por el dolor y por el sufrimiento.
¿Qué hacer ante la indiferencia social que implica una distorsión cultural, y es también, un fenómeno tan amplio y complejo? Esa es nuestra tarea. ¿Cómo generar confianza para la participación ciudadana de manera que se construya la responsabilidad social, en la que los ciudadanos nos hagamos responsables de los graves problemas que suceden en México y en el estado de Guerrero, con los rezagos tan imponentes que tenemos ya?

¿Por qué los buscamos? ¡Porque los amamos!

En meses pasados, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés), que supervisa el cumplimiento de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, ha pedido al Estado mexicano la información sustantiva relacionada con las desapariciones en nuestro país, considerando que hay una crisis sistemática en esa materia. Esta es una oportunidad del Estado mexicano para reconocer y enfrentar dicha crisis, al mismo tiempo que puede recibir asistencia internacional para que las desapariciones no continúen en México.
Algunos datos sobre la desaparición en México indican que, hasta ahora, se cuenta con 133 mil desaparecidos, además de una crisis forense con 72 mil cuerpos no identificados. Según Amnistía Internacional existen a lo largo y ancho del país 234 colectivos de familiares de personas desaparecidas, que están conformados por un 90% de mujeres, de las cuales, 65% son madres, 21% son hermanas, 12% son parejas, 6% son hijas y 5% son amigas. Y buscan, principalmente, a hombres (84%) y sólo el 15 % de los desaparecidos son mujeres. En el estado de Guerrero tenemos el mismo ritmo de desapariciones con la cantidad aproximada de 4 mil 600 personas, además de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Estas cifras permiten ver un desastre que incomoda al Estado mexicano. Veremos si responde o no responde con la información solicitada por el Comité de la ONU. El gobierno federal y el gobierno estatal cuentan con instituciones responsables del tema de desaparición de personas. Aquí son la Fiscalía General del Estado de Guerrero, la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, la Coordinación General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, y el Servicio Médico Forense, que en coordinación con las instituciones federales, como la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión Nacional de Búsqueda, hacen su esfuerzo desde la administración pública.
Desde el año 2020, trece colectivos de familias de desaparecidos guerrerenses, de Chilpancingo, Chilapa, Iguala, Atoyac y Acapulco han estado desarrollando un proceso de acciones para impulsar la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Guerrero, que adecue, adapte y vincule a sus necesidades, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que entró en vigor en el orden fedeeral en el año 2018. Cinco años después, el Congreso de Guerrero ni ha dictaminado dicha ley, ni la ha aprobado. Esto comprueba que no le interesa el dolor de las familias que buscan a sus desparecidos.
En cuanto al gobierno federal, salvo el caso de los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que contaron con el apoyo de organizaciones de derechos humanos, con una agenda política que los ha hecho muy visibles en el ámbito nacional, no han podido encontrar a sus hijos. Se reunieron en muchas ocasiones con el entonces presidente López Obrador y también con la presidenta Sheinbaum, y hasta ahora no ha habido los resultados esperados a los 11 años de su desaparición. Los colectivos de madres buscadoras nunca fueron recibidos en las “mañaneras” ni en ninguna otra parte, durante el sexenio de López Obrador.
Es admirable la fortaleza de las mujeres que buscan a sus hijos, que dedican mucho tiempo a sus búsquedas, cuando esa responsabilidad le corresponde al Estado. El Estado es el responsable de la seguridad de todos los mexicanos y de los extranjeros que pasen por nuestro territorio y, también es el responsable de buscarlos. El Estado mexicano no ha cumplido con estas responsabilidades por omisión de los derechos de los desaparecidos y de las madres buscadoras. Sigo pensando que esta herida social que genera tanto dolor necesita ser atendida de manera institucional al nivel de una Secretaría de Estado, que destine los recursos humanos y los presupuestos necesarios para atender el dolor que hay en todo el país. Es entendible que la crisis humanitaria de la desaparición forzada sea incómoda para el Estado mexicano, porque tiene una responsabilidad que no ha podido cumplir.

Septiembre es el mes de los informes de gobierno. Ya han dado sus informes la presidenta de la República, la gobernadora del estado de Guerrero y la presidenta municipal de Acapulco. Informar es una obligación constitucional, al mismo tiempo que es conveniente que la población considere esos informes sobre las actuaciones de sus respectivos gobiernos. De ordinario, esos informes contienen cifras y estadísticas, siendo más cuantitativos que cualitativos. Esos informes reflejan una mirada –que siempre es una interpretación desde un palacio– desde el poder público, una mirada desde arriba, que necesitarían complementarse con la mirada desde abajo, desde la ciudadanía de a pie.
