Etiqueta: Desaparición forzada

Tiene evidencias de los llamados “vuelos de la muerte” en la guerra sucia, dice la CNB

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación, afirmó que se han recuperado bitácoras y declaraciones de pilotos para profundizar sobre la investigación de los desaparecidos de la denominada Guerra sucia, que pudieron ser lanzados al océano Pacífico desde aviones, los llamados vuelos de la muerte.
“Algunos de los desaparecidos forzadamente durante la Guerra Sucia podrían haber sido lanzados al Océano Pacífico en vuelos que partían de la Base Aérea Militar en Acapulco (Pie de la Cuesta). La CNB ha recuperado bitácoras de los vuelos y declaraciones de pilotos para profundizar sobre esta línea de búsqueda”, indicó la Comisión.
Mediante un comunicado de prensa, el organismo informó que se tiene registro de que de 1974 a 1979 se utilizaron elementos de la Fuerza Aérea Mexicana para el traslado de prisioneros y su posterior lanzamiento al mar.
“De acuerdo con declaraciones de los pilotos, el avión IAI 201 Arava 2005 fue utilizado por el Grupo Aéreo 208 de Búsqueda, Rescate y Evacuación (208 BRE) de la Fuerza Aérea Mexicana entre 1974 y 1979 para trasladar prisioneros y posteriormente arrojarlos al mar”, manifestó la institución.
De igual forma, señalaron que personal de la Base Aérea Militar confirmó la realización de vuelos de la Ciudad de México a Guerrero para el trasladar a personas cautivas, mientras que otras personas eran arrojadas al mar.
“Además, indicó que los vuelos tendrían por lo menos dos particularidades: nocturnos y locales. Esto permite identificar vuelos de interés en la bitácora”, explicaron.
Agregaron que la Comisión se encuentra estudiando las características del avión Arava, para conocer la distancia máxima a la que es capaz de adentrarse al océano y mediante esa información, trazar una ruta de búsqueda y después hacer una asesoría en aeronáutica, oceanografía y arqueología suba cuántica, para mejorar la aproximación.
“Nunca antes una institución de búsqueda de personas se ha planteado este tipo de operación, por lo que la orientación de las personas expertas será crucial para determinar si es viable”, aseveró la CNB.

 

Protestan padres de los 43 en la Cdmx para exigir resultados a la investigación contra Tomás Zerón

A casi 47 meses de la noche de Iguala las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos tuvieron un mitin ante una representación del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México, para exigir de nueva cuenta la presentación con vida de sus hijos y conocer los avances del amparo que interpusieron en contra de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que apoyó la “verdad histórica” del procurador general de 2012 a 2015, Jesús Murillo Karam, y es acusado de alterar pruebas en una escena del crimen.
Como parte de la Acción Global por Ayotzinapa, la protesta fue ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, en Anillo Periférico 1950, estuvieron la mayoría de los padres y madres acompañados de algunas organizaciones civiles que buscan a personas desaparecidas en el país.
A principios de 2017 se informó que sería la Secretaría de la Función Pública la encargada de determinar la responsabilidad y sanción a Tomás Zerón, acusado por los familiares de los estudiantes desaparecidos de “sembrar” pruebas durante las indagatorias.
En marzo de ese año familiares de los normalistas y su grupo de abogados interpusieron un amparo ante el juzgado tercero en contra de la resolución de la visitaduría de la PGR, la cual deslindaba de responsabilidades graves a Zerón por las diligencias en el río San Juan.
Por esos días la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) informó que la investigación de la visitaduría de la Procuraduría General de la República identificó faltas leves, todas calificadas como administrativas, sin que en su dictamen se haya propuesto la apertura de alguna averiguación penal. Pese al amparo interpuesto no ha habido una resolución.
A las 10 de la mañana de este lunes los familiares llegaron al Juzgado Tercero, efectuaron un mitin en el que exigieron la presentación con vida de sus hijos y castigo a los responsables, y solicitaron una comparecencia para hablar con el juez que lleva el caso de Zerón.
“No es posible que ya sea más de un año y aún no ha habido una resolución, cuando sabemos que esta persona alteró la investigación”, indicó el vocero Felipe de la Cruz.
“Exigimos la petición de amparo que metimos en contra de Tomás Zerón, en el sentido de su presencia en el río San Juan sembrando las bolsas negras y la Contraloría Interna de la PGR le había encontrado a este señor muchos delitos penales. Exigimos que se cumpla la primera investigación que realiza la contraloría interna de la PGR en contra de Tomás. Queremos una acción penal, no administrativa, contra Zerón”, añadió De la Cruz.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó en su último informe un video grabado el 28 de octubre de 2014, en el cual se observa a Tomás Zerón acompañado de peritos y Agustín García Reyes, El Chereje, uno de los detenidos por los ataques en Iguala, en una diligencia que no obra en el expediente y de la que no se enteró el GIEI.
Desde ese momento los abogados y familiares de los normalistas desaparecidos exigieron la salida de varios funcionarios, entre ellos Tomás Zerón, por ser los responsables de las diligencias que habrían alterado.

