La organización Artículo 19 exigió al Estado su actuación por los cuatro periodistas que fueron atacados a balazos este martes en Chilpancingo mientras realizaban una cobertura.
En un comunicado de prensa señalaron que se encuentran en proceso de documentación del ataque contra Óscar Guerrero, de Primer Plano, Víctor Mateo de Ahora Guerrero, Jesús de la Cruz de El Jaguar, y Héctor Camacho.
“Ante estos contextos de vulneraciones críticas al gremio periodístico, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que, en aquellas regiones en las cuales los y las periodistas se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad por el contexto de violencia dirigida contra este grupo de personas, el Estado tiene una responsabilidad reforzada en sus obligaciones de prevención y protección”.
La organización exigió a la Unidad Estatal de Protección a Personas Defensores de Derechos Humanos, la coordinación con el Mecanismo Federal de Protección para la atención inmediata a los periodistas y sus familiares con el fin de “garantizar su seguridad y protección”.
De igual forma solicitó a la Fiscalía estatal realizar una investigación de forma “diligente y expedita” con la correcta aplicación del Protocolo Homologado de Delitos contra la Libertad de Expresión.
La organización recordó que desde el pasado 17 de noviembre, pidieron a las autoridades a proteger a los periodistas de Guerrero tras publicaciones de amenazas e intimidaciones digitales contra periodistas.
Señalaron que Guerrero es un estado que se encuentra en violencia continua y han documentado amenazas y actos de intimidación contra periodistas, concretamente de aquellos que realizan cobertura de seguridad.
“En las últimas semanas la organización ha documentado la continuidad de las amenazas y actos de intimidación hacia periodistas, particularmente quienes realizan cobertura periodística de seguridad sobre la violencia en el municipio de Iguala por parte de integrantes de las estructuras del crimen en Guerrero” agregaron.
Periodistas se manifestaron ayer en el Ayuntamiento, el Recinto del Ejecutivo y la FGR (imagen) y también en la Costera de Acapulco. Dan de alta con una bala en el cuerpo a Jesús de la Cruz y permanece internado Víctor Mateo. Artículo 19 demandó al Estado garantías de seguridad para los reporteros y en su conferencia diaria el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el hecho Foto: José Luis de la Cruz
Exigen reporteros que no quede impune
la agresión a balazos a colegas de la capital
En Chilpancingo protestan periodistas en la sede del Ayuntamiento, el Recinto de gobierno estatal y la FGR, donde se confrontan con agentes que intentaron cerrar el acceso a las instalaciones. En Acapulco realizan un mitin en la avenida Costera. Dan de alta a Jesús de la Cruz, aunque aún tiene una bala en el cuerpo, y permanece internado Víctor Mateo, quien espera una cirugía maxilofacial, luego de recibir un balazo en el rostro
Lenin Ocampo Torres
Chilpancingo
Reporteros de la capital protestaron para exigir a las autoridades el esclarecimiento del ataque armado contra cuatro compañeros, y que no haya impunidad en la agresión que sufrieron, cuando regresaban de cubrir el asesinato de un chofer de Urvan de transporte público.
La manifestación se dio en apoyo de los reporteros Víctor Mateo Francisco, Jesús de la Cruz, Óscar Guerrero y Héctor Camacho; los cuatro fueron agredidos a balazos el martes en la colonia Las Palmas, a 200 metros de la puerta principal del Sexto Batallón de Ingenieros del Ejército Mexicano.
Ayer a las 11 de la mañana cien comunicadores y representantes de los padres y madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), del Colectivo de Desaparecidos Lupita Rodríguez y de la comunidad LGTB, entre otras organizaciones salieron en marcha de las instalaciones del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) en el centro de Chilpancingo, para protestar ante el Ayuntamiento, la Fiscalía General de la República (FGR) y finalmente en el Palacio de Gobierno, donde la principal exigencia fue el derecho a informar a la población y el respeto total a la libre expresión.
En el ayuntamiento repudiaron la denuncia que interpuso la alcaldesa de Morena, Norma Otilia Hernández Martínez, en contra de cinco reporteros supuestamente por ser víctima de violencia política en razón de género y que consideraron se trata de un “intento grave de censura”, que provoca un ambiente de violencia contra los reporteros.
Los manifestantes ingresaron al inmueble del lado de la explanada del Zócalo, marcharon dentro con sus cartulinas de protesta y salieron por la puerta que da hacia la avenida Benito Juárez.
Posteriormente caminaron hacia las oficinas de la delegación de la FGR, cerca del Congreso del Estado, en donde personal de seguridad cerró los accesos, lo que provocó la molestia de los reporteros que abrieron a la fuerza las rejas y entraron a las instalaciones, donde un agente federal arrebató el teléfono a un reportero y hubo forcejeos.
En el lugar pintaron consignas como “No se mata la verdad matando periodistas”, “Ni uno más”, “No más impunidad”, “Libertad de expresión” y “Justicia para nuestros compañeros agredidos”.
Finalmente llegaron al Recinto del gobierno del estado para realizar un mitin y donde vía telefónica se enlazó el reportero, Jesús de la Cruz Nava, quien dijo que ya había sido dado de alta del Hospital General y estaba en su casa recuperándose de las heridas de bala que sufrió.
“Agradezco de todo corazón su solidaridad y acompañamiento; gracias a Dios por la oportunidad de estar contándolo, estoy agradecido con ustedes, me encuentro fuera de peligro”, fueron las palabras del joven reportero del medio digital Reporte Guerrero.