La mirada desde un palacio no es la misma desde una choza; son miradas diferentes y, por lo mismo, complementarias. Habría que combinar ambas miradas para conocer lo que está sucediendo en este país, y conocer la realidad, la realidad de México. Por otra parte, cada mirada es una mera interpretación de los datos sobre la realidad y no es la misma realidad. Cada mirada es una interpretación que se elabora a partir de la experiencia, de los datos duros, explicada por una ciencia: la hermenéutica.
Hay temas muy sensibles en los que convendría escuchar las dos miradas o interpretaciones: la de arriba y la de abajo, la del palacio y la de la choza, la del poder público y la de los campesinos, indígenas y ciudadanos. Temas que requieren un diálogo entre las dos miradas con un enfoque de complementariedad, tales como el campo, la pobreza extrema, la violencia, la inseguridad, la educación, la cultura, la economía social, el servicio público y la sociedad civil.
Para ejemplificar uno de estos temas, pensemos en el campo mexicano. Desde arriba hay presupuestos, cifras, estadísticas, programas, evaluaciones y resultados. ¿Cómo pueden interpretar los resultados de los programas gubernamentales, campesinos, indígenas, agricultores, organizaciones campesinas de comunidades agrarias y ejidales? Ellos tienen su propia interpretación de su realidad, a partir de su propia experiencia y de su realidad. Ellos saben cuáles apoyos necesitan –para el desarrollo de la producción, los servicios y la comercialización– de parte de las autoridades, tales como apoyos financieros, legislativos, jurídicos y comunitarios. Eso sí sería democracia.
Otro tema sensible, muy sensible, es el de las múltiples violencias que, desde hace más de dos décadas, sobre todo la que proviene de la delincuencia organizada que amedrenta a la población de las ciudades y del campo, con territorios controlados por organizaciones criminales, en los que ellos muestran un gran poder que llega a sustituir a los poderes constitucionales, cuando la “gobernanza” la tienen en sus manos. Este es un tema sumamente sensible en el que necesitamos escucharnos todos: la interpretación de los datos y estadísticas desde arriba y desde abajo. Escucharnos entre los ciudadanos, entre el poder público, la sociedad civil. La participación y la interpretación de todos es fundamental para salir de este añejo túnel que desde hace muchos años no miramos la posible salida.
Para que esto suceda, es necesario recuperar la confianza perdida. Hay desconfianza entre las instituciones públicas, privadas y sociales por razones históricas. Hay desconfianza en la sociedad civil y entre sus organizaciones, hay desconfianza hacia los gobiernos. La confianza es clave para el diálogo y para visualizar un proyecto de nación entre ciudadanos comunes y las instituciones. Sobre todo, la confianza entre los palacios y las chozas, de todas las chozas que existen en el país.
Con los informes que hemos escuchado no es posible conocer la realidad, porque es solo una interpretación desde el poder. Escuchamos solo una mirada, la que se hace desde arriba, que no incluye la mirada desde el pueblo. Cuando el pueblo sólo escucha y no expresa su voz haciendo su propia interpretación de los informes de gobierno, se queda a mitad del camino. Pensemos que la gente tiene sus propios temas, que no suelen tener el interés de los gobiernos. Sólo si la gente es escuchada, y cuando hablamos de la gente, hablamos de toda la gente, puede hablarse de “pueblo”. Cuando no es escuchada podemos hablar de sólo populismo.

Hablando de los problemas del país, con frecuencia se habla de buenos y malos. Se suele decir, por ejemplo: “somos más los buenos que los malos”. Eso sucede en los ámbitos gubernamentales y, también, en los diferentes espacios de la sociedad, lo cual impide resolver, de fondo, los problemas que tratamos. Ese empeño moralizante de calificar a unos como buenos y descalificar a otros como malos no lleva a ninguna parte. Al contrario, se agranda la polarización social y, también, política en nuestro país. ¿A quién le corresponde definir la maldad y la bondad? ¿Quién decide quién es bueno y quién es malo?
