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Se queja el grupo Paz y Justicia en la Codehum contra policías estatales por amenazas a uno de sus integrantes

 


El grupo por la Paz y Justicia de la comunidad de Tlatempanapa, Zitlala, presentó una queja contra policías estatales en la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), por la detención y amenazas a uno de sus integrantes, informó el presidente de esa asociación civil, que está constituida ante notario público, presuntamente vinculada al grupo criminal Los Ardillos , Tranquilino Palatzin Tranquero.
Denunció el probable vínculo de integrantes de Fuerza Estatal con la delincuencia organizada, porque su compañero Fidel Cuchillo aseguró que en su traslado a Chilpancingo los policías le dijeron que si los militares no hubieran visto que lo llevaban detenido, lo habrían llevado con un grupo del crimen organizado, a modo de amenaza.
Chilapa y Zitlala, municipios ubicados en la entrada de la Montaña de Guerrero, siguen vigilados por policías estatales y soldados desde la incursión en Chilapa del grupo armado por la Paz y la Justicia, autodenominado policías comunitarios, el año pasado. En la zona hay una disputa del territorio entre dos grupos de narcotraficantes: Los Rojos y Los Ardillos.
De la violencia generada en esta disputa, Palatzin Tranquero señaló que la situación “sigue crítica” y “hay temor de los ciudadanos” en la cabecera municipal de Zitlala y en algunas localidades cercanas aún con la presencia de soldados y policías, incluso, advirtió que podría sería mayor sin militares, “imagínense cómo sería”.
Aseguró que en los pueblos donde opera la policía de esa organización ya no tienen problemas de inseguridad, y están difundiendo sus estatutos en comunidades aledañas para invitarlas a ser parte de su proyecto, además que ya se entrevistó con el coronel Aragón del Ejército para coordinarse y que haya respeto a la población organizada.
Deslindó al movimiento de las acusaciones de familias de Quetzalcoatlán de las Palmas, Zitlala, que responsabilizaron al grupo del ataque a balazos del 6 de enero de 2016, que tuvo un saldo de seis muertos, y que el lunes pasado ratificaron en una denuncia pública por la falta de garantías a las familias de los tres niveles de gobierno.
Afirmó que Quetzalcoatlán no participa en el movimiento por la seguridad, ni ellos han entrado a ese pueblo.
Ayer, el presidente de la organización llegó a la Codehum acompañado de unos 40 campesinos para denunciar la actuación de los policías estatales.
Mencionó que el viernes pasado hubo una asamblea en la comunidad que se extendió más de lo previsto, y enviaron a la cabecera municipal a Fidel Cuchillo a comprar alimentos, pero fue detenido en un filtro de seguridad en las inmediaciones de la cabecera municipal de Zitlala por la portación de arma de fuego.
Sus abogados revisaron su situación legal y después de cuatro días su compañero salió de prisión para seguir el proceso en libertad. Ayer denunciaron las amenazas al detenido durante su traslado a Chilpancingo.
Destacó que Tlaltempanapa tiene a más de 700 hombres armados, y ayer sólo acudió una comitiva para ver qué podían hacer, dado que personal de la Comisión estuvo con ellos en septiembre del año pasado, y ofreció asesoría.
El grupo por la Paz y Justicia también es señalado por el colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos, del secuestro de 30 vecinos de Chilapa ocurrido en mayo de 2015, durante una irrupción de civiles armados.

Nadie atiende a las familias sobrevivientes de Quetzalcoatlán, Zitlala, responde Centro Morelos