El juez está de vacaciones

A las 11 y media de la mañana una comitiva de padres ingresó al Juzgado Tercero y al regresar informaron que el juez que lleva el caso está de vaciones, y regresa en agosto.
“La exigencia que venimos a hacer es al juez en el caso de Tomás Zerón, en el sentido de que llevamos más de un año y meses en espera de la resolución y no pasa nada, pero la sorpresa es que andaba de vacaciones. No hubo respuesta. Nos recibió un juez encargado que no tiene nada que decir, o información que adelantar, y nos dijeron que el juez responsable regresa los primeros días de agosto”, indicó a El Sur Felipe de la Cruz.
El vocero de los padres y madres confirmó que el resto de la semana continuarán las actividades de protesta en la Ciudad de México.
Tras informar lo ocurrido en el juzgado tercero, los familiares se retiraron del lugar cerca de la 1 de la tarde. Minutos antes, Mario González, padre de César Manuel González, indicó en breve charla: “Estamos decepcionados con los gobernantes, ha pasado muchísimo tiempo y desafortunadamente no hemos dado con el paradero de los muchachos y, al contrario, se empeñan en no querer llegar a la razón”.
“Los padres vamos a seguir luchando. Ha pasado el tiempo, lo sabemos, pero aún así vamos a seguir buscando a los estudiantes porque no sabemos absolutamente nada. No se puede vivir así pero ni modo, hay que seguirle hasta encontrarlos con vida”.

 

 

Imposible, la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, resuelve otro tribunal

Es imposible crear la Comisión de la Verdad para Ayotzinapa, resuelve magistrado federal

Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la PGR

Agencia Reforma

Ciudad de México

Un magistrado federal resolvió ayer que es jurídicamente imposible crear la Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar, de nueva cuenta, la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la Procuraduría General de la República (PGR), que considera no puede cumplir la orden de crear la Comisión, prevista en cinco amparos concedidos en mayo y junio pasados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
“Se declara que existe imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia protectora pronunciada el 31 de mayo de 2018 dentro de los autos del juicio de amparo en revisión 204/2017, en relación con el apartado donde se ordeno la Constitución de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (caso Iguala) y las facultades concedidas en la investigación de delitos a dicha comisión”, se lee en el acuerdo del tribunal unitario.
Lo anterior, en el amparo 121/2015 promovido por Patricio Reyes Landa, El Pato, uno de los presuntos sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos procesados por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
La sentencia dictada por Pérez García puede ser impugnada mediante un recurso de inconformidad, que según el artículo 203 de la Ley de Amparo toca resolver a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El plazo para la inconformidad es de 15 días hábiles y podría ser promovida por abogados de Reyes Landa, si es que tienen interés en que se integre la Comisión, o por familiares de las víctimas.
Pérez García, un veterano de 24 años como juzgador federal no publicó su sentencia, pero la PGR y la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia habían advertido que las instrucciones del tribunal colegiado violan el artículo 102 de la Constitución, que reserva al Ministerio Público (MP) la facultad de investigar los delitos.
Lo anterior, ya que la Comisión de la Verdad y la Justicia estaría encabezada por representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que decidirían las líneas de investigación, con los agentes del MP y peritos de la PGR como meros auxiliares, debido a que consideró que esa autoridad no es imparcial.
Cuando la PGR presentó los incidentes de imposibilidad de cumplimiento la CNDH se sumó a ellos, pues el ombudsman tampoco está facultado constitucionalmente para indagar delitos y presentar acusaciones penales.
Las sentencias del tribunal colegiado son inusuales porque los amparos, de integrantes de Guerreros Unidos, sólo fueron promovidos para impugnar autos de formal prisión que se les dictaron por delincuencia organizada.
Pero los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Carlos Gálvez Sánchez y Juan Antonio Trejo fueron mucho más allá de la revisión de los autos de prisión, al desconocer toda la investigación de la PGR, ordenar la Comisión de la Verdad y girar instrucciones a múltiples dependencias del Ejecutivo y Legislativo que no fueron parte de los juicios.
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación el presidente Luis María Aguilar dictó el 9 de julio un acuerdo en el que advirtió que, ante un eventual incumplimiento de las autoridades, los ministros estarían en posibilidad de revisar “qué consideraciones de la parte decisoria de una sentencia de amparo no son congruentes con la litis planteada, y no deben tomarse en cuenta para decidir sobre su debido cumplimiento”.

Impugnarán padres de los 43 la resolución; la decisión final será de la Suprema Corte: ONG