Pongamos dos casos muy frecuentes. El primero lo referimos al contexto de violencia y de inseguridad que vivimos en México y, particularmente, en el estado de Guerrero. Lo más fácil es señalar que los buenos somos nosotros y que los malos son los narcotraficantes, incluyendo a los patrones y a sus trabajadores, o las organizaciones criminales que pululan por todas partes, desde bandas ubicadas en colonias o comunidades, hasta los grandes cárteles.
Otro caso frecuente es el que se construye en el campo político que está tan polarizado, unos al lado del gobierno y otros al lado de la oposición. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos, en este caso? Se insultan, se gritan, unos creyéndose buenos, descalificando a los otros como si fueran malos. Y los insultos y gritos suelen tener connotaciones moralistas.
La bondad y la maldad, lo bueno y lo malo son conceptos éticos –muchas veces con connotaciones ideológicas que esconden la realidad– que no sirven para entender la realidad, para analizar lo que sucede y para proyectar caminos de solución a los problemas que tenemos en México. Moralizar la vida pública de esta forma tan extraña, no conviene a nadie porque califica a unos como buenos y descalifica a otros como malos. Esta manera de moralizar es como una maldición que hace mucho daño para encontrar las soluciones necesarias. Y, de esa manera no es posible el diálogo social o político ni la conversación pública, pues así no podemos buscar ni encontrar caminos de entendimiento para resolver los graves problemas que agobian al país.
En un mundo plural, en el que hablamos de interculturalidad, de pluralidad de opciones políticas y sociales, en el que hablamos de libertades y hasta las presumimos, como la libertad de expresión, no caben las torpes descalificaciones moralistas. Podemos tener opiniones diferentes, hasta opuestas, pero no nos descalificamos. No somos ni malos ni buenos por tener diferentes opiniones, sólo somos diferentes.
La vida democrática respeta las diferencias y las opiniones de todos. La democracia es un camino en el cual todas las legítimas diferencias son aceptables porque representan diferentes intereses o diferentes visiones de la vida. La democracia –en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica– integra las legítimas diferencias en un Estado de derecho, construido sobre valores que inspiran los procedimientos democráticos, como la dignidad humana, el respeto y la garantía de los derechos humanos y la búsqueda del bien común, como fines y criterios reguladores de la vida pública.
Para que una democracia resulte eficaz se requiere una actitud fundamental de diálogo. El papa Francisco decía que “el auténtico diálogo social supone la capacidad de respetar el punto de vista del otro aceptando la posibilidad de que encierre algunas convicciones o intereses legítimos. Desde su identidad, el otro tiene algo para aportar, y es deseable que profundice y exponga su propia posición para que el debate público sea más completo todavía. ( ….) Pensemos que las diferencias son creativas, crean tensión y en la resolución de una tensión está el progreso de la humanidad” (Francisco; Fratelli Tutti, 203).
Aceptando que somos diferentes es que, mediante el diálogo, que siempre ha de ser de manera amable, podemos llegar a acuerdos, descartando siempre la crueldad en los insultos. De esta manera la política se transforma en una expresión de amor a la gente, a los pueblos y a todo el país. Esa política de rivalidades y de insultos daña a las instituciones democráticas y a la cultura de la legalidad. Cada persona que colabora en la actividad política tiene el derecho a ser diferente, a pensar diferente y a expresarse de manera diferente. Cada partido político es diferente y tiene el derecho a ser diferente.
De esta manera, el derecho a ser diferente tiene que ser respetado. Ser diferente no es ni bueno ni malo. Se trata solamente de una maldita descalificación moralista que no permite mirar la realidad. Mirar a los diferentes como malos, es una mera ideología que intenta ocultar la realidad y justificar las agresiones y las violencias a quienes son diferentes.

En el estado de Guerrero padecemos, con mucha frecuencia, manifestaciones públicas o bloqueos de calles y carreteras, sobre todo en Chilpancingo y en Acapulco, porque quienes protestan lo hacen porque sus demandas no son atendidas, no se sienten escuchados ni informados por las autoridades. Eso sucede con mucha frecuencia. Recordemos el proyecto de la presa hidroeléctrica de La Parota, cuando los comuneros no fueron informados ni fueron escuchados sobre las implicaciones de la construcción de esa presa y, tras años de protesta, ese proyecto se canceló materialmente. Esa cancelación fue el desenlace de no informar y de no escuchar a la gente afectada por los proyectos que los gobiernos municipales y estatales o el gobierno federal promueven.