De la Cruz Nava explicó que una de las balas “no la pudieron retirar de mi cuerpo, voy a tener la bala dentro de mi cuerpo, pero gracias a Dios estoy vivo”.
Desde su convalecencia se sumó a la manifestación y pidió que las autoridades “brinden seguridad como reporteros que trabajamos día a día en el trabajo cotidiano; agradezco el respaldo para alzar la voz y gritar a las autoridades que ninguno está solo y levantamos la voz para a defender la vida de los periodistas”.
El dirigente de la delegación XVII del SNRP, Abel Miranda Ayala, lamentó el atentado contra los reporteros y señaló que “no hay un precedente en Guerrero y en el país de que se atentara contra cuatro periodistas, pedimos a la autoridad que cumpla su papel y nos dé las garantías de realizar nuestra labor”.
Al presidente Andrés Manuel López Obrador le exigió que detenga “su campaña de odio y sus discursos donde atenta contra los reporteros y los criminaliza, poniéndolos en una situación vulnerable como el atentado contra los compañeros”.
La reportera de nota roja de portal digital Guerrero al Instante, Alexa Bello, señaló que la movilización es la muestra para el gobierno, para las autoridades policiacas y los grupos delincuenciales, que “este es el musculo de la prensa y si pretenden que con este ataque nos van a callar no va a ser así, cada vez quesea necesario vamos a salir a exigir justicia en las calles, vamos a salir a pintar lo que sea necesario, pero siempre exigiendo que se haga justicia”.
“Hoy fue nuestro compañero Mateo, Oscar, Jesús, Camacho, que hoy viven para contarlo. ¿Pero si no fuera así? Sus familias quedarían a la deriva. Esto es la muestra de que si la prensa está unida jamás nos van a vencer, no hay reportero de primera, ni de segunda, todos somos iguales, es
por eso por lo que le exigimos al gobierno que ponga cartas en el asunto, que presente a los culpables del ataque armado a nuestros compañeros”, reclamó la reportera.
A nombre del Comité de Madres y Padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Melitón Ortega confirmó que la lucha de los periodistas “es nuestra lucha por la libertad de expresión, por la justicia, por la vida, la violencia que hoy estamos viviendo en Guerrero es una situación que ha rebasado a las autoridades”.
En el mitin también participaron representantes de organizaciones, quienes en general exigieron que se detengan las agresiones a los reporteros y que no haya impunidad por estos atentados contra los cuatro comunicadores de Chilpancingo y los casos que se han registrado en el estado.
La manifestación concluyó a la una de la tarde, donde reporteros gritaron consignas de “justicia” y un grito unánime de “no están solos”.
El martes al medio día los reporteros fueron alcanzados por motociclistas quienes le dispararon a quemarropa, dejando heridos a Víctor Mateo del Diario de Guerrero y colaborador de la agencia Quadratín; Jesús de la Cruz Nava, del medio digital Reporte Guerrero; Oscar Guerrero, del portal Primer Plano y quedando ileso Héctor Camacho, del semanario Interacción.
Víctor Mateo es el único reportero que se encuentra hospitalizado, esperando una cirugía maxilofacial que le reconstruya la quijada luego de recibir un balazo en el rostro.
“Ya hay en Guerrero zonas de silencio”
En Acapulco, reporteros de diferentes medios de comunicación se manifestaron en la avenida Costera para exigir justicia por los cuatros periodistas agredidos.
A las 2 de la tarde, 30 comunicadores cerraron por unos minutos los dos sentidos de la Costera, frente al Asta Bandera, en solidaridad con los periodistas de Chilpancingo.
Exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) el esclarecimiento de la agresión de los periodistas, que cubren notas de información general y nota roja.
Condenaron el hecho y señalaron que lo imponen “grupos de poder2 y que están por encima de los poderes constitucionales.
“Justicia, basta de impunidad”, “Solidaridad con los periodistas de Chilpancingo”, “El ataque de Chilpancingo es un atentado directo al gremio periodístico de Guerrero”, fueron las leyendas en algunas pancartas.
En declaraciones, el periodista Ignacio Meneses condenó los hechos violentos de Chilpancingo, y consideró que los responsables son “grupos de poder” que están por encima de los poderes constitucionales.
“Es grave y preocupante esta situación, no solamente violenta la constitución, crea un clima de intranquilidad para los periodistas y guerrerenses”.
Señaló que la “espiral” de violencia en Guerrero “preocupa”, pues la zona de Tierra Caliente y ahora en la zona Centro son “zonas de silencio y campos minados de nuestra profesión”.
Consideró que el Código Penal federal y del estado “son letra muerta en este escenario grave y preocupante”.
Aseveró que el de Chilpancingo es un atentado directo al gremio periodístico.
Exigió justicia para los periodistas agredidos y solicitó que la labor de los reporteros en Guerrero se respete, “las autoridades deben garantizar la libertad de prensa”.
“En Chilpancingo, el gobierno que preside Norma Otilia Hernández Martínez debe cumplir con su obligación en garantizar la seguridad preventiva”, concluyó (Argenis Salmerón).
Condena Artículo 19 la agresión a reporteros
y urge al Estado garantizarles la seguridad
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
La organización Artículo 19 exigió al Estado su actuación por los cuatro periodistas que fueron atacados a balazos este martes en Chilpancingo mientras realizaban una cobertura.
En un comunicado de prensa señalaron que se encuentran en proceso de documentación del ataque contra Óscar Guerrero, de Primer Plano, Víctor Mateo de Ahora Guerrero, Jesús de la Cruz de El Jaguar, y Héctor Camacho.
