Niega la SCJN un amparo a la esposa de Abarca Velázquez, presa por la desaparición de los 43

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó un amparo a la esposa del ex alcalde de Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa, presa por la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en 2014.
La Primera Sala de la Corte declaró constitucional el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, impugnado por esposa del ex alcalde José Luis Abarca, que permite a la PGR consignar asuntos relevantes ante juzgados que no están en el lugar donde se cometió el delito.
“El párrafo tercero, del artículo 10 del Código no faculta a la autoridad ministerial federal para fijar la competencia del juez, sino que lo faculta a que, por razones de seguridad en las prisiones, ejerza la acción penal ante un juez de Distrito distinto al del lugar de la comisión del delito”, afirmó la Sala por unanimidad.
La Corte ya tenía varios precedentes en los que, desde hace más de 15 años, ha avalado esta facultad de la Procuraduría General de la República (PGR).
Pineda Villa presentó este alegato en un proceso que se le sigue por el delito de cohecho, por el soborno que ofreció a los policías que la detuvieron en 2015.
Si bien los normalistas fueron desaparecidos en Guerrero, y Pineda Villa fue detenida en la Ciudad de México, se le recluyó en un penal de Nayarit, y los procesos en su contra fueron radicados por la Procuraduría General de la República (PGR) ante un juzgado federal de Matamoros, Tamaulipas.
En la actualidad, Pineda está internada en el penal 16, de Coatlán del Río, Morelos.
En junio pasado, el proceso en su contra por delincuencia organizada fue enviado de Matamoros a Cuernavaca, luego de que el Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, concedió un amparo en el que sostuvo que Pineda tiene derecho a ser juzgada por tribunales del lugar donde está recluida.
Eso quiere decir que la apelación de Pineda contra su auto de formal prisión por delincuencia organizada tendrá que ser revisada por uno de los dos tribunales unitarios en Cuernavaca, y de ser confirmado dicho auto, el resto del proceso y la sentencia la dictará un juez de la misma ciudad.
Una vez que la Corte negó el amparo en el tema del artículo 10, es previsible que el juicio contra Pineda por cohecho también será enviado a Cuernavaca, donde no hay juzgados ni tribunales especializados en materia penal, sino que ven todas las materias.
Esto implica que Pineda no será beneficiaria directa de las sentencias que ha dictado el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, en favor de varios integrantes del Cártel Guerreros Unidos, a los que ha puesto al borde de la libertad al ordenar que se anulen los autos de prisión que se les dictaron por la desaparición de los normalistas.
Lo anterior, ya que la revisión final de los procesos contra Pineda Villa tocarán a un tribunal colegiado de Cuernavaca, que no está obligado a resolver igual que su similar de Reynosa.

Revisará la Suprema Corte el amparo de Pineda Villa contra el auto de formal prisión por cohecho

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) revisará el amparo de la ex primera dama de Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa, contra la formal prisión que se le dictó en 2015 por cohecho, tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En la sentencia que revisará la Primera Sala en fecha aún por definir, el magistrado de circuito Sabás Pérez García resolvió que Pineda tiene derecho a ser procesada por jueces federales de Morelos, donde está recluida, y no por los tribunales de Tamaulipas donde se concentran los casos contra los involucrados en el caso.
El amparo de Pineda Villa, esposa del ex Alcalde de Iguala José Luis Abarca, era uno de los cinco acusados por el caso Ayotzinapa que en 2017 llegaron al mismo tiempo al Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, en Ciudad Reynosa.
El 1 de febrero los magistrados acordaron enviar ese amparo a la Corte para que resuelva un tema de Constitucionalidad planteado por Pineda Villa, que no fue incluido en las demandas de los otros acusados. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

Nombraron precaristas de Iguala a su colonia María de los Ángeles en agradecimiento a la esposa de Abarca

Al norte de Iguala, asentada en un predio irregular se encuentra la colonia María de los Ángeles, nombre que los vecinos le dieron en agradecimiento a la ex presidenta del DIF y esposa del ex alcalde del PRD, José Luis Abarca Velázquez, María de los Ángeles Pineda Villa, por el apoyo que la pareja dio a los precaristas en la primera etapa de electrificación y el rastrilleo de calles, entre otros beneficios.
La colonia irregular La Pradera o Loma de la Pradera, ubicada al norte de la ciudad a un costado del centro religioso Monte Tabor y a espaldas de la central de abasto, fue fundada por Rafael Ochoa Ochoa y unas 50 familias que invadieron el predio de unas dos hectáreas el 19 de junio de 2010, luego de haber sido expulsados de la colonia 10 de Mayo, también irregular, que encabezó el asesinado dirigente social perredista de la organización Mártires del Vado de Aguas Blancas, Francisco López Liborio.
El asentamiento cuenta con su propio acceso por la carretera Iguala-Taxco, a unos 300 metros de la central de abasto, al norte de la ciudad, y hasta finales de 2013 vivían ahí unas 50 familias en casas de madera, cartón y lámina.
Este asentamiento cambió su nombre de La Pradera a María de los Ángeles Pineda Villa, después del 3 de septiembre de 2013, en reconocimiento a la ex presidenta del DIF, María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde del PRD, José Luis Abarca Velázquez, ambos presos en penales federales, quienes con el interés de promover a Pineda Villa como candidata a la alcaldía de Iguala para quedarse en el cargo de su esposo, entregaron la primera etapa de electrificación a la colonia, realizaron el rastrilleo de calles e iniciaban los trámites para el proyecto de regularización.
Después de ser detenido y encarcelado el 31 de agosto por el presunto delito de portación de arma de fuego, el dirigente de ese asentamiento y sobreviviente de la Unidad Popular, Rafael Ochoa, fue expulsado el 3 de septiembre de la colonia que fundó.
El desalojo violento de él y otras 30 personas, integrantes de siete familias que lo seguían, fue perpetrado por más de 50 policías municipales armados, que esa noche golpearon a hombres y mujeres.
En esa ocasión, Ochoa Ochoa denunció ante la prensa que los policías, enviados por el entonces alcalde José Luis Abarca, “le entregaron” la colonia a un grupo opositor a él, que, según el dirigente, era respaldado y protegido por el gobierno local.
Citó que entre los preventivos iban unas 10 personas opositoras a su grupo, encabezadas por Basilio Sandoval, quienes les iban diciendo a los uniformados a quiénes detener y desalojar.
En esa ocasión, dijo que entre los integrantes del grupo opositor también iban las señoras Cirina y Catalina Basilio, que promovieron la detención de Ochoa Ochoa cuatro días antes por el supuesto delito de portación de arma de fuego, delito del que fue liberado 19 horas después tras el pago de una fianza de 8 mil pesos.
Antes de la detención de la pareja presidencial, la colonia se llamaba María de los Ángeles Pineda Villa, pero después del caso Ayotzinapa, sólo le dejaron el nombre de María de los Ángeles.