Eso mismo está sucediendo en estos días con el proyecto del Marinabús, cuando prestadores de servicios en las playas del puerto y, posteriormente, los pobladores de Puerto Marqués han estado protestando porque no han sido informados sobre este proyecto de Fonatur ni tampoco se sienten escuchados por autoridades municipales, estatales y federales. Eso mismo sucedió con las protestas ciudadanas sobre el Jardín del Puerto.
La costumbre de quienes están en el poder es esa: no escuchan porque ni eso saben hacer desde hace muchos años. Es costumbre de las autoridades que provienen de todos los partidos políticos, de todos. Es algo así como el ADN que el poder político les ofrece. No escuchan a nadie, pues ni les falta hace porque sólo se escuchan a sí mismos. Escuchan sus bolsillos, a los qué sí les hacen caso, escuchan el sonido del dinero y escuchan también a quienes viven en los espacios del poder económico o político.
No se atreven a escuchar a los pobres, a los trabajadores, indígenas y campesinos. No tiene caso escucharlos pues son ignorantes y nada pueden aprender de ellos. Tampoco escuchan propuestas ciudadanas alternativas para detener la vertiginosa carrera de la delincuencia organizada, ni escuchan a las madres buscadoras, porque carecen de empatía para experimentar su dolor. Tampoco les interesa escuchar a los desplazados internos ni a la gente que vive en los territorios en los que dominan organizaciones criminales.
Ni escuchan las inquietudes de los jóvenes ni de las nuevas generaciones, tampoco escuchan a los estudiantes ni a los profesionales, tampoco escuchan las investigaciones y estudios del mundo académico, pues les basta escucharse a sí mismos para darle cuerda a sus brillantes ocurrencias que luego convierten en proyectos de gobierno.
La clase política en Guerrero solo piensa en sí misma, en alcanzar o continuar con el poder en sus manos, piensa en sus bolsillos, en sus intereses, en sus negocios o en formas de enriquecerse en tres o en seis años. O en más años si les es posible.
¿Cómo explicar los rezagos que tenemos en Guerrero? Rezagos en la educación, en el apoyo a los artistas y artesanos, rezago en cuanto a la pobreza extrema y vivimos rezagados en democracia. Rezagos también en el apoyo al campo y rezagos en los temas de la seguridad pública y la seguridad ciudadana, rezagos en derechos humanos. En parte, todos los rezagos que tenemos en el estado de Guerrero pueden tener diversas explicaciones, entre las cuales está el vacío de escucha de quienes detentan el poder público. Viven desconectados del sufrimiento de los sectores más vulnerables del campo y de la ciudad. En el discurso dicen que viven para el pueblo, con el pueblo y en el pueblo. Pero sucede que es un discurso vacío y solo de simulación.
Es necesario humanizar los espacios de poder y a quienes tienen responsabilidades públicas. Sin humanismo no es posible escuchar a nadie. El humanismo nos hace capaces de escuchar, de servir, de informar y de humanizar la política y a quienes tienen responsabilidades públicas. Se ha hablado del humanismo mexicano, que puede llegar a ser retórica o un discurso vacío, si no aprendemos a escuchar a las personas y a los pueblos.

Ahora quieren convertir el Jardín del Puerto en una plaza comercial en el centro de nuestra ciudad. Acapulco ya cuenta con tantas plazas comerciales que prestan diferentes servicios a visitantes y acapulqueños para el desarrollo de la economía local. Acapulco tiene otras necesidades que parecen invisibles para quienes toman las decisiones. Sólo piensan en negocios. Acapulco tiene necesidades culturales, ambientales, educativas entre otras, que requieren de una necesaria planeación, con una mirada hacia el futuro.
El ambiente que prevalece en Acapulco en los últimos años se ha caracterizado por el caos, el desorden, la corrupción, el conflicto y las inconformidades. En las últimas décadas, se han formado tantas colonias en esta ciudad sin planeación, de manera muy desordenada a partir de invasiones, las que tienen que ir regularizándose con el tiempo. Las calles, si es que se les puede llamar de esa manera, sobre todo en las colonias de la periferia de la ciudad, se están haciendo pedazos. En tantas zonas hay carencia de agua, de alumbrado público, de parques y de espacios verdes. Es insoportable el tráfico en calles, avenidas y bulevares, el transporte público no funciona bien y sus unidades están en malas condiciones. Y es que ya nos estamos acostumbrado a vivir así, en ese desorden.
