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Solicitará al gobierno que se amplíe la seguridad para Quetzalcoatlán, Zitlala, dice la Codehum

 

El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno informó que solicitará al gobierno del estado que responda a la solicitud de ampliación de medidas cautelares para los pobladores de Quetzalcoatlán, municipio de Zitlala.
Los habitantes nahuas de ese pueblo denunciaron el jueves que siguen las represalias del grupo armado de la comunidad de Tlaltempanapa que los amenazó con sacarlos junto a los policías que los resguardan. Al respecto el director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández denunció que las autoridades estatales no han dado respuesta a la petición de la Codehum para ampliar la seguridad.
Sin embargo Olivares Hernández también evidenció que la Codehum no informa al Centro Morelos de la respuesta de las autoridades, “simplemente nos envía copia de los oficios que le manda el secretario de Seguridad estatal y lo que hacen es, prácticamente, reenviar lo que nosotros solicitamos”.
Consultado vía telefónica, Navarrete Magdaleno dijo que la Codehum le ha dado seguimiento al caso a raíz del desplazamiento de los pobladores que estuvieron un tiempo en la cabecera municipal de Zitlala, y luego accedieron a regresar a su comunidad pero con resguardo policiaco, “a partir de que tienen ellos el temor fundado de una probabilidad de una nueva agresión, por nuestro conducto pidieron que el gobierno del estado ampliara las medidas cautelares con mayor seguridad”.
Aunque no precisó la fecha dijo que la Comisión hizo la solicitud correspondiente, no sólo sobre la seguridad sino también de otras necesidades de los pobladores como recibir atención médica y otras que implican que deben salir de la comunidad, “lo que están requiriendo es mayor presencia de la Policía Estatal, no tenemos aún una respuesta”.
Señaló que “seguramente” la Comisión dialogará con las autoridades “para establecer el mecanismo para definir el grado de riesgo y poder saber qué tipo de seguridad se tiene que implementar”.
Navarrete Magdaleno evadió el reclamo de Olivares Hernández y dijo que la Codehum tiene comunicación permanente con el director del Centro Morelos, “que ha tenido a bien acudir a la Comisión cuando tienen algún requerimiento por parte de la comunidad y le hemos estado dando seguimiento”.
Precisó que antes de ampliar las medidas cautelares se tiene que analizar el riesgo que corren los pobladores, y para ello se debe hacer un estudio completo de las condiciones en las que viven.
Añadió que en concreto la solicitud es que haya dos patrullas de manera permanente en Quetzalcoatlán, ya que sólo hay una que se releva cada determinados días.
Declaró que la Codehum no determina cómo se deben otorgar las medidas cautelares, las solicita y “el estado determina el modo o el número de elementos y de qué manera se deben presentar”.
Dijo que el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Jorge Zuriel de los Santos Barrila y el jefe del Departamento de Atención a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Juan Carlos Castañón Arcos son los que deben dar respuesta a la solicitud y ante la inconformidad de los pobladores les solicitará que hagan lo correspondiente.

 

Terminan el año vecinos de Quetzalcoatlán, Zitlala, sin servicios de salud ni educación y amenazados por criminales

Para los cerca de 40 vecinos de Quetzalcoatlán de las Palmas, municipio de Zitlala, todos indígenas y bajo amenaza del crimen organizado, terminar el año fue complicado, de los dos grupos de policías estatales de siete integrantes que los resguardaban sólo hay unos cinco agentes y el gobierno del estado no les garantiza los derechos a la salud y a la educación.
En 2016 los vecinos sufrieron el ataque de un grupo criminal ligado a Los Ardillos, conocido como Paz y Justicia que actúa donde masacraron a seis pobladores, ante la violencia tuvieron que salir del pueblo pero regresaron a sus casas sin tener las condiciones necesarias para vivir.
El 12 de julio de este año dos vecinos de esta comunidad fueron atacados a balazos por hombres armados cerca de las 4 de la tarde, a la salida de Zitlala, uno de ellos murió y el otro resultó herido, a pesar de que ambos contaban con medidas cautelares luego de la masacre del 6 de enero.
Así como estos dos habitantes junto con el resto que habita en Quetzalcoatlán luego de estar desplazados, regresaron con el argumento de que contarían con el reguardo de dos grupos de la Policía Estatal.
“Desgraciadamente para las víctimas… han  tenido una nula respuesta del gobierno, digo nula en el sentido de que no ha habido una atención de fondo a la problemática que genera el desplazamiento forzado, para empezar no hay, pese a que es un hecho que ocurre de grupos de la delincuencia organizada, no hay una investigación, no hay nada con el argumento de que la gente tiene que presentar una denuncia, pero bueno sabemos que el temor, el miedo de la gente lo impide”, expuso vía telefónica el director del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández.
Agregó que de nada sirve que exista la Ley 487 que es para atender y prevenir el desplazamiento interno, porque nunca se ha atendido de acuerdo a los estándares internacionales en la materia, tampoco hay protocolos de atención ni prevención, y la gente regresa a sus comunidades en condiciones de alta vulnerabilidad.
Abundó que los grupos de la delincuencia organizada siguen operando en la región, entonces eso les limita desarrollar actividades  como salir a trabajar, además de que hay necesidades como la educación y la salud, y no las pueden cubrir ante el temor de ser agredidos o atacados en cualquier lugar.
El director dijo que cuando se otorgan medidas cautelares es complejo, muy burocrático que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cumpla puntualmente, principalmente cuando tienen que ver con proporcionarles algún grupo o grupos de policías para que estén resguardando las comunidades.
Dijo que el año termina con los riesgos comunes de un caos que no ha sido atendido, “últimamente son cuatro o seis elementos (policiacos) que están ahí, el problema que se enfrenta es que cuando hacen el relevo los policías vienen hasta Zitlala o hasta Chilapa por el relevo, entonces ahí hay un lapso de tiempo en el que la comunidad queda sin resguardo, estamos hablando de alrededor de cuatro a seis horas”.
–¿Cómo estuvo el derecho a la salud este año en la comunidad?, se le preguntó.
–En ese tema nosotros tuvimos una reunión con el secretario de Salud, con el doctor Carlos de la Peña Pintos, precisamente para proponerle la organización de brigadas o campañas médicas que pudieran atender a desplazados como a víctimas indirectas de desaparición, pero finalmente nunca se ha podido concretar nada… entonces hasta ahorita no tienen ninguna atención garantizada.
–¿Si hay una emergencia a dónde se tienen que trasladar los vecinos?
–Regularmente hasta Zitlala o a Chilpancingo, aquí lo que nosotros tenemos que asegurar primero es la cita médica, y después gestionar el acompañamiento y el traslado de la policía y el Ayuntamiento.
Olivares Hernández abundó que regularmente el Ayuntamiento cubre el traslado y la policía da el acompañamiento,  y todo eso es un problema porque se tiene que pedir la intervención de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), de la Dirección de Seguimiento, Control y Evaluación de Derechos Humanos del gobierno del estado, de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, además tiene que mandarse un oficio al secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame o a la Secretaría de Seguridad Pública.
Dijo que se ha convertido en un problema burocrático, que a veces necesita de hasta 60 llamadas para poder concretar un acompañamiento.
Resaltó que este año se presentaron dos emergencias, una fue cuando una mujer estaba en trabajo de parto y se tuvo que actuar de emergencia, y el otro fue de Salomón y su esposa que sufren de cataratas y tienen casi total pérdida de vista, entonces se hizo todo el trámite de las que se tienen contabilizadas 48 llamadas telefónicas.
De la educación dijo que hay una maestra que está atendiendo a los niños, es una maestra multigrado pero gran parte de la población se fue a trabajar como jornalera y obviamente que los niños se fueron.
Actualmente hay alrededor de 40 personas en la comunidad cuando eran más de 100.
De la última reunión con el gobierno del estado dijo que fue a principios del año, “porque lo único que hemos estado trabajando es el tema de la salud, pero sólo ha sido pedir el acompañamiento, de buscar la atención médica ya sea en los hospitales u otra institución, pero así otras reuniones para tratar el tema no hemos tenido”.

