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El caso Rosendo Radilla no es cosa del pasado; “exigencias y búsquedas siguen vivas”, advierten

Al centro, con cubrebocas, Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla, en la presentación del libro Desaparecer en Guerrero. 50 años de impunidad, entre los paradigmático y el incumplimiento, que aborda la desaparición forzada del luchador social, en la Casa de Francia, en la Ciudad de México, el viernes pasado Foto: El Sur

Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

La desaparición forzada del líder social Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida el 25 de agosto de 1974, se considera emblemática y por eso es detallada en Desaparecer en Guerrero. 50 años de impunidad, entre lo paradigmático y el incumplimiento, un libro donde se exponen los pormenores del caso que aunque no ha sido esclarecido, ha abierto las puertas para que otras desapariciones forzadas sea visibilizadas.
Bajo eso premisa, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) presentó el libro este viernes en la Casa de Francia, junto con la participación de familiares de Radilla, quienes, en busca de justicia, llegaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), la cual condenó al Estado mexicano como responsable de su desaparición.
“Han sido 49 años de impunidad, de caso omiso, de falsas esperanzas. Uno puede ver lo que ocurre hoy en día en nuestro país y se encuentran tantas similitudes con los casos del pasado. Cuando empezamos a tomar este proyecto hace un par de años, que fue cuando decidimos escribir el libro sobre la promoción y defensa que hemos hecho sobre el caso, identificábamos que esto no era una cosa del pasado. Las exigencias y búsquedas siguen tan vivas”, expuso Jorge Luis Amaya Lule, integrante de la CMDPDH y quien realizó la compilación y edición del documento.
“No nos vamos a cansar de seguir exigiendo dónde están los desaparecidos. Queremos saber qué fue de Rosendo y los luchadores que fueron desaparecidos en los años setenta en el marco de la guerra sucia o del terrorismo de Estado. ¿Dónde están aquellos que han sido desaparecidos en la guerra contra las drogas y por los cárteles del crimen organizado?”, enfatizó.
El caso de Rosendo Radilla es pargadigmático, remarcó Amaya Lule. “Nombramos al libro Desaparecer en Guerrero. 50 años de impunidad porque se trata de un caso que nos ha enseñado mucho, que ha abierto muchas puertas para otros casos”.
Sin embargo, agregó, “seguimos luchando porque se sigue cayendo en ese incumplimiento y en esa impunidad que se encuentra arraigada en los sistemas de justicia y de seguridad en nuestro país”.
Con esta obra, continuó, “queremos insistir en que el de Rosendo es un caso que nos ha abierto las puertas a otros casos para la región de Guerrero, pero también ha abierto las puertas en todo el país, donde existen muchos casos de desaparición forzada”.
A la presentación asistieron, además, otros integrantes de la CMDPDH y José Ramón Cossío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“49 años de dolor”, sin justicia ni verdad

De acuerdo con la CMDPDH, Desaparecer en Guerrero. 50 años de impunidad busca hacer un recorrido por la entidad, por su historia, sus riquezas, su ocupación y disputas, “para tratar de entender la desaparición forzada de personas en contexto de terrorismo de Estado o, por decirlo de forma coloquial, en la guerra sucia”.
La desaparición forzada de personas, en conjunto con otros crímenes graves como la tortura y el asesinato, afirma la Comisión, “son prácticas utilizadas como método de investigación y para el ocultamiento de la verdad, mismas que han sido una práctica recurrente en esta región sin que haya sanción alguna a los responsables, lo que vulnera de maneras inexplicables a toda la población de forma transgeneracional”.
Para la CMDPDH, uno de los “casos emblemáticos de la época fue la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco en Atoyac de Álvarez, Guerrero, a manos del Ejército mexicano”. Lo considera “paradigmático” porque fue la primera ocasión en que la CoIDH condenó al Estado mexicano por cometer violaciones graves.
“La sentencia de la Corte obligó a la creación de una serie de reformas legislativas y políticas que pretenden erradicar estas graves violaciones y combatir la impunidad”. No obstante, a medio siglo de ocurridos los hechos, destaca, “no hay sanción a los responsables, ni esclarecimiento de la verdad”.
Tita Radilla, hija del compositor de corridos y líder social en Atoyac de Álvarez, también intervino en la presentación del libro: “Para nosotros es importante que se conozca aquel momento de la detención y desaparición de nuestro padre Rosendo Radilla. Hoy se cumplen 49 años. Son 49 años pensando qué ha sido de él, qué ha pasado, 49 años de dolor, de sufrimiento, pero no sólo la familia Radilla, sino que cientos de personas fueron detenidas, desaparecidas, en aquel momento de la década de los setenta. Como él, corrieron con la misma suerte”.
Tita, activista de derechos humanos desde hace décadas, comentó que la familia ha luchado y ha hecho de todo para dar con el paradero de Rosendo, “pero desgraciadamente no tenemos una pista de dónde encontrarlo. No hay voluntad política del Estado mexicano, porque se tendría que ver reflejada en hechos. En este caso y muchos más, no hay la menor intención de esclarecimiento.
“Hemos estado dando seguimiento a los casos, pero no hay esa voluntad. Y no sé si tampoco existe la capacidad del Estado mexicano para darnos certeza, seguridad. Nosotros queremos saber qué pasó con ellos, dónde están, qué les hicieron, por qué”.
Lo que sí saben, dijo, es quiénes desaparecieron a decenas en la guerra sucia. “Fue el Estado mexicano, fue el gobierno mexicano y su brazo ejecutor: el Ejército mexicano, que ha sido hasta ahora protegido para que no se pueda sancionar a los responsables de esos hechos terribles que ocurrieron en aquel momento.
“Por la impunidad que ha permanecido, es que hoy día estas detenciones, torturas, se dan diariamente y nadie está exento de decir ‘a mí no me va a pasar’. Todos debemos levantar la voz para exigir justicia por todos los crímenes que han ocurrido y que siguen ocurriendo en este México herido y golpeado”.