 
El Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa (Centro Morelos) emitió este domingo una alerta a las autoridades federales, estatales y municipales ante el riesgo en que se encuentran 11 familias de Quetzacoatlán de las Palmas, municipio de Zitlala, por la denuncia que hicieron ante los medios de comunicación el jueves pasado de las condiciones en que viven y por la insensibilidad de las autoridades que no las han apoyado.
El organismo no gubernamemtal criticó la respuesta que dio el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, quien declaró el viernes que el caso de las familias de esa comunidad está siendo atendido por el gobierno federal en coordinación con el colectivo de Los Otros Desaparecidos de Iguala.
El Centro Morelos le replicó al funcionario que el caso no está siendo atendido por ninguna autoridad y menos hay coordinación con el colectivo Los Otros Desaparecidos. Reprochó que es el Centro Morelos quien le ha solicitado varias veces audiencia para gestionar apoyo para las familias pero que no ha tenido respuesta.
Ante el deslinde que han hecho autoridades de los tres órdenes de gobierno, el Centro Morelos alertó que las familias podrían ser víctimas de un nuevo ataque por parte del grupo armado que los atacó el 6 de enero del 2016 con resultado de seis asesinados, cuatro de ellos a balazos y dos degollados.
El organismo recordó que el gobierno estatal, municipal y la misma Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos (Codehum) elaboraron una minuta en la que se deslindaron de cualquier responsabilidad que tenga que ver con los pobladores de Quetzalcoatlán.
“Ante la omisión y falta de voluntad del gobierno del estado para garantizar el derecho a la vida y el acceso a la justicia, el Centro Morelos manifiesta su preocupación, y alertamos y hacemos responsable al gobierno del estado y federal sobre las represalias que pueden sufrir en la comunidad”, se lee en la alerta enviada este domingo.
El Centro Morelos sostiene que el riesgo en que viven las 11 familias de Quetzalcoatlán es real ahora por haber denunciado las condiciones en las que viven desde su desplazamiento hacia Zitlala debido a la violencia que vivieron y luego su retorno a la misma comunidad tras ser engañados por las autoridades estatales y municipales de que serían apoyados y protegidos, ofrecimiento que incumplieron.
La grave situación en que viven es a raíz de la incursión armada que hizo un grupo que ahora se hace llamar Paz y Justicia que tiene bajo su control la comunidad vecina de Tlaltempanapa por donde tienen que pasar los de Quetzalcoatlán para viajar a la cabecera municipal, informó el Centro Morelos.
Ese día dicho grupo armado asesinó a Julián y Andrés Lara Tlatempa, a Gerardo Lara Zapoteco, Reynaldo Marabel Lara (de apenas 15 años), a Salvador Flores Tlatempa y a Federico Tejeda Marabel.
Posterior a esos hechos, las familias se desplazaron a la cabecera municipal donde se encontraron con varias irregularidades para acceder a la justicia. Agentes del gobierno municipal y el mismo Ministerio Público (MP) intervinieron para que no se hicieran las denuncias correspondientes.
Después de varios meses de permanecer como desplazados en Zitlala, el gobierno estatal, municipal y la misma Codehum elaboraron una minuta donde se deslindan de cualquier responsabilidad que tenga que ver con los pobladores de Quetzalcoatlán.
El Centro Morelos recordó que esos compromisos que fueron “sólo de palabra”, fue reparar el sistema de agua, seguirlos apoyando con despensas y proyectos productivos, así como visitarlos cada mes para estar pendientes de sus necesidades, lo cual no se cumplió.
“Ante la omisión y falta de voluntad del gobierno del estado para garantizar el derecho a la vida y el acceso a la justicia, el Centro Morelos manifiesta su preocupación ya que por los antecedentes y por el hecho de que los agresores se encuentran a unos cuantos kilómetros realizando retenes, coloca a los habitantes de Quetzalcoatlán en muy alta vulnerabilidad”, advirtió el organismo.
“Alertamos y hacemos responsable al gobierno del estado y federal sobre las represalias que pueden sufrir en la comunidad, donde actualmente quedan 11 familias de 42 custodiadas por cinco o seis elementos de la Policía Estatal que no son suficientes para enfrentar a algún grupo numeroso de hombres armados”, insistió el Centro Morelos.
Finalmente lamentó que el secretario de Gobierno “no tenga la más mínima idea de la problemática”, pues aclaró que los desplazados de Quetzalcoatlán no han tenido atención de ninguna autoridad ni federal ni estatal y que mucho menos hay coordinación con algún colectivo de familiares de desaparecidos como lo declaró el viernes
“También es necesario recordarle que este centro de derechos humanos en varias ocasiones le ha solicitado audiencia para tratar el problema del desplazamiento y su respuesta ha sido delegar la atención en la dirección de Seguimiento, Control y Evaluación de Derechos Humanos de esa secretaría”.