El grupo criminal Los Ardillos sigue con el control de Tlaltempanapa, Zitlala, afirma Siempre Vivos

A dos semanas de que mandos del Ejército mexicano, el gobierno del estado y el municipal de Zitlala firmaron un acuerdo con vecinos de Tlaltempanapa para que militares y policías estatales se hicieran cargo de la seguridad en ese pueblo, mantienen el control de esa comunidad los civiles armados del grupo Paz y Justicia.
“Todo sigue igual, es el grupo de Los Ardillos el que mantiene el control del pueblo”, declaró vía telefónica el presidente del colectivo de familiares de desaparecidos de Chilapa, Siempre Vivos, José Díaz Navarro.
Luego de los enfrentamientos con piedras y palos ocurridos el 12 y el 14 de julio de militares y policías estatales contra pobladores, en los que hubo una veintena de lesionados de ambos lados, el 15 de julio las autoridades estatales y mandos del Ejército firmaron un acuerdo con las autoridades del pueblo y el dirigente del grupo Paz y Justicia.
En el acuerdo se estableció que se harían cargo de la seguridad del pueblo el Ejército y la Policía Estatal. Asimismo el presidente de la agrupación Tranquilino Palatzin Tranquero se comprometió a entregar a los responsables del ataque en el que fue asesinado un indígena de Quetzalcoatlán y otro resultó herido.
También se comprometió a entregar cinco armas largas que los habitantes de Tlaltempanapa habían quitado a los militares en un primer enfrentamiento.
El 15 de julio en una operación militares y policías estatales detuvieron a cuatro presuntos implicados en el ataque a los dos indígenas, también decomisaron unas 20 motocicletas y cinto vehículos, pero al día siguiente un grupo de unas 80 personas entre mujeres, niños y adultos mayores armados con piedras y palos acudieron al auditorio de la cabecera municipal en donde estaban los cuatro detenidos, las motos y los vehículos que habían sido decomisados y los recuperaron.
A dos semanas del primer enfrentamiento la tensión en ese pueblo sigue latente y el Ejército y la Policía siguen sin asumir la seguridad, mientras que el control del pueblo sigue bajo el grupo armado vinculado con Los Ardillos, aseguró el presidente de Siempre Vivos.
Agregó que incluso la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) suspendió una brigada de servicio social, a la que había invitado a representantes de los medios de comunicación el jueves de la semana pasada.
Dijo que de último momento se canceló la visita de los periodistas y al día siguiente se informó que la visita se había hecho, pero que no existe la certeza porque el Ejército sigue sin tener acceso al pueblo.

