Etiqueta: Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero

Piden campesinos de Pilcaya que intervenga la Codehum para que les den fertilizante

Ante el incumplimiento del alcalde priista de Pilcaya, Ellery Guadalupe Figueroa Macedo, de entregar fertilizante a campesinos de comunidades y la cabecera municipal solicitaron la intervención de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado (Codehum), pues aún está pendiente la entrega a casi el 40 por ciento de los mil 600 agricultores de ese municipio.
El pasado 10 de julio, unos 100 campesinos se plantaron cuatro horas en el Ayuntamiento, y después de una mesa de trabajo el alcalde Figueroa Mecedo se comprometió a entregar el abono en un plazo no mayor de 12 días a campesinos de 12 de las 19 comunidades del municipio a las que les hace falta.
Una semana después, el 18 de julio una vez más el alcalde incumplió a su palabra y no entregó el fertilizante.
Ayer, vía telefónica el representante de los campesinos y ex alcalde priista de Pilcaya, Antonio Mendoza Castañeda denunció que son casi el 40 por ciento de los mil 600 campesinos, unos 640, los que no han recibido el fertilizante a pesar de las constantes promesas de Figueroa Macedo.
Dio a conocer que los campesinos solicitaron la intervención de la Codehum para presenciar el próximo plantón al que convocarán los campesinos para presionar al alcalde para que entregue el fertilizante.
A pregunta expresa, dio a conocer que de la indemnización que solicitaron campesinos por la entrega de fertilizante falso en el ciclo agrícola 2017, aún está pendiente el pago a 10 de ellos, de los 74 que quedaron después de la depuración que les aplicaron.
Denunció que el gobierno de Ellery Figueroa ha tomado represalias contra quienes denuncian que no entrega el químico y contra quienes denunciaron el reparto de fertilizante falso.
El 18 de julio, campesinos de diversas comunidades denunciaron que durante las pasadas campañas electorales, el alcalde Ellery Figueroa repartió fertilizante, al parecer el que le había enviado el gobierno del estado, para apoyar a campesinos y condicionar el voto a favor de su tía y candidata del PRI a la alcaldía de Pilcaya, Hilda Macedo, que perdió.

 

Toman trabajadores el sindicato de Salud y los desalojan; piden que renuncie Beatriz Vélez

Trabajadores de la Secretaría de Salud (Ssa) estatal tomaron las oficinas de la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa) para exigir la renuncia de la secretaria general y candidata a alcaldesa de la capital, Beatriz Vélez Núñez, quien, de acuerdo con los estatutos no puede ejercer un cargo y buscar otro, pero fueron desalojados a empujones por simpatizantes de la dirigente.
A las 5 de la mañana, ocho integrantes del Frente Democrático de Trabajadores de la Salud tomaron la oficina ubicada junto a la Alameda, que cerraron con cadenas y candados, y colocaron pancartas para exigir la destitución de Vélez Núñez, quien es candidata del PRI-PVEM.
A las 8 de la mañana, en respuesta a la protesta, unos 50 trabajadores que están a favor de Vélez Núñez rompieron cristales de la puerta principal, dañaron un portón para entrar a la fuerza y colocaron pancartas a favor de la dirigente.
Mientras que dentro del inmueble los integrantes del Frente colocaron escritorios y muebles pesados para evitar que los simpatizantes entraran; sin embargo pudieron entrar, pues eran más.
“Trae el martillo y las pinzas del centro de salud para abrir… hay que romper los cristales no importa pero hay que entrar… mira con ese palo hay que romper… entre todos hay que jalar la puerta para abrirla”, manifestaron algunos trabajadores vestidos con batas y otros que llegaron del centro de salud de la Alameda.
En el lugar había un joven de unos 30 años, quien ayudó a los simpatizantes a doblar el portón del estacionamiento y entrar, vestía camiseta blanca y pantalón de mezclilla, una gorra roja con la leyenda, “Ricardo Moreno”, y una mochila del Partido Verde (PVEM), y tenía los brazos tatuados.
Al ingresar al centro de salud, los trabajadores le dijeron al joven que ya no podía entrar hasta donde estaban los integrantes del Frente, que se retirara.
Una vez adentro, confrontaron a los inconformes que estaban ahí, les gritaron y comenzaron a empujarlos mientras coreaban, “¡Bety, Bety, Bety!”, un integrante del Frente, el médico Hilario Zúñiga Escamilla cayó de rodillas ante los empujones.
Una simpatizante de Vélez Núñez expresó, “ya no hay que golpearlos, déjenlos porque si seguimos empujándolos van a denunciar que los agredimos físicamente, ¡que se larguen!”.
Cuando los sacaron del edificio, Hilario Zúñiga Escamilla y el ginecobstetra del Hospital General de Chilpancingo, Francisco Ramírez Adame exigieron la renuncia de Beatriz Vélez porque, de acuerdo con los estatutos no puede ejercer un cargo y buscar otro, y una nueva convocatoria para elegir a un líder sindical que realmente respalde a los trabajadores.
Comentaron que la líder sindical viola el artículo 62 de la Constitución, porque tiene un cargo y busca ocupar otro a la vez. También pidieron un alto al acoso laboral y la reinstalación de los cinco médicos que fueron despedidos del Hospital Donato G. Alarcón, de Ciudad Renacimiento, Acapulco.
Zúñiga Escamilla manifestó que, “un grupo de choque, desde la mañana que tomamos nos ha estado molestando”, y responsabilizó a Vélez Núñez de cualquier atentado en su contra, y de las agresiones sufridas.