Las organizaciones que acompañan a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 impugnarán la resolución de un magistrado federal, que consideró jurídicamente imposible crear la Comisión de la Verdad para investigar los ataques ocurridos en Iguala en septiembre de 2014.
En un comunicado, Serapaz, Tlachinollan, Fundar y el Centro Prodh lamentaron la decisión del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial con sede en Reynosa, Tamaulipas, a cargo de Sabino Pérez García.
El magistrado declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la Procuraduría General de la República (PGR) que considera que no puede cumplir la orden de crear la Comisión, prevista en cinco amparos concedidos por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
“La decisión del magistrado Sabino Pérez García no es la última palabra, pues corresponderá a la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) pronunciarse en definitiva sobre la cuestión”, dicen las organizaciones, adelantando que impugnarán la resolución.
“La SCJN debe tener una aproximación imparcial del caso y sería en extremo preocupante que se alinee al ilegal proceder del gobierno federal en el caso Ayotzinapa”, agregó.
Para las organizaciones la decisión del magistrado lastima la esperanza de alcanzar la justicia y la verdad en el caso, la cual se había recuperado con la sentencia del Tribunal Colegiado.
“El acuerdo publicado el día de hoy (ayer) muestra que aún tenemos en México un poder Judicial en el que sentencias que protegen verdaderamente a las víctimas coexisten con fallos que protegen a quienes detentan el poder”, advierten.
También consideran que la negativa a la creación de la Comisión de la Verdad responde a una “acción inédita del gobierno de Enrique Peña Nieto”, que interpuso más de 100 recursos y escritos jurídicos, “presentados por la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Policía Federal e incluso la Cámara de Diputados”, plantean.
“Es decir, toda la fuerza del Estado se volcó, no a la búsqueda de los desaparecidos, sino al combate de una sentencia innovadora de un tribunal que asumió a cabalidad su rol de contrapeso democrático”.
La respuesta de las organizaciones se da aunque la resolución no ha sido notificada a las víctimas. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

Se utiliza toda la fuerza del Estado para que el caso Ayotzinapa no se investigue: Abel Barrera

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, declaró que la resolución de un tribunal de Tamaulipas que declara la imposibilidad jurídica para la integración de una Comisión de la Verdad que investigue el caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, confirma que el Ejecutivo federal utiliza toda la fuerza del Estado para que el caso no se investigue, se aclare y mucho menos que se haga justicia.
Sin embargo, añadió que espera que la decisión final de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revierta la resolución del magistrado Sabino Pérez García.
El magistrado Pérez García, del Tercer Tribunal Unitario de Reynosa, Tamaulipas, declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la Procuraduría General de la República (PGR), que considera que no puede cumplir la orden de crear la comisión, prevista en cinco amparos concedidos en mayo y junio pasados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
Consultado al término de la conferencia de prensa en la que organismos de derechos humanos pidieron que se confirme la sentencia que emitió el Juzgado Séptimo de Distrito en contra de dos de los militares que violaron a la indígena me phaa en 2002, Valentina Rosendo Cantú, luego de que estos apelaron la resolución de la juez, Barrera Hernández dijo que el magistrado Pérez García cedió a la presión del gobierno federal para proteger a los perpetradores.
“Lamentablemente no preveíamos este escenario y ahora resulta que el Tercer Tribunal Unitario se sometió a la presión del gobierno federal”, dijo el director de Tlachinollan, organismo que ha dado acompañamiento legal al caso de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala.
Dijo que tienen conocimiento de que se interpusieron más de 100 recursos de la presidencia de la República, de la Consejería Jurídica de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, de la Policía Federal y de la misma Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que ese Tribunal declarara la imposibilidad jurídica de crear la Comisión de la Verdad.
“Toda la fuerza del Estado se volcó, no para la búsqueda de los estudiantes como lo piden los papás de los desaparecidos, sino lo inédito y lo deleznable es que se juntaron todos para combatir la sentencia que había sido calificada como innovadora por parte del tribunal que asumió a cabalidad su función”, dijo.
Abel Barrera dijo que no es la última palabra la del magistrado, “nosotros consideramos que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que debe tener una postura imparcial del caso, y esperemos que sea la que dé su veredicto final y que se ajuste a las normas internacionales, “y tome en cuenta la sentencia tan valiente del Tribunal Colegiado”. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

Hay una decisión política para no resolver el caso Ayotzinapa: Amnistía Internacional

Las acciones jurídicas emprendidas por el gobierno federal contra la creación de la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa demuestran que existe una decisión política para no resolver el caso, consideró la organización Amnistía Internacional (AI).
Hoy al resolver un recurso interpuesto por la Procuraduría General de la República (PGR), el Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, resolvió que es jurídicamente imposible cumplir la sentencia que ordenaba crear la comisión.
Para Erika Guevara, directora para las américas de Amnistía Internacional, el gobierno federal ha hecho todo lo posible para impedir la creación de esa comisión.
“El gobierno tomó más de 100 acciones legales distintas ante los tribunales para impedir que se cumpliera esta resolución judicial”, comentó en un comunicado.
“Esto muestra que hay una decisión política de ocultar la verdad sobre la suerte de los 43 estudiantes”, señala.
Guevara menciona que el tribunal colegiado que ordenó la creación de la comisión consideró que esa era la única forma de salvar una investigación plagada de irregularidades y pruebas fabricadas.
“El gobierno debe de dejar de oponerse a la comisión de investigación especial y dedicar sus recursos y esfuerzos para cumplir adecuadamente esta medida”, llama. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

 

Se utiliza toda la fuerza del Estado para que el caso Ayotzinapa no se investigue: Abel Barrera