 

Los dos baleados en Zitlala tenían medidas cautelares y son desplazados de Quetzalcoatlán

 

El indígena nahua muerto y el otro hombre que resultó herido tras un ataque la tarde del miércoles en la salida de Zitlala son originarios de Quetzalcoatlán de las Palmas y contaban con medidas cautelares, a raíz de la masacre del 6 de enero del 2016 contra vecinos de esa localidad en donde asesinaron a seis.
El señor Benigno Marabel Tlatempa y Salomón Lara Tlatempa (quien sobrevivió al ataque) fueron obligados por el gobierno a que junto con 25 familias de desplazados se regresaran de la cabecera municipal a Quetzalcoatlán con el argumento de que ya había garantías de seguridad por la presencia de dos grupos de la Policía Estatal, que después se redujo a uno con sólo seis agentes.
Benigno y Salomón fueron atacados a balazos por hombres armados aproximadamente a las 4 de la tarde a la salida rumbo a La Esperanza, por donde darían vuelta para evitar pasar por Tlaltempanapa que está bajo el control del grupo armado Paz y Justicia que ha sido vinculado públicamente con el grupo criminal de Los Ardillos y a quienes los de Quetzalcoatlán responsabilizan del ataque del 6 de enero del 2016.
Los dos indígenas habían ido a la cabecera municipal a vender sus cintas de palma y a comprar víveres debido a que los gobiernos estatales y municipales incumplieron con la dotación mensual de despensas para evitar que salieran de su comunidad ante el riesgo de ser atacados.
El director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández responsabilizó este jueves al Ayuntamiento de Zitlala que preside el priista, Roberto Zapoteco Castro y al estatal que encabeza el gobernador, Héctor Astudillo Flores, del ataque a los dos indígenas que dejó a uno muerto y al otro herido. Contó que el herido está grave ya que tiene una bala alojada en la cabeza.
Denunció que los hombres fueron obligados por las autoridades estatales y municipales a regresar a su comunidad asegurándoles que ya no había riesgo.
Recordó que “algunos (de los desplazados) estuvieron sólo tres meses y otros pasaron de los tres meses en un albergue de Zitlala y cuando regresaron a su comunidad lo hicieron en condiciones de vulnerabilidad y alto riesgo”, en conferencia de prensa acompañado de los desplazados de la zona.
Informó que la Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos (Codehum) solicitó medidas cautelares y el gobierno del estado les mandó resguardo policiaco a su comunidad.
Reprochó que las autoridades estatales “con una prepotencia que es característica de esta administración, nunca les dio la atención debida, nunca atendió su derecho al agua, a la alimentación, a la educación, a la salud, mucho menos al empleo, motivo por el cual varias de las familias tuvieron que salirse como jornaleros a Sinaloa y sólo 11 se quedaron allí”.
Agregó que las familias fueron obligadas a salir a comprar a la cabecera municipal ya que el gobierno incumplió con darles los productos necesarios para subsistir, además tenían que ir al campo a buscar leña o a cortar palma para tejer sus cintas, con el riesgo que esto implica.
Dijo que las garantías de seguridad para estas familias son elementales por la elevada violencia en la zona. “Todos sabemos que en Chilapa y Zitlala ha habido más de 140 asesinados en lo que va del año”.
Demandó que el gobierno del estado cubra los gastos funerarios del indígena asesinado como su ataúd, el traslado de Zitlala a Quetzalcoatlán, el pago de impuestos o permisos para sepultarlo en el panteón que la familia decida, ya que dijo que las familias de ambos indígenas son de pobreza extrema.
Los indígenas de Quetzalcoatlán para viajar hacia Zitlala, Chilapa o Chilpancingo tienen que pasar por Tlaltempanapa donde los integrantes del grupo armado Paz y Justicia instalan retenes y son a quienes señalan de haber ido a atacarlos en 2016 y los han amenazado.

Piden vecinos de La Laguna, Coyuca de Catalán, que el gobierno reconozca a los desplazados

Una comisión de desplazados de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, y el director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández, se reunieron este jueves con el subsecretario de Asuntos Políticos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, David Sotelo Rosas, a quien plantearon sus demandas.
El director del Centro Morelos, informó que también solicitaron al subsecretario que el gobierno del estado, “se pronuncie y reconozca públicamente a las familias desplazadas como víctimas de desplazamiento”.
Explicó que es importante que el gobierno del estado dé ese reconocimiento, porque “hoy parece que existe una postura de mantener invisibilizado el problema de desplazamientos por la violencia que se vive en la entidad”.
Recordó que la Ley 487 reconoce que hay en Guerrero el problema de desplazados, pero que se requiere un pronunciamiento explícito del gobierno, porque la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) está tratando de incorporar el problema del desplazamiento para que las familias puedan acceder como víctimas a los apoyos que desde esa comisión se dan.
Asimismo, a nombre de los habitantes de Quetzalcoatlán, municipio de Zitlala, Olivares Hernández planteó un pliego petitorio de las 11 familias de esa localidad que tienen que ver con apoyos para su sobrevivencia y garantías de seguridad.
A la reunión de ayer acudirían dos representantes de esa localidad nahua, pero a última hora decidieron no viajar debido a que el gobierno del estado no les proporcionó las medidas cautelares que solicitaron ante el riesgo de ser atacados en el camino por sus vecinos de Tlaltempanapa, que los tienen amenazados y que ya irrumpieron el 6 de enero del año pasado, cuando mataron a seis vecinos.
Entrevistado al final de la reunión en la oficina del funcionario, el director del Centro Morelos, Olivares Hernández informó que plantearon las necesidades que tienen los distintos grupos de desplazados en el estado, “en primer lugar expusimos las necesidades de las familias de Quetzalcoatlán, la alta vulnerabilidad en que se encuentran y el inminente riesgo de que pudieran sufrir algún ataque del grupo que ya los agredió una vez”, dijo.
Explicó que le manifestaron al funcionario, principalmente, la falta de agua y víveres para su sobrevivencia.
En la reunión estuvieron los representantes de las familias desplazadas de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, una de ellas, Catalina Pérez Duque, quien encabeza a los refugiados en las comunidades de Tepango y La Unión, municipio de Ayutla.
Olivares Hernández informó que las familias reclamaron su derecho a la educación, vivienda, tierras para sembrar, empleos y proyectos, “planteamos de manera muy precisa las necesidades urgentes que tiene cada familia”, dijo.
Sin embargo, se quejó de que no hubo respuestas puntuales y precisas del funcionario, y que sólo se comprometió a gestionar ante las diferentes secretarías del gobierno estatal para que sean las dependencias correspondientes las que respondan en otra reunión interinstitucional que se programará después.
“Cada una de las demandas se van a tratar en las diferentes secretarías y finalmente terminaremos recibiendo respuesta en una reunión interinstitucional, donde estarán presentes cada una de las dependencias”, dijo Olivares.
Aclaró que no se definió una fecha para esta reunión porque todo dependerá de la agilidad con que contacte a los funcionarios la subsecretaría de Asuntos Políticos, “ojalá no pase de unos 15 días, para que podamos reunirnos nuevamente”, declaró.

