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Prepara el gobierno de Guerrero disculpa a víctimas de la guerra sucia: subsecretario

El subsecretario Francisco Rodríguez Cisneros escucha al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Félix Medina en las oficinas de la CNDH en la Ciudad de México Foto: Gobierno del estado

Juan Luis Altamirano

Ciudad de México

El subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, aseguró que el gobierno del estado busca dar cumplimiento a la recomendación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), relacionada con el trato a las víctimas de guerra sucia, la cual deberá terminar con una disculpa pública.
Luego de una reunión con la Comisión en la Ciudad de México, Rodríguez Cisneros declaró a El Sur que la posición del gobierno del estado es cumplir la recomendación realizada por el organismo, que data desde 2023.
“Dar cumplimiento a la recomendación 98VG/2023 que ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos en atención al periodo conocido como la Guerra Sucia, periodo en el estado de Guerrero en el que se cometieron abusos, que se hizo un uso excesivo de la fuerza por parte de las instituciones y de quienes en esa época estaban al frente de las diversas instituciones del gobierno del estado”, declaró Rodríguez.
Añadió que una de las tareas de la recomendación es la atención a las víctimas por parte del gobierno federal, con apoyo del estatal, además de realizar una disculpa pública a las personas agraviadas por las violaciones llevadas a cabo durante dicho periodo.
“Tiene que atenderse a las víctimas, el gobierno de México ya avanzó en este proceso de reconocimiento y atención al igual que lo estamos haciendo nosotros desde lo local. Tiene que concluir en una disculpa pública en la que intervienen tanto las autoridades locales como el gobierno de México”.
Comentó que la postura del gobierno de Guerrero es de dar cumplimiento a las recomendaciones planteadas por la CNDH, además que se dio un silencio respecto a las violaciones de la Guerra Sucia y que se tiene un compromiso moral con las víctimas de persecución.
“Este silencio que se ha guardado durante décadas ha profundizado el agravio hacia las víctimas, desde el gobierno del estado de Guerrero hemos velado siempre por el estado de Derecho, pero sobretodo por el respeto irrestricto a los derechos humanos”.
De igual forma comentó que no se trató otro tema distinto al cumplimiento de la Recomendación por parte de la Comisión, además que afirmó que se busca que el estado mantenga el diálogo como mecanismo de atención, ya que aseguró que en Guerrero “no existe represión ni persecución política por la expresión de las ideas”.
Rodríguez Cisneros dijo que para revisar el cumplimento de las recomendaciones por parte del gobierno del estado, se establecerán tiempos por parte de la Comisión, además que el encuentro fue programado previamente como parte de seguimiento.
En la mesa de diálogo estuvieron el secretario ejecutivo de la CNDH, Francisco Javier Estada Correa, el director de Derechos Humanos, Juan Carlos Castañón Arcos y la titular de la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, Cecilia Velasco Aguirre.
La Recomendación emitida por la CNDH tiene tareas especificas para la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación, el Centro Nacional de Inteligencia, el Archivo General de la Nación y para la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Las acciones para la gobernadora

En las acciones para la gobernadora, se pide realizar “acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública por las atroces graves violaciones a derechos humanos registradas en el periodo de 1965 a 1990”.
De igual forma, gestiones para diagnosticar necesidades a las víctimas, coadyuvar en un plan de reparación integral, colaboración administrativa y presupuestaria y designar a una persona para dar seguimiento a la recomendación.
La Recomendación también identifica que se “realice las gestiones necesarias para que la nomenclatura de calles, los monumentos públicos, nombres de escuelas y otros lugares públicos, que refieran a perpetradores señalados en el presente instrumento recomendatorio, sean señalados públicamente como violadores a derechos humanos y, en conjunto con las víctimas sobrevivientes y familiares de violencia política de Estado, se establezcan alternativas de cambio de nomenclatura y/o desmonte de monumentos o estatuas que refieran a perpetradores”.
Dicha Recomendación se cruza con el homenaje realizado por el gobierno del estado por el natalicio del ex gobernador Rubén Figueroa Figueroa en noviembre, personaje señalado por su participación en la Guerra Sucia.

 

“Me pusieron un cuatro con testigos falsos, dice Pedro Segura; acusa al gobierno estatal