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, declaró que la resolución de un tribunal de Tamaulipas que declara la imposibilidad jurídica para la integración de una Comisión de la Verdad que investigue el caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, confirma que el Ejecutivo federal utiliza toda la fuerza del Estado para que el caso no se investigue, se aclare y mucho menos que se haga justicia.
Sin embargo, añadió que espera que la decisión final de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revierta la resolución del magistrado Sabino Pérez García.
El magistrado Pérez García, del Tercer Tribunal Unitario de Reynosa, Tamaulipas, declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la Procuraduría General de la República (PGR), que considera que no puede cumplir la orden de crear la comisión, prevista en cinco amparos concedidos en mayo y junio pasados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
Consultado al término de la conferencia de prensa en la que organismos de derechos humanos pidieron que se confirme la sentencia que emitió el Juzgado Séptimo de Distrito en contra de dos de los militares que violaron a la indígena me phaa en 2002, Valentina Rosendo Cantú, luego de que estos apelaron la resolución de la juez, Barrera Hernández dijo que el magistrado Pérez García cedió a la presión del gobierno federal para proteger a los perpetradores.
“Lamentablemente no preveíamos este escenario y ahora resulta que el Tercer Tribunal Unitario se sometió a la presión del gobierno federal”, dijo el director de Tlachinollan, organismo que ha dado acompañamiento legal al caso de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala.
Dijo que tienen conocimiento de que se interpusieron más de 100 recursos de la presidencia de la República, de la Consejería Jurídica de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, de la Policía Federal y de la misma Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que ese Tribunal declarara la imposibilidad jurídica de crear la Comisión de la Verdad.
“Toda la fuerza del Estado se volcó, no para la búsqueda de los estudiantes como lo piden los papás de los desaparecidos, sino lo inédito y lo deleznable es que se juntaron todos para combatir la sentencia que había sido calificada como innovadora por parte del tribunal que asumió a cabalidad su función”, dijo.
Abel Barrera dijo que no es la última palabra la del magistrado, “nosotros consideramos que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que debe tener una postura imparcial del caso, y esperemos que sea la que dé su veredicto final y que se ajuste a las normas internacionales, “y tome en cuenta la sentencia tan valiente del Tribunal Colegiado”. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

 

Está a favor de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, dice el exgobernador Aguirre

El ex gobernador Ángel Aguirre Rivero dijo que ve muy bien que el próximo gobierno de la República que encabezará Andrés Manuel López Obrador haga la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, y reiteró que está dispuesto a colaborar en lo que se le solicite.
En declaraciones en el hotel Camino Real de Acapulco en la avenida Escénica, a Aguirre Rivero se le preguntó su opinión del anuncio de Olga Sánchez, quien sería la titular para la Secretaría de Gobernación en el gobierno de López Obrador, en cuanto a que la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa será de las primeras que serán creadas, y respondió que esa decisión es un “gran acierto”.
Se pronunció a favor de que estén incluidas las víctimas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y “espero que de la mano, los familiares de las víctimas y la autoridad más importante en materia de derechos humanos puedan dar a conocer qué fue lo que verdaderamente sucedió”.
A pregunta de si con ello espera que se limpie su nombre en el caso de Ayotzinapa de manera definitiva, caso por el que tuvo que dejar el cargo de gobernador, Aguirre Rivero respondió: “Yo así lo espero, yo creo que es por el bien de todos”.
Celebró que López Obrador esté honrando su palabra empeñada en Iguala en uno de sus mítines, donde ofreció la creación de la Comisión de la Verdad.
Añadió que “estaré siempre en la mejor disposición de colaborar en aquello que se me solicite”.
En la edición de El Sur de este sábado se informó que en el gobierno de López Obrador se integrarán comisiones de la verdad para indagar crímenes graves aún no resueltos.
La ex ministra de la Corte y propuesta para titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero adelantó que una de las primeras comisiones en ser creadas será para indagar el caso de los 43 normalistas desaparecidos.

 

El fallo sobre Ayotzinapa sí respeta al MP y no es anticonstitucional, afirma Vidulfo

Hay quienes enfrentan investigaciones por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y “se escandalizan” por el fallo del Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, que ordena la formación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, escribió el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra en su cuenta de Facebook.
El representante legal de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos publicó tres estados acerca del fallo, en el que señala que no es aceptado pero no precisa por quién o quiénes.
El fallo judicial desde que se hizo público (el 4 de junnio) fue recibido con resistencia, el mismo día la Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que los magistrados que ordenaron la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa desconocen la división de poderes y las facultades de investigación y persecución del Ministerio Público federal.
Ayer en un primer mensaje Rosales Sierra señaló que los que se oponen a la comisión, “dicen que no respeta la garantía de presunción de inocencia, la autonomía y facultades del Ministerio Público (MP) y hasta dicen que a un servidor se le investigue por prevaricato”, que es un delito que comete una autoridad, juez o servidor público al dictar una solución arbitraria sobre un caso a pesar de que la misma es injusta o contraria a la ley.
Después dijo que: “la resolución es inédita y garantista. Respeta las facultades del MP por eso forma parte de la investigación. Pone en el centro a las víctimas por eso les da un papel protagónico en las investigaciones. La lucha de las víctimas ha sido histórica para conquistar un papel relevante en el proceso penal. Entonces no es inconstitucional que proponga líneas de investigación y aporte pruebas”.
Aseguró que “el Tribunal ordena realizar dictámenes independientes para verificar tortura, lo cual es correcto, pues no es objetivo que la Procuraduría General de la República (PGR) se investigue a sí misma”.
Por último publicó: “Si queremos sentar las bases de un estado democrático tenemos que empezar por exigir el cumplimiento del fallo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito. Es la única garantía de acceso a la justicia para los Padres de los 43 y todas las víctimas de este País, México”.
La inconformidad pública de Rosales Sierra ocurre 11 días después de que se dio a conocer el fallo del tribunal, sin embargo, el mismo abogado informó que a la fecha los representantes legales de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos no han sido notificados oficialmente al respecto, por lo que para ellos el plazo de los 10 días para formar la comisión todavía no inicia.
Según el fallo la comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público de la federación, pero sólo las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse. Sin embargo, aunque no se ha dicho si las instancias correspondientes ya fueron notificadas de manera oficial, la CNDH y la PGR dijeron en días pasados que analizan los términos del fallo.

