Etiqueta: medidas de protección

Exhorta Artículo 19 a autoridades a otorgar medidas de protección a periodistas en Iguala

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

Artículo 19 exhortó al gobierno de Guerrero, a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a otorgar medidas de atención por amenazas a periodistas en Iguala.
Mediante un comunicado de prensa, la organización defensora de la libertad de prensa con sede en Londres señaló que periodistas de Iguala recibieron amenazas de muertes de perfiles relacionados con grupos delictivos.
“Periodistas de la zona de Iguala, recibieron amenazas de muerte de parte de dos perfiles de la red social de Facebook Guerrero Libre CDS tlacos y Empresas Unidas de Guerrero, que públicamente se han ensañado en utilizar este tipo de publicaciones para generar incertidumbre y gozar de impunidad total”.
Debido a dichas amenazas, la organización exigió a la FGR una coordinación para las investigaciones correspondientes, mientras que al Mecanismo se le pidió contactar a los periodistas para hacer una evaluación de riesgos, mientras que al gobierno estatal se le pide que cumpla con su responsabilidad legal.
“Al gobierno del estado de Guerrero, que también realice las acciones correspondientes para atender a las víctimas, así como cumplir cabalmente con la responsabilidad que le confieren las leyes locales, nacionales y tratados internacionales”.
Señalaron que en Guerrero las autoridades locales han quedado exhibidas ante su posible colaboración con grupos de la delincuencia organizada, destacando que Iguala es un soporte para estos colectivos criminales.
“Las autoridades locales han sido evidenciadas ante el posible contubernio con múltiples grupos de la delincuencia organizada, que pululan por los destellos de la macrocriminalidad, en donde Iguala de la Independencia, ocupa un arista del entramado delincuencial que abarca los tres niveles del gobierno, por lo que gran parte de la sociedad de ese estado, se encuentran en el desamparo” indicaron.
Respecto a las amenazas en cuestión, precisaron que se publicaron en Facebook el 12 de junio pasado, después de que los periodistas difundieran información e investigaciones sobre el desempeño de las autoridades locales como obras y actividades públicas.
“La última amenaza data del día nueve de agosto de 2023, en donde de nueva cuenta enlista a varios periodistas de Iguala, lo inaudito y crudo es que las amenazas van adjuntas algunas fotografías, captura de pantallas y mensajes intimidantes en cualquier horario y colocar supuestamente su ubicación”.
Recordaron el asesinato del locutor Pablo Salgado en Iguala en junio, así como el homicidio del director del portal Lo Real de Guerrero, Nelson Matus Peña, en Acapulco durante julio, asegurando que las autoridades se han visto “inoperantes” ante estos casos.
“El grado de riesgo para realizar el trabajo periodístico n el estado de Guerrero, provoca que se corra el riesgo de tener zonas de silencio, ante el desplazamiento inminente, por el hostigamiento de la delincuencia organizada, las ausencias de las autoridades y la corrupción”, manifestaron.
Destacaron que debido a la falta de transparencia en los gastos de aspirantes a cargos públicos que demandan los intereses de un sector en el estado, lo que complica el ejercicio de labores periodísticas.
“La grave situación de inseguridad y derroche de la publicidad en las pre elecciones, establece una agenda política, dentro de la cual no hay manera eficaz de transparentar los gastos de precandidatos y sus seguidores, dejando un amplo margen para el derroche de recursos económicos que interpelan intereses de las cúpulas caciquiles del estado de Guerrero, lo que desgraciadamente es un detrimento para el gremio periodístico, ante el ejercicio de su labor”.
En tanto que afirmaron que el Mecanismo de Protección actuó con “opacidad” indicando que periodistas han recibido invitaciones para la revisión de las medidas, pero que han sido cambiadas sin explicación alguna.
“Señalamos que corresponde a los tres niveles de gobierno, el cumplir con el abanico de obligaciones que las leyes nacionales y tratados internacionales les embiste y generar las condiciones necesarias para el libre ejercicio del periodismo” determinaron.
Agregaron que en los últimos tres años, se han documentado 104 hechos de agresión a periodistas, en los que no se han dado a conocer mayores datos, además de existir cien por ciento de impunidad en los casos de periodistas desaparecidos, señalando que es una constante.