 

En más de mil páginas, la Ssa no informa qué cambió el color del Balsas y quién contaminó

En una voluminosa carpeta de más de mil páginas, la Secretaría de Salud (Ssa) entregó el martes a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero (Codehum) y al comisariado de Bienes Comunales de San Juan Totolcintla, municipio de Mártir de Cuilapan, Melquiades García Ríos, el informe de los estudios de la contaminación del agua del río Balsas que denunciaron autoridades municipales y agrarias.
El dirigente indígena, Guillermo Álvarez Nicanor declaró que no viene nada nuevo en este informe y que la respuesta es la misma que les dieron en una reunión anterior, con una comisión interinstitucional de funcionarios.
“Es una información que no cubre la demanda de los pueblos indígenas, nosotros estamos reclamando que nos informen qué fue lo que vertieron en el río y qué elementos químicos lograron que el agua cambiara de color”, dijo el vecino de San Miguel Tecuiciapan.
Agregó que a pesar del voluminoso expediente, al que consideró como una burla para los indígenas de la región, no les informan nada sobre eso, y que ni si quiera saben quién fue el responsable de que se vertiera esa material.
El 18 de abril, las autoridades de los pueblos del alto Balsas de los municipios de Mártir de Cuilapan, Tepecoacuilco y Huitzuco, denunciaron la contaminación del río. Informaron que desde el 15 de abril el agua cambió de color azul a verde, y demandaron a la Secretaría de Salud que se aplicara un estudio al agua para conocer el grado de los contaminantes que se vertieron y que se investigara quiénes son los responsable.
Álvarez Nicanor informó que este martes les entregaron la respuesta en una carpeta de más de mil páginas, “con información que solamente dice que la vida acuática es tolerable, que no es venenoso, y anexan información poco legible en un cuadro con supuestos elementos químicos, pero no se explica nada”, se quejó el dirigente indígena.
“Encontramos minutas elaboradas de mala fe y se evidencia que hay firmas que recabaron primero, y después elaboraron el acta porque hay un espacio en blanco en la parte superior y hasta abajo se asentaron las firmas de las personas que supuestamente participaron en la reunión”, denunció Álvarez Nicanor.
Dijo que, además, la caligrafía del inicio del acta no corresponde a la del cuerpo del documento, “pareciera ser que sólo recabaron documentación para hacer un bonche grande y marearnos con todo esto”, dijo mostrando la voluminosa carpeta.
Informó que a partir del martes les dieron tres días hábiles para contestar el informe.
Insistió en que, a pesar de la abultada respuesta, la petición de las autoridades de los pueblos del alto Balsas sigue siendo la misma, “que nos informen qué contaminantes se vertieron al río y quienes son los responsables, y el compromiso de que no va a volver a ocurrir, pero eso no viene en el supuesto informe”, insistió el dirigente indígena.
Agregó que piden que se comprometan las dependencias a sancionar a los responsables, porque se puso en riesgo la salud de los pobladores que viven en las márgenes del río Balsas.
Dijo que también exigen que se establezcan las medidas necesarias para restablecer el equilibrio ecológico que se perdió con la contaminación del río, “no pedimos que nos vengan a decir, ‘no se mueren, pueden comer pescados y usar el agua’… queremos que ya no sigan contaminando el río”, exigió.
A pesar del voluminoso documento, dijo que los comisarios van a revisar hoja por hoja y a tratar de conseguir asesoría jurídica para que sea respondido en los términos que la ley establece.

