Tita Radilla Martínez, hija del desaparecido de la guerra sucia, Rosendo Radilla Pacheco, denunció que desde la década de los 70 a la actualidad no hay en México condiciones ni voluntad para impulsar investigaciones de las desapariciones de personas, y solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que identifique con mayor detalle las prácticas institucionales que impide el esclarecimiento de estos casos.
En la sesión pública de la CIDH en Panamá sobre desapariciones de personas celebrada el 5 de diciembre, Tita Radilla aseguró que los supuestos avances del gobierno son “cosméticos” para simular el cumplimiento de recomendaciones y sentencias de los organismos internacionales.
Consideró fundamental que la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga los casos del fuero local donde por las condiciones de inseguridad no puede tener seguimiento en los estados.
Representando a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla recriminó que las víctimas hagan la búsqueda de sus familiares porque no hubo un mecanismo adecuado y efectivo de búsqueda de personas desde la guerra sucia, “y es lo que nos tiene en este escenario”.
Ella estuvo en la audiencia con otros representantes de organizaciones de familiares de diferentes partes del país, donde el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián explicó ante los comisionados de la CIDH las acciones que el Estado mexicano para atender el problema.
Tita Radilla aclaró que en algunos de los supuestos avances que presentó el Estado mexicano, hay evidencia de que “se trata de avances cosméticos para simular el cumplimiento de recomendaciones y sentencias de los organismos internacionales pero no cuentan con estructura operativa que garantice resultados”.
Aseguró que persisten las deficiencias estructurales como falta de recursos y agentes especializado, además persiste la actitud negligente de servidores públicos encargados de emprender las investigaciones cuyas irregularidades evitan que se sanciones a los responsables y se localicen a las víctimas y que optan por estigmatizar y criminalizar para evadir su responsabilidad de iniciar investigación inmediata.
Destacó que en el sistema de procuración de justicia no hany sanciones tipificadas para mandos medios y altos, que con sus acciones y falta de control, envían mensajes de impermeabilidad para que tipo de actuaciones se sigan repitiendo y obstaculiza el libre y efectivo ejercicio de los derechos.
Recordó que la desaparición forzada de su padre ocurrió hace 42 años, cuando las fuerzas armadas recibieron facultades ilegales “”para adelantar la política criminal de atacar a la población civil, como ocurre actualmente en el marco de la guerra contra el narcotráfico”.
Aunque han pasado siete años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) emitió una sentencia a favor de Rosendo Radilla para que el gobierno mexicano abriera este caso, señaló que hoy es la única desaparición forzada de la época que tiene una investigación activa y “deficiente”, porque no hay pista alguna de su paradero y ni un sólo responsable sancionado.
Subrayó que los delitos cometidos en la guerra sucia son catalogados de lesa humanidad y no han recibido justicia, ni verdad, ni reparación del daño y “desde entonces se ha incubado la actual crisis de derechos humanos donde, nuevos actores como el crimen organizado agravan y dificultan las desapariciones forzadas y de particulares en México, generando la repetición crónica con la consecuente impunidad”.
Señaló que desde la situación política de la década de los 70 a la actualidad, no hay condiciones ni voluntad del Estado para impulsar las investigaciones, y sigue siendo una dolorosa realidad que enfrentan las familias.
Para remediarlo, consideró fundamental que la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas asuma de manera responsable la competencia de los casos del fuero local que por contexto específico de inseguridad de las familias no pueden seguir en los estados, “no es tolerable que los familiares estén personalmente haciendo labores de búsqueda en muchos lugares del país”.
Solicitó a la CIDH identifique a mayor detalle cuáles son las práctica institucionales que impiden el esclarecimiento de los hechos, la sanción de responsables y que el Estado rinda cuenta de las actuaciones de los procuradores de justicia a fin de evitar actos irregulares y revictimizantes y violatorios de los derechos humanos.
Concluyó que el desafío de México es terminar de manera urgente con el ciclo de impunidad que predomina desde épocas históricas, a fin de lograr efectiva prevención, investigación, procesamiento de los casos, y abrir un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil para consensuar las características de la Fiscalía, del fiscal y de las reformas legislativas en esta materia.