 

 

Pide la ONU-DH “redirigir de manera profunda” la investigación de Ayotzinapa

Llama la ONU-DH a Peña a “redirigir de manera profunda la investigación” del caso Ayotzinapa

Concuerda con el cuadro manifiesto de graves irregularidades al que hace referencia la sentencia del tribunal de Tamaulipas, dice el representante del organismo, Jan Jarab

Agencia Proceso

Ciudad de México

El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab llamó al gobierno de Enrique Peña Nieto a cumplir la sentencia del Tribunal Colegiado sobre el caso Ayotzinapa, y atender el informe del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para “redirigir de manera profunda la investigación”.
A una semana de conocerse la sentencia del Tribunal Colegiado del Décimonoveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, y el Informe Balance del Mecanismo de Seguimiento, el representante de la ONU-DH reconoció que son documentos “de la mayor relevancia, por lo que el Estado debe observar puntualmente sus contenidos”.
Para Jarab la “inédita y garantista sentencia del tribunal colegiado” hace eco de las preocupaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo de Seguimiento, así como de algunos organismos internacionales de derechos humanos, incluida la ONU-DH y organizaciones independientes como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
“La ONU-DH concuerda con el ‘cuadro manifiesto de graves irregularidades’ al que hace referencia de forma detallada la sentencia, mismo que se acreditó aplicando los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
El representante valoró que tanto el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH como el tribunal colegiado hayan incluido en sus escritos el Informe Doble Injusticia, elaborado por su oficina, particularmente para documentar “lo relativo a la tortura, las violaciones al debido proceso y las irregularidades en la diligencia del río San Juan”, por lo que reiteró el llamado al Estado mexicano a atender el informe.
Jarab destacó que alerta sobre el hecho de que la investigación “siga fragmentada y que los detenidos en el más emblemático caso de desaparición forzada en México no estén siendo procesados por desaparición forzada, sino por secuestro o crimen organizado”.
La ONU-DH coincide con el organismo regional en que “persisten serios desafíos y obstáculos que tienen que superarse con el fin de alcanzar verdad, justicia y reparación”.
Agregó que ambos documentos “deben alentar decididamente al Estado mexicano a enderezar la investigación sobre el caso Ayotzinapa, así como a materializar las reformas estructurales que el país debe adoptar de manera impostergable para revertir los grandes rezagos que enfrenta en el ámbito de acceso a la justicia y combate a la impunidad”, sobre todo en materia de “autonomía y la profesionalización de la procuración de justicia y los servicios forenses y periciales”.
Jarab insistió en que el seguimiento de ambos documentos debe hacerse “potenciando el papel de las víctimas, reconociendo el destacado papel de quienes las asesoran, garantizando el marco constitucional e internacional vigente y asumiendo plenamente la responsabilidad indelegable e intransferible del Estado en el esclarecimiento de los hechos”.
Tras recordar que un día como hoy pero de 2011 entró en vigor la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la ONU-DH hizo un reconocimiento a la “tenacidad de las familias de las víctimas de los hechos de Iguala, así como a las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan en la búsqueda de la justicia, la verdad, la reparación integral, las garantías de no repetición y el esclarecimiento de la suerte y paradero de los estudiantes desaparecidos”.

La PGR buscará “aclarar” la sentencia del caso Ayotzinapa, dice Navarrete Prida

El gobierno federal buscará la manera de aclarar la sentencia emitida por un tribunal federal sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, indicó el secretario de gobernación, Alfonso Navarrete Prida.
El funcionario fue cuestionado sobre la posibilidad de impugnar el fallo que emitió el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas.
“Existen mecanismos jurídicos para, sobre todo, clarificarla (la sentencia)”, respondió.
“A qué se refieren los magistrados con una resolución que, cuyo contenido, no existe esas figuras en el orden constitucional mexicano y generan muchas dificultades”, agregó en referencia a la Comisión de la Verdad que los jueces ordenaron instalar.
Según la sentencia esta Comisión de la Verdad estaría integrada por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, pero sólo los primeros podrían indicar las líneas de investigación a seguir y tendrían autorización para ingresar a zonas militares para buscar a los desaparecidos.
“No existe en nuestro sistema jurídico una figura de Comisión de la Verdad, para eso existen poderes judiciales y poderes judiciales sólidos y fuertes”, dijo Navarrete Prida.
“En este marco se tendrá que dar respuesta y satisfacción con un solo y único interés, es encontrar la verdad y hacer justicia”.
El funcionario evitó responder si el tribunal se extralimitó y sólo dijo que respetaba la sentencia.
“Corresponde en el marco de la ley a las instituciones encargadas de hacerla valer (la PGR), responder ante cualquier circunstancia que se da donde son parte procesal”, agregó. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