Alejandro Guerrero

Iguala

El ex candidato a gobernador de Guerrero por la alianza PT-PVEM en 2021, Pedro Segura Valladares, reiteró que detrás de su detención está el gobierno de Guerrero, de acuerdo con información que le dio un agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, y mencionó senador de Morena, Félix Salgado Macedonio.
En una transmisión en vivo realizada desde su rancho Cuatro Potrillos, ubicado en Wisconsin, Estados Unidos a las 8:08 de la noche de este viernes desde su perfil de Facebook, luego de su liberación el martes por falta de pruebas, el también empresario habló de su detención y encarcelamiento durante una semana en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, transmisión en la que se conectaron más de 13 mil personas.
Dijo que no culpaba al gobierno federal, “pero sí al estatal”, y señaló que tal vez el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch “no sabe, pero quiero que se entere y vea lo que tiene en Guerrero”.
Narró que un amigo suyo, agente de la DEA, en un viaje a Dubái el 8 de febrero de 2024, le mostró un archivo de la Fiscalía General de la República (FGR), en el que la advirtió que “descaradamente” lo querían detener: “quieren que te metamos lavado de dinero en Estados Unidos”, y afirmó que no quería mencionar el nombre de quién estaba detrás de esa petición.
Mencionó que ese agente le preguntó si su esposa Bertha Saavedra Salgado tiene parentesco con el senador Félix Salgado Macedonio, a lo que respondió que no.
“Pues quieren que te metamos lavado de dinero en Estados Unidos”, le insistió el agente. Él preguntó quién lo estaba reportando, y en seguida asumió que “al buen entendedor, pocas palabras”, en alusión al senador Félix Salgado, padre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
–Este personaje (Félix Salgado) ya dos veces me lo mencionaste, ¿es él?– dijo que le preguntó a su contacto. A lo que él le respondió con risas. Agregó que esa ocasión el agente federal de Estados Unidos le dijo que al otro día contestaría a la FGR que estaba “limpio”.
Segura Valladares consideró que como en Estados Unidos no pudieron detenerlo, lo hicieron en México con el uso de testigos protegidos, los que son personas a quienes les pagan dinero para hacer falsas acusaciones, y afirmó que los cuatro testigos que lo señalaron “no se presentaron a la audiencia y no existen, simplemente me querían chingar”.
Contó que le hicieron mil preguntas y contestó a todo, “en ninguna fallé porque soy derecho, pero no se vale que te pongan un cuatro, mejor me hubieran mandado a matar. Esa gente que me puso el cuatro no les funcionó y ya Guerrero despertó”.
“Me tenían como un delincuente atado de las manos y de las patas, me trataban como perro, comida de perro me daban. Encerrado en un cuarto donde pasé ocho días, y eso se me grabó. Tienes cámaras en tu cama y en el baño, te tienen vigilado, la luz no la puedes apagar, con luz día y noche me tenían como el peor delincuente, pero salí porque soy inocente”, y describió como una “tortura” su encarcelamiento.
Afirmó que lo acusan del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa “porque yo he ayudado más a los padres enfermos, que no tienen ni para comer, para sus medicinas o pasajes, no me voy a cansar de ayudarlos nunca”. Asimismo, negó la acusación de que en su hotel haya almacenado droga.
El empresario en el sector hotelero y dental, agradeció al Consulado mexicano, ya que la embajada de Estados Unidos diario llamaba para preguntar por su caso y le llamaban a él para saber cómo estaba en prisión.
Segura Valladares reiteró su aspiración para buscar nuevamente la gubernatura de Guerrero para el proceso electoral próximo: “2027 vamos por Guerrero y solamente muerto me van a parar, estoy más fuerte que nunca”, y criticó a los políticos y personas que se deslindaron de él luego de su detención.

 

Mantiene el gobierno estatal monitoreo de paisanos afectados por incendios en Los Ángeles

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El gobierno del estado informó, mediante un comunicado, que mantiene un monitoreo sobre la situación de los incendios forestales que ocurren en Los Ángeles, California, para identificar posibles afectaciones a guerrerenses.
A través de un comunicado emitido la noche del jueves en las redes sociales, el gobierno del estado informó que se realiza un monitoreo en tiempo real a través de la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales, para de ser necesario apoyar a la población guerrerense radicada en Los Ángeles.
“Hasta el momento, no se tienen reportes de víctimas guerrerenses afectadas por esta tragedia. Sin embargo, expresamos nuestra solidaridad y profundo pesar a las familias de quienes lamentablemente han perdido la vida o resultaron heridas a causa de este desastre”.
En el escrito se menciona que también hay comunicación permanente con el Consulado General de México en Los Ángeles “con el objetivo de obtener información actualizada y, en caso de ser necesario, brindar asistencia y apoyo a las familias afectadas”.
“Se mantiene en constante monitoreo la situación derivada de los recientes incendios forestales ocurridos en la ciudad de Los Ángeles, California, en la costa oeste de Estados Unidos, con el propósito de identificar posibles afectaciones a personas de origen guerrerense”, se indicó.

No hay víctimas mortales ni daños al patrimonio de guerrerenses: Semai

La titular de la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales (Semai), Silvia Rivera Carbajal, informó que en seguimiento al caso, hasta la tarde del viernes no había información de víctimas ni daños materiales de los guerrerenses.
Vía telefónica, Rivera Carbajal informó que existe una comunicación directa y en tiempo real con el cónsul de Protección a Mexicanos, Juan Carlos Rodríguez Muñoz, y con el secretario del cónsul general, Víctor Miguel Poblete, quienes de manera constante notifican de la situación.
“Desde el principio de la emergencia el cónsul nos atendió y con él tenemos el contacto directo y nos informa que no hay registro de guerrerenses fallecidos, ni heridos ni afectados por los incendios, hasta el momento, y de la misma manera hay contacto con el secretario del cónsul general, y estamos en contacto para tener la información de manera inmediata de si en alguna situación hay afectados de Guerrero”, dijo Rivera Carbajal.
La funcionaria estatal agregó que el próximo 23 y 24 de enero viajará a Tijuana a ver la situación de las personas deportadas que hay, pero no descartó también tener información más cercana a las afectaciones del incendio.
“La zona de afectación es la zona residencial, la zona de Malibú, de Santa Mónica, de Hollywood, son una de las mejores zonas que tienen California; entonces, hasta hoy no tenemos ningún reporte, de mexicanos posiblemente haya, pero eso no nos compete, yo ahí no me meto porque nosotros nada más estamos pidiendo informes de guerrerenses y al menos hoy no tenemos ningún reporte, pero seguiremos atentos porque esto no ha terminado, el problema sigue, pero vamos a estar y estamos atentos para cualquier cosa darlo a conocer”, agregó Rivera Carbajal.