 

Estará pendiente de que el gobierno apoye a familiares de policías asesinados, dice la Codehum

El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno condenó el asesinato de seis policías estatales en Zihuatanejo, e indicó que el organismo estará pendiente de que el gobierno del estado cumpla con apoyar a sus familias.
El jueves seis policías estatales murieron en una emboscada de 15 civiles armados en la comunidad serrana de Las Mesillas, Zihuatanejo.
Sobre este hecho, en consulta telefónica, Navarrete Magdaleno dijo que acudió al homenaje a los policías como muestra de solidad, y que sabe que los policías están en riesgo a causa de su trabajo.
Abundó que el organismo estará pendiente de que el apoyo que se dé a las familias sea oportuno, para que la situación por la que están pasando tenga menos consecuencias.
Sin embargo, aclaró que no es competencia de la Comisión atender a las víctimas, ya que “es un asunto delincuencial, y compete a la PGR (Procuraduría General de la República)”.
Dijo que el gobierno entregó a las familias, en el homenaje, el pago de los seguros de vida y documentos de las becas para los niños huérfanos.
Abundó que la Codehum tuvo contacto con las familias desde el día que sucedieron los hechos, que cruzaron información y que no sólo fue el beneficio que se otorgó en el homenaje en la capital, sino que también se garantizó el traslado sin costo para las familias.
En un comunicado, la Codehum condena el ataque del que fueron víctimas los estatales, al tiempo que reconoce su valor, compromiso y arrojo para garantizar la seguridad de los guerrerenses.

 

Confirman autoridades que el río Balsas está contaminado, pero no de un producto tóxico, dicen

Funcionarios federales y estatales se reunieron este lunes con autoridades agrarias y municipales de pueblos del alto Balsas, a quienes les confirmaron que el agua del río está contaminada, pero no de un producto tóxico.
Asimismo, les dijeron que ya tienen los resultados, pero que se los va a entregar la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), ante la cual presentaron la queja.
Por su parte, el comisariado de Bienes Comunales de San Juan Totolcintla, municipio de Mártir de Cuilapan, Melquiades García Ríos informo que a partir del sábado pasado disminuyó el color verde que tenía el agua, pero que suponen que fue por las lluvias que cayeron durante la semana, no porque lo hayan saneado las autoridades.
A su vez, Guillermo Álvarez Nicanor, integrante de la comisión de ciudadanos de varios pueblos que da seguimiento al caso, informó que este lunes se reunieron con funcionarios de varias dependencias en la Secretaría de Salud para conocer los resultados de los estudios que pidieron que se hicieran al agua, y de la investigación para conocer de dónde provino y qué fue lo que provocó el cambio de color del agua de azul a verde.
Sin embargo, dijo que los funcionarios sólo les informaron que constataron que el gua sí está contaminada, pero que el producto no es toxico y que pueden seguir utilizándola y pescando.
Álvarez Nicanor denunció que, además, las dependencias no hicieron una investigación para determinar de dónde provino la sustancia y quiénes son los responsables de verterla al cauce.
En la reunión estuvieron el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos; el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren) estatal, Alan Ramírez Hernández; el subdirector de Control y Operativo Sanitario de la Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), Elier Vélez Vázquez; el subdirector de la delegación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Ignacio Martínez Morales; y el segundo visitador de la Codehum, Fernando Esteban Ramírez.
Mientras tanto, por parte de la comisión de los pueblos de las comunidades de las márgenes del río que se dicen afectadas por la contaminación, asistieron los comisariados ejidales de Tula del Río, Rogelio Vicario Barrera; el de San Juan Totolcintla, Melquiades García Ríos; el vecino de San Miguel Tecuiciapan, Guillermo Álvarez Nicanor; así como el comisario de Bienes Comunales de San Agustín Oxtotipan, Ignacio Morales Mundo.
“La reunión fue para que nos explicaran los resultados de los estudios y de las acciones que se supone ya realizaron; sin embargo, sólo nos dijeron que los van a entregar a la Comisión de Derechos Humanos y que allá nos van a dar una copia”, informó vía telefónica Guillermo Álvarez Nicanor.
Dijo que después de la insistencia de los vecinos de los pueblos, los funcionarios reconocieron que, “efectivamente algo se virtió al río y que provocó que se crearan algas que provocaron el cambio de color del río”.
Pero dijo que los funcionarios no supieron, o no quisieron decir, qué fue lo que se virtió al río, aunque fueron insistentes en que el producto no es nocivo y que pueden seguir pescando y utilizando el agua.
“Entonces yo los invité a que fuéramos a bañarnos al río y a comer peces, a ver si de verdad están seguros y tienen confianza en el agua, porque nosotros todavía no tenemos ningún estudio en la mano, y sabemos que el río y el color no es normal”, declaró Álvarez Nicanor.
Añadió que mientras no tengan la información completa, todo lo que los funcionarios digan, “a nosotros no nos convence”.
También denunció que a partir de la semana pasada vecinos de San Juan Totolcintla comenzaron a padecer enfermedades de la piel porque usaron el agua o consumieron peces.
El vecino de San Miguel Tecuiciapan contó que, debido a que todavía no han recibido información satisfactoria, van a esperar los resultados de la investigación que están haciendo las comisiones nacional y estatal de derechos humanos, y que, dependiendo de esos resultados determinarán si presentan la demanda ante el Juzgado de Distrito por los daños ocasionados al medio ambiente y para que se sancione a los responsables.
Por su parte, el comisariado de Bienes Comunales de San Juan Totolcintla, García Ríos informó que a partir del domingo el agua del río comenzó a verse sucia, achocolatada, pero que eso ya lo consideran normal por las lluvias que cayeron la semana pasada.