Llama la ONU-DH a Peña a “redirigir de manera profunda la investigación” del caso Ayotzinapa

El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab llamó al gobierno de Enrique Peña Nieto a cumplir la sentencia del Tribunal Colegiado sobre el caso Ayotzinapa, y atender el informe del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para “redirigir de manera profunda la investigación”.
A una semana de conocerse la sentencia del Tribunal Colegiado del Décimonoveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, y el Informe Balance del Mecanismo de Seguimiento, el representante de la ONU-DH reconoció que son documentos “de la mayor relevancia, por lo que el Estado debe observar puntualmente sus contenidos”.
Para Jarab la “inédita y garantista sentencia del tribunal colegiado” hace eco de las preocupaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo de Seguimiento, así como de algunos organismos internacionales de derechos humanos, incluida la ONU-DH y organizaciones independientes como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
“La ONU-DH concuerda con el ‘cuadro manifiesto de graves irregularidades’ al que hace referencia de forma detallada la sentencia, mismo que se acreditó aplicando los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
El representante valoró que tanto el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH como el tribunal colegiado hayan incluido en sus escritos el Informe Doble Injusticia, elaborado por su oficina, particularmente para documentar “lo relativo a la tortura, las violaciones al debido proceso y las irregularidades en la diligencia del río San Juan”, por lo que reiteró el llamado al Estado mexicano a atender el informe.
Jarab destacó que alerta sobre el hecho de que la investigación “siga fragmentada y que los detenidos en el más emblemático caso de desaparición forzada en México no estén siendo procesados por desaparición forzada, sino por secuestro o crimen organizado”.
La ONU-DH coincide con el organismo regional en que “persisten serios desafíos y obstáculos que tienen que superarse con el fin de alcanzar verdad, justicia y reparación”.
Agregó que ambos documentos “deben alentar decididamente al Estado mexicano a enderezar la investigación sobre el caso Ayotzinapa, así como a materializar las reformas estructurales que el país debe adoptar de manera impostergable para revertir los grandes rezagos que enfrenta en el ámbito de acceso a la justicia y combate a la impunidad”, sobre todo en materia de “autonomía y la profesionalización de la procuración de justicia y los servicios forenses y periciales”.
Jarab insistió en que el seguimiento de ambos documentos debe hacerse “potenciando el papel de las víctimas, reconociendo el destacado papel de quienes las asesoran, garantizando el marco constitucional e internacional vigente y asumiendo plenamente la responsabilidad indelegable e intransferible del Estado en el esclarecimiento de los hechos”.
Tras recordar que un día como hoy pero de 2011 entró en vigor la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la ONU-DH hizo un reconocimiento a la “tenacidad de las familias de las víctimas de los hechos de Iguala, así como a las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan en la búsqueda de la justicia, la verdad, la reparación integral, las garantías de no repetición y el esclarecimiento de la suerte y paradero de los estudiantes desaparecidos”.

 

Está fuera de la agenda del gobierno y de los candidatos la desaparición forzada: Vidulfo

El abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace 43 meses en esta ciudad, Vidulfo Rosales Sierra criticó que el tema de las desapariciones forzadas en México está fuera de la agenda de las autoridades federales y de los diferentes candidatos, que no lo incluyen en sus propuestas de campaña.
En declaraciones a reporteros la tarde de ayer al participar en las protestas de la jornada 43×43, Rosales Sierra reclamó los meses de impunidad en los que no se ha esclarecido el caso de los normalistas, tiempo en el que el gobierno federal se ha mantenido “inmóvil” sin instrumentar políticas legislativas ni de carácter administrativo, para revertir el problema de la desaparición forzada, “es más, no se reconoce de manera expresa esta problemática”.
Se refirió a los planteamientos de los diferentes candidatos y de la clase política en la que el tema de la desaparición forzada no figura, “es un tema que está fuera de la agenda, es un tema del que nadie quiere hablar porque a menudo también está asociado con la delincuencia organizada y con los vínculos que las instituciones y las autoridades tienen con la delincuencia organizada, por lo que nadie le quiere entrar a ese debate”.
Reclamó que se habla de más de 33 mil desaparecidos en México, no hay justicia ni se les está buscando por la falta de un diagnóstico, ni hay medidas implementadas de carácter político ni legislativo para revertir ese problema.
“Las investigaciones en todos los casos de desaparecidos, digamos que Ayotzinapa es el más avanzado, porque en la mayoría de los casos permanecen en nulos avances, no se están esclareciendo sus casos, y hay más de 33 mil casos de desaparición que están en la total impunidad”, puntualizó.
Advirtió que las búsquedas tampoco se hacen, “se desaparece alguien y no hay una metodología científica para proceder a la búsqueda, no hay nada, hay un total abandono del tema, una total displicencia para abordar el tema de los desaparecidos, lo que está ocasionando que las desapariciones sigan ocurriendo en Guerrero y en el país”.
Afirmó que el caso “emblemático” de Jalisco, de la desaparición de tres jóvenes, “es consecuencia de la impunidad, de la mala investigación y las deficientes investigaciones de la PGR, y de las irregularidades que cometen los funcionarios sin que haya sanciones, transparencia ni rendición de cuentas para ellos”.