La inseguridad es una situación generalizada, opina alcalde de Zitlala sobre la violencia

El alcalde priista de Zitlala, Roberto Zapoteco Castro señaló que a pesar de los hechos de violencia registrados en ese municipio los trabajadores del Ayuntamiento tratan de “hacer lo más normal su día para seguir trabajando”.
“Es una situación que sí nos dificulta pero a pesar de esto estamos trabajando de manera coordinada con el estado y la federación para realizar las actividades diarias”, declaró.
Se le recordó al alcalde que durante su administración han asesinado a dos funcionarios, así como la situación que se mantiene en la comunidad de Quetzalcoatlán –donde civiles armados del ahora autonombrado grupo Paz y Justicia asesinaron a seis hombres el 6 de enero del 2016– a lo que respondió que es una situación generalizada en el estado de Guerrero.
Durante la administración del actual alcalde priista han sido asesinados dos trabajadores del Ayuntamiento, el primero fue el director de Tránsito, Filiberto Corraltitlán Yectli, quien fue ejecutado el pasado 21 de diciembre del 2015 cuando viajaba a Mártir de Cuilapa.
El segundo fue el jefe de Personal del Ayuntamiento, Antonio Godinillo Yectli, quien fue asesinado a balazos este domingo en el municipio vecino de Chilapa.
Consultado vía telefónica, el alcalde priista señaló que en su Ayuntamiento “a pesar de estas condiciones” se sigue trabajando para que el resto de los habitantes del municipio cuenten con “mejores condiciones para desarrollar sus actividades”.
A pregunta expresa sobre el motivo del ataque a este segundo funcionario de su administración, respondió que la Fiscalía General del Estado (FGE) es la que está llevando la investigación entorno al hecho y que hasta el momento no sabe cual fue el motivo.
“Nosotros no tenemos más información, sólo que todavía se lo llevaron con vida al hospital pero no sobrevivió”, agregó.
Zapoteco Castro dijo que raíz de este hecho sostuvo comunicación con el gobernador Héctor Astudillo Flores a quien le solicitó su respaldo con más policías para que hoy se hiciera el martes de carnaval en su municipio, como parte de las actividades socioculturales.
Indicó que durante este lunes además de hablar con el gobernador también se comunicó con el secretario de Seguridad Pública del estado, Pedro Almazán Cervantes, para pedirle su respaldo para aumentar la seguridad y hacer el carnaval.
“Nosotros hicimos el requerimiento para que mañana (hoy) nos hagan el refuerzo, tenemos la presencia de la Policía Federal (PF) y del Ejército, pero queremos al presencia del estado para tener mejor condiciones y realizar la actividad a partir de las 2 de la tarde”, comentó.
Durante este domingo fue asesinado un joven de 19 años en la plaza principal de Zitlala alrededor de las 4:30 de la tarde, sin embargo vecinos señalaron que el hecho ocurrió a las 2:35 de la tarde sobre la calle Zaragoza.

Nadie atiende a las familias sobrevivientes de Quetzalcoatlán, Zitlala, responde Centro Morelos

