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Personas desconocidas instigaron en Taxco el linchamiento, denuncian feministas

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Feministas del estado y el país denunciaron que hubo personas desconocidas instigando la violencia que condujo al asesinato de Ana Rosa, la presunta secuestradora y feminicida de la niña Camila Gómez Ortega, y al intento de linchamiento de dos de sus hijos, antes y durante su detención, el jueves 28 de marzo, en Taxco.
A través de un comunicado, condenaron los dos asesinatos y exigieron a las autoridades estatales una investigación apegada a derecho, que garantice el acceso a la justicia para Camila y sus familiares, así como para las menores hijas de Ana, que incluya medidas de reparación integral del daño y de no repetición.
Urgieron ampliar a Taxco las dos alertas de violencia de género declaradas en el estado, por violencia feminicida y de agravio comparado, una demanda poco conocida que han gestionado desde el crimen de la nutrióloga Magdalena Romero, en 2018.
En respaldo al movimiento feminista de Taxco, organizaciones y activistas emitieron un pronunciamiento nacional por el asesinato Ana Rosa, a manos de un grupo enardecido de vecinos de la ciudad, en presencia de la Policía Municipal, de soldados del Ejército y de elementos de la Guardia Nacional, para enfatizar que el movimiento feminista es pacifista.
Explicaron que la violencia es una expresión misógina que refuerza el machismo, así como reproduce la desigualdad y el sometimiento.
Dado que las feministas brindaron acompañamiento a la familia de la niña Camila desde que se conoció su desaparición, y que fue visible su participación en las protestas, consideraron importante deslindarse de los hechos que condujeron al feminicidio de Ana.
“El movimiento feminista de Taxco y del estado de Guerrero, desconoce como parte de nuestro movimiento a nivel local y estatal, a las personas que instigaron y cometieron los actos de linchamiento que derivaron en el feminicidio de Ana N, ya que ninguna de las personas que aparecen en los videos que han circulado en redes sociales participando en tales hechos, forman parte de ninguna colectiva u organización feminista reconocida por nuestro movimiento y tampoco les identificamos como activistas o personas defensoras de derechos humanos de las mujeres en Taxco, ni en el estado de Guerrero”.
No obstante, exigieron a las autoridades estatales una investigación apegada a derecho con perspectiva de género y de derechos humanos, que se garantice el acceso a la justicia para Camila y sus familiares.
Así también, para las menores hijas de Ana, que tienen derecho al debido proceso, a la adopción de medidas de reparación integral del daño y de no repetición, desde una perspectiva de género y de derechos humanos.
Pidieron que se aplique todo el peso de la ley a las personas responsables y se apliquen los protocolos de actuación en materia de desaparición forzada de niñas y mujeres y en materia de investigación por delito de feminicidio, así como la actuación inmediata de las autoridades competentes para ello.
Condenaron el feminicidio de la niña Camila y de Ana, y llamaron a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) que haga extensiva la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por violencia feminicida, a Taxco.
Así también la de agravio comparado, porque, a pesar de los marcos jurídicos, las instituciones públicas y las prácticas institucionales que discriminan y violan los derechos humanos de mujeres y niñas, particularmente su derecho a una vida libre de violencia.
Subrayaron que el feminismo no promueve la violencia, “es un movimiento global transformador y civilizatorio que busca alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como el acceso de todas las mujeres y las niñas al ejercicio pleno de sus derechos humanos y a una vida libre de discriminación y violencia”.
Recordaron que los últimos 16 años, Guerrero ha ocupado los primeros cinco lugares nacionales en defunciones femeninas con presunción de homicidio, según el informe, Violencia feminicida en México, Aproximaciones y Tendencias 1985-2014 y 2020, de la Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de las Mujeres y ONU Mujeres.
Al año, los homicidios de mujeres rebasan los 120, lo cual indica, que los feminicidios se incrementan.
Para 2023, el feminicidio se incrementó un 33 por ciento, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad que registró 139 homicidios dolosos de mujeres y 16 feminicidios, precisaron.
En este contexto de violencia feminicida indicaron que se declaró la primera Alerta de Violencia de Género, hace siete años, en Acapulco, Ayutla, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Ometepec y Tlapa, ampliada después a Chilapa.
Denunciaron que Taxco “vivió la negligencia de las autoridades municipales y estatales ante la denuncia de la desaparición de la niña Camila de 8 años de edad el día miércoles 27 de marzo, su feminicidio y el señalamiento de los supuestos inculpados de ese delito, que llevo a que personas desconocidas incitaran al linchamiento de los supuestos responsables”.

El comunicado

Firman el documento 70 organizaciones y 68 activistas en lo individual, entre éstas, Colectiva Laureanas Violetas Taxco, Aliadas por la Justicia, Equipos Feministas, Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Grupo Aca, Comisión de Igualdad Sustantiva en Hombres y Mujeres, 50 + 1 Capítulo Guerrero, Comunidad Raíz Zubia, Feministas en Red, Mujeres de Tlapa, Siempre Vivas del Sur, Mujeres Calentanas, Mujeres Guerrerenses por la Democracia, Coalición Nacional de Mujeres Rurales, Grupo Ciudadano Anáhuac, Colectiva Alas Moradas, Calmecac, Grupo Plural por los Derechos de Todas, Organización Mujer Suriana, Familiares en Búsqueda María Herrera de Chilpancingo Guerrero y Grupo Interdisciplinario para la Igualdad.
También la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Colectiva ¿Y las Mujeres Qué?, Yaotlyaocihuatl Ameyal, Fuerza Democrática de Guerrero, Observatorio de Violencias contra las Mujeres Guerrero (OVM Guerrero), Mujeres Igualtecas, Red Feminista de Acapulco Revolución Violeta, Mujeres Emprendedoras Guerrerenses Eucaria Apreza, Red de Mujeres Empleadas del Hogar, Diosas del Mar (Acapulco), Espiral hacia la Igualdad, Grupo de Amigos con VIH, Ideas, Colectiva Ley Sabina Guerrero y Equidad y Autonomía en Movimiento.
Entre las nacionales están Mexfam, Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, Coordinación Feminista Olimpia de Gouges y el Frente Feminista Nacional; Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua, Comité de Derechos Humanos de Colima y Centro para el Desarrollo de la Mujer AC.