Renovación de la esperanza e incumplimiento del Estado

En su turno, José Ramón Cossío también se refirió a la sentencia de la Corte Interamericana, que repercutió en la Suprema Corte de Justicia mexicana. “Fue una sentencia paradigmática –coincidió–. Por un lado, fue una renovación de la esperanza, pero también hay una altísimo incumplimiento de parte del Estado en la materia. Pero no hay cumplimiento no sólo de la sentencia, sino de muchas otras obligaciones que corresponden al Estado mexicano”.
Sobre las causas de las desapariciones, el ex ministro advirtió: “¿Dónde está la causa generadora? Son estas convivencias entre policías, delincuencia organizada, etcétera. Nadie puede negar que el proceso de militarización ha avanzado a unos niveles nunca antes vistos en la historia. No sólo por la presencia de las fuerza armadas, no sólo por el presupuesto, sino por los cambios jurídicos legales que han permitido el establecimiento de las propias fuerzas armadas en un número creciente de tareas”.
El abogado reconoció el trabajo de decenas de personas en la lucha por la búsqueda de desaparecidos. “En algunos años, cuando hagamos memoria de las personas que trabajaron por los desaparecidos, nos vamos a acordar de Tita, de doña Rosario Ibarra, de los papás y las mamás de los jóvenes de Ayotzinapa… de Karla Quintana, que, desde mi punto de vista, hizo un excelente trabajo hasta su renuncia hace unos días, al parecer porque le pidieron que maquillara las cifras de personas desaparecidas, tratando de hacer ajustes para cumplir con los logros del gobierno en turno”.
Reconoció el papel de la CMDPDH y de las madres y familias buscadoras. “Todos los elementos están ahí, pero hay que generar una política, no de partidos o de grilla, sino una acción política. Creo que todo esos esfuerzos no van a tener una trascendencia hasta que se conviertan en una acción política razonablemente coherente, dirigida.
“Estos 50 años se pueden extender no sólo respecto al caso Radilla sino a muchos otros casos que están en una situación semejante”, concluyó.

La generación del terror,
tarea contrainsurgente

“Es un tema complejo el acompañamiento a familiares de personas desaparecidas. No solamente se trata de una representación ante las instancias. Nos encontrarnos ante la incertidumbre de las familias, porque sí, es una gran incertidumbre para ellas percatarse de que sus familiares fueron detenidos por agentes del Estado y crece la duda sobre si van a regresar”, indicó Norma García, integrante del equipo de apoyo psicosocial de la CMDPDH.
“Porque la práctica de la desaparición forzada se presenta como una tarea contrainsurgente para desmontar las luchas sociales. Lo que la hace tan efectiva para la desmovilización social es la generación del terror, del miedo”.
En opinión de la especialista, es inevitable, en este “contexto de violencia e impunidad estructural”, mencionar las desapariciones que sucedieron durante los periodos importantes de la lucha por la justicia y la democracia en México, “los cuales estuvieron marcados por estrategias de represión y contrainsurgencia por parte del Estado, como la guerra sucia, caracterizada por emplear todo el aparato institucional para llevar a cabo todo tipo de crímenes como método de represión social y como parte de una política de terrorismo”.
A la falta de procesos judiciales contra los responsables, “se suma la ausencia que representan las personas detenidas-desaparecidas para sus familiares. En algunos casos, como el del señor Rosendo Radilla, se trata de ausencias que han mantenido a su familia en luchas que rondan los ya casi 50 años. La mayoría de familiares en búsqueda de detenidos-desaparecidos de la guerra sucia en Atoyac son ahora adultas mayores. El tiempo ha pasado, pero la búsqueda continúa y los daños ocasionados a una generación repercuten en otras”.
El paso del tiempo sin resarcimiento del daño, finalizó, “reedita constantemente los impactos psicosociales de las víctimas, provoca la perpetuación del daño transgeneracional. Se ha evidenciado la falta de voluntad o capacidad del Estado en cumplir con una sentencia que suele ser calificada como paradigmática y que suele ser presentada como un ejemplo del alegado compromiso estatal con los derechos humanos”.