 
El Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa (Centro Morelos) emitió este domingo una alerta a las autoridades federales, estatales y municipales ante el riesgo en que se encuentran 11 familias de Quetzacoatlán de las Palmas, municipio de Zitlala, por la denuncia que hicieron ante los medios de comunicación el jueves pasado de las condiciones en que viven y por la insensibilidad de las autoridades que no las han apoyado.
El organismo no gubernamemtal criticó la respuesta que dio el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, quien declaró el viernes que el caso de las familias de esa comunidad está siendo atendido por el gobierno federal en coordinación con el colectivo de Los Otros Desaparecidos de Iguala.
El Centro Morelos le replicó al funcionario que el caso no está siendo atendido por ninguna autoridad y menos hay coordinación con el colectivo Los Otros Desaparecidos. Reprochó que es el Centro Morelos quien le ha solicitado varias veces audiencia para gestionar apoyo para las familias pero que no ha tenido respuesta.
Ante el deslinde que han hecho autoridades de los tres órdenes de gobierno, el Centro Morelos alertó que las familias podrían ser víctimas de un nuevo ataque por parte del grupo armado que los atacó el 6 de enero del 2016 con resultado de seis asesinados, cuatro de ellos a balazos y dos degollados.
El organismo recordó que el gobierno estatal, municipal y la misma Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos (Codehum) elaboraron una minuta en la que se deslindaron de cualquier responsabilidad que tenga que ver con los pobladores de Quetzalcoatlán.
“Ante la omisión y falta de voluntad del gobierno del estado para garantizar el derecho a la vida y el acceso a la justicia, el Centro Morelos manifiesta su preocupación, y alertamos y hacemos responsable al gobierno del estado y federal sobre las represalias que pueden sufrir en la comunidad”, se lee en la alerta enviada este domingo.
El Centro Morelos sostiene que el riesgo en que viven las 11 familias de Quetzalcoatlán es real ahora por haber denunciado las condiciones en las que viven desde su desplazamiento hacia Zitlala debido a la violencia que vivieron y luego su retorno a la misma comunidad tras ser engañados por las autoridades estatales y municipales de que serían apoyados y protegidos, ofrecimiento que incumplieron.
La grave situación en que viven es a raíz de la incursión armada que hizo un grupo que ahora se hace llamar Paz y Justicia que tiene bajo su control la comunidad vecina de Tlaltempanapa por donde tienen que pasar los de Quetzalcoatlán para viajar a la cabecera municipal, informó el Centro Morelos.
Ese día dicho grupo armado asesinó a Julián y Andrés Lara Tlatempa, a Gerardo Lara Zapoteco, Reynaldo Marabel Lara (de apenas 15 años), a Salvador Flores Tlatempa y a Federico Tejeda Marabel.
Posterior a esos hechos, las familias se desplazaron a la cabecera municipal donde se encontraron con varias irregularidades para acceder a la justicia. Agentes del gobierno municipal y el mismo Ministerio Público (MP) intervinieron para que no se hicieran las denuncias correspondientes.
Después de varios meses de permanecer como desplazados en Zitlala, el gobierno estatal, municipal y la misma Codehum elaboraron una minuta donde se deslindan de cualquier responsabilidad que tenga que ver con los pobladores de Quetzalcoatlán.
El Centro Morelos recordó que esos compromisos que fueron “sólo de palabra”, fue reparar el sistema de agua, seguirlos apoyando con despensas y proyectos productivos, así como visitarlos cada mes para estar pendientes de sus necesidades, lo cual no se cumplió.
“Ante la omisión y falta de voluntad del gobierno del estado para garantizar el derecho a la vida y el acceso a la justicia, el Centro Morelos manifiesta su preocupación ya que por los antecedentes y por el hecho de que los agresores se encuentran a unos cuantos kilómetros realizando retenes, coloca a los habitantes de Quetzalcoatlán en muy alta vulnerabilidad”, advirtió el organismo.
“Alertamos y hacemos responsable al gobierno del estado y federal sobre las represalias que pueden sufrir en la comunidad, donde actualmente quedan 11 familias de 42 custodiadas por cinco o seis elementos de la Policía Estatal que no son suficientes para enfrentar a algún grupo numeroso de hombres armados”, insistió el Centro Morelos.
Finalmente lamentó que el secretario de Gobierno “no tenga la más mínima idea de la problemática”, pues aclaró que los desplazados de Quetzalcoatlán no han tenido atención de ninguna autoridad ni federal ni estatal y que mucho menos hay coordinación con algún colectivo de familiares de desaparecidos como lo declaró el viernes
“También es necesario recordarle que este centro de derechos humanos en varias ocasiones le ha solicitado audiencia para tratar el problema del desplazamiento y su respuesta ha sido delegar la atención en la dirección de Seguimiento, Control y Evaluación de Derechos Humanos de esa secretaría”.

 

Sin agua, alimentos ni salud y con la amenaza de sicarios sobreviven los vecinos de Quetzalcoatlán

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Prácticamente secuestrados sobreviven 11 familias (54 habitantes) en la comunidad nahua de Quetzalcoatlán, municipio de Zitlala, en donde el 6 de enero del año pasado irrumpieron civiles armados de la comunidad de Tlaltempanapa que pertenecen al auto llamado grupo Paz y Justicia, vinculado con el grupo criminal Los Ardillos, y mataron a seis habitantes.
Las 11 familias de un total de 42 que vivían aquí carecen de servicios elementales como el agua potable, y no tienen la posibilidad de salir a surtirse de los productos y artículos de la canasta básica para alimentarse, por temor a ser asesinados o levantados en el camino por el grupo civil armado.
Además los familiares de las seis víctimas no han tenido justicia porque la síndica del Ayuntamiento de Zitlala, Rocío Guadalupe Salazar Chavelas les aconsejó que no presentaran la demanda penal, “porque si la presentan van a encabronar más a la gente (que los atacó) y van a ir a matarlos más rápido, entonces mejor que todo se quede así para que se calmen las cosas”, les pidió.
Las familias fueron obligadas a regresar de Zitlala, la cabecera municipal donde se encontraban, a esta comunidad en marzo del año pasado por los gobiernos estatal y municipal quienes incumplieron los compromisos que asumieron con ellas, y ahora sobreviven sin servicios, sin víveres suficientes y en medio del temor de ser nuevamente atacados.
Este jueves las familias denunciaron que fueron engañadas para que se regresaran a vivir nuevamente aquí, en donde están olvidados por las autoridades y en riesgo.
El 6 de enero de 2016 un grupo de entre 20 y 30 hombres armados irrumpieron a las 6 de la mañana en Quetzalcoatlán y mataron a seis personas. Murieron a tiros de rifles de asalto AR-15, AK-47 y pistola calibre 9 milímetros los hermanos Julián y Andrés Lara Tlatempa, Reynaldo Lara Marbel (de 15 años) y Federico Tlatempa Marbel. Otros dos, Gerardo Lara Zapoteco y Salvador Flores Tlatempa fueron degollados.
Tras esos hechos las 42 familias que hasta entonces vivían en este pueblo ubicado a una hora en vehículo al norte de Zitlala, abandonaron el lugar ese día y se refugiaron en la cabecera municipal. También trasladaron a los seis cuerpos para sepultarlos allí por el temor de que los civiles armados regresaran a matar al resto de los habitantes durante el sepelio.
Pero las familias desplazadas regresaron a Quetzalcoatlán el 12 de marzo, después de que los gobiernos estatal y municipal asumieron varios compromisos con ellos.
El gobierno estatal mediante la Dirección General de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Derechos Humanos entregó 8 mil pesos a cada una de las familias para que aceptaran regresarse a su comunidad, a pesar de los riesgos que implicaba para ellas.
A cambio obligó a las familias a firmar un acta en la que se establece que la cantidad “servirá para cubrir algunas de las necesidades, para quienes de manera voluntaria deciden retornar a su lugar de origen en Quetzalcoatlán de las Palmas, para continuar con sus actividades normales”.
Mientras tanto el Ayuntamiento que preside el priista Roberto Zapoteco Castro entregó a cada una de las familias 70 colchonetas, 70 cobertores y 48 despensas alimenticias.
También se acordó que el Ayuntamiento entregaría mensualmente despensas a las familias y una costalilla de maíz.
Les dotaría agua en pipas debido a que la comunidad carece de un sistema de distribución, porque su red se destruyó durante las lluvias de las tormentas Ingrid y Manuel en septiembre de 2013.
Sin embargo a casi un año, los gobiernos estatal y municipal incumplieron los acuerdos y ahora de las 42 familias sólo quedan 11. El resto han emigrado por las malas condiciones en que viven, mientras que las que se quedaron lo hicieron obligadas porque no tienen a dónde ir, ni los recursos para hacerlo.
Uno de los vecinos, Román Lara Cuevas, denunció que quienes se quedaron a vivir aquí, además del temor constante de que regresen los civiles armados que irrumpieron el 6 de enero del año pasado, sufren la escases de agua y de alimentos y reprochó que las autoridades se hayan olvidado de sus compromisos.
Las 11 familias tienen que captar el agua de lluvia en canalejas de los techos de sus casas, la mayoría de asbesto, galvanizada o de cartón para almacenarla en depósitos de cemento con capacidad de 5 mil litros y puedan utilizarla toda la temporada de secas.
Hasta antes del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel contaban con una red de agua pero se destruyó por las lluvias y tras la irrupción violenta de los hombres armados, el gobierno estatal se comprometió a construirles una red mediante sistema de gravedad y almacenar el agua en una olla que construyó a la orilla de la localidad.
El problema fue que los técnicos no incluyeron en el presupuesto la manguera por la que se debe canalizar el agua a una distancia de 5 kilómetros, y los vecinos siguen sin el servicio, a pesar de que la obra está terminada desde hace dos meses.
Este jueves la mayoría de las familias mostraron sus depósitos en los que almacenan la lluvia casi vacíos, y en medio de la angustia esperan que inicie la temporada de lluvias para poder almacenar el agua.
Lara Cuevas denunció que el Ayuntamiento incumplió con su promesa de que les surtiría el agua por medio de pipas. Dijo que los primeros meses llevaron agua pero solo para los policías estatales que vigilan la comunidad.