 

Testimonios por feminicidios y acoso sexual, durante la marcha de mujeres en Chilpancingo

Niñas, muchachas y adultas participaron en la marcha en la capital del estado. Las principales demandas fueron la aparición con vida de las desaparecidas, justicia para las víctimas de feminicidio y denuncias contra agresores Foto: Jessica Torres Barrera

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Cerca de mil mujeres, la mayoría portado ropa negra y pañuelos morados y verdes, marcharon en el primer cuadro de la ciudad con pancartas y banderas y cantando consignas feministas. Al mismo tiempo que protestaron con pintas en edificios públicos por los feminicidios, el acoso sexual en el trabajo y las escuelas y la impunidad, en la conmemoración del Día internacional de Mujer.
El primer contingente de alrededor de 500 salió de la alameda Francisco Granados Maldonado a las 4 de la tarde, por la avenida Benito Juárez, y mientras avanzaba se fueron sumando más grupos para llenar la plaza Primer Congreso de Anáhuac a las 7 de la noche.
En el trayecto realizaron pintas en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero y en el Tribunal Colegiado de Circuito. También en la siguiente cuadra, en una de las paredes laterales de la clínica del IMSS, antes de llegar a la calle Inocente Lugo, donde se ubica la Agencia del Ministerio Público.
Ahí pegaron fichas de búsqueda de mujeres desaparecidas, y papeletas con nombres de agresores señalados de violencia sexual, acoso, violación y como deudores de pensión alimenticia. “La policía no me cuida, me cuidan mis amigas”, fue la principal consigna en este lugar.
Unos metros más adelante, en la glorieta de Unidos por Guerrero, donde también hicieron pintas en el piso y en los monumentos de la plaza, activistas hicieron una parada para denunciar que han matado a 25 mujeres en meses recientes, no sólo en Acapulco y Chilpancingo, “y si tanto quieres (las autoridades) gobierno cuidar a sus pinches monumentos, que empiece a cuidarnos primero”.
En la plaza cívica, después de cantar y ondear las banderas moradas, señalaron con datos oficiales que aproximadamente 7 de 10 mujeres de 15 años o más han experimentado algún tipo de violencia en alguna etapa de sus vidas; que en 2023 se registraron 126 feminicidios, en 2024 se han documentado ocho y 18 mujeres no localizadas
Esta información es una clara manifestación de que las mujeres no son una prioridad en el estado, a pesar de que el estado cuenta con dos alertas de violencia feminicida, y las acciones del mecanismo son insuficientes para frenar la crisis de violencia, dijeron.
Advirtieron que en el contexto electoral, la situación se agrava porque la lucha de las mujeres “suele ser usada como instrumento para votos sin un compromiso real con nuestra seguridad”
Se pronunciaron también contra la violencia política en razón de género, que se materializa en amenazas, ataques físicos y difamación. Exigieron paridad real en la política, y reconocimiento de sus capacidades.
“Las mujeres no debemos ser utilizadas como moneda de cambio. Enfatizamos nuestra independencia, imparcialidad sobre todo cualquier interés político social o económico, nuestra causa de la defensa de las mujeres y niñas”, puntualizan después.
Exigieron a quienes en el futuro asuman cargos políticos a ser conscientes del compromiso que tienen con las mujeres para elaborar políticas públicas efectivas.
Cuestionaron que el gobierno del estado diga que Guerrero es un santuario para las mujeres, como ha dicho la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, sin mencionarla por su nombre: “estamos hartas de los mismos discursos, es así que estamos nuevamente reunidas para recordarle al estado que debe hacer su trabajo, pues la violencia generalizada se cruza con aquellas que vienen del machismo y misoginia”.
Insistieron en que los crímenes contra las mujeres se investiguen adecuadamente y actúen con diligencia para cesar la impunidad. Y las madres autónomas exigieron justicia ante el abandono de las obligaciones de los padres para sus hijos e hijas. “Queremos igualdad en todos los ámbitos no solo plasmado en un papel”, enfatizaron.
Una mujer que se identificó como Carmen, de la región de la Montaña, denunció que es víctima de violencia estructural, desde el trabajo, donde la acosaron, la atacaron a navajazos y a pesar de que interpuso una denuncia hace un año no hay ninguna investigación. “Me van a terminar matando sólo por mi deseo a profesionalizarme”, advirtió.
Consideró que sólo las mujeres con algún poder tienen acceso a la justicia, pero ella no ha podido ni hablar con la presidenta de la Codehum. “No me he cansado, existo porque resisto, pero no sé cuando tiempo más”.
Una trabajadora del Ayuntamiento de Chilpancingo habló del asesinato de su compañera Adelina de la Cruz Nava, quien murió el 21 de abril de 2022 en un hospital a causa de golpes, y la FGE ni siquiera abrió una carpeta de investigación, y el gobierno municipal prohíbe a las trabajadoras mantener la demanda de justicia.
La familia de Evelia, asesinada y mutilada en el municipio de Cruz Grande, también denunció que la FGE no realiza acciones para esclarecer el hecho. Y la familia de Lorena Elvira Navarro, exigió su presentación con vida.
Una joven que omitió su nombre, señaló que fue violada por un familiar cercano, y en la agencia del Ministerio público la revictimizaron cuando acudió a presentar su denuncia: “en el MP tienes que ir llorando con sangre, con las heridas abiertas para que hagan caso”, recriminó.

