Vinculan a proceso por homicidio al presunto asesino de una estudiante de la capital afuera de CU

Una jueza de Control vinculó a proceso por homicidio calificado al presunto responsable del asesinato a balazos de una estudiante la madrugada del sábado 1 de junio frente a Ciudad Universitaria Sur (CU), en Chilpancingo, en el plazo de 72 horas reglamentarias para determinar su situación legal.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, conocidas en audiencia pública del juicio oral, la víctima tuvo una riña con “una amiga del imputado” en la discoteca Rabitt, ubicada frente a CU, alrededor de las 2:30 de la mañana. Incluso, se detalló que personal de la discoteca intervino para detener la pelea donde también estuvo el agresor.
Indicaron que la joven de 22 años, que identificaron con el seudónimo de Mari, después llamó por teléfono a su papá para que fuera por ella, y acordaron que la esperaría en el estacionamiento de CU, donde está la parada del transporte público. El papá llegó después de unos 10 o 15 minutos.
Ahí observó a su hija caminar hacia él, también notó que en carril contrario se estacionó un jeep tipo Hummer, color arena, al que no le prestó atención, pero del que salió un hombre que cruzó la calle, interceptó a su hija y le disparó en tres ocasiones.
Calculó que estaba a unos 8 metros de distancia y salió a auxiliar a su hija, que perdió la vida de inmediato, mientras el agresor huyó.
Describió al agresor como un hombre de complexión regular, alrededor de 1metro 58 centímetros de estatura, moreno y peinado con copete en el frente; en la audiencia anterior, del 23 de junio, se informó que el padre de la víctima reconoció al imputado como la persona que privó de la vida a su hija a través de una cámara gesell, de identificación con visión unilateral, de la unidad de secuestros de la Fiscalía General del Estado (FGE).
La defensa alegó vaguedad en los elementos de prueba en la carpeta de investigación, señaló la posibilidad de que el ofendido, el papá de Mari, haya sido preparado para señalar al imputado. También reveló que el detenido fue puesto a disposición de un juez por una orden de aprehensión distinta a la investigación del presente juicio. Insistió en que no se puede conculcar la presunción de un delito sin acreditar un medio de prueba de quien haya accionado el arma contra la víctima.
Entre otros puntos en su análisis, la jueza dijo que en el levantamiento cadavérico de la víctima se hallaron cartuchos percutidos de pistola 38 súper, que la joven murió debido a un shock hipovolémico, por sangrado de tórax y abdomen, y que el papá fue testigo del ataque.
Consideró que es muy alta la probabilidad de que el imputado cometió el delito, no obstante que fue detenido por la portación de una pistola 38 súper y posesión de mariguana, ya que la Policía Investigadora encontró similitudes con el perfil detallado del asesino de la joven.
Además, indicó que un perito de balística estableció que el arma confiscada al detenido corresponde a los casquillos encontrados en la escena del crimen en CU, y sí existe una mecánica de hechos en la formulación del delito.
En este tenor, dictó el auto de vinculación a proceso por la probabilidad de haber cometido el homicidio calificado.

 

Ratifica la Segob su negativa a dar protección al testigo del asesinato de Hernández Cardona

Ayer la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), ratificó la negativa de devolver las medidas de protección al testigo del homicidio del dirigente de Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, denunció la Red Solidaria Década contra la Impunidad.
En un comunicado confirmó que en esta circunstancia el sobreviviente y testigo del asesinato de Hernández Cardona y de los activistas Ángel Román Ramírez y Rafael Banderas Román, Nicolás Mendoza Villa no ratificará su declaración ante el juzgado Primero Penal Federal de Matamoros contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, a quien afirma que vio disparar contra el dirigente social.
Aunque los hechos ocurrieron en mayo de 2013, el exalcalde fue detenido después del ataque a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, cuando ocurrió la desaparición forzada de 43 normalistas el 26 de septiembre de 2014.
La Red denunció que en febrero de este año cuando el Mecanismo retiró las medidas cautelares al activista de Iguala, que propuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobernador Héctor Astudillo Flores y el presidente estatal del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán públicamente ofrecieron intervenir para que Mendoza Villa mantuviera la protección estatal, pero no hicieron nada.
Informa que este lunes 30 de octubre se llevó se llevó a cabo la presentación de su caso ante la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, pero la Red Solidaria Década Contra la Impunidad y el mismo Nicolás Mendoza Villa no recibieron la formal convocatoria para su audiencia.
Fue llamada la defensora de derechos humanos Éricka Zamora Pardo para conocer la fecha de presentación ante la Junta de Gobierno de otro caso, de Beatriz Hernández, a quién se le hace una “reevaluación de riesgo”.
En esta sesión Zamora Pardo denunció que Mendoza Villa sigue vulnerable ante una posible agresión, y hace siete meses no cuenta con la protección del estado a pesar de que es beneficiario de medidas cautelares dictadas por la CIDH.
Aseguró que el viernes 6 de octubre, alrededor de las 3 de la tarde personas en una camioneta color azul rey, marca Ford, placas K92AMU de Guerrero vigilaron su casa, el lunes 9 de octubre su vivienda fue observada por extraños desde una camioneta placas HCK9457 de Guerrero y el viernes 27 de octubre desde una camioneta negra con placas HCK9457 de Guerrero.
Lamenta que pese a lo manifestado, el equipo de evaluación ratificó la negativa a devolver las medidas de protección al testigo de cargo en contra de José Luis Abarca, por lo tanto, confirmaron que Mendoza Villa no ratificará su declaración ante el juzgado Primero Penal Federal de Matamoros, “y la impunidad avanza, responsabilizamos al Estado mexicano de la integridad física y psicológica de Nicolás Mendoza Villa y de la familia del activista Arturo Hernández Cardona”.
Explica que la Junta de Gobierno del Mecanismo consideró que el nivel de riesgo de Mendoza Villa se redujo porque está fuera de Guerrero, pero considera su situación como desplazado de manera forzada.
Mendoza Villa fue uno de los ocho activistas que sufrieron desaparición forzada por autoridades de Iguala, y tres de ellos fueron encontrado muertos.