La temporada pasada no pudieron sembrar

El vecino Román Lara Cuevas informó que las familias también sufren desabasto de alimentos debido a que la temporada pasada no pudieron sembrar, porque regresaron fuera del tiempo para la preparación de las tierras, pero además porque temen salir al campo porque pueden ser víctimas de la gente armada que llegó a atacar a la localidad.
Lara Cuevas, declaró que desde que regresaron en marzo del año pasado tampoco pueden viajar a Zitlala por temor a pasar por Tlaltempanapa, en donde los civiles armados que los atacaron tienen un retén.
Contó que algunas veces salen por el rumbo de Copalillo pero que por esa ruta no hay servicio de transporte, así que tienen que hacerlo caminando o esperar hasta que haya transporte, y que igual transitan con temor a ser atacados en el camino.
Los habitantes sólo se surten de los productos que necesitan cuando pueden encargarlos con los policías que están a cargo del resguardo de la comunidad, o con algunos comerciantes que circunstancialmente llegan del lado de Copalillo.
Uno de los habitantes contó que los primeros meses aprovechaban el cambio de policías que están de guardia y se trasladaba en las patrullas a Zitlala, pero que cuando la gente de Tlaltempanapa se dio cuenta impidieron a los agentes que los llevaran y ahora sólo pueden encargarles los víveres que necesitan.
Dijo que también permanece cerrado el centro de salud y que carecen de medicamentos. Cuando alguien se enferma tienen que trasladarlo a pie hacia Tlalcozoltitlán y de allí a la cabecera municipal, Copalillo, a una hora y media o dos en vehículo.
Lara Cuevas informó que hasta antes de los hechos de violencia de enero del año pasado iba un médico cuando menos una vez a la semana, y el resto de los días dejaba a su auxiliar que era el que se encargaba de atenderlos en caso de emergencia, pero ahora por la violencia está abandonada la casa de salud.
Entre las 54 personas que integran las 11 familias hay 16 niños registrados en la escuela multigrado que atiende la maestra Elisa Solís Castellano, sin embargo informó que sólo asisten nueve debido al desplazamiento del resto de las familias.
Ella es originaria de Zitlala, pero por el conflicto tampoco puede tomar la ruta directa que pasa por Tlaltempanapa y tiene que dar vuelta hasta Copalillo y de allí se traslada hasta Tlatehualapa, una comunidad vecina, de donde paga un “servicio especial” de transporte de 250 pesos para llegar a Quetzalcoatlán. La maestra viaja cada ocho días.
Agregó que las autoridades educativas le han recomendado que no dé de baja a los niños registrados a pesar de que no asisten a clases, con la esperanza de que éstos regresen.
Sin embargo los pocos vecinos que quedan en esta comunidad contaron que de las 42 familias que vivían algunas se fueron a vivir a la cabecera municipal y otras se fueron de jornaleras a estados como Sinaloa y Sonora, y que por las condiciones en que se encuentran aquí es difícil que regresen.
Este jueves representantes del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) llevaron víveres, ropa y calzado a las 11 familias que quedan.
El director del organismo, Manuel Olivares Hernández se quejó de que ha hecho gestiones ante el gobierno del estado para que cumpla su promesa de apoyarlos, “pero no hay respuesta”, dijo.
“Pareciera que al gobierno no le interesa si ustedes viven o mueren, es más, preferiría que todos ustedes hubieran muerto, así no tendría un problema”, les dijo en una reunión.
El temor de los vecinos ante un nuevo ataque es justificable porque el gobierno estatal también incumplió con darles seguridad. Al principio envió a dos grupos con 12 elementos de la Policía Estatal, pero medio año después se retiró uno y sólo quedaron seis agentes.
Consideran que son muy pocos policías porque cuando los civiles armados que los atacaron se reúnen en Tlaltempanapa suman más de 200.