Otras denuncias

Con lonas en medio de la manifestación, también hubo denuncias concretas. Una de ellas de la señora Silvia, mamá de Ilse, asesinada hace un año en un hotel céntrico de la capital del estado, exigiendo justicia.
Asimismo, acusaron a Walfred Geovanni Manrique Pastor, por abuso de autoridad y hostigamiento. Fue identificado por las activistas como maestro del Instituto de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano (IEPA-IMA), y subsecretario de Planeación del gobierno del estado.
Otro grupo denunció con pancarta al docente de la Facultad de Derecho, Everardo Tonatiuh Barrera Fierro, de haber cobrado para llevar un juicio de pensión alimenticia y no haber hecho nada en favor del menor de edad que representaba, para beneficiar al acusado.
Denunciaron que, pese a la denuncia que presentaron en enero por el delito violación sexual a la intimidad, José Armando Bazán Navarrete sigue libre.
Al final, la universitaria Elia del Moral, denunció que las cruces que también llevaron a la protesta  nos alcanzan para identificar a cada mujer asesinada en el estado: “Nuestras mujeres no murieron, las asesinaron”.

 

Preocupa a feministas impunidad de líder de Morena por violencia política de género

Integrantes de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses en conferencia de prensa Foto: Jessica Torres

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses expresó su preocupación porque el líder estatal de Morena y diputado local, Jacinto González Varona, impugnó dos veces las medidas de protección que dictó la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), para la diputada del PRI, Gabriela Bernal Reséndiz.
En conferencia de prensa, integrantes de la organización de mujeres señalaron que las medidas otorgadas en el proceso de queja de violencia política en razón de género que promovió Bernal contra el González Varona, no afectan al imputado, sólo son parte del procedimiento de sustanciación que se realiza antes de enviar el expediente al TEE, donde será juzgado.
La presidenta de la Red, Muriel Salinas Díaz, en denuncia telefónica, ratificó el llamado a que el colegiado garantice justicia con perspectiva de género, en el caso de Bernal Reséndiz.
En la conferencia, advirtieron que el diputado y sus abogados han visitado a los magistrados electorales para cabildear el proceso que sigue en atención del IEPC. Los llamaron a que no ceder a ningún tipo de presión.
Sobre esta duda en la actuación del Tribunal local, la feminista Yuridia Melchor Sánchez precisó que más que presión, la Red ha observado opiniones que no se han ajustado marco legal.
Explicó que hay antecedentes de varias de las sentencias que ha emitido el TEE, impugnadas en las salas regional y superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), que se han ganado en estas instancias.
“Si se ha ganado allá, entendemos que es porque el razonamiento apegado, o como lo mencionan ustedes: manipulado o no a nivel local, es una situación que dejamos ahí. Pero si se impugna, significa que el razonamiento que en ocasiones se hace en el TEE no es ajustado a lo que establece la norma electoral”.
Recordó que la sentencia de la primera impugnación del diputado González Varona contra acuerdo la Comisión de Quejas y Denuncias del IEPC, fue aprobada por mayoría de los magistrados electorales. Sólo votó en contra Alma Delia Eugenio Alcaraz.
“Es igual al tema de la paridad. Hemos ido avanzando de manera numérica, de manera cuantitativa se ha avanzado, pero estamos en el trabajo día a día para que se avance de manera cualitativa.  Lo hemos dicho como parte de la Red, que el ser mujer no garantiza conciencia de género, y no solamente en el TEE, también en la integración del Congreso del Estado, en la integración del poder ejecutivo, incluso en los ayuntamientos”.
La también ex procuradora de Derechos de la Mujer de la actual administración estatal, subrayó que el TEE no se ha pronunciado por la violencia política de género que constituyen los comentarios misóginos y fuera de lugar que profirió el diputado contra Bernal Reséndiz, y que motivaron la denuncia.
“El diputado local, en su calidad de agresor, impugnó el análisis de riesgo que elaboró el IEPC, en el que dicta las medidas cautelares”. El TEE revocó el acuerdo y ordenó a la Comisión de Quejas y Denuncias emitir uno nuevo bajo lineamientos del protocolo, recordó.
Después de que la Comisión ratificó las medidas cautelares que prohíben al diputado acercarse a la denunciante fuera de los trabajos legislativos, González Varona promovió otro juicio de impugnación al nuevo acuerdo, como se informó en la edición de El Sur de fin de semana.
En la conferencia de prensa participaron de Movimiento Territorial del PRI, Olivia López Galicia; la ex diputada del PRI, Guadalupe Castillo Díaz; la militante del PRD, Sol Cuevas; del PAN, Yolanda Vázquez Bautista, y la coordinadora de Movimiento Ciudadano en Tixtla, Dulce María Alvarado.

Dejó mucho qué desear el TEE

La presidenta de la Red, Muriel Salinas Díaz, en denuncia telefónica, ratificó el llamado a que el colegiado garantice justicia con perspectiva de género, en el caso de Bernal.
Aclaró que es poco usual que un presunto responsable de violencia política en razón de género, impugne medidas cautelares, como González Varona.
“El hecho de que impugne por segunda ocasión, pareciera emitir el mensaje de que este actor lo que busca es la impunidad y dejar a la denunciante en una situación de desprotección, enciende una alerta para nosotras”.
Además, señaló que los esfuerzos del imputado, de acercarse a los magistrados electorales, “nos parece muy delicado porque puede estar vulnerando el principio de debida diligencia y debido proceso”.
Pidió que el Tribunal de manera muy especial atienda lo que establece la Ley General de Víctimas, sobre la obligación del Estado a realizar acciones que contribuyan al ejercicio pleno de los derechos, a evaluar de manera permanente impacto de las acciones que se implementen a favor de las víctimas, que implican las medidas cautelares y de protección.
Consideró delicado que el presunto agresor pida el retiro de las medidas cautelares a la diputada, que no le afectan, porque todavía no constituye una sanción del TEE, que no ha emitido sentencia en el Procedimiento Especial Sancionador (PES) 03.
Añadió que el diputado miente en sus argumentos de impugnación a las medidas cautelares cuando dice que la denuncia de violencia política en su contra se basa en declaraciones hechas en el pasado, de manera única y que no existe repetición.
Salinas Díaz aclaró que hubo réplicas en medios de comunicación a la posición de González Varona sobre Bernal, a quien acusó de que el PRI usó su imagen para que ganara la elección el primero en la fórmula de la candidatura al senado, Manuel Añorve Baños.
La activista recordó que Bernal promovió otro PES contra otras actoras: la consejera nacional de Morena y representante ante el IEPC, Esther Aracely Gómez Ramírez, y la representante de Morenas Guerrero, Teresa Nava Alfaro, que hicieron pronunciamientos públicos, en donde denostan su imagen pública.
Asimismo denunció que el TEE dejó mucho que desear al aprobar una sentencia débil por actos de violencia política en razón de género contra el alcalde de Coyuca de Benítez, Osiel Pacheco Salas, y otros funcionarios municipales, donde tampoco ordenó su inscripción en el Registro Estatal de Personas Sancionadas.
Confirmó que sólo ese hecho, vulneró el debido proceso y el derecho constitucional a la debida diligencia de la víctima, regidora del PAN, Natividad Guadarrama Reyes.