Afectaría a quienes se empleaban en las zonas afectadas,

El diputado federal por acción afirmativa migrante de la tercera circunscripción, el guerrerense originario de Copala, Aniceto Polanco Morales, consideró que por los daños y pérdida total de las zonas residenciales, en el corto plazo puede afectar a los migrantes, tanto mexicanos como guerrerenses que se empleaban en dichos lugares.
También considero que cuando llegue la etapa de reconstrucción la oferta laboral podrá aumentar y beneficiar a migrantes guerrerenses que trabajan en la construcción y en la carpintería.
“Son zonas de clase media alta, y clase alta y yo creo que sí puede afectar a los y las trabajadoras domésticas, a los que están en el rubro de la jardinería
Pero por otro lado pienso que sí se hará una reconstrucción, pues también habrá mucho trabajo para la carpintería, apoyar a hacer casas, porque si se va a ocupar mucha gente para reconstruir las casas”, mencionó vía telefónica.
Explicó que la zona afectada está muy alejada de los lugares y condados donde habitan guerrerenses, y aseguró que él tampoco tiene algún reporte de víctimas mortales, heridos ni daños materiales a alguna propiedad.
“Va haber trabajo, habrá que reconstruir la ciudad, habrá trabajo para todo mundo, por el momento si va afectar los trabajadores domésticos y de jardines, pero se va a continuar con la reconstrucción”.
Otro de los temas que preocupan es el de las aseguradoras, ya que con tantas viviendas declaradas en pérdida total los seguros no podrán pagar los daños, podrían declararse en bancarrota y afectar a contratos y elnaumento de precios a dueños de otras viviendas, entre ellos mexicanos y guerrerenses.

 

Por cuarto día, cercan edificios del gobierno para obstaculizar protestas de Ayotzinapa

Una mujer y su hijo observan la sede del poder Ejecutivo cercada ante posibles protestas tras el asesinato del estudiante de Ayotzinapa Yanqui Kothan Gómez Foto: Jessica Torres Barrera

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

Por cuarto día, la sede del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado, calles aledañas y otros edificios gubernamentales de Chilpancingo se mantuvieron blindados y cercados para ostaculizar las protestas de los normalistas de Ayotzinapa, que exigen justicia para su compañero Yanqui Khotan Gómez Peralta, asesinado por policías estatales.
Este lunes, en la sede del Poder Ejecutivo las labores se realizaron de manera parcial, de acuerdo con algunos trabajadores consultados. A los empleados se les pidió no asistir, sólo trabajadores de confianza y jefes de área acudieron de manera normal.
Los pocos trabajadores que acudieron a laborar tienen que sortear todos los obstáculos para poder ingresar a sus oficinas, algunos se quejaron de que tienen que caminar más de un kilómetro porque sólo hay un acceso al edificio: la puerta 4, en la calle Recursos Hidráulicos.
El edificio del Poder Ejecutivo fue resguardado desde el viernes con camionetas oficiales atravesadas en las calles cercanas, pero desde la noche del sábado se comenzaron a colocar las vallas y a levantar los muros de fierro.
Agentes de la Guardia Nacional con equipo antimotines resguardan desde dentro el edificio.
En las ventanas se colocaron redes para evitar daños si avientan piedras o artefactos explosivos.
A las 9 de la mañana, hora de entrada de los empleados, varias personas sortearon los obstáculos colocados.
Si una persona llega del norte de la ciudad, tiene que atravesar seis obstáculos que van desde vallas, camiones de volteo,  coladeras sin tapas, muros de contención de concreto y los muros de fierro de alrededor de 3 metros de alto.
Para este último obstáculo, las personas se cuelan por un espacio lateral que quedó entre el muro metálico y la guarnición que da al encauzamiento del río Huacapa.
Por el lado sur, hay más vallas y muros metálicos que dificultan el acceso a los empleados y peatones en general.
El acceso en automóvil es prácticamente imposible ante todos los muros y vallas instalados.
Comerciantes de alimentos y papelerías de los alrededores co-mentaron que por las medidas de seguridad y la reducción de labores ya hubo bajas en sus ingresos.
Asimismo, los edificios Juan N. Álvarez y Casa Guerrero fueron resguardos con barreras metálicas ante las posibles manifestaciones que no ocurrieron.
El edificio de recaudación estatal de la Secretaría de Finanzas y Administración, Juan Álvarez, ubicado en el centro de la ciudad, y uno de los más concurridos por personas que acuden a realizar trámites, también amaneció con refuerzos de vallas y placas metálicas, además las ventanas fueron protegidas con tablones de madera.
En el edificio Juan Álvarez, se improvisó una entrada de emergencia para los trabajadores y personas que acudieron a realizar algún trámite. Casa Guerrero también fue blindada con las vallas y los refuerzos metálicos.
El Congreso del Estado suspendió labores ante los rumores de las manifestaciones.
Al final los estudiantes de Ayotzinapa sí se manifestaron en la capital, pero no violentamente ni contra alguno de los edificios gubernamentales resguardados.
Los estudiantes realizaron un mitin en la Autopista del Sol, al sur de la capital, frente al hotel Parador del Marqués, donde retuvieron un autobús y dos vehículos oficiales.
Entre 3 y 4 de la tarde, hora de salida de los empleados, el peregrinar es el mismo, salen por la puerta 4, en la calle Recursos Hidráulicos y tienen que atravesar los obstáculos metálicos, las vallas, las coladeras sin tapa y los vehículos.
Además la caminata se alarga por casi un kilómetro porque al estar cerradas las calles no hay circulación del transporte público en las calles cercanas a la sede del Ejecutivo.
Hasta las 4 de la tarde se mantenían los resguardos y no había indicaciones de levantarlos.

Con 62% de recursos que usó en la elección en 2021, organizará el IEPC el proceso de 2024

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo
En la propuesta de presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2024 que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda envió al Congreso local, se plantea que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), reciba 393 millones 120 mil pesos, que son 302 millones menos de lo que este órgano había solicitado para el año en el que habrá elecciones locales para renovar ayuntamientos y diputaciones locales.
En julio, el Consejo General del IEPC aprobó el anteproyecto del presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2024, en el que el órgano calculó un gasto de 695 millones 543 mil 148 pesos, pero la propuesta del Ejecutivo es de 393 millones 120 mil pesos.
Para el ejercicio fiscal 2021, año en el que se hubo elección para renovar la gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos, el Congreso aprobó al IEPC 630 millones 74 mil pesos.