“Ante estos contextos de vulneraciones críticas al gremio periodístico, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que, en aquellas regiones en las cuales los y las periodistas se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad por el contexto de violencia dirigida contra este grupo de personas, el Estado tiene una responsabilidad reforzada en sus obligaciones de prevención y protección”.
La organización exigió a la Unidad Estatal de Protección a Personas Defensores de Derechos Humanos, la coordinación con el Mecanismo Federal de Protección para la atención inmediata a los periodistas y sus familiares con el fin de “garantizar su seguridad y protección”.
De igual forma solicitó a la Fiscalía estatal realizar una investigación de forma “diligente y expedita” con la correcta aplicación del Protocolo Homologado de Delitos contra la Libertad de Expresión.
La organización recordó que desde el pasado 17 de noviembre, pidieron a las autoridades a proteger a los periodistas de Guerrero tras publicaciones de amenazas e intimidaciones digitales contra periodistas.
Señalaron que Guerrero es un estado que se encuentra en violencia continua y han documentado amenazas y actos de intimidación contra periodistas, concretamente de aquellos que realizan cobertura de seguridad.
“En las últimas semanas la organización ha documentado la continuidad de las amenazas y actos de intimidación hacia periodistas, particularmente quienes realizan cobertura periodística de seguridad sobre la violencia en el municipio de Iguala por parte de integrantes de las estructuras del crimen en Guerrero” agregaron.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Estado mexicano medidas cautelares para los seis integrantes de una familia que desapareció el 18 de octubre en el municipio de Zitlala, y demandó “aclarar de inmediato su suerte y su paradero”.
Mientras tanto, soldados del Ejército mexicano que mantienen un retén a la salida de Zitlala, rumbo a Tlaltempanapa, en donde se cree que desapareció esa familia, impidieron el paso este jueves a los miembros de la caravana que los busca desde el martes pasado.
José Díaz Navarro, presidente del colectivo de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa, denunció vía telefónica que los militares argumentaron que los civiles armados que mantienen un filtro en Tlaltempanapa, les advirtieron que si regresaban ayer los iban a retener.
Los seis regresaban el 18 de octubre de Tlalcozotitlán, municipio de Copalillo, a su pueblo en Zitlala, pero desaparecieron en el tramo de la carretera Tlatehualapa a Tlaltempanapa. Viajaban en una camioneta Nissan Pick UP roja, placas HD91183 modelo 2015.
“El Comité expresa su preocupación por la integridad física y psicológica de las seis personas referidas y en las acciones urgentes registradas por medio de la presente requiere al Estado tomar acción inmediata para buscarlos y ubicarlos”, dice el comunicado del organismo de la ONU, ante el que recurrieron el 24 de octubre pasado los familiares de los desaparecidos y los organismos civiles que los respaldan.
La respuesta del Comité contra la Desaparición Forzada llegó el 26 de octubre, y en el documento informa a los familiares que requirió al Estado “aclarar de inmediato la suerte y el paradero de la señora Florencia Capistrán Tecolapa, Marino García Capistrán, María Feliciano Diego, Félix García Feliciano, Santa García Feliciano y Marco Antonio García Feliciano”.
El Comité requiere al Estado tomar en cuenta su obligación convencional de proteger a personas particularmente vulnerables, de conformidad con el articulo 7 (b) de la Convención, como a la señora Florencia Capistrán Tecolapa de 80 años de edad.
Otra de las peticiones del Comité al Estado mexicano es informar a los familiares y a los representantes de los seis desaparecidos, así como al Comité, sobre su suerte y paradero “y tomar todas las medidas que sean necesarias para protegerlos, liberarlos y para permitir que sus familias y representantes tengan contacto inmediato con ellos”.
El organismo aclara, asimismo, que en caso de que el paradero de los seis desaparecidos no pueda ser confirmado, “el Comité requiere al Estado asegurar la adopción de una estrategia integral y exhaustiva para su búsqueda y para la investigación de su alegada desaparición forzada”.
Al respecto, el organismo pidió al Estado que, en su caso, informe al Comité sobre las acciones tomadas por las autoridades competentes del Estado para localizar a las seis personas desaparecidas, para aclarar sus alegadas desapariciones, y para garantizar que estén bajo la protección de la ley, y que se le informe sobre los resultados de las acciones.
El Comité requiere al Estado que le envíe “información sobre las medidas cautelares de protección adoptadas, así como toda la información requerida en la presente nota, antes del 9 de noviembre del 2016”.
También le informó al Estado que “de conformidad con el artículo 30 de la Convención, el Comité proseguirá sus esfuerzos para colaborar con el Estado, mientras la suerte de las personas desaparecidas no haya sido esclarecida”.
Impiden soldados en Zitlala el paso a la caravana de búsqueda
Mientras tanto, soldados del Ejército mexicano que se encuentran en un retén a la salida de Zitlala, rumbo a Tlaltempanapa, impidieron el paso a los integrantes de la caravana del colectivo de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa, en su tercer día de búsqueda de los seis familiares.
El medio día de ayer, los integrantes de la asociación civil encabezada por su presidente, José Díaz Navarro, y familiares de los desaparecidos, custodiados por policías federales, ministeriales y de la Policía Municipal de Zitlala, se trasladaban a Tlaltempanapa para seguir la búsqueda de los seis desaparecidos, pero esta vez ya no pudieron pasar el retén militar.
“Nos dicen (los militares) que no podemos pasar porque los del pueblo (de Tlaltempanapa) les dijeron que si pasamos nos van a retener”.