Instalan feministas un tendedero en la capital; denuncian a padres deudores de pensión

El tendero que colocaron feministas en el kiosco de centro de Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Miembros del colectivo Ley Sabina y el Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimenticios, colocaron un tendedero para denunciar a los hombres que no dan pensión alimenticia a sus hijos.
En el kiosco del zócalo de la capital, desde las 11 de la mañana, las feministas colgaron la fotografía con los nombres de los presuntos deudores, y carteles en los que se leía: “Paga pensión burro” y “ni una infancia más en el abandono”.
En declaraciones una de las activistas, María Belén Durán Gómez, indicó que realizaron esta actividad por la conmemoración del Día del Padre, para evidenciar a los que no pasan pensión alimenticia, y que existen madres “autónomas”, que han “estado desamparadas por mucho tiempo”.
Precisó que en el estado han conocido unos 100 casos de madres que se tienen que hacer cargo totalmente de sus hijos y los padres solo omiten su responsabilidad.
Durán Gómez detalló que las mujeres buscan que la Ley Sabina se legisle dentro de Guerrero, la cual ya está aprobada en Ciudad de México, pero “pero queremos que la ola morada también llegue a Guerrero”.
Contó que entre los casos que tienen registrados está el de Mariana, una madre que radica en Chilpancingo, quien fue violentada por parte de las instituciones, como lo es el Centro de Convivencia Familiar Supervisada (Cecofam).
La feminista explicó que el Cecofam “fuerza” a las madres para que acudan a talleres a convivir con sus agresores. Destacó que “las madres estamos vulnerables porque no tenemos tanto acompañamiento”.
Manifestó que “no sirve de nada” tener a una mujer como gobernadora cuando a las madres autónomas “nos han estado vulnerando, nos han dejado solas”.
Las manifestantes llamaron a más madres que se sientan vulnerables a que se acerquen al colectivo y que sepan que tienen un acompañamiento “femenino”. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

 

Advierten activistas alza en desaparición de mujeres y obstáculos al aborto legal

Alicia Román, Ericka Romero, Angie Palafox, Renata Gonzáles, Gabriela Córdoba y Selene Arrieta en la conferencia de prensa para anunciar actividades del 8 de marzo Foto: Jessica Torres Barrera

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Activistas feministas denunciaron que en lo que va del año en observan un aumento de desapariciones de mujeres, que los servicios estatales de salud siguen obstaculizando el aborto legal, y que trece mujeres están en prisión por interrupción del embarazo acusadas de homicidio en razón de parentesco, la forma de criminalizar del derecho a decidir.
Lo anterior, en conferencia de prensa donde informaron que están en un proceso de investigación y mapeo de las violencias que van presentar en un pronunciamiento el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Convocaron a otras mujeres a marchar en esa fecha, a las 3 de la tarde, desde la alameda Grandos Maldonado para la atención prioritaria de la agenda feminista.
De la Colectiva Femversas y Existencia Lesbica, Gabriela Córdova, denunció la omisión de autoridades impartidoras de justicia, con el ejemplo de intento de feminicidio de Alejandra Mateos, después de que su agresor que huyó a Estados Unidos para evadir la justicia en México, ahora demanda la deportación porque conoce la impunidad que existe en el país.
De la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres y del Observatorio de Violencias contra las mujeres Guerrero, Renata Gonzalez Moreno habló de Karla Peñaloza Martínez, joven afromexicana de 20 años, estudiante universitaria, desaparecida el 30 de enero, pese a las protestas de activistas para que el gobierno estatal y la Fiscalía del estado realicen todas las acciones necesarias para encontrarla.
Advirtió que están aumentando “de manera alarmante” los registros de mujeres desaparecidas, y realizan un mapeo con estos datos para que sean parte de su pronunciamiento del 8 de marzo.
De Mujeres Guerrerenses Eucaria Apreza, Erika Romero y Alicia Ayala exigieron acceso a la justicia con perspectiva de género, recordando el feminicidio de Ilse, en un hotel de la capital del estado, la semana pasada; y el de Julia, trabajadora del hospital general, asesinada el año pasado. En el segundo caso el acusado se encuentra vinculado a proceso.
De la Red Redefine, Angie Palafox, explicó que la manifestación llevarán documentados casos de diferentes tipos de violencias: vicaria, política, obstétrica, institucional, de matrimonios forzados, feminicida, desaparición de mujeres, acoso y hostigamiento en espacios laborales y educativos. Además van a exigir un alto a la persecución de activistas y de derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas.
Indicó que tienen datos de trece carpetas de investigación tipificadas por homicidio en razón de parentesco, “la manera de criminalizar a las mujeres por abortar, pues tiene una penalidad más elevada”.
González Moreno agregó que las mujeres siguen enfrentando obstáculos en el acceso al aborto legal en el sector público estatal, porque sigue pendiente la reforma en materia de salud, que persona médico aún usa de pretexto para no dar el servidio. Indicó que  tienen casos documentados en el hospital general de Chilpancingo, Raymundo Abarca Alarcón, el general Donato G Alarcón de Ciudad Renacimiento y el CAAPS de la Progreso en Acapulco.
Aclaró que  hay un cambio del sistema estatal al IMSS Bienestar que  podría cambiar el esquema de la legislación de salud que sigue pendiente, sin embargo, la sola reforma de despenalización del aborto no es efectiva.
“Siempre vamos a tratar de incidir en que se haga realidad para las mujeres, sabemos que van a hospitales y no las atienden, sufren violencia institucional y violencia obstétrica, entonces por eso sí es la exigencia, seguimos pendientes en estas cuestiones”.
De la crisis financiera en la Fiscalía estatal, Palafox aclaró que el gobierno del estado tendría que asegurar los recursos para garantizar el acceso a la justicia, pero no es el único obstáculo para que las  mujeres accedan a la verdad, a la reparación del daño, “uno es la revictimización en las instancias, no se trata de dinero, las autoridades que son primeros respondientes generan violencia institucional para que no las afectadas  desista la presentación de carpetas de investigación”.
También llamaron a las víctimas de las distintas violencias de género a acercarse al movimiento para recibir acompañamiento.