La distribución por dependencias

En el paquete fiscal 2024 que la gobernadora envió al Congreso local por 81 mil 752 millones de pesos, se piden para el Poder Ejecutivo 45 mil 808 millones 999 mil pesos; para el Poder Legislativo son 879 millones 417 mil pesos, de los cuales 692 millones 770 mil pesos son solo para el Congreso local y 186 millones 646 mil para la Auditoría Superior del Estado (ASE); y mil cinco millones 719 mil pesos al Poder Judicial.
En la distribución para las dependencias, la Secretaría General de Gobierno tendría un presupuesto de 393 millones 247 mil pesos, unos 29 millones más que lo etiquetado para 2023; mientras que para la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional que en el actual ejercicio fiscal ejerce 259 millones 682 mil pesos. Se pide que el próximo año reciba 383 millones 709 mil. Mientras que para la Secretaría de Finanzas y Administración se plantea un presupuesto de 645 millones 884 mil pesos, que es un incremento de más de 150 millones, ya que en 2023 recibió 495 millones 252 mil pesos.
Para la Secretaría de Bienestar, un presupuesto de 718 millones 755 mil pesos, la cual para este ejercicio fiscal recibió 689 millones; se propone también para las secretarías de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial 933 millones 997 mil pesos, esta dependencia en 2023 tiene un presupuesto de 896 millones 217 mil pesos.
Para la Secretaría de Seguridad Pública, la gobernadora, un presupuesto de 3 mil 634 millones 417 mil pesos para 2024, que son unos 250 millones más que los recibidos este año
La Secretaría de Educación Guerrero que este año recibió 26 mil 101 millones, se propone que para 2024 reciba 28 mil 701 millones, es decir, 2 mil 600 millones de incremento; para la Secretaría de Salud se plantea un incremento de 146 millones de pesos ya que pasa de 8 mil 385 millones 576 en 2023 a 8 mil 531 millones para el próximo ejercicio fiscal; a la Secretaría de Turismo se propone etiquetar 207 millones 787 mil, que este año recibió 179 millones.
A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural a la que este año se le etiquetaron 405 millones 600 mil pesos, para el próximo se plantean 422 millones 897 mil pesos.
Las secretarías que tuvieron incrementos mínimos son las de Cultura a la que se le plantea un presupuesto de 64 millones; la de Fomento y Desarrollo Económico para la que se proyectan 92 millones; a la de Medio Ambiente y Recursos Naturales 70 millones de pesos; para la de Asuntos Indígenas y Afromexicanos 60 millones 710 mil pesos; y la de la Mujer con 101 millones.
Mientras que para la Secretaría de la Juventud y la Niñez se etiquetan 39 millones 513 mil pesos; a la de Migrantes y Asuntos Internacionales 64 millones; a la de Trabajo y Previsión Social 89 millones; a la de Contraloría y Transparencia Gubernamental 128 millones 812 mil pesos; y para la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 394 millones 812 mil pesos.
En la propuesta de presupuesto, se plantea que para la Oficina de la gobernadora se aprueben 34 millones 478 mil pesos; para la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 13 millones 148 mil pesos; al Consejo de Políticas Públicas 3 mil 921 mil pesos; a la Procuraduría de Protección Ambiental 37 millones 237 mil pesos; al Tribunal de Conciliación y Arbitraje 42 millones 504 mil pesos.
 

Exhorta Artículo 19 a autoridades a otorgar medidas de protección a periodistas en Iguala

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

Artículo 19 exhortó al gobierno de Guerrero, a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a otorgar medidas de atención por amenazas a periodistas en Iguala.
Mediante un comunicado de prensa, la organización defensora de la libertad de prensa con sede en Londres señaló que periodistas de Iguala recibieron amenazas de muertes de perfiles relacionados con grupos delictivos.
“Periodistas de la zona de Iguala, recibieron amenazas de muerte de parte de dos perfiles de la red social de Facebook Guerrero Libre CDS tlacos y Empresas Unidas de Guerrero, que públicamente se han ensañado en utilizar este tipo de publicaciones para generar incertidumbre y gozar de impunidad total”.
Debido a dichas amenazas, la organización exigió a la FGR una coordinación para las investigaciones correspondientes, mientras que al Mecanismo se le pidió contactar a los periodistas para hacer una evaluación de riesgos, mientras que al gobierno estatal se le pide que cumpla con su responsabilidad legal.
“Al gobierno del estado de Guerrero, que también realice las acciones correspondientes para atender a las víctimas, así como cumplir cabalmente con la responsabilidad que le confieren las leyes locales, nacionales y tratados internacionales”.
Señalaron que en Guerrero las autoridades locales han quedado exhibidas ante su posible colaboración con grupos de la delincuencia organizada, destacando que Iguala es un soporte para estos colectivos criminales.
“Las autoridades locales han sido evidenciadas ante el posible contubernio con múltiples grupos de la delincuencia organizada, que pululan por los destellos de la macrocriminalidad, en donde Iguala de la Independencia, ocupa un arista del entramado delincuencial que abarca los tres niveles del gobierno, por lo que gran parte de la sociedad de ese estado, se encuentran en el desamparo” indicaron.
Respecto a las amenazas en cuestión, precisaron que se publicaron en Facebook el 12 de junio pasado, después de que los periodistas difundieran información e investigaciones sobre el desempeño de las autoridades locales como obras y actividades públicas.
“La última amenaza data del día nueve de agosto de 2023, en donde de nueva cuenta enlista a varios periodistas de Iguala, lo inaudito y crudo es que las amenazas van adjuntas algunas fotografías, captura de pantallas y mensajes intimidantes en cualquier horario y colocar supuestamente su ubicación”.
Recordaron el asesinato del locutor Pablo Salgado en Iguala en junio, así como el homicidio del director del portal Lo Real de Guerrero, Nelson Matus Peña, en Acapulco durante julio, asegurando que las autoridades se han visto “inoperantes” ante estos casos.
“El grado de riesgo para realizar el trabajo periodístico n el estado de Guerrero, provoca que se corra el riesgo de tener zonas de silencio, ante el desplazamiento inminente, por el hostigamiento de la delincuencia organizada, las ausencias de las autoridades y la corrupción”, manifestaron.
Destacaron que debido a la falta de transparencia en los gastos de aspirantes a cargos públicos que demandan los intereses de un sector en el estado, lo que complica el ejercicio de labores periodísticas.
“La grave situación de inseguridad y derroche de la publicidad en las pre elecciones, establece una agenda política, dentro de la cual no hay manera eficaz de transparentar los gastos de precandidatos y sus seguidores, dejando un amplo margen para el derroche de recursos económicos que interpelan intereses de las cúpulas caciquiles del estado de Guerrero, lo que desgraciadamente es un detrimento para el gremio periodístico, ante el ejercicio de su labor”.
En tanto que afirmaron que el Mecanismo de Protección actuó con “opacidad” indicando que periodistas han recibido invitaciones para la revisión de las medidas, pero que han sido cambiadas sin explicación alguna.
“Señalamos que corresponde a los tres niveles de gobierno, el cumplir con el abanico de obligaciones que las leyes nacionales y tratados internacionales les embiste y generar las condiciones necesarias para el libre ejercicio del periodismo” determinaron.
Agregaron que en los últimos tres años, se han documentado 104 hechos de agresión a periodistas, en los que no se han dado a conocer mayores datos, además de existir cien por ciento de impunidad en los casos de periodistas desaparecidos, señalando que es una constante.