Solicitan se declare en desacato al Estado por incumplimiento de la sentencia del caso Radilla

Las hijas del dirigente campesino desaparecido por soldados del Ejército en 1974, Agustina, Tita y María del Pilar Radilla Martínez y el subdirector de la CMDPDH, Víctor del Pozo Foto: Cencos

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

Familiares del líder campesino desaparecido en Atoyac en 1974 durante la guerra sucia, Rosendo Radilla Pacheco, en compañía de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) solicitaron a la Corte interamericana de Derechos Humanos (Coidh) que declare en desacato al Estado mexicano, por incumplir la sentencia emitida.
En un comunicado emitido por el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), se explica que el 23 de noviembre de 2009 la Coidh dictó sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costos en el caso Rosendo Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos.
Agrega que la sentencia declaró responsabilidad por la desaparición forzada de Rosendo Radilla, además de que se ordenaron medidas de reparación del daño.
Asegura que a pesar de la vinculación de la sentencia emitida, el Estado mexicano ha incumplido respecto a las medidas de reparación concernientes al caso.
“La falta de compromiso y debida diligencia por parte del Estado mexicano ha permitido que se consuman violaciones irreparables a la garantía del derecho a la reparación. Desde la CMDPDH, como representación legal de la familia Radilla Martínez, vemos con profunda preocupación que el Estado mexicano esté buscando dar carpetazo al caso Radilla, sin nunca haber tomado acciones serias para cumplir con la sentencia”, se lee en el comunicado.
De igual forma se enlistan tres acciones directas frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se solicita que se declare al Estado mexicano en desacato de la sentencia emitida.
“Frente a la intención del Estado de dar carpetazo al caso, y ante el evidente incumplimiento de la sentencia, la CMDPDH solicitó a la Corte IDH que declare al Estado mexicano en desacato de la sentencia del tribunal interamericano y que, en consecuencia, remita la situación del incumplimiento ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos”, se informa en el comunicado.
Las otras dos acciones son que se adopten medidas de supervisión reforzadas para que el Estado pueda rendir informes en una periodicidad corta y evitar “otro daño irreparable. Además que se convoque a una audiencia para que se puedan escuchar los testimonios de las víctimas.
Por otro lado se consideran acciones a realizar dentro del plano nacional, indicando que se presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra las autoridades involucradas.
Además buscan que la CNDH emita una recomendación donde se pida al Congreso de la Unión que se cree una Ley General de Cooperación con Organismos Internacionales de Derechos Humanos para que las decisiones internacionales dejen de estar bajo la dependencia de la Secretaría de Gobernación.
También, piden a la Corte Interamericana convoque a una audiencia de supervisión del cumplimiento de la sentencia y que se adopten medidas para el cumplimiento por parte del Estado mexicano.
Se solicitan a la Fiscalía General de la República (FGR) acciones para asumir su labor consitucional “con diligencia” que pueda llevar a las personas responsables ante la justicia.
Rosendo Radilla fue desaparecido el 25 de agosto de 1974, a los 60 años. Fue detenido por un retén militar y llevado al ex cuartel militar de Atoyac de Álvarez, sitio donde fue visto por última vez.

