Eliana García Laguna  

Dice Thomas Hobbes en su Leviatán, que “los pactos que no descansan en la espada no son más que palabras”. Lo anterior adquiere especial vigencia cuando se revisa el momento que vive nuestro país. Para el Poder Ejecutivo, uno de los garantes del Estado encargados de cumplir y hacer que se cumpla la ley, llegó el momento de blandir su espada y descargar su furia contra los adversarios políticos.

El filo fue sacado de un supuesto desacato por parte del gobierno de la ciudad de México para cumplir con el amparo concedido a los propietarios del predio conocido como El Encino, para paralizar las obras y se desbloqueara el acceso. Un juez federal concedió la suspensión del acto expropiatorio que había hecho la anterior administración capitalina, para que en ese terreno se construyeran vialidades y obras de interés común; en particular, para dar acceso a un hospital.

Lo curioso del asunto radica en que el gobierno federal aplica la ley en la forma y momento que mejor le conviene, para obtener un beneficio político. Es decir, dependiendo del sapo es la pedrada. Lo anterior no significa que así como en otras ocasiones se ha empleado la ley en busca de la impunidad o del beneficio de los amigos, se deba hacer igual que en el caso del jefe de gobierno del Distrito Federal. Pero es evidente que en esta ocasión a la ley se le buscó la parte más filosa para encajarla en el gobernante capitalino.

Mentira que no había opciones para que se cumpliera la norma. El renombrado ex ministro Juventino Castro lo ha afirmado de manera categórica: el juez que envió el expediente a la Procuraduría General de la República debió turnar el caso a la Suprema Corte, para que ahí se determinara si hubo o no desacato. De esta manera se garantizaría además el derecho constitucional del debido proceso y de la ampliación de pruebas y alegatos.

Pero se optó por la espada. Justo en el momento en que el arsenal que se había empleado con anterioridad se agotaba, se esgrime el arma blanca para rematar.

Está claro que la andanada de ataques tienen un blanco preciso: debilitar y acabar de una vez con el proyecto de nación alternativo. Se han sucedido de manera continua y orquestada, desde diversos flancos y empleando todas las herramientas a su alcance, sin importar que la ley ofrezca otras rutas.

Veamos si no. El juez que envía el caso a la PGR le instruye para que considere si debe iniciarse una averiguación previa o no. Es decir, el Ministerio Público tuvo que haber verificado si las obras se habían detenido a tiempo y si se había desbloqueado el acceso.

En una parte de este proceso, el magistrado del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, Alberto Pérez Dayán, resolvió lo siguiente: “lo procedente es revocar la resolución del juez (esto es, la de violación de la suspensión de las obras), pues sólo se había demostrado que se continuaban los trabajos de apertura de vialidades, lo que no fue materia de la suspensión… pero no se acreditó la quejosa (los dueños del predio) que estaban bloqueados los accesos… pero está visto que el actuario judicial (autoridad sobre la que recayó la responsabilidad de determinar si se cumplía con la suspensión de obras) no observó ningún bloqueo y sí en cambio tuvo acceso al predio…”

Y a pesar de esta reflexión y las pruebas que presentó el gobierno de la ciudad, a fin de cuentas prevaleció el criterio del juez de que sí se había producido la violación.

Y el Ministerio Público no recurrió a otro tipo de pruebas antes de solicitar el desafuero del jefe de Gobierno, y prefirió argüir que no había para dónde hacerse y que la ley se aplica sin mirar a quién.

La punta de la espada pende sobre la cabeza de quien, a pesar de todo, sigue estando al frente de las preferencias de la gente para gobernar este país a partir de diciembre de 2006. Las armas han hecho mella con calculada precisión, pero la esperanza perdura.

Y ahora el caso está en manos de la Cámara de Diputados. Y un asunto que según el gobierno federal no tiene tintes políticos se traslada a la arena política por excelencia.

Y si este ataque no surte los efectos esperados, la afiladora ya está lista para pulir la espada. Que si el daño ambiental y del patrimonio histórico por trasladar la estatua de Cuahtémoc en la avenida Reforma; que si el reglamento para el tratamiento de aguas; que si se exhibieron documentos que demostraban una acción planeada por parte de la Secretaría de Hacienda en contubernio con autoridades de Estados Unidos, en fin, el gobierno federal aplica la máxima aquella que se imprime en algunas espadas: “no me saques sin valor y no me metas sin honor”.

El pobre criterio de algunos jueces, combinado con el frenesí guerrero de quienes se ven amenazado en la continuidad de su viabilidad política en el poder, ha dado como resultado una combinación que a fin de cuentas pone en entredicho al Estado de derecho y a la convivencia democrática, y nos instala en el País pantano en el que a cada movimiento nos hundimos todos más y más.