 

Sin agua, alimentos ni salud y con la amenaza de sicarios sobreviven los vecinos de Quetzalcoatlán

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Prácticamente secuestrados sobreviven 11 familias (54 habitantes) en la comunidad nahua de Quetzalcoatlán, municipio de Zitlala, en donde el 6 de enero del año pasado irrumpieron civiles armados de la comunidad de Tlaltempanapa que pertenecen al auto llamado grupo Paz y Justicia, vinculado con el grupo criminal Los Ardillos, y mataron a seis habitantes.
Las 11 familias de un total de 42 que vivían aquí carecen de servicios elementales como el agua potable, y no tienen la posibilidad de salir a surtirse de los productos y artículos de la canasta básica para alimentarse, por temor a ser asesinados o levantados en el camino por el grupo civil armado.
Además los familiares de las seis víctimas no han tenido justicia porque la síndica del Ayuntamiento de Zitlala, Rocío Guadalupe Salazar Chavelas les aconsejó que no presentaran la demanda penal, “porque si la presentan van a encabronar más a la gente (que los atacó) y van a ir a matarlos más rápido, entonces mejor que todo se quede así para que se calmen las cosas”, les pidió.
Las familias fueron obligadas a regresar de Zitlala, la cabecera municipal donde se encontraban, a esta comunidad en marzo del año pasado por los gobiernos estatal y municipal quienes incumplieron los compromisos que asumieron con ellas, y ahora sobreviven sin servicios, sin víveres suficientes y en medio del temor de ser nuevamente atacados.
Este jueves las familias denunciaron que fueron engañadas para que se regresaran a vivir nuevamente aquí, en donde están olvidados por las autoridades y en riesgo.
El 6 de enero de 2016 un grupo de entre 20 y 30 hombres armados irrumpieron a las 6 de la mañana en Quetzalcoatlán y mataron a seis personas. Murieron a tiros de rifles de asalto AR-15, AK-47 y pistola calibre 9 milímetros los hermanos Julián y Andrés Lara Tlatempa, Reynaldo Lara Marbel (de 15 años) y Federico Tlatempa Marbel. Otros dos, Gerardo Lara Zapoteco y Salvador Flores Tlatempa fueron degollados.
Tras esos hechos las 42 familias que hasta entonces vivían en este pueblo ubicado a una hora en vehículo al norte de Zitlala, abandonaron el lugar ese día y se refugiaron en la cabecera municipal. También trasladaron a los seis cuerpos para sepultarlos allí por el temor de que los civiles armados regresaran a matar al resto de los habitantes durante el sepelio.
Pero las familias desplazadas regresaron a Quetzalcoatlán el 12 de marzo, después de que los gobiernos estatal y municipal asumieron varios compromisos con ellos.
El gobierno estatal mediante la Dirección General de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Derechos Humanos entregó 8 mil pesos a cada una de las familias para que aceptaran regresarse a su comunidad, a pesar de los riesgos que implicaba para ellas.
A cambio obligó a las familias a firmar un acta en la que se establece que la cantidad “servirá para cubrir algunas de las necesidades, para quienes de manera voluntaria deciden retornar a su lugar de origen en Quetzalcoatlán de las Palmas, para continuar con sus actividades normales”.
Mientras tanto el Ayuntamiento que preside el priista Roberto Zapoteco Castro entregó a cada una de las familias 70 colchonetas, 70 cobertores y 48 despensas alimenticias.
También se acordó que el Ayuntamiento entregaría mensualmente despensas a las familias y una costalilla de maíz.
Les dotaría agua en pipas debido a que la comunidad carece de un sistema de distribución, porque su red se destruyó durante las lluvias de las tormentas Ingrid y Manuel en septiembre de 2013.
Sin embargo a casi un año, los gobiernos estatal y municipal incumplieron los acuerdos y ahora de las 42 familias sólo quedan 11. El resto han emigrado por las malas condiciones en que viven, mientras que las que se quedaron lo hicieron obligadas porque no tienen a dónde ir, ni los recursos para hacerlo.
Uno de los vecinos, Román Lara Cuevas, denunció que quienes se quedaron a vivir aquí, además del temor constante de que regresen los civiles armados que irrumpieron el 6 de enero del año pasado, sufren la escases de agua y de alimentos y reprochó que las autoridades se hayan olvidado de sus compromisos.
Las 11 familias tienen que captar el agua de lluvia en canalejas de los techos de sus casas, la mayoría de asbesto, galvanizada o de cartón para almacenarla en depósitos de cemento con capacidad de 5 mil litros y puedan utilizarla toda la temporada de secas.
Hasta antes del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel contaban con una red de agua pero se destruyó por las lluvias y tras la irrupción violenta de los hombres armados, el gobierno estatal se comprometió a construirles una red mediante sistema de gravedad y almacenar el agua en una olla que construyó a la orilla de la localidad.
El problema fue que los técnicos no incluyeron en el presupuesto la manguera por la que se debe canalizar el agua a una distancia de 5 kilómetros, y los vecinos siguen sin el servicio, a pesar de que la obra está terminada desde hace dos meses.
Este jueves la mayoría de las familias mostraron sus depósitos en los que almacenan la lluvia casi vacíos, y en medio de la angustia esperan que inicie la temporada de lluvias para poder almacenar el agua.
Lara Cuevas denunció que el Ayuntamiento incumplió con su promesa de que les surtiría el agua por medio de pipas. Dijo que los primeros meses llevaron agua pero solo para los policías estatales que vigilan la comunidad.

