Se reúnen el gobernador y el fiscal con familiares de desaparecidos en Chilapa; prometen una comisión especial

 

El gobernador Héctor Astudillo Flores y el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, se reunieron con familiares de desaparecidos de la región, y se comprometieron a formar la comisión especial para la atención de los casos de desaparecidos en Chilapa, que había prometido el gobernador desde octubre.
A siete meses de que familiares de desaparecidos en la ciudad comenzaron a exigir su presentación, el gobernador y el fiscal general se reunieron con ellos en la cabecera municipal.
Un día antes, el vocero de los desaparecidos, José Díaz Navarro anunció que el fiscal estaría en la ciudad para hablar con ellos, sin embargo no tenía confirmada la presencia del gobernador.
Aunque tenían programado el encuentro para las 10 de la mañana, cerca de las 2:20 de la tarde ambos funcionarios llegaron junto con el alcalde Jesús Parra García, y la diputada federal Verónica Muñoz Parra. La reunión tuvo lugar en el salón de fiestas y reuniones Mi Pueblito, donde se mantuvo una reunión a puerta cerrada.
Unos 40 minutos después, se abrió una rueda de prensa en la que Astudillo Flores señaló que en enero acudirá a Chilapa junto con el fiscal, para crear la comisión especial para la atención de los casos de desaparecidos en Chilapa.
Sin embargo, Héctor Astudillo Flores ya se había comprometido el 15 de octubre, cuando vino a la ciudad en calidad de gobernador electo, a crear esta comisión, y entonces aseguró que al tomar protesta regresaría a Chilapa con ese objetivo.
El gobernador dijo también que se creará un grupo especial de investigación sobre el paradero de los desaparecidos del 9 al 14 de mayo, cuando ingresaron a la ciudad civiles armados proveniente de comunidades del sur de Chilapa, que dijeron que venían en busca de delincuentes.
Manifestó que firmará una iniciativa para crear la comisión estatal de atención a víctimas, con funciones similares a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
El gobernador dijo que, independientemente de la creación de la comisión especial para atender los casos de desaparecidos en Chilapa, verán que desde la Fiscalía General del Estado (FGE) se cree un grupo institucional que esté permanentemente con los familiares.
Por otro lado, ordenó a Parra García que atendiera las demandas de los familiares, una de ellas la destitución del secretario de Seguridad Pública en el municipio, Juan Suástegui Epifanio.
“Yo le pido aquí al presidente municipal que cambie al secretario de Seguridad Pública, yo no veo porqué tenga que sostenerlo; cámbialo. Se originó un problema aquí, yo diría, presidente, que vea la manera de relevarlo que busque una persona que no genere inconformidad en la propia gente, yo te lo quiero pedir de la mejor manera, el asunto de los hilos negros, tanto el Ejército nacional, como la Marina, como la Policía Federal, están dispuestos a apoyar en los hilos negros”, remarcó Astudillo Flores, e insistió, “sé que el municipio es independiente pero yo creo que ante un señalamiento de que el secretario de seguridad no estuvo a la altura de las circunstancia (…) se tiene que relevar, te lo pido como gobernador”.
Ante la inconformidad de los familiares con el Ministerio Público del fuero común que no atiende adecuadamente a las víctimas, el gobernador instó a Xavier Olea en que lo cambien.
Otra de las quejas que manifestaron los familiares al gobernador es que, pese a la presencia del Ejército, la Policía Federal y la Policía Estatal, la violencia sigue en Chilapa y en Zitlala.
Indicó que este jueves tratará este tema con el grupo de Coordinación Guerrero, para que el Ejército y la Policía Federal, “también hagan algo más de lo que vienen haciendo”.
Una familiar exigió que acuda a la región la Marina, porque pese a la presencia de las tres corporaciones policiacas, continúa la violencia.
Sobre las deudas acumuladas por los familiares que se han dedicado a buscar a sus desaparecidos, que ascienden a 900 mil 400 pesos, el gobernador también ordenó al presidente municipal que atienda ese caso, y dijo que si no podía resolverlo, él lo haría.
El gobernador reprobó quevecinos de comunidades del sur de Chilapa se hagan pasar por policías comunitarios, “vinieron a hacer actos que todavía nos tienen en la situación de dolor, principalmente a las madres”.
Dijo que está pendiente del caso, que no es fácil, y pidió a los familiares que no pierdan la fe de que van a encontrar a sus desaparecidos.
Posteriormente, Díaz Navarro declaró que tienen un registro de 57 desaparecidos, sin embargo recordó que son más, 200 desaparecidos y 200 homicidios, pero que la mayoría de los familiares temen denunciar, se han ido del municipio o desconfían en las autoridades.

Reprochan familiares de desaparecidos en Chilapa que Rogelio Ortega incumplió compromisos

Familiares de desaparecidos de la región reprocharon que terminó la administración del ex gobernador, Rogelio Ortega Martínez y nunca les entregaron los apoyos que el DIF estatal les prometió en cada visita que hizo a las víctimas.
A una semana de que se cumplan seis meses de que unos 300 civiles armados provenientes de comunidades del sur de Chilapa incursionaron del 9 al 14 de mayo a la cabecera municipal, familiares de 16 vecinos que denunciaron su desaparición en ese lapso siguen sin saber de ellos.
Posteriormente, se sumaron familiares de desaparecidos antes del 9 de mayo y de después del 14 para exigir también el esclarecimiento de su desaparición, aunque también siguen sin conocer el paradero de sus parientes.
Después de que los familiares comenzaron a denunciar la desaparición de sus parientes y exigir su presentación con vida, el 27 de mayo a la ciudad arribaron representantes del DIF estatal, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para ofrecerles apoyos mientras se buscaba a sus desaparecidos.
Este miércoles, los familiares de desaparecidos de Chilapa reprocharon que los apoyos que ofreció desde su primera visita el psicólogo y jefe de departamento de atención a víctimas de casos especiales del DIF estatal, Ariel Flores Acuña, nunca se materializó.
El 27 de mayo, en su primera visita informó a los familiares que los apoyaría con atención alimenticia (despensas), asesoría jurídica, proyectos productivos y canalización a las dependencias del estado según la necesidad.
Regularmente, desde ese día acudía cada miércoles a la ciudad, y en varias ocasiones los familiares se quejaron de que habían transcurrido los meses y seguían en trámites los apoyos que les prometieron.
Flores Acuña anunció que a finales de septiembre les entregarían los apoyos, pues la administración de Rogelio Ortega estaba por terminar.
Transcurrieron cuatro meses, tiempo en que los familiares no dejaron de entregar documentos y llenar formatos, pero nunca les entregaron los apoyos, salvo una despensa y una cobija.
De la CEAV, lo único que han obtenido los familiares es, cada miércoles, atención psicológica y cien pesos semanarios a familias de la cabecera municipal y 160 pesos a familias de comunidades, para su transporte.
También les aseguraron que los incluirían en programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), proyectos productivos, gestión de becas ante la Secreta de Educación Pública (SEP) y acompañamiento jurídico, todo gratuito. Y que la CNDH estaría vigilando las acciones que emprendieran, para que se hicieran con pleno respeto a sus derechos humanos.