Dijo que los familiares de los desaparecidos y los integrantes del colectivo determinaron que ante la obstrucción del paso van a permanecer allí hasta que los de Tlaltempanapa les entreguen a la familia, “porque si están en ese plan es porque obviamente ellos tienen conocimiento del paradero de la familia”, acusó Díaz Navarro.
Añadió que no es posible que 20 o 30 hombres armados no puedan ser sometidos por los militares y que éstos prefieran impedirles el paso para no verse obligados a intervenir.
El presidente de Siempre Vivos explicó que se dirigían a Tlaltempanapa porque ahora están seguros que allí desaparecieron los seis familiares la tarde del 18 de octubre, “y ellos (los civiles armados que resguardan el pueblo) tienen conocimiento y saben qué pasó con ellos” y que por eso ayer acudían para exigirles información de dónde los tienen.
Explicó que los recorridos del martes y el miércoles solamente fueron de reconocimiento del terreno, “en todos los pueblos fueron muy amables, y solamente aquí es donde están en un plan prepotente, retador y amenazante”.
Acusó que este grupo (Paz y Justicia) se cree impune porque sus integrantes tienen credenciales “del grupo delictivo de los Ardillos, eso me consta porque tengo una copia de la credencial, y las firman José Apolonio Villanueva Jiménez, líder de la delincuencia en esas comunidades, les está dando permiso uno que es delincuente”, acusó.
Todavía por la tarde, Díaz Navarro advirtió que permanecerían en el retén militar “hasta que nos entreguen a la familia, o nos permitan hacer la búsqueda en el pueblo”.
La organización civil Siempre Vivos, integrada por familiares de personas desaparecidas en Chilapa, anunció que pedirá ayuda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la falta de resultados del Estado mexicano en la búsqueda y localización de al menos 60 personas desaparecidas que ha registrado la organización.
Ayer, este grupo que se formó en mayo después de que civiles armados irrumpieron en la ciudad de Chilapa durante seis días, y a quienes acusan de llevarse al menos a 16 personas en ese lapso, realizó una reunión con sus integrantes.
El coordinador de Siempre Vivos, el profesor José Díaz Navarro declaró a reporteros que hacieron el acuerdo de acudir a la CIDH de la Organización de Estados Americanos (OEA) para plantear los casos de sus familiares desaparecidos ante la falta de resultados de las autoridades del gobierno del estado y de la federación, así como por la falta de atención en los últimos meses.
El activista, de quien cinco familiares fueron desaparecidos y posteriormente encontrados calcinados en noviembre de 2014, considera que la crisis de violencia que vive el estado de Guerrero no se resolverá a corto plazo y criticó la designación de la diputada local Érika Alcaraz Sosa como coordinadora de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso local.
“Vemos como está Acapulco, Chilpancingo, Iguala, que han implementado operativos sin éxito, por ello no ayuda en nada esos cambios que se están dando en el Congreso porque son representantes del crimen organizado quienes están tomando las riendas de los partidos políticos como del Congreso del estado”, expresó.
Por separado, la organización y el Centro de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) emitieron un comunicado de prensa donde condenaron la actuación del gobierno del estado y de las autoridades federales por permitir que un “grupo armado” al que responsabilizan de la desaparición de sus familiares haya regresado a la ciudad la madrugada del pasado 23 de marzo para exigir la devolución de armas y el suministro de gasolina.
El grupo de pobladores armados que provenían de Ayahualulco pertenecen a la agrupación Comunitarios por La Paz y la Justicia, según su representante legal, Jesús Escobedo González.
“Es preocupante que el gobierno pretenda reconocer como un grupo legítimo a la asociación civil de policías Comunitarios por la Paz y la Justicia como representante de los pueblos, quienes en un principio negaron la relación con un grupo armado que secuestró Chilapa por una semana, cometiendo delitos de lesa humanidad como la desaparición forzada”, indica el escrito.
Integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) se reunieron con el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, para solicitar observadores en la caravana que encabezará el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, este domingo en Chilpancingo.
Por otro lado la hija del asesinado dirigente de la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ), Arturo Hernández Cardona, Soledad Hernández Mena criticó ayer la falta de justicia pronta y expedita a casi tres años del caso de la Unidad Popular (UP) y señaló que la próxima visita del obispo Vera López a Guerrero será emblemática porque se reunirá con las familias de las víctimas.
Este jueves, la APPG y Navarrete Magdaleno se reunieron en las instalaciones de la Codehum para hablar de la visita a la capital del obispo Raúl Vera.
El representante de la APPG, Nicolás Chávez Adame explicó al presidente de la Codehum que este 7 de febrero llegará el obispo, y pidió que se instalara una comisión de observadores desde su llegada.
Detalló que, a las 9 de la mañana una comisión de representantes de organizaciones sociales esperará a Vera López en la caseta de Paso Morelos para recibirlo.
Desde las 9:30, en el teatro hundido de la alameda de la capital lo esperarán miembros de otras organizaciones y los ciudadanos que deseen sumarse para salir en una marcha hasta el Zócalo.
En el Zócalo, a las 11 de la mañana, entre el kiosco y las escalinatas ofrecerá una misa, luego desayunará y saldrá rumbo a Acapulco, donde pernoctará.
El 8 de febrero saldrá al municipio de Tecoanapa, donde en una cancha encabezará un encuentro masivo con organizaciones sociales y pueblos originarios, además de que oficiará una misa, y posteriormente regresará a Acapulco para tomar un avión a Monterrey.
Chávez Adame pidió que en todo el trayecto del obispo los observadores de la Comisión estén presentes.