Los criminales sólo mandan mensajes a quienes no cumplen los acuerdos, dice Ángel Aguirre

Ángel Aguirre Rivero responde a preguntas de los reporteros en la sede del CDE PRI donde se conmemoró el segundo aniversario luctuoso del ex gobernador René Juárez Cisneros Foto: Jessica Torres Barrera

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El ex gobernador perredista, Ángel Aguirre Rivero, afirmó los grupos criminales sólo mandan mensajes, “de diferente tipo”, a las autoridades que pactan con ellos y luego no cumplen los acuerdos, que en el caso de su gobierno, no tuvo nexos ni comunicación con ninguno de los grupos que operaban en el estado.
Al ex gobernador se le consultó sobre las declaraciones del obispo emérito Salvador Rangel Mendoza, quien después de los mensajes y videos en los que se exhibe a la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, en una reunión con un jefe criminal, ha hablado de otros videos y acuerdos de autoridades con grupos de la delincuencia organizada.
Se le preguntó sobre cómo fue el trato de su gobierno y si también hubo acuerdos, “yo nunca tuve ningún vínculo, comunicación, nexo alguno con ningún grupo criminal del estado de Guerrero, nunca, ni durante mi campaña ni estando al frente del gobierno”, dijo el ex gobernador por el PRD.
Se le preguntó si tampoco sus funcionarios tuvieron estos acercamientos, y respondió: “No lo sé, porque si no, los hubiera despedido”.
Después comentó que durante su campaña a la gubernatura, “me quisieron por ahí mandar un mensajito el cual rechacé de manera contundente”. Aguirre destacó, entonces, que durante su gobierno no recibió mensajes de la delincuencia organizada “nunca, jamás, ¿es fortuito? No”.
Soltó: “Cuando tú pactás con la mafia, con los grupos de la delincuencia y no les cumples con algo, te mandan mensajes de diferente tipo”.
Lamentó que “hoy en la política, en varios de los municipios del estado, quienes toman las decisiones sobre los candidatos a las presidencias municipales son los grupos de la delincuencia organizada” y señaló que esos municipios están ubicados, pero no los mencionó, “es una realidad muy triste que nos duele”.
También dijo que durante su gobierno hubo una relación, de “otros alcaldes con posibles nexos”, casos que se presentaron en la Mesa de Coordinación Guerrero y que se envió a la PGR, “pero siempre que me dirigía al que fungía como delegado de la PGR, en aquellos años, para preguntarle: ‘Oiga ¿cuándo se va a actuar en el caso Iguala?’”, la respuesta era ‘es que no tengo la autorización de mi jefe’. Nunca se quiso actuar”.
De ese caso dijo que hay testigos, porque “hoy son altos funcionarios del gobierno federal”, varios de los que en su momento fueron parte del Grupo de Coordinación y que conocían estos casos, “lo planteamos muchas veces”.
Reiteró que, si se hubiera procedido en esos casos, “no hubiera sucedido lo de Iguala”.

Busca sumar a MC y advierte que Ebrard crece

Se le preguntó también sobre la reunión que tuvo con Héctor Astudillo Flores, de la que anunció que acordaron ir juntos en el proceso electoral, y al respecto dijo que han tenido “muchas coincidencias (…) hemos venido acrecentando esa empatía”. Recordó que ya en el proceso electoral pasado ya fueron juntos el PRI y PRD, algo que se puede repetir en este proceso electoral por iniciar, “seguramente vamos a transitar y a ponernos de acuerdo en su momento”.
A pregunta sobre si buscará participar en el próximo proceso electoral, por algún espacio de representación popular, el ex gobernador dijo que no, a pesar de que destacó: “Yo no tengo ningún señalamiento del orden jurídico, mis derechos los tengo totalmente garantizados”.
Dijo que no participará por ningún cargo, “ni a comisario”, incluso, dijo que de acuerdo con lo que ha platicado con Héctor Astudillo, tampoco el priista tiene la intención de participar por algún espacio.
De la reunión que tuvo el martes con dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Julián López Galeana, dijo que no fue para hablar de candidaturas a través de ese partido.
En ese sentido, se refirió a la importante determinación que deberá tomar MC en lo federal, para sumarse o no al Frente Amplio por México o ir solo, porque pareciera que “como se ha dicho, Dante Delgado sigue a la espera de Marcelo”.
Ángel Aguirre dijo que Marcelo Ebrard “como el ave Fénix, está creciendo. Cuidado, entonces no sabemos. Y yo sigo pensando y diciendo que en Morena el mejor es Marcelo”.