En 2016 hubo cinco secuestros múltiples en Tierra Caliente y toda una familia desaparecida en Zitlala

De enero a diciembre de 2016 en Guerrero ocurrieron cinco secuestros y una desaparición masivas, según un recuento de la información publicada en El Sur. La región donde ocurrieron más crímenes de este tipo fue Tierra Caliente.
La desaparición múltiple fue la de seis integrantes de una familia de la que no se sabe su paradero desde el 18 de octubre, cuando iban de Zitlala a la cabecera municipal de Chilapa.
El 7 de enero hombres armados irrumpieron a las 6 de la mañana en la comunidad de Quetzalcoatlán de Las Palmas del municipio de Zitlala, ahí ejecutaron a seis personas, entre ellas a un adolescente de 14 años y dejaron a tres heridos, según informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.
Ante la disputa del territorio entre los dos grupos de la delincuencia organizada Los Rojos y Los Ardillos han ocurrido hechos de violencia en los municipios de Chilapa y Zitlala, en la parte baja de la región de la Montaña.
Después de los hechos se informó que más de la tercera parte del pueblo se desplazó de su comunidad y se refugió en la cabecera municipal, en el recuento se mencionaron 74 personas entre autoridades comunitarias y 18 niños en edad escolar.
En marzo, a dos meses de que fueron desplazados por el ataque de hombres armados, 12 familias nahuas de Quetzalcoatlán regresaron voluntariamente a sus casas, informó entonces la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum).

Región Tierra Caliente

Sólo en la región Tierra Caliente ocurrieron cinco secuestros múltiples, entre las víctimas de la violencia están mineros, maestros y grupos de ciudadanos que transitaban en las calles.
El 10 de enero como se informó en este periódico, sicarios asesinaron a dos taxistas y a dos vecinos de Arcelia, entre ellos José Eutimio Tinoco, El Rey de la Tortilla, y secuestraron a 21 hombres, hirieron a otro e incendiaron dos taxis, cuando el numeroso grupo de familias completas se dirigía a una boda que se celebraba en la comunidad El Salitre, del mismo municipio de Arcelia, en la región Tierra Caliente.
Al día siguiente, el lunes 11 de enero unos 30 hombres con armas largas irrumpieron en las instalaciones de la secundaria técnica 114 de la comunidad de Santana del Águila, municipio de Ajuchitlán, y secuestraron a cinco maestros, entre ellos al director.
Al comenzar el viernes 15 de enero los 21 secuestrados en la boda fueron liberados por sus captores y encontrados por policías ministeriales cerca de la comunidad de La Gavia, que es el bastión del grupo criminal Los Tequileros del vecino municipio de San Miguel Totolapan. Hubo una amplia operación de búsqueda desplegada por soldados del Ejército y corporaciones federales y estatales.
Según reportes oficiales, a la 1 de la madrugada los policías ministeriales ubicaron a los 21 hombres en el cerro Las Antenas, cerca de la comunidad La Gavia, y los trasladaron a la agencia del Ministerio Público de Arcelia.
El mismo viernes en la tarde aparecieron en la comunidad de San Francisco, municipio de San Miguel Totolapan, cuatro de los cinco profesores secuestrados en su escuela en Santana del Águila, y se dijo que el director de la secundaria 114, Joaquín Real Toledo fue asesinado a golpes el primer día del secuestro debido a que no pudo caminar porque tenía complicaciones de su salud.
La versión oficial indicó que fueron liberados mediante una acción policiaca en la que no hubo disparos ni detenidos.
El 16 de enero el cuerpo del director fue hallado por militares cerca del cerro del Águila. El cuerpo fue ubicado a las 11 de la mañana, luego de una búsqueda de varias corporaciones. El Ejército siguió el rastro del primer reporte que recibieron de los testigos acerca de la ruta de escape que usaron los secuestradores. El lugar donde fue localizado el profesor se ubica a unos 2 kilómetros de la secundaria.
En septiembre ocho mineros fueron secuestrados en un camino de terracería cuando se dirigían a la mina en una camioneta de la empresa Beneficiadora de Materiales de Temixco, procedentes de la cabecera municipal, Arcelia.
Los mineros lograron escapar de su cautiverio, cuatro huyeron a través de un cerro y regresaron a sus casas, y cuatro cruzaron el río Balsas, uno murió al tratar de pasar.
Ese mes la contadora de la empresa Beneficiadora de Materiales de Temixco, su esposo y de su hijo fueron secuestrados cuando se dirigían a la mina, los criminales liberaron a la pareja y se quedaron con el adolescente de 16 años y un millón de pesos que llevaba la mujer para el pago de la nómina. Ese día hombres armados irrumpieron en las instalaciones de la mina y se llevaron a un ingeniero.
El 17 de septiembre fueron liberados el adolescente hijo de la contadora y el ingeniero. Familiares dijeron a El Sur que fueron dejados libres tras el pago de un rescate cuya cantidad no dieron a conocer.
Debido a la violencia, desapariciones y secuestros, los gobiernos federal y estatal anunciaron nuevas estrategias de seguridad.
En la región de Tierra Caliente se relanzó el “Operativo Tierra Caliente”. El 5 de diciembre de 2015 acudieron el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y el entonces comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos a Ciudad Altamirano.
La actividad fue después de que la dirigencia nacional del PRD denunció los intentos de extorsión de la delincuencia organizada contra el alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, quien fue ejecutado el 23 de julio de este año.
La estrategia en Tierra Caliente arrancó formalmente en diciembre de 2014, en el contexto de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, cuando ya era gobernador Rogelio Ortega Martínez, abarcaba 17 municipios de la zona Norte y de la Tierra Caliente. Para el relanzamiento con Astudillo se incrementó la presencia federal con 200 policías que después abandonaron la zona.
En noviembre cerca de 200 vecinos de la comunidad San Jerónimo el Grande, municipio de Ajuchitlán del Progreso, se levantaron en armas para crear su autodefensa ante el ingreso de hombres armados del grupo criminal Los Tequileros, debido a que el jueves 17 de noviembre hombres armados ingresaron a la comunidad a pie por dos rutas distintas, se llevaron una unidad del transporte público donde subieron a 10 personas, soltaron a tres y por las siete que faltaban pedían 4 millones de pesos.
El 29 de noviembre los otros cautivos fueron liberados. El vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia informó que a las 8 de la noche cerca del cerro de La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan, se encontraron a las personas que manifestaron que estaban en poder de la banda Los Tequileros.
En declaraciones telefónicas indicó que los hombres contaron que luego que fueron liberados caminaron por cañadas y cerros hasta que llegaron cerca de La Gavia, donde encontraron a policías ministeriales que los buscaban y que los trasladaron a sus casas.