Nuestra ciudad está reflejando lo que somos. Eso somos, somos un desorden porque no tenemos identidad como acapulqueños. Somos una ciudad que vive fragmentada, pues pocos piensan en Acapulco como ciudad, una que tiene necesidades urgentes e inaplazables. Hay algunas que no podemos postergar, a las que tenemos que comprender y responder de manera urgente. Y una necesidad fundamental es esa: construir la identidad de Acapulco como ciudad en la que participe toda la población. Y esa identidad la podemos construir en la medida en que tengamos memoria de nuestro pasado e imaginemos el futuro que deseamos para nuestra ciudad. ¿Qué queremos que suceda en Acapulco en diez o veinte años? Necesitamos mirar nuestra ciudad de manera prospectiva, de modo que los habitantes de Acapulco pensemos en el Acapulco que necesitamos y deseamos. De esa manera iremos construyendo la identidad de esta nuestra ciudad, como una tarea cultural, en armonía con la naturaleza, con el mar y nuestro entorno, en armonía territorial con calles y colonias ordenadas y en armonía social entre la población.
Si la identidad es una tarea cultural, podemos darle vuelo a la creatividad y a la imaginación para que todos los habitantes de Acapulco nos pongamos la camiseta de la ciudad, abandonando el individualismo y la fragmentación que padecemos desde tanto tiempo. Que pensemos Acapulco como nuestra ciudad y no vivamos ajenos a sus necesidades. Es cierto, necesitamos agua para todos, pero también necesitamos una identidad que nos facilite pensar y actuar por y para esta ciudad. Acapulco ha tenido cambios sustanciales, para bien y para mal, en los últimos cincuenta años, y ahora necesitamos cambiar nuestra mirada a partir de esos cambios.
Por eso creo que el Jardín del Puerto, como espacio público, puede servir para que pensemos Acapulco de manera diferente. Que en ese lugar nos reunamos los acapulqueños a mirar esta ciudad, con sus diferentes necesidades para buscar caminos que la ayuden a ser pensada y organizada para que juntos construyamos su identidad. En muchas colonias de Acapulco no hay parques en los que la gente salga a caminar, a convivir, a hacer deporte y a practicar el arte en cualquiera de sus formas. Es una gran necesidad reconstruir el tejido social en esta ciudad para que podamos escucharnos y caminar juntos en la solución de las necesidades de cada espacio de la ciudad. El Jardín del Puerto puede convertirse en un símbolo que le dé identidad a esta ciudad, que transforme nuestra cultura y nuestra manera de vivir. Si los cambios y transformaciones políticas, económicas y sociales de esta ciudad no van acompañadas de una transformación cultural, de nada sirven.
Para que esto suceda, es necesaria la participación de la población. En el pasado se han restaurado algunos parques sin la participación de la gente y de poco ha servido. Para que se reconstruya el tejido social en las colonias de esta ciudad se necesita la participación de la gente. Si nuestras autoridades no escuchan a la gente, o simulan escucharla, como hasta ahora está sucediendo con el Jardín del Puerto, nos llenaremos de inconformidades y conflictos que no podremos resolver.
Lo mismo está pasando con la reconstrucción de Acapulco después de los huracanes Otis y John: las autoridades no nos han escuchado para ejecutar la inversión de recursos económicos y humanos que se necesitan para dicha reconstrucción. Hacen lo que ellos deciden sin reconocer las necesidades –que parecen invisibles a sus ojos– de esta ciudad. De esa manera, más que reconstruir esta ciudad, están haciendo una rehabilitación de espacios públicos. Eso no es reconstruir, es solo rehabilitar.
El tema de la cultura es imprescindible para esta ciudad. Con el arte y los diferentes saberes de la población podemos transformar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros gestos y nuestros lenguajes para que miremos nuestra ciudad de una manera diferente, no solo como un conglomerado, sino como una comunidad a la que cuidamos, servimos y ayudamos todos juntos. Desde luego, no es suficiente que el Jardín del Puerto sea jardín. Tenemos que pensar un proyecto para ese espacio público que facilite la reconstrucción de la ciudad, pensada como pueblo o comunidad.