Incumple el Cobach y no paga el bono de antigüedad, denuncian administrativos

Trabajadores administrativos del Colegio de Bachilleres (Cobach) denunciaron que el gobierno estatal no ha cumplido con el pago del bono a la antigüedad, que se tenía programado para la segunda quincena de marzo.
Los agremiados de la sección 31 del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno del Estado de los Municipios (Sutsopegm), acudieron este lunes al Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado, para solicitar el pago a funcionarios de la Secretaría de Finanzas.
La secretaria general de la sección 31, Guillermina Rodríguez Parra, informó que el director general del Cobach, Jesús Villanueva Vega, se había comprometido con pagar para la segunda quincena de marzo, pero incumplió.
Detalló que se les adeuda el pago a mil 200 trabajadores administrativos en todo el estado, que son alrededor de 8 millones de pesos que el gobierno estatal deberá de pagar el miércoles.
Rodríguez Parra externó que la base trabajadora está molesta, porque pensaban que tendrían el pago antes de salir de vacaciones. Indicó que Villanueva Vega le aseguró que el gobierno estatal es el que no ha “liberado” el dinero.
“A nombre de los trabajadores, le pedimos al gobierno estatal que libere el dinero, porque ya estaba anunciado y estamos esperando el pago. Porque de lo contrario, si no se hace, convocaríamos a la base para movilizarnos”, enfatizó. (María Avilez Rodrí-guez / Chilpancingo).

 

Si la federación recibió denuncias de mineras, aún no las comparte: Ludwig

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, escucha a su subsecretario de Desarrollo Político y Social, Óscar Chávez Rendón, al concluir la firma de convenio ayer entre Segalmex y el gobierno del estado, en Chilpancingo Foto: Emiliano Tizapa Lucena

El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, afirmó que en Guerrero no han recibido denuncias de extorsión de las empresas mineras, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo reiteró nuevamente ayer en su conferencia matutina.
Reynoso Núñez señaló que las empresas “deben de haber expresado alguna otra cosa allá”, y que el gobierno federal aún no les ha “bajado esa información”.
De manera extraoficial se conoció que el presidente se refirió a las empresas Altaley Mining Corporation que opera en Campo Morado, municipio de Arcelia –zona controlada por el grupo La Familia Michoacana– y Torex Gold Resources, que maneja la mina Media Luna ubicada en el municipio de Cocula donde se mueven remanentes del grupo Guerreros Unidos.
Este jueves, en su conferencia matutina López Obrador señaló por segundo día consecutivo que hay dos empresas mineras de Canadá en Guerrero que manifestaron problemas para poder trabajar, debido a que son extorsionadas por grupos delictivos.
Consultado al respecto ayer en las instalaciones de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), en Chilpancingo, antes de iniciar el evento de la firma del convenio de colaboración entre Selgalmex y el gobierno del estado, Ludwig Marcial Reynoso afirmó que ayer dialogaron “con las empresas y ellos dijeron que no han recibido amenazas de extorsión, se aclaraba que hay muchas más empresas en el país en la explotación de minas, no necesariamente en el estado, probablemente se esté dando en otros estados o estén manejando su información a nivel federal, que no nos ha llegado nosotros, pero en el estado no habido denuncias de extorsión no”.
–¿Ya se comunicaron a raíz de la información que da el presidente en sus conferencias matutinas con la Secretaría de Gobernación, de Economía o con Presidencia?
–Sí, ellos normalmente cuando se da un tema de seguridad de este tipo, lo remiten a la Mesa Estatal (de Seguridad). Hasta la sesión del día de hoy no se ha remitido nada, entonces vamos a esperar a que nos señalen con puntualidad cuáles son los casos, pero repito, ayer al menos dos empresas nos dijeron nosotros no tenemos ninguna tema (de extorsión), la de Mezcala y la de Cocula.
El secretario general de Gobierno se refirió a las empresas Minera Media Luna, propiedad del grupo canadiense Torex Gold Resources, ubicada en El Limón-Guajes, en el municipio de Cocula, y a la Mina Los Filos, de la empresa canadiense Equinox Gold Corp, ubicada en Mezcala, municipio de Eduardo Neri.
–¿Entonces el presidente está mintiendo o qué información tendrá?
–No, yo creo que deben de haber expresado alguna otra cosa allá (las empresas), pero con la precisión que a nosotros nos han señalado no, no nos han bajado esa información, si se da o si se presenta o si se presentó en el caso de Guerrero nos lo harán saber y nosotros también lo comunicaremos.
–¿Ya se comunicaron con los ejecutivos de Torex Gold entonces?
–Sí, yo hablé con Torex, hablamos con Equinox, y se habló con los de Capela y no se han dado estos casos (de extorsión), al menos ellos no nos los han manifestado directamente.
–¿Cuál es la situación de Capela, entendiendo que hay un conflicto social entre dos grupos armados en Teloloapan y Apaxtla?
–A ellos les preocupaba esa parte, y fue uno de los puntos que se trató en la reunión con ellos, nos dicen que hasta el momento no han tenido obstrucción a las actividades de la mina, pero obviamente les preocupa el conflicto que se está dando en la región.
“Nosotros nos mantenemos ahí, tenemos una cantidad importante de elementos tanto de la Policía del Estado, como de las dependencias federales y vamos a seguir en la zona, no vamos a dejarla”.