 

Convocará el PRD a foro sobre el Plan B electoral; participarán colectivos feministas

Integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática (PRD) durante la sesión en el restaurante 100% Natural; en la gráfica el presidente Alberto Catalán, la secretaria general Iveth Díaz, Elia Oropeza, Mario Ruiz, Robell Urióstegui y Eleazar Sierra Foto: Jessica Torres Barrera

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD, Alberto Catalán Bastida, advirtió que dirigentes ni representantes populares de Morena en el estado respaldan el Plan B de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque no tienen información o aceptan que significa un retroceso para la vida democrática del país.
Consultado sobre la sesión de la DEE del PRD de este miércoles, informó que se aprobó la convocatoria de un foro sobre el Plan B en Guerrero, con la presencia del presidente nacional y secretaria general, Jesús Zambrano y Adriana Díaz, y con la presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz.
Asimismo, se informó que el viernes la dirigencia estará en condiciones de presentar un amparo por el aumento de peaje en las carreteras de cuota en la Autopista del Sol, que afecta tanto a guerrerenses como a visitantes.
Adelantó que el amparo es parte de una serie de acciones contra el alza a las tarifas, relacionadas con manifestaciones de protesta
Añadió que representantes de Morena guardan silencio también sobre el incremento de cuotas a la autopista, como en la discusión de la reforma electoral.
En cuanto al foro del Plan B, sobre cómo afectan los derechos políticos electorales de las mujeres, indicó que es abierto al público y se realizará el martes 21 de febrero en Chilpancingo, con la dirigencia nacional, tanto el presidente Jesús Zambrano y la secretaria general Adriana Díaz.
“Esperamos contar con la participación de colectivos feministas, en particular de la red de mujeres políticas, pero es abierto al público porque es muy importante que demos a conocer los alcances que tiene, sobre todo afectaciones”.
Sobre la colaboración con la organización de la sociedad , explicó que tuvo oportunidad de hablar con mujeres de diferentes sectores relacionados con la Red en la instalación de uno de los grupos en Acapulco.
“Platicamos, muchas militantes en la Red, amigas de otros partidos y otros, y acordamos generar actividades para visibilizar los efectos del Plan B sobre los derechos de las mujeres. Por eso decidimos con la dirigencia nacional traer este foro, y visibilizar todos los atentados que pretende el gobierno  federal para perpetuarse en el poder”.
El tercer tema de la sesión, añadió, es la continuidad de la gira para reestructurar los comités municipales, donde estimó un avance de 60 por ciento.
Aclaró que en algunos municipios donde ya renovaron comités, siguen reforzando con visitas y coadyuvancia para el desarrollo del trabajo político de sus compañeros.

Respaldan ONG a la trabajadora despedida del Centro Morelos; exigen una disculpa del director

Defensores de derechos humanos, feministas, artistas, abogados y periodistas del estado y del país se declararon en respaldo a la ex trabajadora del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Araceli Tecolapa, despedida injustificadamente por denunciar acoso sexual y laboral del director Manuel Olivares Hernández, y le exigieron una disculpa pública y que reconozca la violencia de género que ejerció en contra de ella.
Agregaron que las relaciones de poder al interior de las organizaciones también tiene una clara dimensión política, que confían que esta crisis ayude a construir organizaciones más coherentes, y aprovecharon para exigir al Estado un trato digno.
Entre los firmantes está la senadora electa Nestora Salgado, el poeta nahua y defensor de los derechos lingüísticos Martín Tolnameyotl, profesores de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, sin embargo no firman como integrantes de las organizaciones, sino de manera individual. La única organización que se pronuncia en el escrito es el Centro de Arte Contra la discriminación y otras formas de violencia A. C.
El pasado 26 de junio Araceli Tecolapa Alejo fue despedida injustamente por expresar que sufrió violencia de género, acoso laboral y sexual del director del Centro Morelos, que se ubica en Chilapa.
“El trabajo que Araceli realizaba dentro de la organización fue que al hablar la lengua náhuatl hacía más fácil la comunicación entre sus compañeros y las familias indígenas que se encuentran en la búsqueda de sus familiares desaparecidos, en algunas ocasiones colaboraba como perito traductor ante el Ministerio Público, también hacia la difusión que ayuda a visibilizar la impunidad y la falta de voluntad de las autoridades en el tema de desaparición de personas en Guerrero, así también facilitaba talleres psicosociales para las familias que son acompañadas por el Centro Morelos”, se menciona en el comunicado.
El 6 de julio Araceli Tecolapa emitió un comunicado a organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos locales y nacionales y personas de su confianza, donde expresó el trato y las formas en que fue manejado su despido, para que pudieran intervenir y mediar en esta situación.
“De igual forma queremos expresar nuestro sentir, malestar e indignación por el trato recibido al no haber sido escuchada, al haber minimizado los hechos, revictimizándole y dejándole en mayor situación de vulnerabilidad”, remarcan los firmantes.
Añade que se viven tiempos difíciles en el país y en Guerrero, y por ello resulta preocupante que dentro de las organizaciones exista una actitud que violenta a las compañeras, minimizando y normalizando, “cuando la detección de la violencia de género es un insumo básico para impulsar la lucha en los diferentes ámbitos que componen la dignificación de la vida”.
El documento expone que con este pronunciamiento no quieren sacar provecho de la situación ni mucho menos pretenden afectar a la organización, a sus integrantes, a las familias que acompañan ni el trabajo de años, porque reconocen la labor que ha desempeñado.
“Como mujeres defensoras nos solidarizamos y nos sumamos a la petición de la compañera Araceli, pidiendo que el director del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón A. C. el C. Manuel Olivares haga una disculpa pública, reconociendo la violencia de género hacia ella”, abunda.
En consulta telefónica el director de Tlachinollan, Abel Barrera expuso que “lo que hemos platicado como sabemos que es una situación lamentable, en el sentido en que un organismo hermano se encuentra en una situación complicada con una compañera que siente que no está siendo escuchada, atendida, la importancia de que internamente puedan platicar, para sobre todo atender el planteamiento de la compañera Araceli, y al mismo tiempo de poder ser partícipes de este diálogo, yo creo que son situaciones delicadas, complicadas donde se tiene que escuchar a la compañera”, expuso. “Yo creo que el compañero Manuel tiene que asumir una responsabilidad de atender el planteamiento”, consideró. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