¿Qué necesitamos hacer en ese espacio público para mirar las demás necesidades de la población? Pensemos en las necesidades de la seguridad humana, de la paz con justicia, de la transparencia, de los servicios públicos. Si el Jardín del Puerto se convierte en un símbolo de la ciudad, podemos imaginar cuantos “jardines del puerto” o parques se pueden construir en las colonias para que imaginemos y reconstruyamos Acapulco con una cultura de paz, sin las violencias que hasta hoy padecemos. Necesitamos una ciudad más humanizada. Sin humanidad, el turismo que aún llega a esta ciudad, se nos va a ir pronto.
En conclusión, el Jardín del Puerto que Acapulco está necesitando debiera ser un espacio público y no privatizado con negocios; un espacio verde, que siga siendo jardín, lleno de árboles y flores; un espacio para el arte, con conciertos de música, exposiciones de expresiones artísticas; un espacio en el que los acapulqueños y visitantes nos encontremos; un espacio que sea símbolo de la ciudad; un espacio en el que construyamos nuestra identidad como ciudad, respondiendo a las muchas necesidades que tiene Acapulco, como la necesidad de justicia, de transparencia, de solidaridad y, sobre todo, de paz.

El mes pasado, el gobierno de México presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, como parte de una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de prevenir y combatir este delito que afecta a la población. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señaló que el Gabinete de Seguridad trabajará en coordinación con autoridades estatales, con atención prioritaria en las ocho entidades que concentran el 66? por ciento de las extorsiones: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Cdmx, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán. Este es un buen comienzo para reducir este delito, pero no es suficiente. Es necesario que esta estrategia vaya aparejada de otras acciones más con el fin de reducir, paulatinamente este delito y otros más.
El delito de la extorsión va desangrando paulatinamente la economía de las familias, de las comunidades, de los pueblos de Guerrero y hasta de los presupuestos de gobiernos municipales, sobre todo en los territorios en los que la delincuencia organizada ha impuesto sus condiciones económicas a la población. El delito comienza casi siempre a partir de una amenaza, con el fin de someter a las personas o familias al miedo y, aún, al terror. A partir de la amenaza, el delito lleva por un camino de exigencia para arrebatar cuotas de dinero o bienes patrimoniales a las víctimas.
El clima de miedo que la delincuencia organizada genera en la población, la lleva al extremo para que este delito tenga efectos productivos. Este clima está promovido por medio de las amenazas, como el aumento de cuotas, la destrucción de los negocios o las amenazas de muerte. En municipios de la Terra Caliente de Guerrero, la economía está bajo el control de organizaciones criminales, cuando ellos deciden los precios, a quién se vende y a quién se compra.
Fue de tan alto el impacto que tuvo trascendencia nacional el caso de la maestra Irma Hernández, quien tras su jubilación se dedicaba a conducir un taxi en el municipio de Álamo Temapache en el estado de Veracruz, que fue privada de su libertad el 18 de julio de 2025. Su cuerpo fue localizado sin vida seis días después, el 24 de julio, en una zona rural entre los límites de Álamo y el municipio de Cerro Azul, según confirmaron fuentes oficiales. Este caso trascendió en prensa, radio, TV y redes sociales provocando grande indignación en la población.
Pero también tenemos el caso del gran extorsionador, un extorsionador global, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos que, con la divisa de buscar la grandeza de la Unión Americana, (“Make America Great Again”), con sus múltiples amenazas a México y Canadá, y a decenas más, incluida la Unión Europea, con la aplicación de aranceles a las exportaciones a su país. Trump está luciendo el gran poder que tiene en sus manos, internamente y en el ámbito internacional. Y dicho poder lo desarrolla de manera arbitraria. Ese poder le abre el camino para vivir amenazando y para extorsionar donde quiere. Hasta ahora se mantiene en la legalidad según las leyes de su país. Ha roto con el multilateralismo buscando fortalecer la economía de Estados Unidos, provocando el enojo de actores nacionales e internacionales, que buscan otros caminos. Es de prever que este embate inmoral de Trump afectará a la economía de su país y, por lo mismo, de México.
En el caso de México, la estrategia contra la extorsión es un pequeño paso que debiera ser acompañado por otras acciones en los sectores educativo y de salud para sanar el miedo, el enojo y el rencor que está contenido en muchos pueblos por los desmanes de la delincuencia organizada, no solo por las extorsiones, sino por otros delitos como desapariciones, homicidios dolosos, desplazamiento forzado.
Y sigo pensando que la estrategia del gobierno federal tiene que ser integral, en la que todas las secretarías de Estado se alineen para atender el desastre que ha dejado la delincuencia organizada y una actuación gubernamental insuficiente.