Ramón Gracida Gómez

Acapulco es la ciudad ejemplo del país de que se siguen perpetrando desapariciones forzadas a manos de policías de distintas corporaciones, las primeras registradas provienen de la década de 1970 durante el periodo de la contrainsurgencia conocido como guerra sucia o terrorismo de Estado, y la más reciente conocida públicamente es del año pasado contra una joven.
En 1974 en Acapulco, reporta la Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad) en su informe final, “empezaron a aparecer los restos de personas visiblemente torturadas, desfiguradas y quemadas, a quienes se trataba de señalar como delincuentes o de relacionar con el hampa, pero que, conforme a un informe de la DFS (Dirección Federal de Seguridad), en realidad eran personas relacionadas con Lucio Cabañas”.
Los cuerpos no reclamados ni identificados fueron inhumados en la fosa común del panteón de Las Cruces, y la prensa local reportó la formación de un grupo clandestino denominado Sangre, integrado por policías retirados y militares con la consigna de matar a determinadas personas, cuyas detenciones fueron ejecutadas por órdenes expresas del entonces comandante de la 27ª Zona Militar, Salvador Rangel Medina.
En la administración de Rubén Figueroa Figueroa (1975-1981), señala la Comverdad, “fue creado otro grupo represivo al margen de la ley que solamente informaba al gobernador o, en ocasiones, al comandante de la Zona Militar en Acapulco. Este grupo, dirigido por el capitán Francisco Javier Barquín, cometió indiscriminadamente desapariciones forzadas de personas, en venganza porque supuestamente habían insultado al gobernador o tenían “problemas con el Ejército”, o “fueron desapariciones forzadas de narcotraficantes con los que quizá no hubo arreglo”.
Un informe de la DFS dice que el grupo dirigido por Javier Barquín “está compuesto por ex agentes de la Policía Judicial y de la Policía Militar. Elementos que anteriormente formaban el grupo Sangre, siendo 30 hombres, en ocasiones menos… el grupo tiene sus separos en la colonia Fraccionamiento de Costa Azul”.
En la década de 1970, 20 estudiantes de la UAG fueron desaparecidos, de Acapulco figuran 13 alumnos de la preparatoria 7, el primero de ellos Arturo Vargas Bibiano en 1975; en 1976 desaparecieron a Alejandro Rivera Patiño, Bernardo Villamar Pérez, Carlos Moisés Mendoza, Edilberto Sánchez Cruz, Floriberto Clavel Juárez, Guillermo Mena Rivera, Isidoro García Campos, María Teresa Torres Ramírez, Mario Pérez Aguilar y Rebeca Padilla Rivera; en 1977 Pablo Santana López y en 1979 Rodrigo Ramírez García.
Jhonatan fue desaparecido en los albores de la Cuarta Transformación.
El 5 de diciembre de 2018, en los inicios del primer gobierno morenista de Acapulco de Adela Román Ocampo, Jhonatan Guadalupe Romero Gil y su amigo Carlos se dirigían a la cancha de la CROM, en el malecón, pero fueron detenidos por cinco policías municipales antes de llegar a la cancha y los subieron a una patrulla.
“Yo le hablo a mi hijo y me dice que sí, que lo estaba revisando la policía, pero que yo le dejara preguntar por qué lo estaban revisando porque él no sabía, lo tenían detenido porque estaban revisando qué llevaba su amigo en una mochila”, narró la madre de Jhonatan, Socorro Gil Guzmán.
Testigos declararon en la Fiscalía General del Estado (FGE) que los responsables eran policías municipales, y un video capturó el momento en que policías arrojaron en el fraccionamiento Hornos Insurgentes el cuerpo de Carlos al día siguiente de su detención-desaparición.
Pero “el mismo fiscal David García Muñoz se encargó de desaparecer todas las pruebas que había en mi carpeta, y me amenazaron para que yo dejara de investigar y presionar”; la carpeta de Carlos también está desaparecida.
El 30 enero de 2019, García Muñoz, fiscal regional, canceló la diligencia de los 9 policías que tiraron el cuerpo de Carlos, argumentando que él tenía un testigo “clave” que acusaría a los policías, pero nunca apareció. Fue despedido en 2022 por la entonces titular de la FGE, Sandra Luz Valdovinos Salmeron; su hijo David, agente del Ministerio Público auxiliar en Acapulco, sufrió un atentado el 28 de agosto de 2020.
Socorro Gil fue víctima de desplazamiento forzado porque le dijeron: “te estás metiendo con los policías, deja de presionar al fiscal porque si tú sigues presionando al fiscal vamos a llevarnos a una de tus hijas, que ya sabemos dónde trabaja, a qué hora sale, a qué hora entra, y si sigues nosotros nos la vamos a llevar y le vamos a hacer lo mismo que a tu hijo, a tu hijo ya lo matamos la misma noche que nos lo llevamos”.
La madre buscadora, quien años después se convertiría en la representante de la colectiva Memoria, Verdad y Justicia, le entregó un escrito a Andrés Manuel López Obrador recién llegado a la Presidencia el primero de diciembre de 2018, pero funcionarios le contestaron que era un tema estatal.