El Ejército sí tiene responsabilidad en el caso Ayotzinapa, señala

De las grabaciones telefónicas de supuestos jefes del grupo delictivo Guerreros Unidos que obtuvo la DEA, y mediante las cuales se pretende deslindar al Ejército de su participación de los ataques de Iguala, Rosales Sierra sostuvo que el Ejército a través de efectivos del 27 Batallón de Infantería tiene responsabilidad de manera directa e indirecta, y se debe de investigar.
Agregó que las investigaciones de la DEA son líneas de investigación distintas, y en ese caso en particular es por el trasiego de droga de Iguala a Chicago, “el trasiego de droga es lo que hoy en día sale a la luz, que son las escuchas telefónicas, y si bien es cierto ahí no hay mención tan expresa al Ejército mexicano, pero dentro del expediente sí hay datos y lo vamos a reiterar otra vez”.
Señaló que son tres niveles que involucran al Ejército en los ataques, y enlistó: uno, ellos desplegaron agentes de inteligencia en distintos escenarios, dos, ellos realizaron patrullajes en toda esta zona (Juan Álvarez), en el hospital Cristina y el crucero de Santa Teresa “y no previnieron razonablemente lo que ahí estaba ocurriendo y ni siquiera brindaron asistencia humanitaria a los normalistas, y tercero, ellos operaron el C4 y estuvieron al tanto de todo lo que estuvo pasando en tiempo real.
Sostuvo hubo participación de todas las corporaciones policiacas, desde la Policía Municipal de Iguala, Tepecoacuilco, Cocula, Huitzuco y Taxco, la Policía Federal, la Policía Ministerial, la Policía Estatal y el Ejército.
Consideró, a pregunta expresa, que si no se quiere detener a policías de Huitzuco que ya están plenamente identificados, es porque hay una intención deliberada de encubrimiento, tanto a ellos como a otros policías a los que tampoco se les ha investigado.
Cuestionó por qué no se han librado las órdenes de aprehensión en contra de policías municipales de Huitzuco y policías federales, y por qué no se quiere investigar al Ejército, “si las instituciones tuvieran la voluntad de no encubrir a los responsables pues ya los hubieran llevado a juicio y se les hubiera investigado”.
Durante el proceso electoral Vidulfo Rosales dijo que se trabaja una estrategia para mantener el caso Ayotzinapa, que darán a conocer más adelante.

De las diligencia de la PGR en cerros de Iguala

A Rosales Sierra se le preguntó si les han dado información de las diligencias que la PGR ha realizado por más de una semana en cerros al poniente de Iguala en la zona de hallazgo de fosas, y confirmó que es parte de la investigación del caso Ayotzinapa y es una petición de búsqueda con la tecnología de láser LIDAR que es capaz de ver los movimientos de tierra aunque haya follajes muy espesos, “yo por responsabilidad y por éxito de las búsquedas no pudiera revelar más información”.
Agregó que ayer no les habían dado a conocer los resultados de estas diligencias y que se las darán en la audiencia con la Comisión Interamericana que se celebrará en República Dominicana.

 

 

Son 43 meses de dolor y búsqueda y de falacia gubernamental, señalan en marcha en Cdmx

 

El joven Víctor Alfonso alza el brazo mientras camina sobre la calle 5 de Mayo en el Centro Histórico de la Ciudad de México al lado de otros estudiantes, que como él son de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y clama: “en este país nadie está exento de sufrir una desaparición forzada porque México se ha vuelto dolorosamente inseguro”.
Al tiempo que reparte volantes donde se exige la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Víctor dice que es estudiante de primer año, oriundo de Tixtla.
Eso cuenta mientras cientos de personas caminan atrás de él este jueves 26 de abril en protesta por la falta de resultados en las investigaciones sobre el paradero de los normalistas que desaparecieron en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.
Este jueves se cumplieron “43 meses de dolor y búsqueda”, “43 meses de falacia gubernamental”, “43 meses sin justicia ni verdad”, según se lee en decenas de carteles. Se cumplieron 43 meses de los ataques en Iguala, y miles de personas se reunieron una vez más para recordar que “nos faltan 43”.
Este jueves pareciera que nadie ha olvidado. Otros días 26 de cada mes las manifestaciones por los 43 han lucido menos nutridas, más reducidas, pero esta vez es diferente.
Entre pancartas en las que se leía “43 meses de una pesadilla y calvario” y “La incapacidad de Peña Nieto ante el caso de los 43 refleja la incapacidad del PRI para gobernar”, la marcha partió del Ángel de la Independencia pasadas las 4 de la tarde rumbo al Zócalo. Fue encabezada por las madres y los padres de los normalistas desaparecidos, cercados por cuerdas que cargaban normalistas de las distintas escuelas rurales del país: mujeres y hombres jóvenes que han venido de diferentes partes de la República para exigir que los jóvenes sean presentados.
El normalista Víctor Alfonso, calles más adelante del Ángel dice: “nuestra obligación es estar siempre con los padres de familia, apoyarlos en todo. Nosotros no sentimos lo que ellos sienten, quizá nuestro dolor es menor, pero el apoyo lo tienen”.
“Acaban de asesinar a tres estudiantes en Jalisco. En Guerrero vemos a cada rato balaceras, muertos, descuartizados. La autoridad no hace nada, no podemos creerlo. La justicia para los pobres no existe”.
Confiesa que a sus papás no les encantó, tras la sucedido, la idea de que se fuera a estudiar a la Normal de Ayotzinapa. “Se preocupan, pero es mi decisión. En la escuela duele ver en la cancha techada las 43 butacas de los compañeros, vacías. Escuchamos cómo los padres siempre mencionan a sus hijos y duele”, cuenta mientras atrás de él una multitud corea: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