Ramón Navarrete indicó que su objetivo será avalar como institución defensora de derechos humanos la presencia del obispo, “luchador incansable en el tema de los derechos humanos de hombres y mujeres, y desde luego que a nosotros nos satisface mucho que en este estado de cosas que están sucediendo en Guerrero recibamos una figura como la del obispo, que siempre nos da confianza, irradia paz… entonces cuentas con la comisión”.
Además, apuntó que pondrá a disposición los vehículos de la Codehum en los que se trasladarán y podrán trasladar a participantes de la caravana.
El presidente de la Codehum manifestó que tratará de estar presente en todas las sedes que visite el obispo, y dijo que la APPG cuenta con su apoyo porque han conjuntado esfuerzos, y que además fueron una parte importante en el impulso del ombudsman en el estado.
Dijo a Nicolás Chávez que reconocía su lucha y que por eso siempre encontraría apoyo y solidaridad en la Codehum.
Por su parte, Chávez Adame informó que acudirá la organización Década Contra la Impunidad como parte de la Caravana por la Paz contra la Violencia, que exige el esclarecimiento de desapariciones, como la de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Pidió que la Codehum coadyuvara en la difusión del evento para que vecinos se unan este domingo a las actividades.
Reconoce la hija del líder de UP Arturo Hernández la iniciativa del obispo al visitar Guerrero
Por separado en declaraciones vía telefónica la tarde de ayer, Soledad Hernández reconoció la iniciativa del obispo y presidente de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, Raúl Vera para atender a las víctimas de Guerrero, especialmente el de su padre Arturo Hernández Cardona, el caso de la masacre de El Charco y del asesinato del ex diputado Armando Chavarría, entre otros casos de violación a los derechos humanos en el estado.
Informó que el obispo Vera no visitará la zona Norte del estado ante el alto riesgo que esto implica, “sobre todo cuando no hay un compromiso del Estado mexicano de resguardar y prever algún acontecimiento como los que ya han ocurrido de violación a los derechos humanos, y no queremos llevarnos una sorpresa”.
Dijo que es “emblemático” que el obispo visite Guerrero tras de que se ha difundido a nivel internacional el caso de la UP y otros casos que lleva la Red Solidaria, cuando el Estado mexicano ha demostrado apatía y desinterés en dar justicia a estos casos.
Consideró que con la visita del obispo se espera que se dé agilidad a una falta de respuesta de justicia pronta y expedida del caso, “ya que con el Estado mexicano no se ve para cuándo vaya a dar justicia, no sólo en el ámbito municipal, se han tardado demasiado en actuar en el caso Arturo Hernández Cardona”.
Lamentó que a tres meses de que se cumplan tres años de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de su padre, el Ejecutivo federal no haya dado una respuesta pronta, expedita e imparcial en este caso.
Hernández Mena convocó a otras víctimas de Guerrero a que se acerquen al obispo Vera en su visita el 7 de febrero en Chilpancingo, y el 8 de febrero en Tecoanapa.
Familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala localizaron, en su búsqueda de este domingo, un “campamento de secuestro” en un cerro de la comunidad de Escuchapa, municipio de Huitzuco.
Este domingo inició la implementación de las medidas de seguridad de los gobiernos federal y del estado para familiares de desaparecidos que cada domingo salen a buscar fosas clandestinas.
Uno de los familiares del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala informó, vía telefónica la tarde de ayer, que se logró el hallazgo de un “campamento de secuestro” muy grande en la comunidad de Escuchapa, Huitzuco, pero no se logró ubicar posibles fosas, a pesar de que fueron excavados varios puntos con indicios de entierros clandestinos.
Detalló que localizaron ropa, cobijas, vasos, botellas de licor vacías, basura de comida, calzado, ropa interior de hombre y mujer, mochilas, sábanas, además de un juego de esposas como las usadas por policías, pasamontañas y una manopla de acero que se cree que fue usada para golpear y torturar a posibles víctimas de secuestro.
La zona del hallazgo, que fue señalada por un guía anónimo, se ubica a una media hora de camino hacia el cerro, desde la carretera estatal Huitzuco-Paso Morelos, en la comunidad de Escuchapa, donde en diferentes puntos fueron hallados también una especie “cuartos” hechos entre enramadas, en las que se cree que tuvieron a gente secuestrada.
Desde este domingo la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Gobernación (Segob) empezaron a implementar las medidas de seguridad a familiares de víctimas de desaparición forzada tras de la petición que hizo al Estado mexicano la Organización de Naciones Unidas (ONU), con el respaldo de cinco organizaciones nacionales de defensa de derechos humanos, y de asociaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada.
La fuente consultada informó que sólo les enviaron para el resguardo de 19 familiares de desaparecidos cuatro de los ocho policías federales que les ofrecieron para sus salidas para buscar fosas; el gobierno estatal les envió una camioneta con chofer y gasolina para salir a sus búsquedas.
Dijo que los que no llegaron, y a lo que se había comprometido el gobierno federal, fue el agente del Ministerio público federal y un paramédico, lo cual informarán para el conocimiento del gobierno federal en la mesa de trabajo que tendrán cada bimestre.
En el Foro de Inseguridad Ciudadana que organizó el Movimiento Sentimientos del Sur en la Unidad Académica de Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), y al que asistieron unas 50 personas, los participantes coincidieron en que se debe reforzar a las policías ciudadanas, en tanto se regulariza a la Policía Estatal.
En la actividad participaron, el fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Pablo Guzmán; el ex presidente de la Comisión de la Verdad (Comverdad), Nicómedes Fuentes; el representante de la Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero, Ranferi Hernández Acevedo; la activista y ex integrante del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, Julia Alonso; el integrante de la CRAC, Valentín Hernández; y el representante del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Robespierre Moreno Benicio, entre otros.