Desaparecen seis integrantes de una familia en Zitlala

Desde el 18 de octubre una familia completa se encuentra desaparecida, se desplazaba de Zitlala a la cabecera municipal de Chilapa.
Las víctimas fueron identificadas como Florencia Capistrán Tecolapa de 80 años, Mario García Capistrán de 58, María Feliciano Diego de 48, Félix García Feliciano de 25, Santa García Feliciano de 23 y Marco Antonio García Feliciano de 18. Todos originarios del poblado nahua de Ixcatla, municipio de Zitlala.
En un comunicado el comité de familiares de personas desaparecidas Siempre Vivos de Chilapa explicó que el martes 18 de octubre las víctimas viajaban en una camioneta roja de la marca Nissan, tipo pick up, sobre el camino que conduce a Chilapa, pero nunca llegaron a su destino y el resto de sus familiares comenzó a buscarlos sin encontrarlos.
A 12 días de la desaparición de los seis integrantes de la familia García Feliciano en Zitlala, la Fiscalía General del Estado (FGE) comenzó de manera oficial las investigaciones del caso.
También participó personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) así como de la Codehum y personal del Ejército mexicano.
El presidente del colectivo Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro informó que la Policía Ministerial del Estado acudió a la comunidad de Tlalcozotitlán, municipio de Copalillo, para recabar las declaraciones de las personas que vieron a los integrantes de la familia desaparecida.
El 31 de octubre, policías, militares y el grupo Paz y Justicia de Tlaltempanapa señalado de vínculos con el grupo criminal Los Ardillos, buscaron a la familia desaparecida. El 2 de noviembre familiares de los seis desaparecidos informaron que continuarían la búsqueda con sus propios medios, debido a que no les permitieron participar con el colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos en la operación policiaca y militar que se integró para las investigaciones.
A dos meses de la desaparición de seis miembros de la familia García Feliciano de Ixcatla, Zitlala, la Fiscalía mantiene suspendidas las investigaciones y no ha informado los resultados de la búsqueda a los familiares ni al colectivo, informó su presidente José Díaz Navarro.

La seguridad está a cargo de la federación y sólo tiene 17 policías, dice el alcalde de Zitlala

El alcalde priista de Zitlala, Roberto Zapoteco Castro dijo que su municipio está tranquilo gracias al apoyo del gobierno del estado, pese a la desaparición del director de Obras Públicas municipal y la de un ex secretario general del Ayuntamiento.
Consultado al término del arranque de la Operación Chilapa, Zapoteco dijo que “hasta el momento se ha tranquilizado” el problema de inseguridad debido a la presencia de la Policía Estatal.
Recordó que su municipio tiene sólo 17 policías municipales de 36 que tenía, y que la seguridad ahora está a cargo de la Policía Federal (PF) y de la estatal.
De los funcionarios desaparecidos dijo que al secretario de Obras Públicas, Roberto Godínez Hernández no lo ha visto desde hace más de 20 días por lo que espera que las autoridades realicen las investigaciones pertinentes.
Agregó que sigue recibiendo apoyo del gobernador Héctor Astudillo Flores, y consideró que es necesario reforzar la seguridad en las 28 comunidades del municipio.
El 21 de enero se informó de la desaparición del ex secretario general del Ayuntamiento y dirigente de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), Santiago Tixteco Cosme, el 5 de enero.
Durante esta nueva consulta no dio más detalle sobre la situación de la investigación, ni si hay avances en los dos casos de los funcionarios desaparecidos.
Zapoteco Castro también informó que continúan los desplazados de Quetzalcoatlán de Las Palmas en la cabecera, por miedo a regresar a sus comunidades donde fueron seis habitantes de esa comunidad fueron asesinados en un ataque de un grupo del crimen organizado.
Antes de la consulta, la regidora del PRD, Beatriz Zapoteco Neri, esposa de Santiago Tixteco, se acercó al gobernador Héctor Astudillo Flores y al general Alejandro Saavedra Hernández, a quienes solicitó ayuda para localizarlo.