 

 

Protesta el Frente de Grupos Vulnerables en la Codehum

Integrantes del Frente de Grupos Vulnerables de Discapacitados de Chilpancingo protestaron en la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del estado (Codehum) para exigir al ombudsman, Ramón Navarrete Magdaleno, que gestione una audiencia con el gobernador, Héctor Astudillo Flores.
A las 10 de la mañana llegaron unos 20 inconformes a la explanada de la Codehum para solicitar una audiencia con funcionarios del gobierno del estado.
El dirigente de la organización, Silvestre Rodríguez Fernández se quejó de que el lunes tenían una reunión con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, para atender las demandas del sector de mejoras de las condiciones de vida de los beneficiarios, pero no ocurrió.
Explicó que las demandas son el incremento de paquetes de apoyo a madres solteras de 500 a mil pesos mensuales, y que haya aparatos funcionales y rampas en el Centro de Rehabilitación Integral Guerrero (CRIG), porque las personas con capacidades diferentes no tienen acceso a las instalaciones. Otras demandas son que se cumpla el descuento a personas con capacidades diferentes en los viajes en autobuses y el pago de recibos de electricidad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).(Luis Blancas / Chilpancingo).

 

Solicitará al gobierno que se amplíe la seguridad para Quetzalcoatlán, Zitlala, dice la Codehum

 

El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno informó que solicitará al gobierno del estado que responda a la solicitud de ampliación de medidas cautelares para los pobladores de Quetzalcoatlán, municipio de Zitlala.
Los habitantes nahuas de ese pueblo denunciaron el jueves que siguen las represalias del grupo armado de la comunidad de Tlaltempanapa que los amenazó con sacarlos junto a los policías que los resguardan. Al respecto el director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández denunció que las autoridades estatales no han dado respuesta a la petición de la Codehum para ampliar la seguridad.
Sin embargo Olivares Hernández también evidenció que la Codehum no informa al Centro Morelos de la respuesta de las autoridades, “simplemente nos envía copia de los oficios que le manda el secretario de Seguridad estatal y lo que hacen es, prácticamente, reenviar lo que nosotros solicitamos”.
Consultado vía telefónica, Navarrete Magdaleno dijo que la Codehum le ha dado seguimiento al caso a raíz del desplazamiento de los pobladores que estuvieron un tiempo en la cabecera municipal de Zitlala, y luego accedieron a regresar a su comunidad pero con resguardo policiaco, “a partir de que tienen ellos el temor fundado de una probabilidad de una nueva agresión, por nuestro conducto pidieron que el gobierno del estado ampliara las medidas cautelares con mayor seguridad”.
Aunque no precisó la fecha dijo que la Comisión hizo la solicitud correspondiente, no sólo sobre la seguridad sino también de otras necesidades de los pobladores como recibir atención médica y otras que implican que deben salir de la comunidad, “lo que están requiriendo es mayor presencia de la Policía Estatal, no tenemos aún una respuesta”.
Señaló que “seguramente” la Comisión dialogará con las autoridades “para establecer el mecanismo para definir el grado de riesgo y poder saber qué tipo de seguridad se tiene que implementar”.
Navarrete Magdaleno evadió el reclamo de Olivares Hernández y dijo que la Codehum tiene comunicación permanente con el director del Centro Morelos, “que ha tenido a bien acudir a la Comisión cuando tienen algún requerimiento por parte de la comunidad y le hemos estado dando seguimiento”.
Precisó que antes de ampliar las medidas cautelares se tiene que analizar el riesgo que corren los pobladores, y para ello se debe hacer un estudio completo de las condiciones en las que viven.
Añadió que en concreto la solicitud es que haya dos patrullas de manera permanente en Quetzalcoatlán, ya que sólo hay una que se releva cada determinados días.
Declaró que la Codehum no determina cómo se deben otorgar las medidas cautelares, las solicita y “el estado determina el modo o el número de elementos y de qué manera se deben presentar”.
Dijo que el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Jorge Zuriel de los Santos Barrila y el jefe del Departamento de Atención a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Juan Carlos Castañón Arcos son los que deben dar respuesta a la solicitud y ante la inconformidad de los pobladores les solicitará que hagan lo correspondiente.