El gobierno del estado fue irresponsable al no publicar el informe de la Comverdad, dice González Ruíz
Enrique González Ruiz leyó la conferencia magistral en la que habló de la irresponsabilidad legal del gobierno del estado, que no publicó el informe que emitió la Comisión de la Verdad.
Manifestó que es el Estado el que tiene que cumplir para que se castiguen los hechos de la guerra sucia, y que no se quede en el inconsciente colectivo que la impunidad es prevalente. Recordó que la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, “no es más que la reiteración de hechos de la guerra sucia de Guerrero”.
González Ruiz señaló que los casos puedan parecer similares, pero tienen sus peculiaridades, aunque, “en esencia, el hecho es el mismo y es el mismo Estado, actuando ilegalmente por fuera de su marco jurídico”.
Indicó que el informe de la Comisión de la Verdad, que creó el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, no tuvo impacto social, “lo tengo que reconocer, que el informe no le hizo ni cosquillas al Estado mexicano”, dijo.
Expresó que no han tenido acercamiento con la recién creada Comisión Ejecutiva Estatal para la Atención a Víctimas –uno de cuyos integrantes, Javier Morlet, estaba en el auditorio–.
También opinó que el Estado mexicano acomete “una campaña de desprestigio” contra integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que respalda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la investigación del grupo, al “echar abajo” la “verdad histórica” del ex procurador de la República Jesús Murillo Karam, “sacudió” la versión oficial y trastocó al Ejército mexicano, lo que generó el descontento de las fuerzas castrenses.
Antes de iniciar el foro, Pablo Guzmán Hernández dijo que la CRAC de San Luis Acatlán “estará al pendiente para que en la armonización de la Ley 701 (de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas), se mantenga tal cual”, y que espera que no se acote.
Dijo que en su última reunión, la CRAC en San Luis Acatlán manifestó su “temor o zozobra” a que los legisladores actuales mutilen o modifiquen en “términos regresivos” la ley 701.
Expuso que están levantando actas en cada comunidad para, en caso de ser necesario, interponer un recurso jurídico como controversia constitucional o amparo para evitar una eventual modificación.
Dijo que la CRAC sostiene que la Ley 701 no debe seguir “en el aire”, sino que sea armonizada con la Constitución, así como en leyes y reglamentos como el del Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía, la Secretaría de Salud, Derechos Humanos y los ayuntamientos, para que contemplen lo estipulado en la Ley.
Indicó que desde su publicación, Ley 701 no se aplica ni se respeta, “es como si fuese letra muerta”, y defendió que su ratificación permitirá que la participación ciudadana en barrios, colonias, comunidades tenga una “mínima estructura organizativa”, a nivel preventivo, y que puedan formar grupos de vigilancia.
Por su parte, Ranferi Hernández Acevedo consideró que actualmente “no se garantiza la vida de ningún guerrerense” porque diariamente hay reportes de muertos o levantados.
Manifestó que la inseguridad que vive el estado, es una situación delicada porque la sociedad ha caído en la “guerra” que lleva el gobierno, “yo diría en contra del pueblo”.
Asimismo, la activista Julia Alonso, ex integrante del comité Los Otros desaparecidos de Iguala y madre de Julio Alberto López, desaparecido el 12 de enero de 2008 cuando fue de paseo a la presa de La Boca, en Santiago, Nuevo León, dijo que es necesaria la creación de redes de autoprotección para evitar que sucedan hechos como la desaparición de los 43 normalistas; “cuando se llevaron a mi hijo, nadie se arriesgó; cuando se los lleven a ustedes, nadie se va arriesgar”, advirtió.
También defendió el uso de armas como método de protección ante la situación de inseguridad en el estado “defendernos, sí es un derecho; yo sí creo en las armas, después de lo que he vivido sé que ayudan, las armas no son peligrosas. Peligrosos son quienes las traen y nos lastiman”.
De las instituciones del Estado, acusó que “no hacen su trabajo”, y recordó que en los últimos ocho años ha recurrido a la Subsecretaría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), a la Procuraduría General de la República (PGR), y que ha hecho huelga de hambre en la Secretaría de Gobernación, “y de todas maneras Julio Alberto (su hijo desaparecido) no está”.
La ex integrante del comité de Los Otros Desaparecidos en Iguala llamó a los asistentes a pasar de la opinión a la acción, e incluso asumir acciones sencillas como la limpieza frente a sus casas.
El gobierno federal otorgará medidas de vigilancia individualizadas, en los casos de mayor riesgo, a familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala que han recibido amenazas, luego de la petición de medidas cautelares para 39 familiares de desaparecidos, que se hizo a través de la Organización de las Naciones Unidas y cinco organizaciones nacionales, al Estado mexicano.
Uno de los integrantes del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala informó que entre los acuerdos con las autoridades federales está que, a partir del domingo 31 de enero, se proporcionará seguridad al grupo de buscadores de fosas, así como un carro, chofer y combustible para que se puedan desplazar en su búsqueda, acompañados de un agente del Ministerio Público y policías federales.
Asimismo, recibirán herramientas para las búsquedas, capacitación para los buscadores de fosas, protección a los familiares con mayor riesgo y rondines de vigilancia en las casas de los 39 familiares para los que se piden las medidas cautelares.