Presencia de la Familia michoacana en Tierra Caliente

Fuentes extraoficiales del sector minero consultadas ayer, informaron que las empresas a las que se refirió el presidente López Obrador son Altaley Mining, que opera en Campo Morado, en el municipio de Arcelia, y Minera Media Luna, del consorcio Torex Gold Resources, que explota las tierras del municipio de Cocula.
El 31 de octubre pasado El Sur publicó una investigación de los informes de inteligencias de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) filtrados por los hackers Guacamaya, en los que se indica que los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, los jefes de La Familia michoacana en la Tierra Caliente, tomaron parte de las actividades de la mina de Campo Morado, pertenecientes a la empresa Telson Mining, actualmente Altaley Mining, donde obtuvieron ganancias millonarias mensuales al menos registradas en 2018.
De acuerdo con lo publicado por El Sur la participación de la organización criminal en la mina se dio en el transporte de material y de personal, con camiones góndola. Telson Mining Corporation cerró operaciones por problemas de seguridad en septiembre de 2019 y reanudó trabajados en febrero de 2020, sin embargo, en mayo de 2021 reestructuró su Junta Directiva y cambió su nombre a Altaley Mining.
Por su parte, Torex Gold, con la Minera Media Luna, también de origen canadiense, en noviembre de 2017 enfrentó un paro laboral debido a que un grupo de trabajadores exigían el cambio de sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMMSSRM).
Sin embargo, en enero de 2018 hombres armados ejecutaron a balazos al ex trabajador de la minera Media Luna y uno de los dirigentes de los bloqueos, Quintín Salgado Salgado, de 37 años de edad, en el centro de la comunidad Nuevo Balsas, desde ese entonces en la zona se estableció la policía comunitaria del Nuevo Balsas, que tiene relación con la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), y de quienes recientemente, el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, reconoció que no les llamaría policías comunitarios sino “grupos armados que actúan de manera irregular”.

 

Le planteó Justin Trudeau los casos de extorsión a dos mineras en Guerrero, precisa AMLO

Planteó Trudeau a López Obrador los casos de extorsión a dos mineras en Guerrero

Ya se atiende el reclamo de las empresas canadienses, dice el presidente, quien por segundo día aborda el problema en su conferencia

Antonio Baranda y Claudia Guerrero / Agencia Reforma

Ciudad de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró ayer que dos mineras canadienses han reclamado por extorsiones de grupos de la delincuencia en Guerrero.
Por segundo día consecutivo, López Obrador informó que hay dos empresas mineras de Canadá en el estado de Guerrero que han manifestado que tienen problemas para trabajar, debido a que son extorsionadas por grupos delictivos.
El mandatario afirmó que ya se está atendiendo el reclamo de las empresas.
“Hay 125 empresas mineras canadienses y tenemos sólo problemas en dos, y además tienen razón, que son extorsionados en Guerrero por grupos que se dedican a la delincuencia”, declaró.
“Pero ya los estamos atendiendo, pero solamente dos”, aseveró en su conferencia mañanera este jueves en Palacio Nacional.
El miércoles, López Obrador informó que el gobierno de Justin Trudeau se ha quejado porque el crimen extorsiona y no deja operar a dos mineras canadienses en Guerrero.
Al hablar de la Cumbre de Líderes de América del Norte, el mandatario también admitió entonces que su gobierno tiene diferencias con Canadá por la “cuestión eléctrica”.
“Dos (mineras) se quejan que no los dejan trabajar en Guerrero, que es cierto, que los extorsionan”, dijo ese día, pero no indicó qué empresas son.
De acuerdo con reportes, minas de oro y plata han padecido extorsiones en los municipios Eduardo Neri, Tepecoacuilco, Cocula, Huitzuco, Copalillo, Heliodoro Castillo y Atenango del Río.
El mandatario dijo que ya se resolvieron cuatro problemas con empresas canadienses del sector eléctrico, tras petición del primer ministro de Canadá.
“Ayer estuve con empresarios de Canadá que tenían algunas inconformidades, ahora que vino el primer ministro Trudeau me pidió que si los atendíamos, y personalmente, con el gabinete económico, atendimos a cuatro empresas canadienses”, señaló.
“Y resolvimos los cuatro problemas sin ningún obstáculo, que tenían que ver con asuntos del sector eléctrico y así lo hicimos con las empresas estadounidenses y siempre buscamos la conciliación”, aseguró el mandatario, este jueves, en respuesta a una pregunta.
De inmediato se refirió a las 125 mineras canadienses y la queja de sólo dos en Guerrero.
Agregó que durante su administración, la mayoría de las empresas canadienses relacionadas con la minería apoyan al manejo del medio ambiente y de las comunidades en las que se establecen, además de asegurar que son las que más pagan a los trabajadores del sector.
López Obrador inició este miércoles conversaciones con representantes de empresas canadienses inconformes, luego de ofrecer a Trudeau un canal de diálogo directo con ellas.
El diferendo con dichas empresas tiene que ver con plantas eléctricas de empresas canadienses que cuentan con permisos de autoabasto.
Para López Obrador, esta modalidad de generación de energía es “fraude legal”, por lo que ha insistido en que su gobierno no va permitirlo.
El autoabasto permitía a personas físicas y morales generar electricidad para su consumo y, con ella, acceder a un suministro más competitivo que el ofrecido por la CFE (Con información de Juan Luis Altamirano Uruñuela).