La temporada pasada no pudieron sembrar

El vecino Román Lara Cuevas informó que las familias también sufren desabasto de alimentos debido a que la temporada pasada no pudieron sembrar, porque regresaron fuera del tiempo para la preparación de las tierras, pero además porque temen salir al campo porque pueden ser víctimas de la gente armada que llegó a atacar a la localidad.
Lara Cuevas, declaró que desde que regresaron en marzo del año pasado tampoco pueden viajar a Zitlala por temor a pasar por Tlaltempanapa, en donde los civiles armados que los atacaron tienen un retén.
Contó que algunas veces salen por el rumbo de Copalillo pero que por esa ruta no hay servicio de transporte, así que tienen que hacerlo caminando o esperar hasta que haya transporte, y que igual transitan con temor a ser atacados en el camino.
Los habitantes sólo se surten de los productos que necesitan cuando pueden encargarlos con los policías que están a cargo del resguardo de la comunidad, o con algunos comerciantes que circunstancialmente llegan del lado de Copalillo.
Uno de los habitantes contó que los primeros meses aprovechaban el cambio de policías que están de guardia y se trasladaba en las patrullas a Zitlala, pero que cuando la gente de Tlaltempanapa se dio cuenta impidieron a los agentes que los llevaran y ahora sólo pueden encargarles los víveres que necesitan.
Dijo que también permanece cerrado el centro de salud y que carecen de medicamentos. Cuando alguien se enferma tienen que trasladarlo a pie hacia Tlalcozoltitlán y de allí a la cabecera municipal, Copalillo, a una hora y media o dos en vehículo.
Lara Cuevas informó que hasta antes de los hechos de violencia de enero del año pasado iba un médico cuando menos una vez a la semana, y el resto de los días dejaba a su auxiliar que era el que se encargaba de atenderlos en caso de emergencia, pero ahora por la violencia está abandonada la casa de salud.
Entre las 54 personas que integran las 11 familias hay 16 niños registrados en la escuela multigrado que atiende la maestra Elisa Solís Castellano, sin embargo informó que sólo asisten nueve debido al desplazamiento del resto de las familias.
Ella es originaria de Zitlala, pero por el conflicto tampoco puede tomar la ruta directa que pasa por Tlaltempanapa y tiene que dar vuelta hasta Copalillo y de allí se traslada hasta Tlatehualapa, una comunidad vecina, de donde paga un “servicio especial” de transporte de 250 pesos para llegar a Quetzalcoatlán. La maestra viaja cada ocho días.
Agregó que las autoridades educativas le han recomendado que no dé de baja a los niños registrados a pesar de que no asisten a clases, con la esperanza de que éstos regresen.
Sin embargo los pocos vecinos que quedan en esta comunidad contaron que de las 42 familias que vivían algunas se fueron a vivir a la cabecera municipal y otras se fueron de jornaleras a estados como Sinaloa y Sonora, y que por las condiciones en que se encuentran aquí es difícil que regresen.
Este jueves representantes del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) llevaron víveres, ropa y calzado a las 11 familias que quedan.
El director del organismo, Manuel Olivares Hernández se quejó de que ha hecho gestiones ante el gobierno del estado para que cumpla su promesa de apoyarlos, “pero no hay respuesta”, dijo.
“Pareciera que al gobierno no le interesa si ustedes viven o mueren, es más, preferiría que todos ustedes hubieran muerto, así no tendría un problema”, les dijo en una reunión.
El temor de los vecinos ante un nuevo ataque es justificable porque el gobierno estatal también incumplió con darles seguridad. Al principio envió a dos grupos con 12 elementos de la Policía Estatal, pero medio año después se retiró uno y sólo quedaron seis agentes.
Consideran que son muy pocos policías porque cuando los civiles armados que los atacaron se reúnen en Tlaltempanapa suman más de 200.