El jueves, una comisión de familiares de desaparecidos se reunió con funcionarios de la Secretará de Gobernación, con el apoyo de cinco organizaciones nacionales de desaparecidos y organizaciones no gubernamentales (ONG), como el centro Prodh, Idheas, la Comisión Mexicana de Enlaces Nacionales y el Instituto Mexicano para la Defensa de los Derechos Humanos, donde se acordó el otorgamiento de medidas de protección individualizadas para los casos con mayor riesgo, es decir para los familiares de desaparecidos que han recibido amenazas.
La fuente informó que entre los compromisos hechos con el gobierno federal, con base en la petición de medidas cautelares para 39 integrantes del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala, algunos de ellos como parte del grupo de búsqueda de fosas clandestinas y otros que han recibido amenazas, las medidas de vigilancia serán individualizadas en los casos de mayor riesgo con rondines policiacos en su casas.
Se acordó también que, bimestralmente se reunirán con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, mayor seguridad en las asambleas de los martes a los familiares de desaparecidos en la parroquia de San Gerardo, y seguridad en las búsquedas de fosas clandestinas.
En el encuentro del jueves, las autoridades federales reconocieron el logro de Los Otros Desaparecidos de Iguala, que en un año han logrado el hallazgo y la recuperación de 123 cuerpos inhumados en fosas clandestinas, “un logro que ha superado por mucho al Estado”.
Informó que las ONG reconocieron también ante las autoridades federales que las acciones de búsqueda de los familiares de desaparecidos de Iguala han superado “por mucho” a las de la PGR.
Con este encuentro, dijo, se da reconocimiento al grupo de Los Otros Desaparecidos de Iguala, a nivel nacional e internacional, por los logros alcanzados a más de un año de su creación tras el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En Oaxaca, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desparecidos en Iguala, denunciaron que no hay pruebas científicas que indique que sus hijos están muertos, por lo tanto, van insistir en que el Estado los devuelva con vida, en las acciones de la tercera caravana por la presentación de los estudiantes en 14 estados del país.
La primera actividad fue una conferencia en la sección 75 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, que comenzó el padre del normalista desaparecido originario de Oaxaca, Cristián Tomás Colón Garnica, el señor Juan Colón Juárez, demandó la presentación con vida de los estudiantes detenidos desparecidos por policías municipales en Iguala.
Por la tarde, tras una marcha en el primer cuadro de la ciudad, la señora Hilda Legideño, mamá de Jorge Antonio Legideño Vargas, pidió el apoyo de las organizaciones y ciudadanos de la capital oaxaqueña para que las autoridades regresen a sus hijos, “porque ellos se los llevaron y sabemos que ellos los tienen”, aseveró.
En un mitin en el Zócalo frente al Palacio de gobierno, explicó que desde el 26 de septiembre de 2014, madres y padres salieron a buscar a los estudiantes desaparecidos y siguen dispuestos a hacer lo que sea necesario para recuperarlos, “por eso salimos, a pedir que nos acompañen en las acciones globales por Ayotzinapa, para que el gobierno sienta la presión de la sociedad”.
Aseguró que sólo con la solidaridad de la población que se une a las marchas han podido obtener algunos resultados.
Asimismo, María Elena Guerrero, madre del normalista Giovanni Galíndez Guerrero, denunció que los jóvenes que quieren superarse son blanco del gobierno, y la población no puede permitir que siga desapareciendo a jóvenes y estudiantes.
El papá de Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, Maximino Hernández señaló que el gobierno “no puede salir del problema en que se metió”, cuando se llevó a 43 estudiantes detenidos, pero se niega a asumir la responsabilidad y decirles con certeza dónde están.
Antes, a las 12 del mediodía, Colón Garnica, vecino del municipio de Tlacolula de Matamoros, a menos de una hora de recorrido de la ciudad de Oaxaca, informó en conferencia de prensa que no hay pruebas científicas que indiquen que sus hijos están muertos, como han dicho las autoridades federales que les piden resignación.
Insistió en que los estudiantes fueron detenidos por policías –agentes del Estado–, y ellos deben decirles dónde están.
Insistirán en que la investigación incluya al Ejército pese a la resistencia de funcionarios, dice Vidulfo
Ante reporteros locales, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra habló de los avances en la investigación, por la lucha de los padres de familia y el respaldo que recibieron; la integración del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la unidad especial de investigación para que lleve este caso, y la apertura de cuatro líneas de investigación: la búsqueda con vida, la búsqueda sin vida, el quinto camión, y el crimen organizado y su relación con los funcionarios locales.
Aclaró que van a insistir en que se incluya el Ejército pese a la resistencia de autoridades y de la red de funcionarios y políticos de la región Norte que, aunque no lo mencionó, han sido señalados de vínculos con narcotraficantes.
El sobreviviente de los ataques del 26 de septiembre, Ernesto Guerrero recordó que aquella noche vieron como los policías municipales se llevaron a sus compañeros.
También se pronunciaron contra la reforma educativa, que incluye en un apartado por la desaparición de las normales rurales, incluso las públicas estatales y federales, cuya implementación comienza este año con un programa piloto de dos únicas licenciaturas y maestrías de especialización.
A las 5 de la tarde, de la calle Libres, frente al Sindicato de Telefonistas, salió la marcha de protesta encabezada por los padres con unas 700 personas, rumbo al Zócalo, para insistir en sus demanda, y en la solidaridad de la población, bajo la consigna, “no fue el narco, fue el Estado”.
Caminaron 10 cuadras hacia el oeste, una de las madres se santiguó cuando pasaron frente a la catedral y un parque, donde han participado antes en mítines; recordaron que han viajado por el todo el país, incluso al extranjero porque en México recibieron mentiras de las autoridades.