No se respetan los derechos de las empleadas del hogar, denuncian organizaciones

 

“Las mujeres sufren violencia, discriminación, no se respeta el derecho de ninguna de nosotras”, declaró la representante legal de la Red de Mujeres Empleadas del Hogar, Justina Hermillo Martínez, durante la presentación del Cuadernillo de derechos humanos y laborales de las mujeres empleadas del hogar.
La presentación del cuadernillo se llevó a cabo en el edificio José María Morelos y Pavón de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum). Asistieron a la actividad la asesora de la red, Petra Hermillo Martínez, integrantes de esa organización; el ombudsman, Ramón Navarrete Magdaleno; la titular de la Secretaría de la Mujer, Mayra Martínez Pineda; las feministas Emma Cerón Díaz, María Luisa Garfias Marín y Liduvina Gallardo Suástegui, y representantes de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.
Antes de la presentación del cuadernillo, que se elaboró con la colaboración de la Codehum, Mujeres Guerrerenses por la Democracia, el Despacho Jurídico Solís y Asociados y los asesores de la Red de Mujeres Empleadas del Hogar, se inauguró una exposición de artesanías en la plazoleta de la Comisión, que elaboraron las moradoras de la Casa Solidaria que se encuentra en la capital, cuyo objetivo es recibir a mujeres que llegan a la ciudad a buscar trabajo en casas para lavar, barrer, trapear, limpiar, cuidar a niños y enfermos, tareas que son llamadas “domésticas”.
“Les pagan una miseria de 30 a 50 pesos” a trabajadoras en la Montaña, señala

Justina Hermillo fue la encarga de presentar el cuadernillo que consta de 40 páginas de información sobre los derechos laborales de las empleadas del hogar, las condiciones en las que ejercen su oficio y los riesgos a los que se enfrentan, debido a que son acosadas sexualmente.
De acuerdo con el último cuatrimestre de la Encuesta Nacional del Empleo 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Guerrero, 67 mil 589 mujeres eran empleadas del hogar, frente a sólo 5 mil 762 hombres que se dedicaban al mismo oficio. En Chilpancingo hay poco más de 6 mil 672 trabajadoras que, según Justina Hermillo, ganan 250 pesos, mientras que a las mujeres de municipios de la Montaña “les pagan una miseria de 30 a 50 pesos”, y el salario mínimo actual en México es de 88.36 pesos por día. “Queremos un salario justo, que no nos muramos de hambre nosotras y nuestros hijos”, expresó.
En el cuadernillo se explican términos como “relación laboral” y los derechos que establece la Ley Federal del Trabajo, que indican que los empleados tienen que tener un salario, días de descanso, vacaciones y jornadas laborales establecidas, que si se exceden más de nueve horas deben ser pagadas de manera extraordinaria.
Si bien el objetivo del cuadernillo es sensibilizar a la sociedad respecto del trabajo que hacen las empleadas del hogar, también es necesario que las mujeres que se dedican a este oficio conozcan que tienen derechos respaldados por la ley.
Justina Hermillo también hizo énfasis en el acoso y la violencia de que son víctimas las mujeres trabajadoras del hogar, incluyendo acoso sexual, principalmente de los empleadores. Dijo que es preocupante la situación porque, de acuerdo con datos recopilados en el cuadernillo, de 2003 a 2016 siete mujeres dedicadas a este oficio fueron asesinadas en Guerrero.
Ante tales circunstancias, la red pidió que se den garantías para que las mujeres empleadas del hogar tengan acceso a sus derechos laborales, como todos los trabajadores, y que se respeten sus derechos humanos.