 

No se respetan los derechos de las empleadas del hogar, denuncian organizaciones

 

“Las mujeres sufren violencia, discriminación, no se respeta el derecho de ninguna de nosotras”, declaró la representante legal de la Red de Mujeres Empleadas del Hogar, Justina Hermillo Martínez, durante la presentación del Cuadernillo de derechos humanos y laborales de las mujeres empleadas del hogar.
La presentación del cuadernillo se llevó a cabo en el edificio José María Morelos y Pavón de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum). Asistieron a la actividad la asesora de la red, Petra Hermillo Martínez, integrantes de esa organización; el ombudsman, Ramón Navarrete Magdaleno; la titular de la Secretaría de la Mujer, Mayra Martínez Pineda; las feministas Emma Cerón Díaz, María Luisa Garfias Marín y Liduvina Gallardo Suástegui, y representantes de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.
Antes de la presentación del cuadernillo, que se elaboró con la colaboración de la Codehum, Mujeres Guerrerenses por la Democracia, el Despacho Jurídico Solís y Asociados y los asesores de la Red de Mujeres Empleadas del Hogar, se inauguró una exposición de artesanías en la plazoleta de la Comisión, que elaboraron las moradoras de la Casa Solidaria que se encuentra en la capital, cuyo objetivo es recibir a mujeres que llegan a la ciudad a buscar trabajo en casas para lavar, barrer, trapear, limpiar, cuidar a niños y enfermos, tareas que son llamadas “domésticas”.
“Les pagan una miseria de 30 a 50 pesos” a trabajadoras en la Montaña, señala

Justina Hermillo fue la encarga de presentar el cuadernillo que consta de 40 páginas de información sobre los derechos laborales de las empleadas del hogar, las condiciones en las que ejercen su oficio y los riesgos a los que se enfrentan, debido a que son acosadas sexualmente.
De acuerdo con el último cuatrimestre de la Encuesta Nacional del Empleo 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Guerrero, 67 mil 589 mujeres eran empleadas del hogar, frente a sólo 5 mil 762 hombres que se dedicaban al mismo oficio. En Chilpancingo hay poco más de 6 mil 672 trabajadoras que, según Justina Hermillo, ganan 250 pesos, mientras que a las mujeres de municipios de la Montaña “les pagan una miseria de 30 a 50 pesos”, y el salario mínimo actual en México es de 88.36 pesos por día. “Queremos un salario justo, que no nos muramos de hambre nosotras y nuestros hijos”, expresó.
En el cuadernillo se explican términos como “relación laboral” y los derechos que establece la Ley Federal del Trabajo, que indican que los empleados tienen que tener un salario, días de descanso, vacaciones y jornadas laborales establecidas, que si se exceden más de nueve horas deben ser pagadas de manera extraordinaria.
Si bien el objetivo del cuadernillo es sensibilizar a la sociedad respecto del trabajo que hacen las empleadas del hogar, también es necesario que las mujeres que se dedican a este oficio conozcan que tienen derechos respaldados por la ley.
Justina Hermillo también hizo énfasis en el acoso y la violencia de que son víctimas las mujeres trabajadoras del hogar, incluyendo acoso sexual, principalmente de los empleadores. Dijo que es preocupante la situación porque, de acuerdo con datos recopilados en el cuadernillo, de 2003 a 2016 siete mujeres dedicadas a este oficio fueron asesinadas en Guerrero.
Ante tales circunstancias, la red pidió que se den garantías para que las mujeres empleadas del hogar tengan acceso a sus derechos laborales, como todos los trabajadores, y que se respeten sus derechos humanos.