Si la federación recibió denuncias de
mineras, aún no las comparte: Ludwig

Hubo comunicación ayer con las empresas canadienses en el estado y no les informaron de casos de extorsión, dice el secretario de Gobierno. En la Mesa de seguridad tampoco se atendió ninguna queja. Fuentes del sector minero informaron que las empresas a las que se refirió el presidente López Obrador son Ataley Mining que opera en Campo Morado, Arcelia, y Torex Gold Resources de la Minera Media Luna que está en Cocula

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, afirmó que en Guerrero no han recibido denuncias de extorsión de las empresas mineras, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo reiteró nuevamente ayer en su conferencia matutina.
Reynoso Núñez señaló que las empresas “deben de haber expresado alguna otra cosa allá”, y que el gobierno federal aún no les ha “bajado esa información”.
De manera extraoficial se conoció que el presidente se refirió a las empresas Altaley Mining Corporation que opera en Campo Morado, municipio de Arcelia –zona controlada por el grupo La Familia Michoacana– y Torex Gold Resources, que maneja la mina Media Luna ubicada en el municipio de Cocula donde se mueven remanentes del grupo Guerreros Unidos.
Este jueves, en su conferencia matutina López Obrador señaló por segundo día consecutivo que hay dos empresas mineras de Canadá en Guerrero que manifestaron problemas para poder trabajar, debido a que son extorsionadas por grupos delictivos.
Consultado al respecto ayer en las instalaciones de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), en Chilpancingo, antes de iniciar el evento de la firma del convenio de colaboración entre Selgalmex y el gobierno del estado, Ludwig Marcial Reynoso afirmó que ayer dialogaron “con las empresas y ellos dijeron que no han recibido amenazas de extorsión, se aclaraba que hay muchas más empresas en el país en la explotación de minas, no necesariamente en el estado, probablemente se esté dando en otros estados o estén manejando su información a nivel federal, que no nos ha llegado nosotros, pero en el estado no habido denuncias de extorsión no”.
–¿Ya se comunicaron a raíz de la información que da el presidente en sus conferencias matutinas con la Secretaría de Gobernación, de Economía o con Presidencia?
–Sí, ellos normalmente cuando se da un tema de seguridad de este tipo, lo remiten a la Mesa Estatal (de Seguridad). Hasta la sesión del día de hoy no se ha remitido nada, entonces vamos a esperar a que nos señalen con puntualidad cuáles son los casos, pero repito, ayer al menos dos empresas nos dijeron nosotros no tenemos ninguna tema (de extorsión), la de Mezcala y la de Cocula.
El secretario general de Gobierno se refirió a las empresas Minera Media Luna, propiedad del grupo canadiense Torex Gold Resources, ubicada en El Limón-Guajes, en el municipio de Cocula, y a la Mina Los Filos, de la empresa canadiense Equinox Gold Corp, ubicada en Mezcala, municipio de Eduardo Neri.
–¿Entonces el presidente está mintiendo o qué información tendrá?
–No, yo creo que deben de haber expresado alguna otra cosa allá (las empresas), pero con la precisión que a nosotros nos han señalado no, no nos han bajado esa información, si se da o si se presenta o si se presentó en el caso de Guerrero nos lo harán saber y nosotros también lo comunicaremos.
–¿Ya se comunicaron con los ejecutivos de Torex Gold entonces?
–Sí, yo hablé con Torex, hablamos con Equinox, y se habló con los de Capela y no se han dado estos casos (de extorsión), al menos ellos no nos los han manifestado directamente.
–¿Cuál es la situación de Capela, entendiendo que hay un conflicto social entre dos grupos armados en Teloloapan y Apaxtla?
–A ellos les preocupaba esa parte, y fue uno de los puntos que se trató en la reunión con ellos, nos dicen que hasta el momento no han tenido obstrucción a las actividades de la mina, pero obviamente les preocupa el conflicto que se está dando en la región.
“Nosotros nos mantenemos ahí, tenemos una cantidad importante de elementos tanto de la Policía del Estado, como de las dependencias federales y vamos a seguir en la zona, no vamos a dejarla”.

Presencia de la Familia michoacana en Tierra Caliente

Fuentes extraoficiales del sector minero consultadas ayer, informaron que las empresas a las que se refirió el presidente López Obrador son Altaley Mining, que opera en Campo Morado, en el municipio de Arcelia, y Minera Media Luna, del consorcio Torex Gold Resources, que explota las tierras del municipio de Cocula.
El 31 de octubre pasado El Sur publicó una investigación de los informes de inteligencias de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) filtrados por los hackers Guacamaya, en los que se indica que los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, los jefes de La Familia michoacana en la Tierra Caliente, tomaron parte de las actividades de la mina de Campo Morado, pertenecientes a la empresa Telson Mining, actualmente Altaley Mining, donde obtuvieron ganancias millonarias mensuales al menos registradas en 2018.
De acuerdo con lo publicado por El Sur la participación de la organización criminal en la mina se dio en el transporte de material y de personal, con camiones góndola. Telson Mining Corporation cerró operaciones por problemas de seguridad en septiembre de 2019 y reanudó trabajados en febrero de 2020, sin embargo, en mayo de 2021 reestructuró su Junta Directiva y cambió su nombre a Altaley Mining.
Por su parte, Torex Gold, con la Minera Media Luna, también de origen canadiense, en noviembre de 2017 enfrentó un paro laboral debido a que un grupo de trabajadores exigían el cambio de sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMMSSRM).
Sin embargo, en enero de 2018 hombres armados ejecutaron a balazos al ex trabajador de la minera Media Luna y uno de los dirigentes de los bloqueos, Quintín Salgado Salgado, de 37 años de edad, en el centro de la comunidad Nuevo Balsas, desde ese entonces en la zona se estableció la policía comunitaria del Nuevo Balsas, que tiene relación con la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), y de quienes recientemente, el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, reconoció que no les llamaría policías comunitarios sino “grupos armados que actúan de manera irregular”.