Vuelve a impugnar Jacinto González las medidas cautelares que le impuso el IEPC

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El dirigente estatal de Morena y diputado local, Jacinto González Varona, volvió a impugnar las medidas de protección que dictó la Comisión de Quejas y Denuncias, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), para que, entre otras restricciones, no se acerque a la diputada del PRI, Gabriela Bernal Reséndiz, en tanto se desahoga la queja de violencia política en razón de género en su contra.
Luego que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) revocó el primer acuerdo y ordenó a la comisión emitir uno nuevo, con un análisis de riesgo y otros lineamientos de protocolo, que motiven y justifiquen la decisión, la que se aprobó la semana pasada y ratificó las medidas de protección.
Según el recurso de apelación publicado en estrados, desde este domingo, el acuerdo “viola el principio de legalidad, en sus vertientes de fundamentación y motivación y de fundamentación jurídica, exhaustividad y congruencia”.
El diputado argumentó que ninguno de los lineamientos requeridos por el TEE fueron desarrollados por la comisión para establecer los riesgos notorios o afectaciones inminentes, su nivel, la peligrosidad, el establecimiento de potenciales amenazas y su factibilidad, así como la idoneidad de la medida de protección impuesta.
Se señala que tampoco observó un análisis que arrojen datos que, de alguna manera en la actualidad, difamen, injurien, denigren o descalifiquen a la denunciante en el ejercicio de sus funciones políticas, en menoscabo de su imagen pública.
En cuanto a la naturaleza de los cargos del imputado, como dirigente de partido estatal y diputado local, consideró que la autoridad debía analizar “preliminarmente a la luz de los derechos de libertad de expresión, pero de frente al derecho que tiene la denunciante a una vida libre de violencia, y en particular, a no ser objeto de violencia política, en su calidad de servidora pública”, y aseguró que tampoco lo hizo.
Insistió en que las medidas cautelares “no pueden basarse sólo en la denuncia de posibles hechos constitutivos de violencia política de género”, sino que es indispensable un estudio preliminar, en el que se brinden razones suficientes para decir que la conducta denunciada puede traducirse en un acto violento que afecta derechos políticos electorales.

Ratifica la Segob su negativa a dar protección al testigo del asesinato de Hernández Cardona

Ayer la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), ratificó la negativa de devolver las medidas de protección al testigo del homicidio del dirigente de Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, denunció la Red Solidaria Década contra la Impunidad.
En un comunicado confirmó que en esta circunstancia el sobreviviente y testigo del asesinato de Hernández Cardona y de los activistas Ángel Román Ramírez y Rafael Banderas Román, Nicolás Mendoza Villa no ratificará su declaración ante el juzgado Primero Penal Federal de Matamoros contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, a quien afirma que vio disparar contra el dirigente social.
Aunque los hechos ocurrieron en mayo de 2013, el exalcalde fue detenido después del ataque a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, cuando ocurrió la desaparición forzada de 43 normalistas el 26 de septiembre de 2014.
La Red denunció que en febrero de este año cuando el Mecanismo retiró las medidas cautelares al activista de Iguala, que propuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobernador Héctor Astudillo Flores y el presidente estatal del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán públicamente ofrecieron intervenir para que Mendoza Villa mantuviera la protección estatal, pero no hicieron nada.
Informa que este lunes 30 de octubre se llevó se llevó a cabo la presentación de su caso ante la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, pero la Red Solidaria Década Contra la Impunidad y el mismo Nicolás Mendoza Villa no recibieron la formal convocatoria para su audiencia.
Fue llamada la defensora de derechos humanos Éricka Zamora Pardo para conocer la fecha de presentación ante la Junta de Gobierno de otro caso, de Beatriz Hernández, a quién se le hace una “reevaluación de riesgo”.
En esta sesión Zamora Pardo denunció que Mendoza Villa sigue vulnerable ante una posible agresión, y hace siete meses no cuenta con la protección del estado a pesar de que es beneficiario de medidas cautelares dictadas por la CIDH.
Aseguró que el viernes 6 de octubre, alrededor de las 3 de la tarde personas en una camioneta color azul rey, marca Ford, placas K92AMU de Guerrero vigilaron su casa, el lunes 9 de octubre su vivienda fue observada por extraños desde una camioneta placas HCK9457 de Guerrero y el viernes 27 de octubre desde una camioneta negra con placas HCK9457 de Guerrero.
Lamenta que pese a lo manifestado, el equipo de evaluación ratificó la negativa a devolver las medidas de protección al testigo de cargo en contra de José Luis Abarca, por lo tanto, confirmaron que Mendoza Villa no ratificará su declaración ante el juzgado Primero Penal Federal de Matamoros, “y la impunidad avanza, responsabilizamos al Estado mexicano de la integridad física y psicológica de Nicolás Mendoza Villa y de la familia del activista Arturo Hernández Cardona”.
Explica que la Junta de Gobierno del Mecanismo consideró que el nivel de riesgo de Mendoza Villa se redujo porque está fuera de Guerrero, pero considera su situación como desplazado de manera forzada.
Mendoza Villa fue uno de los ocho activistas que sufrieron desaparición forzada por autoridades de Iguala, y tres de ellos fueron encontrado muertos.