 

Critican grupos feministas a la Fiscalía por evadir decretar la alerta de género

 

Integrantes de organizaciones feministas reprocharon que la Fiscalía evada la emisión de la Alerta de género bajo el argumento de que las mujeres asesinadas tuvieron vínculos con el crimen organizado.
En conferencia de prensa para anunciar la Primera Reunión Preparatoria Rumbo al Encuentro Nacional Feminista que se realizará en el Centro Internacional Acapulco (CIA), este sábado, la presidenta de la organización Mujeres y Hombres Avanzando Juntos, María de Jesús Martínez Hernández, denunció que el 5 por ciento de las prerrogativas de los partidos políticos no son aplicadas para la capacitación de sus miembros sobre la perspectiva de género.
Criticó también que el gobierno del estado “gaste los recursos convocando a conciertos y diciendo que así es como se empodera a las mujeres. El gobierno del estado invita a Margarita la Diosa de la Cumbia a un concierto y el testimonio de su vida no empodera a las mujeres”.
Respecto a las declaraciones del fiscal Javier Olea, quien dice que las mujeres asesinadas están involucradas en actividades del crimen organizado, la activista señaló que no hay una investigación real de la Fiscalía.
“No investigan bajo qué circunstancias están (las mujeres en esas actividades), porque muchas veces ellas son amenazadas para permanecer allí, son raptadas, secuestradas y las fuerzan a trabajar. Hombres y mujeres pienso yo, no están trabajando en eso por gusto”, dijo Martínez Hernández.
Señaló que cuando las organizaciones feministas buscan dar seguimiento a los casos, se encuentran con expedientes en los cuales, los nombres de las víctimas parecen como “reservado”.
“El procurador dice que las mujeres están dentro del crimen organizado, las llevan sus propias parejas y terminan siendo ultimadas con sus parejas sentimentales, pero no investigan, no hay carpetas abiertas. Solamente tenemos cifras y al parecer no le importan a nadie, las mujeres son números que allí se quedan, y a las investigaciones aparecen como nombre reservado cuando nosotros hacemos una investigación como organización”, señaló.
Dijo que la atención a la línea telefónica de atención a emergencias 911, carece de atención a víctimas de violencia de género.
“Son militares los que están atendiendo el 911 y a las mujeres no les garantiza nada, están apareciendo mujeres muertas a golpes, y otras que son parte de la organización a quienes hemos tenido que acompañar al Ministerio Público porque el 911 no llegó”, denunció.
Durante la conferencia señaló que la resistencia detiene la generación de políticas públicas para mujeres: “¿se niegan a trabajar para las mujeres?, ¿se niegan a reconocer los derechos de las mujeres? Tenemos dos casos tratados como feminicidio, y hasta noviembre del año pasado teníamos 77 feminicidios”, expresó.
La organización que preside atiende diez casos de mujeres violadas.
En la conferencia también estuvieron la integrante de la organización Renovación con Valores, Anabel Martínez Miranda, y la activista Alma Rosa Salgado, quien también forma parte de la organización Mujeres y Hombres Avanzando Juntos.
El objetivo de la reunión, que se llevará a cabo este sábado, es con miras a integrar una agenda nacional que aborde temas sobre la discriminación, el aborto y el gasolinazo principalmente, mismo que se discutirá en Encuentro Nacional que se realizará en Puebla en septiembre, a la que acudirán 130 activistas de Guerrero.

Fueron asesinadas 199 mujeres en Guerrero desde enero de este año; 96 son en Acapulco

Desde enero de 2016, 199 mujeres han sido asesinadas en distintos hechos de violencia en el estado, es decir, un promedio mensual de 16.58 víctimas, indica un recuento de la información publicada en El Sur.
En Acapulco fueron asesinadas 96, el mayor número en comparación con otras regiones, le siguen en mayor número de mujeres asesinadas Chilpancingo con 17, Iguala con 14 y Zihuatanejo con siete; Coyuca de Benítez, Chilapa, San Luis Acatlán, con cuatro casos en cada municipio; Huitzuco, Ayutla, Cocula, Atoyac, Tlapa, Tecpan y Eduardo Neri (Zumpango), con tres muertes en cada caso.
Continúan Copalillo, Coyuca de Catalán, Cuajinicuilapa, Tixtla, Igualapa, Quechultenango, Pilcaya, Buenavista de Cuellar y Ajuchitlán del Progreso, con dos; y Arcelia, Tlapehuala, Taxco, Marquelia, San Miguel Totolapan, Pungarabato, Copanatoyac, Leonardo Bravo, Florencio Villareal (Cruz Grande), Ometepec, Azoyú, Apaxtla de Castrejón, La Unión y Zirándaro, con uno en cada demarcación.
El año pasado, al menos 162 mujeres fueron asesinadas en Guerrero, por lo que feministas y organizaciones de mujeres han demandado al gobierno del estado la declaratoria de alerta de género, pero el gobernador, Héctor Astudillo Flores se ha negado, argumentando que deben analizarse todos los casos y que no hay elementos para que en la entidad se emita tal declaratoria.

Amas de casa, comerciantes, estudiantes, empleadas y policías, entre las víctimas de la violencia

Las edades de las víctimas van de los 14 a los 88 años, y entre ellas hubo amas de casa, estudiantes, empleadas y funcionarias de gobierno, trabajadoras de la iniciativa privada, una policía municipal, mujeres que se dedicaban a la preparación y venta de alimentos, comerciantes, una guardia de seguridad, empresarias, una maestra de primaria, trabajadoras de centros de diversión, una coordinadora de taxis, una trabajadora doméstica, una estilista, y una checadora de autobuses del servicio público de transporte.