No hay rastros de la familia que desapareció hace un mes en Zitlala, informa Siempre Vivos de Chilapa

Este viernes 18 de noviembre se cumplió un mes de la desaparición de los seis integrantes de la familia García Feliciano originaria de Ixcatla, municipio de Zitlala, sin que haya rastros o indicios de su paradero.
Los desaparecidos son Mario García Capistrán, su esposa María Feliciano Diego, la madre del Marino García, Florencia Capistrán Tecolapa y los hijos de la pareja, Félix, Santa y Marco Antonio García Feliciano.
El presidente del colectivo de familiares desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro informó este viernes vía telefónica que a un mes de la desaparición, ni el gobierno del estado ni la Policía Ministerial han informado si hay avances en la investigación de los seis desaparecidos.
La Familia García Feliciano salió a las 6 de la mañana del 18 de octubre de Ixcatla. Media hora después pasó a Chilapa en donde dejó una muda de ropa a uno de los 9 hermanos de apellido García Feliciano que trabaja en esa cabecera municipal como chofer del servicio público.
Después, los García Feliciano fueron hacia Zitlala, de donde partieron hacia Tlalcozotitlán, municipio de Copalillo. A ese lugar acudieron a visitar a San Lucas, santo patrón del pueblo y en donde cada año se hace una feria en su honor.
A Tlalcozotiltlán habrían llegado entre 10 y 10 y media de la mañana. Allí los vieron vecinos del lugar y de la misma comunidad de Ixcatla. Algunos comentan que los vieron en la iglesia orando y otros ya cuando después del medio día comían en la casa de Maurilio Alvarado Agustín, quien resultó electo mayordomo para el próximo año.
Según el comisario de Tlalcozotitlán, Ismael Sánchez Agustín, existen versiones que los integrantes de la familia García Feliciano salieron de regreso a su pueblo Ixcatla a las 3 de la tarde.
La pareja, la mujer de la tercera edad y los tres hijos del matrimonio viajaron a Tlalcozotitlán a bordo de una camioneta picop Nissan roja con placas de circulación HD 91183, de Guerrero, la camioneta tampoco ha sido localizada.
En el trayecto de Zitlala a Tlalcozotitlán solamente hay dos pueblos por los que se pasa, Tlaltempanapa y Tlatehualapa y entre Zitlala y Tlaltempanapa existe un retén del Ejército.
El presidente del colectivo Siempre Vivos Díaz Navarro informó que en ese retén los soldados tienen el registro de que la picop Nissan roja pasó a las 6 de la mañana, pero ya no tienen el registro de su regreso.
Díaz Navarro informó que existen testimonios que confirman que la familia García Feliciano desapareció en el tramo de Tlatehualapa a Tlaltempanapa, en donde desde el 24 de octubre se centró la búsqueda de los agentes de la Policía Ministerial a cargo de la investigación, y, por separado, del colectivo de  Siempre Vivos, sin embargo no han encontrado indicios.
El pueblo de Tlaltempanapa está controlado por hombres armados del grupo Paz y Justicia, que se integró después de que comisarios de los pueblos de la parte sur de Chilapa irrumpieron del 9 al 14 de mayo del 2015 para exigir la presentación de varios desaparecidos, asimismo, demandaron entonces, seguridad para sus comunidades y la detención de los cabecillas de la banda criminal de Los Rojos.
A principios de este año los habitantes de Tlaltempanapa se integraron al grupo de comunidades que pertenecen a Paz y Justicia y desde entonces mantienen retenes en la entrada de su pueblo. La gente armada mantiene bloqueos con piedras y un reten con hombres armados a la salida rumbo a Tlalcozotitlán, pero en este pueblo no han proporcionado datos sobre si la familia pasó por ese lugar.
Díaz Navarro ha denunciado que los hombres armados que controlan este pueblo pertenecen al grupo criminal Los Ardillos y los ha señalado de ser responsables de la desaparición de la familia García Feliciano.
La gente del pueblo ha impedido en tres ocasiones que el presidente del colectivo Siempre Vivos entre a la localidad a hacer la búsqueda de los seis integrantes de la familia desaparecida.
En cambio los agentes ministeriales que participan en la investigación han hecho recorridos en dos ocasiones al interior del pueblo y en comunidades vecinas en busca de la familia pero no han encontrado indicios de que los desaparecidos se encuentren por el lugar.
Los ministeriales han sido acompañados por militares del Ejército por el temor a la agresividad de los hombres armados del pueblo. Al menos en una ocasión los mismos civiles armados que se hacen llamar “Comunitarios por la Paz y la Justicia”, han acompañado a los agentes ministeriales y al Ejército en la búsqueda.
Díaz Navarro contó ayer que es lamentable que los gobiernos federal y estatal no hayan dado el apoyo más decidido a la familia de los desaparecidos para poder encontrarlos y que se someta a un grupo delincuencial para no provocarlo por su presunta agresividad.