El Estado no cumple la sentencia de la Coidh en el caso Radilla ni con la Comverdad: activistas

 

El gobierno mexicano no ha cumplido la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) sobre la detención y desaparición de Rosendo Radilla Pacheco a 8 años de que se emitió la sentencia, denunciaron ante el Tribunal Internacional de Conciencia la hija del desaparecido, Tita Radilla, y el secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Julio Mata.
Mientras tanto los integrantes de la Comisión de la Verdad (Comverdad) denunciaron que el gobierno de Guerrero no ha cumplido las recomendaciones que emitieron en su informe en 2014, entre las que se encuentra la publicación y distribución del mismo.
En el segundo día de actividades del organismo internacional en el ex seminario del Padre Humberto Osorio Refino, se dijo que la impunidad provoca que las desapariciones forzadas se sigan cometiendo, con la diferencia de que durante la guerra sucia las cometían directamente los militares y policías y ahora es el crimen organizado en colusión con el gobierno.
Dentro del tema: El fenómeno de la desaparición forzada, los ex comisionados de la Comverdad presentaron su informe, mientras que Tita Radilla y Julio Mata presentaron el caso de la detención y desaparición de Rosendo Radilla. Al final se trató el tema: La desaparición forzada en Iguala y Chilpancingo, en donde familiares de víctimas narraron sus testimonios.
Encabezaron el jurado James Smit, José Luis Fuentes, Gilberto Saucedo, Stefany Bello, Carmen Matus y Raymundo Díaz Taboada.
De la desaparecida Comverdad estuvieron los cinco comisionados, José Enrique González, Nicomedes Fuentes, Pilar Noriega, Arquímedes Morales e Ilda Navarrete.
González Ruiz dijo que la Comverdad se creó “ante la ineficacia y la corrupción” de las instancias gubernamentales y a instancias de familiares de víctimas de desapariciones que pedían una justicia alternativa.
Sin embargo el gobierno estatal no cumplió las recomendaciones que emitió, ni la publicación del informe.
Arquímedes Morales comentó a los integrantes del Tribunal Internacional de Conciencia que sobre el derecho a la justicia el gobierno no cumplió, por ejemplo, con las averiguaciones previas de casos de desaparición forzada pendientes por resolver en la Coordinación General de Investigación. En cuando a las medidas legislativas, tipificar la desaparición forzada conforme al artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y establecer la imprescriptibilidad del delito de desaparición forzada.

En cuanto a las medidas preventivas, el retiro de las fuerzas armadas de las operaciones de seguridad pública, en cumplimiento del artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos, así como que se sancione a los cuerpos policiacos o de seguridad pública que no pongan inmediatamente al detenido a disposición del Ministerio Público, y establecer en toda agencia del ministerio público un registro de personas detenidas.
En cuanto a las medidas de reparación no ha cumplido la reparación económica de acuerdo a los estándares internacionales a familiares de desaparecidos y sobrevivientes, simplificar y agilizar los trámites para que las víctimas y sus familiares reciban los recursos lo más pronto posible, así como suprimir como requisito la acreditación de violación a los derechos humanos de la Recomendación 26/2001 de la CNDH.
De las medidas administrativas o institucionales la Comverdad recomendó exentar a las víctimas o familiares del pago de derechos en los trámites administrativos, especialmente en el Registro Civil, y que en aquellos casos en que debe realizarse la modificación de actas del Registro Civil en los casos de errores del propio registro, modificar las actas sin mayor trámite.
También recomendó que se retiren los nombres de las personas que intervinieron en desapariciones forzadas de los lugares públicos, y que se retire el nombre del Ejército del lugar de honor del Congreso del Estado.
Pilar Noriega dijo que la conclusión a la que llegó la Comverdad es que en la etapa de la guerra sucia se ejerció una represión sistemática y generalizada, y que es la misma que se sigue viviendo en la actualidad, “la diferencia es que en aquellos años no había duda de que los responsables fueron el Ejército y la policía, y todos los detenidos-desaparecidos tienen nombre y apellidos”.
Nicomedes Fuentes agregó que en efecto, no ha habido cambios entre lo que sucedió en aquellos años y lo que pasa en la actualidad, que, dijo, “es la continuación de la guerra sucia”, y añadió que lo que ocurrió en la década de 1970 no sirvió como experiencia para evitar que se volviera a repetir. Dijo que la ventaja es que hoy se ha vencido el miedo.
Enseguida, Morales Carranza advirtió que las cosas van a seguir igual mientras no haya un cambio de régimen.
Entonces, el director del Centro de Derechos de las Víctimas Minerva Bello, José Filiberto Velázquez preguntó que si lo que se vivió en las elecciones del 1 de julio es realmente un cambio o una simulación, y el ex comisionado dijo que para él “sólo es un cambio de caras y falta ver el comportamiento del nuevo gobierno”, y añadió, “esto dependerá de lo que podamos hacer como ciudadanos”.

