Familiares de personas desaparecidas en Chilpancingo confrontaron al presidente del Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV), Julio Hernández Barros, porque los hizo esperar una hora y media para atenderlos e incumplió los acuerdos que pactaron.
Demandaron acciones, no promesas y señalaron las deficiencias de la delegación federal que se encuentra en Acapulco.
El funcionario quiso defender su posición en varios ocasiones, pero durante la interpelación los familiares se dijeron revictimizados y Hernández Barros se vio obligado a guardar silencio.
El funcionario se encontraría a la 1 de la tarde con unas 200 personas de diferentes regiones y estados cuyos familiares fueron desaparecidos en la capital. También esperaban al gobernador Héctor Astudillo Flores para presentarle demandas en las instalaciones de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum).
Una de las peticiones es que todas las averiguaciones de personas desaparecidas sean atraídas por la Procuraduría General de la República (PGR), ya que en la Fiscalía General del Estado (FGE) están archivadas, sin avances, y en los casos en los que hay avances es por el trabajo de los propios familiares, aseguraron.
Además Hernández Barros aclaró que sus casos deben llegar a la PGR para poder integrar a los familiares al padrón de víctimas y puedan acceder a los programas del CEAV, de lo contrario está impedido legalmente brindarles apoyos. Las víctimas aclararon que muchos acudieron primero a la PGR, pero de allá los mandaron a la FGE.
La reunión comenzó después de las 2 de la tarde, a la 1 se supo que el funcionario se trasladaba de Chilapa donde tuvo otra reunión con otros familiares de personas desaparecidas. No hubo una explicación clara sobre la ausencia del gobernador y el presidente de la CEAV se comprometió a citar para el 19 de diciembre al gobierno del estado, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a la de Desarrollo Social (Sedesol), a la de Salud (Ssa), así como a la Fiscalía y al Tribunal Superior de Justicia, como lo solicitaron las víctimas.
También hicieron una agenda para la atención de personas que denunciaron la falta de apoyo, por ejemplo el caso de una mujer de Xochipala, la primera en llegar a las reuniones semanales y que tiene a su cargo dos familias, la de su hijo desaparecido hace dos años y de otro desplazado de su comunidad porque se atrevió a buscar a su hermano.
Aseguraron que no recibe dinero ni para los pasajes, que para recibir el reembolso del costo de un traslado es necesario esperar todo el día en la ventanilla de atención, y que existen adeudos de hasta ocho meses a muchas familias.
Si no hay disposición de recursos, “¿dónde está el dinero del fondo emergente?”, cuestionaron, y aclararon que sólo bajo presión se han conseguido algunos apoyos como insulina y atención médica.
La madre y activista Margarita López recriminó que tienen familiares de desaparecidos hospitalizados, y entre las víctimas reúnen dinero para solventar los gastos que no asume la CEAV.
Recordó que en Iguala cuando se anunció la Ciudad Víctima se acordó con los presidentes de las comisiones de Atención a Víctimas federal y estatal la reunión con el gobernador el 9 de noviembre, que se pospuso para esta fecha.
Cuando el presidente de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, Jorge Luis Gallegos Peralta respondió a los reclamos que un familiar lo dejó plantado el día que iban a gestionar la asistencia del gobernador, la señora Guadalupe Rodríguez, madre de un desaparecido, aclaró “si a reclamos vamos, nosotros tenemos más que decirle, tenemos años pidiendo justicia, pidiendo que busquen a nuestros hijos, ¡ya basta!, ya no jueguen, para eso les pagamos, porque ustedes están cobrando un sueldo bien remunerado. Ya queremos que se ponga a trabajar”, gritó indignada y su voz se le quebró por un instante.
Luego se dirigió a Hernández Barros, que en julio del año pasado se reunió con este mismo grupo de familiares y les ofreció garantías para ejercer sus derechos como víctimas en una ventanilla única en Acapulco: “escúcheme, y por ahí vamos a empezar, a que nos escuche, que nos oigan cuál es nuestro dolor, nuestra rabia, que entiendan que estamos sufriendo. Nos mataron en vida, eso no entienden porque no tienen sensibilidad, porque no han sufrido el dolor que tenemos, ya basta de preguntar por qué faltamos, llevamos años pidiendo que nos atiendan, tenemos hijos desparecidos y mujeres que no tienen qué darle de comer a esos niños, tenemos niños que dejaron de estudiar, ya basta que vengan a prometer, queremos que se vaya, antes de que firme una minuta para que las investigaciones salgan del estado y se agilicen, porque ahí están archivadas (en la FGE), nos han dado mil vueltas, !ya estamos hartos”.
Recordó que parte de este grupo de desaparecidos en Chilpancingo hizo una huelga de hambre en la ciudad de México el 20 de julio y Hernández Barros, siendo comisionado del CEAV no se acercó a escucharlos, “si de veras se va a poner a trabajar queremos resultados y pruebas, entonces lo vamos a enaltecer, pero no ahora porque no nos han dado el trato que necesitamos. Somos víctimas y nos han revictimizado porque llevamos años esperando justicia, esperando saber en dónde están nuestro hijos, los queremos con vida, ya no queremos promesas”.
Cuestionan exámenes de ADN a 400 cuerpos
La principal preocupación de los familiares fue la “confronta de los resultados de ADN de 450 cuerpos en posesión del Servicio Médico Forense (Semefo) que serán llevados a un panteón ministerial, porque Margarita López aclaró que es difícil de creer que se hayan concluido los análisis en tres meses, ya que los familiares de este grupo han esperado hasta ocho años por esta información.
El caso ilustrativo, que también fue motivo de reclamo, fue el de la señora Bellanira Chino Ocampo, que el mes pasado recibió los restos de su hija después de diez meses descubiertos en una fosa clandestina en las inmediaciones de Chilpancingo.
Aclaró que no tiene certeza de que los huesos pertenezcan a la niña de 15 años desaparecida en marzo de 2015, porque antes de recibirlos personal de Semefo “andaba buscando los huesos de mi hija en tantas bolsas”.
La mujer reclamó que nunca pidió dinero, que durante nueve meses sola buscó a su hija. Al final solo pidió al CEAV un ataúd y un terreno para colocar los restos. El caso fue presentado a la prensa el 25 de octubre.
Ahora se sabe que no recibió el ataúd y que el cuerpo fue depositado en una tumba rentada durante seis años, que pagaron sus compañeros del colectivo de familiares de desaparecidos.
Al comienzo de la reunión un padre de familia demandó la salida de Hernández Barros de la CEAV, porque no conoce la Ley de Víctimas, el funcionario se defendió diciendo que él la elaboró, y también fue cuestionado por atribuirse el documento. Al final pidió a los inconformes un mes para que las personas evalúen su gestión. Insistió en que tiene “escasamente un mes” como presidente de la Comisión.