 

Piden discapacitados que intervenga Codehum para que les paguen programas sociales

El dirigente del Frente de Grupos Vulnerables de Persona con Capacidades Diferentes de Chilpancingo, Silvestre Rodríguez Fernández pidió al presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, que intervenga para que el gobierno les pague dos mes que les adeuda de los programa Guerrero Nos Necesita y de Apoyo a Madres Solteras.
En conferencia de prensa en las oficinas de la Codehum, Rodríguez Fernández dijo que desde hace dos meses se les adeuda el pago del beneficio que sumaría mil pesos, porque cada mes se les depositan 500.
El líder de la organización se quejó porque el gobernador, Héctor Astudillo Flores no tiene la sensibilidad de atender las demandas para beneficiar a este sector vulnerable, a pesar de que han tenido mesas de trabajo de búsqueda de alternativas para apoyar a personas vulnerables.
“Hace dos meses no nos llegó el pago del beneficio a los 40 integrantes de la organización, por eso pedimos a Navarrete Magdaleno que intervenga para que atiendan nuestras peticiones; hago un exhorto al gobernador, que tenga la sensibilidad para atender los programas y peticiones de este sector vulnerable”.
Por su parte, el integrante de la organización, Ciriaco García Nava pidió al gobierno del estado aumentos a Guerrero Nos Necesita y a Apoyo a Madres Solteras, “porque cada vez incrementan los precios de la canasta básica y ya no nos alcanza lo que nos entregan”.
Los integrantes de la organización dialogaron con el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno, quien les dijo que hay una división en la organización Frente de Grupos Vulnerables de Persona con Capacidades Diferentes, y que por eso hay problemas en la entrega del dinero.
“Hay una división en su organización, hay una lucha entre ustedes; por eso pido que se pongan de acuerdo, para que no haya este tipo de problema y los podamos apoyar a todos ustedes”, declaró.
Consultado por teléfono, el dirigente Silvestre Rodríguez informó que acordaron con el ombudsman, que hoy recibirán una llamada de la Secretaría General de Gobierno para atender el pago de los dos meses que les adeudan.

 

Revisará actuar de policías turísticos que golpearon a jóvenes en La Diana, anuncia el secretario Olea

El secretario general del Ayuntamiento, Octavio Olea Apátiga informó que se va a revisar el actuar de la Policía Turística que golpearon a integrantes del Movimiento Kiosco, pero subrayó que lo único que hicieron los uniformados fue evitar que se tomara la glorieta de La Diana y, “si hubo jaloneos fue de ambas partes, y cada quien debe asumir su responsabilidad”.
Este sábado, el funcionario municipal y el director de Administración Escolar de la Universidad Autónoma de guerrero (UAG), Jaime Kahan Herrera, se reunieron con los integrantes del Movimiento Kiosco, encabezados por Margarita Martínez, y acordaron entregar una lista de los jóvenes para ver el puntaje que obtuvieron en el examen y reunirse la semana próxima en la facultad de Turismo.
La reunión duró alrededor de una hora, y Margarita Martínez informó que el acuerdo es que se van a revisar los casos para verlos en una próxima reunión, y que la demanda de ellos es el ingreso de siete jóvenes a la facultad de Medicina.
Dijo que interpondrán una queja ante Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero Codehum), contra quien resulte responsable de los hechos de la noche del viernes, cuando policías turísticos les impidieron instalarse en plantón en la glorieta de La Diana.
Mientras, el secretario general del Ayuntamiento, Octavio Olea Apátiga reconoció que la medida de evitar que se tomara la glorieta de La Diana se salió de control, y señaló que se va a revisar a fondo el asunto para deslindar responsabilidades, pero “les quiero decir que la policía actúo para proteger la glorieta y en la reunión les comenté a los manifestantes que haga diálogo, que el gobierno municipal será interlocutor, para que se pueda resolver el asunto”.
Olea Apátiga añadió que le pidió a los manifestantes, “de la manera más atenta que eviten querer instalarse en la glorieta de La Diana, ya que es un icono de la ciudad y que nosotros vendemos imagen a los turistas; que tomar La Diana no es la mejor solución para resolver sus problemas”. Finalmente, el funcionario añadió que el Ayuntamiento no va a permitir que La Diana se use como estandarte de las manifestaciones, y “creo que hemos llegado a un buen acuerdo, la reunión fue de acercamiento y dio frutos porque las partes se van a volver a reunir y con voluntad de ambas va terminar bien”.