A 44 años de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco

Julio Mata Montiel presentó el caso de Responsabilidad Internacional del Estado por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco.
Explicó que el caso resulta paradigmático en el derecho mexicano por establecer la obligación de adoptar estándares del derecho internacional en relación con la investigación y sanción de la desaparición forzada.
Denunció que a 44 años de la desaparición forzada de Rosendo Radilla la impunidad perdura no sólo en este caso, sino en todos los de ese periodo y los de a partir del 2006 a la fecha en el que es evidente el exterminio contra el pueblo, y la notoria simulación que ha mantenido el Estado mexicano para cumplir las obligaciones nacionales e internacionales.
Agregó que a casi 9 años de que la Coidh emitió la recomendación del caso Rosendo Radilla, el Estado mexicano ha incumplido las recomendaciones, entre éstas que haga una investigación exhaustiva de todos los casos de ese periodo, que son más de 850 en todo el país.
Asimismo que se recupere la memoria, la verdad y pleno acceso a la justicia para todos los familiares y para todo el pueblo de México.
Que se hagan y entreguen a las universidades todos los archivos del accionar del Ejército mexicano y de los funcionarios públicos de entonces, de diferentes cuerpos paramilitares que han actuado al cobijo del Estado y que sólo es una parte los que están en el Archivo General de la Nación.
Además el reconocimiento de la competencia del Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la desaparición forzada para recibir denuncias individuales, fortalecimiento, y la implementación de sus acciones urgentes y permitiendo la realización de la visita in situ solicitada.
Expuso que la desaparición forzada de personas en México ha sido utilizada como forma de presión desde la década de 1970.
Denunció que para los familiares y las victimas no hay acceso a la justicia, “los perpetradores de las desapariciones son protegidos por las autoridades de todos los órdenes”, y que la impunidad permea todas las instituciones del Estado.
Agregó que en la actualidad a finales de 1990 y a pesar de cientos de denuncias ante la PGR y a las comisiones de derechos humanos, “no se ha revelado el paradero de uno solo de los detenidos-desaparecidos, y menos existe un solo enjuiciado o condenado por el delito de desaparición forzada en el periodo reciente”, tampoco hay protección a los familiares que denuncian.
Agregó que, por el contrario, el gobierno divide a los colectivos de víctimas ofreciéndoles prebendas y los que las rechazan son amenazados, encarcelados, desaparecidos o asesinados.
Tita Radilla expuso que lo que pasa hoy es consecuencia de que las violaciones del pasado quedaron en la impunidad, denunció que “el gobierno solamente simula que hace las cosas, por ejemplo dijo que en el caso de Rosendo Radilla se hacen excavaciones en busca de su cuerpo pero no hay resultados, y todavía no existe una sola persona sancionada”.

 

Son necesarios memoriales públicos para los desaparecidos, plantea un nieto de Rosendo Radilla

Jacob Morales Antonio

Chilpancingo

En la inauguración de la exposición Huellas, pasos por la memoria, la verdad y la justicia, el nieto del líder campesino desaparecido por el Ejército en 1974, Rosendo Radilla Pacheco, Roberto Arellano Radilla expresó la necesidad de tener memoriales de las víctimas y desaparecidos en zonas públicas, para no olvidar y para la lucha política.
Previo a la inauguración de la exposición en el museo José Juárez de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), el nieto de Radilla Pacheco participó en una mesa con el tema Memoriales para la lucha política, donde dijo que son necesarios para recordar a las víctimas, como el recuerdo que las familias tienen en casa de ellos, una foto u otros objetos.
“La ciudad debería tener estos espacios de conmemoración, no igual como los tiene el hogar, tener sobre todo el apego y la apropiación de los espacios en la ciudad”, propuso.
Dijo que en América Latina hay cinco sitios públicos distintos, pero ninguno en México pese a la situación y las historias de las víctimas, destacó el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado en Buenos Aires, Argentina, que se creó en 1998 para “conmemorar a los detenidos y desaparecidos del periodo de 1969 al 1983. Un espacio abierto que contiene placas de mujeres, hombres, niñas, niños, víctimas de la violencia ejercida por el Estado, donde se reconocen estos hechos.
Otro es el memorial del Ojo que Llora, uno de los más famosos que está en Lima, Perú, que también es un espacio abierto en un parque convertido en un lugar escultórico. Otro es el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago de Chile construido en 2010, que da visibilidad a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de 1973 a 1990.
El Museo de la casa de la memoria de Medellín fue creado en 2006, es un espacio cerrado y también en el exterior, otro es el Museo de la Memoria y la Tolerancia de México pero está en un espacio cerrado y financiado desde el extranjero.
Se preguntó “¿por qué en Guerrero no tenemos todavía estos espacios consolidados?, en primera porque tiene que venir desde la sociedad, de los colectivos, difícilmente va a venir desde un proyecto de Estado por su condición de ser Estado, pero que en el caso de estos países ha sido muy benéfico también para el mismo Estado reconocer su culpabilidad”.
Consideró que estos memoriales también ayudarían a tener mayor empatía entre la sociedad, “que es el objetivo principal de estas exposiciones y sobre todo de estos lugares. Es ponernos en los zapatos del otro”.
El nieto de Radilla Pacheco mencionó que en el caso de Guerrero de las mil 200 personas que fueron víctimas de desaparición forzada en México, 473 eran de Atoyac, el 40 por ciento, “tenemos que tener este tipo de espacios no sólo en Atoyac, también en la capital de Guerrero porque por todos lados nos está pasando esto”.
Agregó que la creación de estos espacios de conmemoración de los familiares de desaparecidos posibilita la transmisión intergeneracional de la memoria, en este caso del periodo de terrorismo de Estado o guerra sucia, el acceso público a un archivo histórico, la creación de un espacio museográfico y la construcción de un monumento en la plaza pública de Atoyac para recordar a los a los desaparecidos. “Un Memorial puede convertirse en un catalizador del diálogo político”.