Buscan policías, militares y el grupo Paz y Justicia en Tlaltempanapa a la familia desaparecida

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Militares, policías ministeriales y estatales entraron este lunes a Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, en busca de los seis integrantes de la familia García Feliciano que desaparecieron el 18 de octubre cuando regresaban de Tlalcozotitlán, municipio de Copalillo, a Ixcatla, en Zitlala, de donde son originarios.
Tlaltempanapa es una comunidad nahua de unos mil habitantes ubicada a unos 20 minutos al norte de Zitlala, la cabecera municipal, que se encuentra bajo el resguardo de civiles armados del grupo autollamado Paz y Justicia, cuyos integrantes irrumpieron del 9 al 14 de mayo del 2015 a Chilapa, cuando según el colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos fueron levantados 16 vecinos en esa cabecera municipal, y a quienes relacionan con el grupo criminal Los Ardillos.
La búsqueda fue acompañada por el asesor de la Secretaría de Gobierno Jorge Miranda Huesca, el visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Hipólito Lugo Cortés, y el visitador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), Adelaido Memije.
El grupo de civiles armados que opera en esta comunidad puso como condición para permitir la búsqueda en el pueblo y alrededores, que no asistiera el presidente de la asociación de familiares de desaparecidos Siempre Vivos, José Díaz Navarro, quien aguardó en Zitlala hasta que terminó la búsqueda, sin resultados.
Marino García Capistrán y su esposa María Feliciano Diego, así como la madre del primero, Florencia Capistrán Tecolapa y los hermanos Félix, Santa y Marco Antonio García Feliciano, hijos de la pareja, desaparecieron el 18 de octubre cuando regresaban de Tlalcozotitlán a su pueblo Ixcatla.
Díaz Navarro ha insistido en que la familia fue levantada en una zona cercana a Tlaltempanapa, y que la deben de tener en un lugar cercano a esta localidad.
Debido a las acusaciones directas las autoridades locales del pueblo se opusieron a que Díaz Navarro formara parte de la búsqueda, en la que sólo participaron el grupo de la Policía Ministerial que se encarga de las investigaciones, la Policía Estatal así como los visitadores de la CNDH y de la Codehum. El equipo fue resguardado por soldados que se desplazaron en seis unidades.
El convoy entró a la comunidad aproximadamente a las 11 de la mañana cuando cientos de vecinos se encontraban concentrados en la cancha techada del centro.
Los responsables de la operación se reunieron en la Comisaría con una comisión de autoridades del pueblo encabezadas por el comisario municipal, Luciano Colotzin Tlalcomatlán y el comandante de la autollamada policía comunitaria, Felipe Dámaso.
El asesor de la Secretaría de Gobierno, Miranda Huesca explicó los motivos de la acción y dijo que era una búsqueda en todos los pueblos para localizar a los seis integrantes de la familia desaparecida.
El comandante del grupo civil armado del pueblo, un joven que siempre mantuvo su supremacía con relación al comisario, que era de mayor edad, dijo a los visitantes que también ellos “están preocupados por estas personas desaparecidas, porque los han ido a culpar a su propio pueblo de su desaparición cuando no es así”, dijo.