El vocero Felipe de la Cruz denunció que la verdad histórica que daba por muertos e incinerados a los normalistas, “quedó en la historia”, estimó que pronto se sabrá la verdad científica, y por eso continúa el hostigamiento y el acoso, incluso a los expertos extranjeros, mediante una campaña de calumnias.
El desconcierto se reflejó en algunas madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa al bajar del autobús en medio de la carretera que va de Oxchuc a Ocosingo, en Chiapas, cuando llegaron este domingo a donde visitarían una estación de radio comunitaria para difundir su mensaje de la tercera caravana por la presentación de sus hijos entre al pueblo tzeltal.
No había nada a la vista, salvo dos puestos de comida a un lado de la carretera. La sorpresa fue mayor cuando los guías señalaron del otro lado de la carretera, una vereda angosta en medio de la vegetación, con piedras acomodadas como escaleras para subir un cerro de unos 70 grados de inclinación. Algunas piedras se notaban sueltas.
Nicanora García, mamá del normalista desaparecido Saúl Bruno García, una mujer adulta de andar trabajoso, no pensó mucho antes de decir en voz alta “ni modo que no suba si me dicen que mi hijo está allá arriba”, y emprendió la cuesta arriba del accidentado camino.
La señora Macedonia Torres, mamá de José Luis Luna Torres, lo dudó al principio, pero no se quedó atrás.
El frío del municipio de Oxchuc aumentó en lo alto, y en la parte plana hallaron una cabina muy básica, en una pequeña casa de madera y techo de lámina calentada con un fogón prendido para el café. La radio cultural también dio voz al movimiento zapatista, mencionó una de las activistas, pero no precisó cuándo.
Adentro había tres jóvenes: operador, locutor y traductor esperando a los padres que antes estuvieron en un mitin masivo en el Zócalo de la cabecera municipal. Los acompañaba integrantes del Movimiento por la Paz y la Justicia para Oxchuc, que pugnan por la destitución de la alcaldesa y su esposo, luego de un conflicto poselectoral que viene desde octubre y que ha representado muchas acciones de fuerte protesta, como la quema del Ayuntamiento, oficinas y camionetas de gobierno. La última protesta, que pretendieron controlar con la fuerza pública, el 8 de enero, terminó en un agresión de policías federales contra el pueblo desarmado.
Son las 4:20 de la tarde, anunció el locutor durante la presentación de los invitados. Parecía más tarde por lo frío y lo nublado. Les preguntó a los visitantes sobre las versiones que han permeado en el estado, de los normalista de Ayotzinapa “vándalos” por quemar edificios, y que fueron atacados en Iguala por vínculos con un grupo de narcotraficantes.
De Ayutla, Guerrero, Nicanora García aclaró que ella llegó de muy lejos a Chiapas, “soy otra mamá que busca a su hijo. Dicen que son delincuentes, pero si fuera un narcotraficante no habría ido a esta escuela (dijo sobre Ayotzinapa, que privilegia el acceso de los más pobres). No es verdad, no son delincuentes. Siempre digo, me quitaron a mi hijo y busco a 43, y mi lucha es por los miles de desaparecidos que hay fosas y que tienen familia que llora por ellos”.
Sin prisa, añadió que “el único delito de ellos es de venir a estudiar, a prepararse para tener un futuro… mi hijo me dijo un día, ‘mami, yo me voy a estudiar para compartir mis estudios con los pobres, porque los maestros de familias ricas no suben a los pueblos más lejanos’”.
Insistió, “mi hijo nunca me llegó con algo de otra persona, por eso les pido que me ayuden a pedir que me lo regresen, nosotros los queremos con vida; con vida se los llevaron, vivos los queremos”.
También de hablar sencillo, Macedonia Torres aseguró que los policías federales y el Ejército saben dónde están sus hijos, “hay pruebas de que sí los agarró el Ejercito, la Policía Federal, los estatales, los municipales”, dijo sobre la coordinación que hubo de todos los cuerpos policíacos y del Ejército la noche de los ataques a estudiantes y civiles en Iguala.
Recordó que, “siempre dijeron que estaban quemados, muertos. Nunca jamás imaginé que a mi hijo lo iban a agarrar. Nos quieren callar, nos quieren comprar, mandan gente a nuestras casas, pero no nos vamos a cansar”, aseguró.
El señor Mario González, padre de César Manuel, también desaparecido, denunció que la Procuraduría General de la República siempre quiso incriminar a los normalistas desaparecidos con la banda de narcotraficantes Los Rojos, “pero nuestros niños tenían 15 días en la escuela, algunos ni siquiera son de Guerrero, ¡y (de repente) me lo vuelven un sicario!, por ahí se iba la justicia, pero lo revertimos y logramos que ya no se les relacione con criminales.
Precisó que el primer golpe emocional contra los padres fue el descubrimiento de fosas en Iguala; el segundo, cuando les informaron de la tesis de Cocula, de que todos estaban muertos e incinerados, “fue impresionante, insoportable”, pero cuando estuvieron en el basurero, donde presuntamente ocurrieron los hechos, no vieron indicios del incendio del que hablaban las autoridades. No lo creyeron.
Sin embargo, fue necesaria la intervención de extranjeros para desacredita esa versión.
Recriminó la crueldad con la que los ha tratado el Estado mexicano, la facilidad que ha tenido de mentir, de ofrecer y comprometerse a darles respuestas “y no hace nada”.
Aclaró que los pequeños avances son producto de la lucha de los padres, “por querer mandarlos a estudiar ahora estamos detrás de un micrófono pidiendo que los devuelvan con vida”.