Sin las familias no

En la mesa estuvo la doctora y profesora de la UACM, Evangelina Sánchez Serrano, quien participó con el tema Sin las familias no, expresó que la fuerza para recuperar la memoria de las víctimas es el trabajo de los colectivos, de las organizaciones.
La académica llamó a la sociedad a reflexionar sobre los candidatos a la presidencia y el resto de los políticos, que no van hacer algo por las víctimas de desaparición forzada. Dijo que lo menos que pueden hacer las personas es ser empáticos con el dolor de los familiares de desaparecidos.
Dijo que el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa visibiliza el gran problema de desaparición forzada en el estado y el país, que es un delito de lesa humanidad. El gobierno “está ocultando su responsabilidad” porque hay una cadena de mando y hay responsabilidades compartidas, y al igual que los colectivos de toda América lo que buscan es justicia y verdad.

 

La Ley de Seguridad busca legalizar las torturas del Ejército, denuncia la Afadem en Atoyac

La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem) conmemoró el 103 aniversario del natalicio del líder atoyaquense Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido por militares en 1974.
La ceremonia fue presidida por el secretario ejecutivo de esa organización, Julio Mata Montiel, en el Zócalo de Atoyac frente a la placa del perdón que el gobierno federal colocó en disculpa a los familiares de Radilla Pacheco. Ahí denunció que se quieren legalizar los asesinatos y torturas del Ejército.
Esa placa se colocó sin la presencia de los familiares de Rosendo Radilla y de otros desaparecidos de la guerra sucia, y no se invitó a la actividad a las organizaciones que demandan justicia.
En la colocación de la ofrenda floral los familiares y miembros de la organización explicaron que la vicepresidenta de la organización, Tita Radilla Martínez no pudo asistir porque estaba en un foro en la Ciudad de México.
Mata Montiel destacó que la defensora de derechos humanos fue para inconformarse por la propuesta de Ley de Seguridad Interior que pretende oficializar mecanismos de desaparición y tortura del Ejército, “son asesinos, han desaparecido personas, torturado y ahora se quiere legalizar que el Ejército torture y desaparezca a la gente como lo hizo con Rosendo Radilla hace 42 años, con dos días que se llevó al cuartel que había en Atoyac”.
El secretario ejecutivo de la Afadem dijo que este es un día importante para la organización, porque el caso Rosendo Radilla ayudó a modificar las leyes mexicanas después de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sentenció al Estado mexicano.
A 103 tres años de su nacimiento dijo que los familiares y la organización exigen la presentación con vida de Rosendo Radilla y de más de 500 desparecidos de Atoyac en la época de terrorismo de Estado en la década del 70, cuando miles de militares sitiaron el municipio y desaparecieron a más de 300 ciudadanos.
La bisnieta del desaparecido, Cintia Martínez Nogueda destacó que en tres generaciones de su familia no han visto investigaciones serias en el caso.
Criticó que en las excavaciones que ordenó la Comisión Interamericana de los Derechos Humano (CIDH) para localizar los cuerpos, se van posponiendo porque las autoridades dicen que no hay dinero y que esperen.
Destacó que su abuela Tita Radilla ha persistido y luchado pese a muchas adversidades, lo que les da ánimo y fuerza a las nuevas generaciones para exigir justicia.