Agregó que aquí la policía que se encarga de la seguridad del pueblo, “estamos trabajando bien no para robar ni secuestrar a alguien” y agregó que se organizaron para integrar su propia policía para defenderse de los delincuentes “y porque eran los mismos militares y policías federales los que venían a molestarnos, por aquí en las orillas a cualquiera le daban su chinga”.
Felipe Dámaso ofreció la colaboración de la Policía Comunitaria del pueblo para buscar a los desaparecidos y con el comandante de la Policía Ministerial a cargo de las investigaciones, acordaron las rutas de búsqueda. Primero recorrieron el pueblo y posteriormente se trasladaron a la comunidad de Tezayuca, a unos 5 kilómetros al poniente de Tlatempanapa. Se trata de una localidad fantasma, de casas abandonadas, versiones policiacas señalan que fue un campamento de un grupo del crimen organizado por donde tenían salida a pie para llegar a La Esperanza, municipio de Mártir de Cuilapan.
Posteriormente anduvieron por la carretera que comunica con Tlalcozotitlán hasta el puente de Tlapehualapa, en donde hay un tramo de la carretera accidentado y acudieron para confirmar si la familia desaparecida no tuvo algún percance automovilístico en esa zona. Los miembros de la caravana caminaron por las márgenes de una barranca ante la posibilidad de que la camioneta donde viajaba la familia hubiera volcado.
Al finalizar sin éxito la jornada de búsqueda, el visitador de la CNDH, Hipólito Lugo Cortés declaró que para el organismo nacional es preocupante que se den casos como éste en donde hay toda una familia desaparecida, y agregó que la intervención de la Comisión Nacional obedece a la petición de los familiares y la asociación civil Siempre Vivos de Chilapa.
Dijo que se abriga la esperanza de que los seis integrantes de la familia estén con vida a pesar de que llevan dos semanas desaparecidos.
Agregó que ojalá las instituciones cumplan sus funciones de investigar y localizar a los seis.
Subrayó que existe una carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado (FGE) y una orden girada a la Policía Ministerial, “en este caso corresponde a ellos realizar las investigaciones de manera eficiente, oportuna e imparcial, pero sobre todo con resultados lo más pronto posible, tomando en cuenta que entre más tiempo pase se corre el riesgo de que se atente contra la vida y la integridad de estas personas”.
Mientras tanto el presidente de la asociación Siempre Vivos, Díaz Navarro se mostró insatisfecho porque no se le permitió entrar al pueblo y participar en le búsqueda para proponer los lugares y sitios a los que se debería de dar prioridad.
Insistió en que el grupo civil armado que opera en este pueblo debe saber dónde están los integrantes de la familia que desapareció en este punto de la carretera Tlalcozotitlán-Zitlala, esa tarde del 18 de octubre.
Denunció que cerca de la comunidad de Tlaltempanapa hay un cerro que se llama Tepechpan en donde hay rumores de la existencia de fosas clandestinas, y no descartó que allí se encuentren algunos de los 30 cuerpos de desaparecidos que tiene registrados esa asociación de enero a octubre de este año.
El activista advirtió que de su parte no va a cesar en la búsqueda ni dejar de acompañar a los familiares de los desaparecidos en todas las acciones para encontrar a las seis personas, “tienen que aparecer, no pueden desaparecer así nomás”.