Vicente Suástegui fue criminali-zado antes de desaparecerlo, recuerda Samantha
Vicente Iván Suástegui Muñoz, integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (Cecop), fue desaparecido el 5 de agosto de 2021 en la avenida Circuito Interior Renacimiento frente a la secundaria Alfonso Ramírez Altamirano, uno de los participantes fue el ex agente Baltazar Cardona Clavel, quien tenía menos un mes de haberse dado de baja de la Policía Ministerial.
Sin embargo, puntualizó la esposa de Vicente Suástegui, Samantha Valeria Colón Morales, Cardona Clavel era aún el “brazo derecho” del entonces director de la Policía Investigadora Ministerial, Esteban Maldonado Palacios, quien tenía una “cacería” desde años antes contra del Cecop; Cardona Clavel fue encontrado descuartizado en San Marcos semanas después.
Samantha Colón ha recibido información de que la misma Policía Estatal, que aún logró ver cuando llegó al lugar donde desaparecieron a su esposo, le abrió paso al carro en el que se llevaron a Vicente Suástegui.
En junio de 2021, semanas antes de la desaparición de Vicente Suástegui, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) llegaron a su casa acusándolo de vender drogas, de secuestrar, de pertenecer al crimen organizado y de tener armas de fuego en su casa.
“Llegaron pateando la puerta, nada más estaba yo y mis hijos, Iván no estaba, estaba trabajando su taxi, detuvieron a dos menores de edad que estaban en la calle, los golpearon hasta donde quisieron, les quitaron su teléfono, su dinero, y nos siguieron pateando la puerta”.
Vicente Suástegui llegó a su casa y “un marino le dijo: te tengo ubicado, sé que eres hermano de Marco Antonio (Suástegui Muñoz, vocero del Cecop)”.
A casi cuatro años de la desaparición forzada, Pedro Santos Cruz, el Comandante Pino, de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), señalado por uno de los detenidos del caso de recibir en vida a Vicente Suástegui, no ha sido detenido “porque tiene vínculo con las autoridades, alguien lo está protegiendo, no les conviene que él caiga”, afirmó Samantha Colón.
En una reunión el martes pasado entre colectivos de familiares de desaparecidos y el fiscal Zipacná Jesús Torres Ojeda, la activista le recordó la orden de aprehensión faltante; el acuerdo fue realizar en estos días más encuentros separados por colectivo.
Más casos recientes
El 25 de mayo de 2023, en el primer trienio de la alcaldesa morenista Abelina López Rodríguez, desapareció en la colonia Renacimiento el joven de 24 años, José Alberto García Balanzar, su mamá señala a policías municipales.
“Los policías lo levantaron, pero jamás lo presentaron a donde se supone que iba a estar, a la fecha no sé nada, él ese día iba a trabajar, de hecho, se lo llevaron en la mañana cuando se dirigía a su casa, estaba juntando para el parto de su esposa”, declaró el 31 de mayo pasado en una pega de fichas de desaparecidos por la Colectiva Memoria, Verdad y Justicia.
El 21 de agosto de 2024, Yenifer Natividad Camargo Ruiz, de 22 años, fue subida a una patrulla junto con su pareja Ángel Noyola en el acceso de playa entre los hoteles Ritz y Kristal Beach, pero los comerciantes que lo presenciaron no precisaron la corporación, declaró la madre de la desaparecida, Sheila Ruiz Ríos antes de la pega de fichas del colectivo Fe y Esperanza de Encontrarles Guerrero el 18 de septiembre.
De acuerdo con datos consultados ayer del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno) de la Secretaría de Gobernación (Segob), en Acapulco están desaparecidas mil 235 personas, de las cuales 214 son mujeres.
Continúan las desapariciones forzadas porque no son resueltas: Díaz Taboada
El ex coordinador del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Raymundo Díaz Taboada dijo que “en México sí existen desapariciones forzadas porque las desapariciones desde los años 60 y 70 no están resueltas, esas desapariciones continúan, la gente continúa desaparecida y el delito y la violación de derechos humanos que se llama desaparición forzada sigue sucediendo”.
La desaparición forzada es una violación que afecta a todos los demás derechos humanos, y “la parte menos evidente es cuando las instituciones que debieran de recibir las denuncias, que deberían de abrir proceso de investigación cuando se denuncia una desaparición forzada, pues prácticamente no lo hacen”.
Relató que en Acapulco presenció la reacción de una mujer ante el “terror” de una desaparición, para subrayar los efectos psicosociales de la desaparición en las personas por la impunidad vigente.
Desde hace más de dos décadas, el CCTI ha registrado varios casos de desaparición forzada, algunas temporales, y ha dado acompañamiento a los colectivos de familiares, en Acapulco ha estado cerca de los colectivos de Socorro Gil y Samantha Colón, del primer caso enfatizó que ya estaba un gobierno morenista al frente del Ayuntamiento de Acapulco, y del segundo explicó la criminalización contra activistas sociales.
La campaña negra dicta que “hay que criminalizarlos, hay que abrirles procesos, hay que acusarlos y pues si no se puede, hay que desaparecerlos, al fin tenemos a nuestro brazo armado a quien le podemos echar la culpar y decir son desapariciones por particulares, pero ya no nos corresponde a nosotros”.
“Cuando lo que están diciendo es que están renunciando a ejercer las obligaciones que tienen como parte del Estado, que sea por el crimen organizado no los exime de cumplir con la responsabilidad de darles seguridad y protección a todas las personas que están en el territorio nacional”, advirtió.