El Estado simula que cumple recomendaciones sobre desaparecidos, dice Radilla en la CIDH

 

Tita Radilla Martínez, hija del desaparecido de la guerra sucia, Rosendo Radilla Pacheco, denunció que desde la década de los 70 a la actualidad no hay en México condiciones ni voluntad para impulsar investigaciones de las desapariciones de personas, y solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que identifique con mayor detalle las prácticas institucionales que impide el esclarecimiento de estos casos.
En la sesión pública de la CIDH en Panamá sobre desapariciones de personas celebrada el 5 de diciembre, Tita Radilla aseguró que los supuestos avances del gobierno son “cosméticos” para simular el cumplimiento de recomendaciones y sentencias de los organismos internacionales.
Consideró fundamental que la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga los casos del fuero local donde por las condiciones de inseguridad no puede tener seguimiento en los estados.
Representando a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla recriminó que las víctimas hagan la búsqueda de sus familiares porque no hubo un mecanismo adecuado y efectivo de búsqueda de personas desde la guerra sucia, “y es lo que nos tiene en este escenario”.
Ella estuvo en la audiencia con otros representantes de organizaciones de familiares de diferentes partes del país, donde el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián explicó ante los comisionados de la CIDH las acciones que el Estado mexicano para atender el problema.
Tita Radilla aclaró que en algunos de los supuestos avances que presentó el Estado mexicano, hay evidencia de que “se trata de avances cosméticos para simular el cumplimiento de recomendaciones y sentencias de los organismos internacionales pero no cuentan con estructura operativa que garantice resultados”.
Aseguró que persisten las deficiencias estructurales como falta de recursos y agentes especializado, además persiste la actitud negligente de servidores públicos encargados de emprender las investigaciones cuyas irregularidades evitan que se sanciones a los responsables y se localicen a las víctimas y que optan por estigmatizar y criminalizar para evadir su responsabilidad de iniciar investigación inmediata.
Destacó que en el sistema de procuración de justicia no hany sanciones tipificadas para mandos medios y altos, que con sus acciones y falta de control, envían mensajes de impermeabilidad para que tipo de actuaciones se sigan repitiendo y obstaculiza el libre y efectivo ejercicio de los derechos.
Recordó que la desaparición forzada de su padre ocurrió hace 42 años, cuando las fuerzas armadas recibieron facultades ilegales “”para adelantar la política criminal de atacar a la población civil, como ocurre actualmente en el marco de la guerra contra el narcotráfico”.
Aunque han pasado siete años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) emitió una sentencia a favor de Rosendo Radilla para que el gobierno mexicano abriera este caso, señaló que hoy es la única desaparición forzada de la época que tiene una investigación activa y “deficiente”, porque no hay pista alguna de su paradero y ni un sólo responsable sancionado.
Subrayó que los delitos cometidos en la guerra sucia son catalogados de lesa humanidad y no han recibido justicia, ni verdad, ni reparación del daño y “desde entonces se ha incubado la actual crisis de derechos humanos donde, nuevos actores como el crimen organizado agravan y dificultan las desapariciones forzadas y de particulares en México, generando la repetición crónica con la consecuente impunidad”.
Señaló que desde la situación política de la década de los 70 a la actualidad, no hay condiciones ni voluntad del Estado para impulsar las investigaciones, y sigue siendo una dolorosa realidad que enfrentan las familias.
Para remediarlo, consideró fundamental que la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas asuma de manera responsable la competencia de los casos del fuero local que por contexto específico de inseguridad de las familias no pueden seguir en los estados, “no es tolerable que los familiares estén personalmente haciendo labores de búsqueda en muchos lugares del país”.
Solicitó a la CIDH identifique a mayor detalle cuáles son las práctica institucionales que impiden el esclarecimiento de los hechos, la sanción de responsables y que el Estado rinda cuenta de las actuaciones de los procuradores de justicia a fin de evitar actos irregulares y revictimizantes y violatorios de los derechos humanos.
Concluyó que el desafío de México es terminar de manera urgente con el ciclo de impunidad que predomina desde épocas históricas, a fin de lograr efectiva prevención, investigación, procesamiento de los casos, y abrir un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil para consensuar las características de la Fiscalía, del fiscal y de las reformas legislativas en esta materia.