Rechazan familiares de desaparecidos de Chilapa la información que dio Astudillo de tres nombres

El presidente de la asociación de familiares de desaparecidos de Chilapa Siempre Vivos, José Díaz Navarro declaró que le sorprendió que el gobernador Héctor Astudillo Flores haya informado que cuando menos tres de los desaparecidos que buscan están presos en penales de Veracruz y Morelos, y que haya hecho pública la información “sin antes tener la certeza de que son realmente los que nosotros estamos reportando como desaparecidos, y sin informarlo primero a los familiares antes que a los medios de comunicación”.
Añadió que “es lamentable que los familiares de los tres desaparecidos se enteraran a través de los medios de comunicación y no les hubieran informado primera y directamente a ellos, eso es darles una información engañosa porque de momento los hará sentir y creer que sus familiares están vivos cuando en la realidad, estoy casi seguro, que es una información falsa, por no estar confirmada”.
El sábado, en una gira del gobernador por Chilapa y Zitlala, su secretario particular, Marco César Armenta Adame leyó un texto en el que decía: “El gobierno del estado de Veracruz nos ha comunicado que los ciudadanos Roberto Santos Cruz y Cándido Díaz Sánchez se encuentran recluidos por los delitos de robo habitación, homicidio doloso y lesiones dolosas, respectivamente, en Ceresos (Centros de Readaptación Social) de aquella entidad”.
En el escrito también se dio a conocer que Celso García García está recluido en el estado de Morelos por el delito de homicidio doloso.
Consultado ayer vía telefónica, Díaz Navarro declaró que los tres nombres los tienen en su lista de desaparecidos, pero que seguramente los nombres que proporcionó el gobernador “son homónimos, no creo que entre 120 millones de habitantes no haya otras personas con los mismos nombres y apellidos”.
Añadió que no cree que sean los hombres que buscan porque su desaparición se dio en un contexto muy diferente, “nuestros desaparecidos se los llevaron hombres armados de Chilapa y sería muy raro que ahora aparezcan en Veracruz y Morelos”.
Añadió que, “yo no sé si es un distractor para que nosotros andemos como locos por allá buscándolos. No sé porqué no se cercioraron primero de que estas personas son las mismas que nosotros tenemos reportadas y que andamos buscando”.
Reclamó que el gobernador primero les hubiera llamado a los familiares de las víctimas para tener una plática y darles a conocer la información y corroborar primero con ellos si son sus familiares desaparecidos.
“Debió haber primero un acercamiento, pero desafortunadamente ya vimos que el gobernador no tiene voluntad de coordinarse con nosotros” declaró.
Díaz Navarro agregó que la información que dio a conocer a los medios de comunicación el secretario particular es muy escueta, y que para ampliarla debió platicar con los familiares de los desaparecidos a quienes debió brindarles las facilidades para ir a los penales y verificar si los de los nombres son en realidad sus familiares, y “no primero hacerlo público”.
Explicó que la información que tiene el gobierno del estado es muy escueta porque no tiene las edades y mucho menos fotografías de los detenidos, con lo que se comprobaría si son ellos.
El presidente de Siempre Vivos informó que Roberto Santos Cruz, Cándido Díaz Sánchez y Celso García García no desaparecieron durante la irrupción en Chilapa del 9 al 14 de mayo del 2015 por hombres armados encabezados por comisarios municipales (ahora autollamado grupo Paz y Justicia), sino antes, “desaparecieron hace año y medio o casi dos años”.
Según datos del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa, que documentó los casos de los desaparecidos, uno era Roberto Santos Cruz de 24 años e indígena nahua quien desapareció el 20 de diciembre del 2014. El caso fue denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR) en donde está abierta la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/UEBPD/M18/208/2015.
Otro es Cándido Díaz Sánchez, mestizo de 45 años, desapareció el 21 de noviembre del 2014 y su caso fue denunciado en la Fiscalía General del Estado (FGE) y en la PGR, en la primera instancia se integró la averiguación previa ALV/SC/02/0488/2014-AP, y la PGR abrió el expediente SDHPDSG/UEBPD/M18/203/2015.
Celso García García, mestizo de de 27 años, desapareció el 20 de abril del 2014 y la denuncia fue presentada en la FGE que integró el expediente ALV/SC/01/0165/2014.

El gobierno incumplió compromisos

José Díaz Navarro criticó que el gobierno del estado no ha tomado con seriedad el caso de los desaparecidos y denunció que con la organización Siempre Vivos pactó compromisos que no se han cumplido, uno de ellos era la integración de una comisión para la búsqueda de los desaparecidos, “cosa que quedó en promesa”.
Recordó que el ahora gobernador se comprometió con ellos para crear esa comisión cuando aún era gobernador electo, y después ya como gobernador en funciones el 16 de diciembre.
Aseguró que entonces les reiteró que se iba a integrar esa comisión y que hasta llegó a presentarles al fiscal que se iba a encargar de integrar dicha comisión, “pero desde entonces ya no hubo algún acercamiento con los familiares”.
Agregó que incluso el sábado, los familiares de los desaparecidos no fueron invitados a los actos del gobernador, a pesar de que éste ya venía preparado para dar a conocer a los medios de comunicación la información que dio mediante un comunicado. “Yo, como presidente de la asociación no fui invitado y tengo entendido que ninguno de nuestros compañeros”.
Explicó que los familiares que abordaron al gobernador llegaron porque se enteraron circunstancialmente que tendría una gira y quisieron pedirle ayuda para encontrar a sus desaparecidos, no porque sabían que daría alguna información, “nunca se nos avisó que traía información relacionada con nuestros familiares desaparecidos”.
Informó que después de que dio a conocer la información a los medios, aprovechó para decirles a los familiares que llegaron que el presidente municipal de Chilapa, Jesús Parra García, les daría más información, pero aseguró que el alcalde solamente les entregó el comunicado que se había leído a los medios de comunicación.
“Yo siento que no hay seriedad, creo que deberíamos ser los primeros en recibir la información de nuestros familiares desaparecidos. Somos las personas más interesadas en saber del paradero de nuestros familiares, pero no nos queremos enterar a través de la prensa, queremos que nos tome en cuenta el gobierno del estado”, finalizó.