Familiares de desaparecidos de la región reprocharon que terminó la administración del ex gobernador, Rogelio Ortega Martínez y nunca les entregaron los apoyos que el DIF estatal les prometió en cada visita que hizo a las víctimas.
A una semana de que se cumplan seis meses de que unos 300 civiles armados provenientes de comunidades del sur de Chilapa incursionaron del 9 al 14 de mayo a la cabecera municipal, familiares de 16 vecinos que denunciaron su desaparición en ese lapso siguen sin saber de ellos.
Posteriormente, se sumaron familiares de desaparecidos antes del 9 de mayo y de después del 14 para exigir también el esclarecimiento de su desaparición, aunque también siguen sin conocer el paradero de sus parientes.
Después de que los familiares comenzaron a denunciar la desaparición de sus parientes y exigir su presentación con vida, el 27 de mayo a la ciudad arribaron representantes del DIF estatal, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para ofrecerles apoyos mientras se buscaba a sus desaparecidos.
Este miércoles, los familiares de desaparecidos de Chilapa reprocharon que los apoyos que ofreció desde su primera visita el psicólogo y jefe de departamento de atención a víctimas de casos especiales del DIF estatal, Ariel Flores Acuña, nunca se materializó.
El 27 de mayo, en su primera visita informó a los familiares que los apoyaría con atención alimenticia (despensas), asesoría jurídica, proyectos productivos y canalización a las dependencias del estado según la necesidad.
Regularmente, desde ese día acudía cada miércoles a la ciudad, y en varias ocasiones los familiares se quejaron de que habían transcurrido los meses y seguían en trámites los apoyos que les prometieron.
Flores Acuña anunció que a finales de septiembre les entregarían los apoyos, pues la administración de Rogelio Ortega estaba por terminar.
Transcurrieron cuatro meses, tiempo en que los familiares no dejaron de entregar documentos y llenar formatos, pero nunca les entregaron los apoyos, salvo una despensa y una cobija.
De la CEAV, lo único que han obtenido los familiares es, cada miércoles, atención psicológica y cien pesos semanarios a familias de la cabecera municipal y 160 pesos a familias de comunidades, para su transporte.
También les aseguraron que los incluirían en programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), proyectos productivos, gestión de becas ante la Secreta de Educación Pública (SEP) y acompañamiento jurídico, todo gratuito. Y que la CNDH estaría vigilando las acciones que emprendieran, para que se hicieran con pleno respeto a sus derechos humanos.