A siete años de la sentencia del caso Radilla el Estado protege al Ejército, denuncia la Afadem

A siete años de la sentencia del caso Rosendo Radilla vs el Estado mexicano dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), el gobierno sigue protegiendo al Ejército, pues no reformó como debería el artículo 47 sobre el fuero militar.
En conferencia de prensa en sus oficinas en la ciudad de los servicios de Atoyac la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), en voz de su vicepresidenta Tita Radilla Martínez denunció que la desaparición forzada siga siendo una práctica en la actualidad.
Recordó que existe el antecedente de más de 500 desaparecidos durante la guerra sucia y de cientos de familias desplazadas por militares, que hoy demandan la reparación integral del daño.
Radilla Martínez, hija del campesino Atoyaquense Rosendo Radilla Pacheco, detenido-desaparecido por militares, manifestó que desaparición forzada ha sido una práctica del Estado mexicano para eliminar a los que considera sus enemigos “principalmente a quienes se organizan para exigir sus demandas económicas, políticas y sociales”.
Reseñó que fue así como a finales de la década de 1960 cientos de jóvenes se organizaron y tomaron las armas para luchar por la justicia, trabajo y educación después de ver cerradas las opciones democráticas.
Indico que después de años de “pedir, exigir a las autoridades correspondientes el esclarecimiento de estos lamentables hechos la Afadem, la Confederación Mexicana de Defensa por los Derechos Humanos y la familia Radilla decidimos llevar a instancias internacionales el caso de Rosendo Radilla Pacheco detenido-desaparecido por el Ejército mexicano el 25 de agosto de 1974 junto con cientos de personas que también corrieron con la misma suerte”.
Abundó que a siete años de emitida la histórica sentencia contra el Estado mexicano no ha habido cumplimiento en los puntos principales, como la investigación, búsqueda y reparación.
Demandó que se cumplan las modificaciones constitucionales ordenadas por la Corte Interamericana, además de que se investigue con carácter científico para dar con la ubicación de Rosendo Radilla y de todos los desaparecidos en México.
Agregó que la reparación integral del daño para todos los familiares de los detenidos desaparecidos es procurando verdad, justicia y garantías de no repetición.
Insistió en que “desafortunadamente el Ejército ha gozado de impunidad, la autoridad siempre lo ha protegido no se ha podido llegar, hubo precisamente por la sentencia una reforma al artículo 47 constitucional para la acotación del fuero militar que no se dio como debería de darse, como lo ordenó la Corte”.
Lamentó que se hizo una modificación que es insuficiente, ya que los militares que hayan tenido participación en violación a los derechos humanos con civiles “van a determinar si el fuero civil o militar será quien lo vea”.
Abundó que parte de la lucha constante es que sean los militares que estuvieron en las acciones de “terrorismo de Estado” los que digan qué pasó con todos los desaparecidos, ya que no se trata sólo del caso de Rosendo Radilla, sino que son cientos los que están luchando.
El secretario ejecutivo de la Afadem, Julio Mata mencionó que los organismos internacionales son los que han estado exigiendo justicia en los casos de violaciones de derecho humanos en México, como el caso de los 43 normalistas que el Estado se niega a reconocer que es una desaparición forzada.
Dijo que el Estado mexicano nunca ha hecho una investigación real, “simula ante la comunidad internacional que investiga y lleva el proceso, es bien sabido que firma y ratifica tratados internacionales pero les pone candados y declaraciones interpretativas para que no se cumpla”.
Uno de esos tratados fue el de la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada que no ha ratificado el comité de seguimiento, “igualmente está la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada que tiene una reserva y declaración interpretativa que afortunadamente en el caso Radilla, esas se echaron abajo y la Corte determinó que no funcionaban esos candados como los querían aplicar en México”.
Indico que si no es por la presión internacional al interior del país no pasa nada, pero en el caso Rosendo Radilla ya no lo pudo negar el Ejército ni el Estado mexicano que lo reconoció, “pero aún así no hacen la investigación, deberían de estar citando a militares a declarar y decir ‘nosotros los tenemos’ porque igual a todos los bajaron de la sierra y trajeron a lo que es hoy la Ciudad de los Servicios, ellos saben donde los tienen”.
Reprochó el Ministerio Público no tenga la capacidad para obligar al Estado mexicano, que no quiere que se sepa la verdad porque los criminales son sus agentes militares.
Agregó que hay varios casos donde militares se han inmiscuido en casos de civiles como Rosenda Cantú y las jóvenes que fueron violadas por soldados, “pero no se ha hecho nada, los están protegiendo, es un contubernio de impunidad y actitud criminal del Ejército en contra de la población, no hay voluntad política para que se conozca la verdad”.
Señalo que los mismos militares que han sido responsables de desapariciones “hoy están reciclados en diferentes instituciones, grupos paramilitares, grupos de policías bancarios e incluso después del Ejército mexicano se convirtieron en Zetas, y ahora después son muchos de ellos los que están desapareciendo, masacrando y desmembrado”.