Los crímenes a lo largo del año

El 24 de enero de 2016, los cuerpos de dos mujeres fueron encontrados en una fosa clandestina en la carretera de Amojileca y Xocomanatlán, del municipio de Chilpancingo. Seis días después, dos mujeres y un hombre fueron ejecutados a balazos en la colonia 24 de Febrero, en Iguala, hecho en el que otro joven fue herido.
El siete de febrero, en el municipio de La Unión, en la carretera que conduce a la salida de la cabecera municipal hacia Coahuayutla, una mujer identificada como Adalberta Ocampo Rivera de unos 35 años, fue asesinada de nueve balazos.
El 22 de ese mes, en el paraje conocido como La Barranca del Salitre, en la comunidad de Nuevo Balsas, Cocula, se encontró el cuerpo lapidado de una mujer que había desaparecido días antes.
El 25 de febrero, una estudiante de 22 años de la Unidad Académica Preparatoria número 26 de Chilapa, fue encontrada desmembrada, degollada y semienterrada en un predio en el fraccionamiento Los Reyes, en la periferia de la cabecera municipal.
La noche de ese día, una pareja fue ejecutada a balazos por dos hombres armados, afuera de su casa en la cabecera municipal de Cuajinicuilapa.
El 2 de marzo, hubo cinco asesinatos, entre ellos dos de mujeres, en Acapulco. El día 22, una mujer fue asesinada a machetazos en la colonia Emiliano Zapata, y el 12 de abril fue encontrado el cuerpo de una mujer desmembrada dentro de bolsas negras en la colonia Progreso, también del puerto de Acapulco.
El 28 de marzo en Tlapa, Arturo o Aurelio Castañón Ramírez de 38 años asesinó de cuatro disparos a su pareja, Cinthia Guadalupe Quiroz de 25 años, originaria de la comunidad de Plan de Guadalupe, Atlamajalcingo del Monte, donde se desempeñaba como policía municipal. El feminicida se suicidó.
En la cabecera municipal de San Miguel Totolapan, en la región de la Tierra Caliente, la noche 8 de abril, hombres armados se metieron a una casa del barrio San Martín, donde asesinaron a una mujer de 30 años y su hijo de 10, a balazos en la cabeza.
El 13 de abril, el cuerpo de Yessica Salgado Ramos fue encontrado en una calle de terracería de la colonia Villas del Sol, en la periferia de Chilpancingo, con un balazo en la cabeza, apuñalada, semidesnuda y con huellas de tortura. Según reportes policiacos, días antes, hombres armados sacaron a la mujer de su casa en El Ocotito.
En otro caso similar, el 1 de mayo, la oficial de la Policía Municipal de Tecpan, María Antonio Romero de 20 años fue asesinada a balazos por su pareja, adentro de una casa en ese municipio. De acuerdo con el reporte oficial se trató de un femenicidio; el asesino es un policía federal del sector Caminos activo.
El 22 de mayo, un enfrentamiento a balazos entre policías estatales y presuntos delincuentes dejó una policía estatal y un civil muertos, así como tres heridos en la carretera federal Chilpancingo-Chilapa.
El 26 de mayo, una mujer fue hallada muerta a pedradas en la colonia El Cayaco, en la zona conurbada de Acapulco. La víctima estaba en la zanja de una terracería. Los peritos informaron que la mujer, de unos 30 años, murió a consecuencia de golpes propinados con bloques de concreto y troncos de madera.
El 30 de mayo, la restaurantera y también vendedora de bienes raíces, María de Lourdes Maldonado de la Cruz fue ejecutada en la calle Gonzalo N. Ramírez, de la colonia Tribuna Nacional, en Chilpancingo, a unos 100 metros de la casa del gobernador Héctor Astudillo Flores.
El 7 de junio, los cuerpos de dos hombres y una mujer fueron encontrados en fosas clandestinas en la colonia Nueva Orleans, de Chilapa.
El 28 de junio, fue asesinada a balazos una mujer en Acapulco. Unos días antes, el 24 de junio, en distintos hechos, cuatro hombres y dos mujeres fueron ejecutados en la cabecera municipal de Iguala y en la comunidad de Zacacoyuca en ese municipio. Cinco de las seis víctimas fueron halladas con el tiro de gracia y los ojos vendados, además de que dejaron junto a los cuerpos una narcomanta.
El 14 de julio, una joven de unos 20 años fue asesinada a balazos, su cuerpo fue hallado en el nuevo libramiento a Tixtla.
El 19 de agosto, dos hombres y una mujer fueron asesinados a balazos en Tierras Prietas, a unos 500 metros del hospital general Raymundo Abarca Alarcón, en Chilpancingo.
Seis días después, el 25 de agosto fueron asesinadas una mujer y una niña, junto con un hombre, durante el asalto a una tienda de la colonia 21 de Marzo, de Chilpancingo.
El 25 de septiembre, fueron ejecutados a balazos una estudiante de la Unidad Académica de Ciencias de la Educación, un estudiante de la Preparatoria 33 de la UAG, una niña de dos años y un hombre, durante el asalto a una tienda de abarrotes en la colonia CNOP, en Chilpancingo.
El 4 de octubre, un hombre encapuchado ejecutó a una mujer afuera de su casa en la colonia Guadalupe, en la cabecera municipal de Buenavista de Cuéllar.
El 6 de octubre, ocurrieron tres asesinatos a balazos en distintos hechos de violencia en Acapulco, entre ellos el de una vendedora de jugos en el fraccionamiento Costa Azul. El día 12 de ese mes, el cuerpo de la doctora del IMSS, Adela Rivas Obé, quien estaba desaparecida desde el 22 de septiembre, fue hallado en un barranco de la playa La Majahua, en Zihuatanejo.
El 17 de octubre, tres cuerpos, el de una mujer y los de dos hombres, fueron exhumados de una fosa clandestina en la colonia Ampliación Miguel de la Madrid, en la parte alta de Las Cruces, en Acapulco.
El 3 de noviembre, una mujer fue ejecutada frente a sus hijos en su casa en la comunidad de Arroyo del Zapote, municipio de Ayutla.
Seis días después, la dueña de una cocina económica en Tecpan fue asesinada a balazos en la periferia de la cabecera municipal.
En Acapulco, el 19 y 20 de noviembre hubo 10 asesinatos, entre ellos los de una adolescente y de una mujer adulta.
El líder de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG), Juan Mendoza Tapia, y su esposa, Francisca Santos Delgado, desaparecieron el 24 de noviembre cuando se trasladaban a Chilpancingo, a una reunión en Palacio de Gobierno. El domingo 4 de diciembre, fueron encontrados sus cadáveres, envueltos con zarapes y lonas, cerca de Las Antenas, en Zumpango, a más de hora y media de camino de la carretera federal Chilpancingo-Iguala.
El cuerpo de una joven estilista de 20 años, que desapareció en octubre en Chilapa, se encontró entre los 32 cadáveres hallados en las 20 fosas clandestinas en el cerro Tenanchitla, en Zitlala, el 5 de diciembre.