“El dolor más grande del mundo”

Una normalista que va en la descubierta de la marcha dice ante el micrófono: “Vamos a exigir una respuesta al gobierno. Lo único que queremos es saber en dónde están. Son 43 seres humanos que tienen sueños, que quieren progresar. No queda de otra que salir a la calle y hacer justicia, para ellos y para el pueblo. Queremos que nos escuchen”.
Ella es una de las decenas de alumnos de las 17 escuelas rurales que conforman la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM). Parte de sus integrantes están en la marcha para no olvidar la noche de Iguala.
La marcha se para en el Antimonumento de los 43 en el cruce de Bucareli y Reforma, donde en un espacio de tierra los padres sembraron maíz y colocaron nopales. Un símbolo. Ahí también se corearon los nombres de los 43 normalistas, como ya es tradición.
Poco más atrás en la glorieta de Colón en una pared al lado del hotel Fiesta Americana se colocaron fotografías de los estudiantes, son 43, una por cada uno de ellos.
A la marcha se unieron los sindicatos de electricistas, de telefonistas, la CNTE, organizaciones civiles, pobladores de Atenco, estudiantes de distintas instituciones educativas, ciudadanos de todas edades. Todos corean: “¡Ayotzi vive, la lucha sigue!”.
El abogado de los familiares, Vidulfo Rosales indica a El Sur: “Los padres muestran fuerza por la necesidad de saber dónde se encuentran sus hijos. El dolor de que no los tienen en casa los hace estar aquí”.
Dijo que en la semana se acordó, cuando se reunieron con un representante de la Secretaría de Gobernación, una cita para el 3 o 4 de mayo con el titular Alfonso Navarrete Prida.
El padre del estudiante César Manuel, Mario González Contreras habla de sus emociones: “Es un coraje muy grande porque no tendríamos que tener necesidad de estar gritando los nombres de nuestros hijos, de pegar sus retratos en las paredes. La PGR tiene que dar justicia, para nosotros es un enojo fuerte, es insoportable, pero seguiremos luchando por nuestros hijos”.
–¿Cómo han sido estos meses?
–Ser familiar de una desaparecido es el dolor más grande que pueda haber en el mundo. Ha habido muchos días de tristeza. Pasó mucho tiempo y esas malditas dependencias siguen en la misma postura. Entre los padres nos apoyamos, nos levantamos. El amor a los hijos nos levanta. Es importante que se sigan las investigaciones, porque los expertos de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) dijeron que no era cierto lo del basurero de Cocula.

Los 43, huella indeleble del sexenio de Enrique Peña Nieto

Son 43 meses y 43 estudiantes desaparecidos. Por eso los padres y sus voceros decidieron avanzar esta vez al Zócalo. Una vez que llegaron ahí, en el mitin el vocero Felipe de la Cruz dio la bienvenida a quienes se solidarizaron este jueves:
“¡26 de septiembre no se olvida, es de lucha combativa! Hoy, 26 de abril de 2018 se cumplen 43 meses de la desaparición de nuestros hijos, 43 meses de dolor, de desesperación, 43 meses de lucha incansable de los compañeros y compañeras, padres y madres de esos jóvenes procedentes de familias humildes, campesinas”.
“Compañeros, por eso en este marco de 43 meses aquí está la voz y presencia de las personas, compañeras que han entendido la lucha. Gracias por mantenerla, gracias a ustedes hoy seguimos en pie”.
Vidulfo Rosales lo secunda: “Nosotros le decimos al gobierno de Peña que durante 43 meses nos hemos convertido en la piedra del zapato de este régimen corrupto y asesino. Ayotzinapa y los padres de los 43 van a ser la huella indeleble que va a seguir a esta persona a lo largo de su vida”.
“Para nosotros, el país y todas las luchas, el número 43 se ha convertido en la bandera que empuñamos todos los mexicanos, el número bajo el cual debemos de caminar para luchar por verdad y justicia que todos los mexicanos necesitamos”.
La madre de Luis Ángel Abarca, Metodia Carrillo dice en su turno: “Muchas gracias a todos los que nos acompañan en el mitin. Se cumplen 43 meses sin saber nada de ellos, agradezco a los que nos siguen apoyando. El gobierno dice que nuestros hijos fueron quemados pero no es cierto. Nos han roto el corazón”.
En entrevista Felipe de la Cruz comenta: “La insensibilidad de este gobierno ha permitido que el crimen siga creciendo, que los asesinatos sigan sucediendo como acaba de pasar con los tres estudiantes de Jalisco. Eso llena de indignación, de coraje”.